La acción penal se extingue por acuerdo celebrado entre el imputado y el damnificado

Partes: S. L. A. s/ extinción de la acción penal

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 24-ago-2018

Cita: MJ-JU-M-114290-AR | MJJ114290 | MJJ114290

Procedencia de la extinción de la acción penal por acuerdo celebrado entre el imputado y el damnificado.

Sumario:

1.-Corresponde revocar el rechazo del pedido de extinción de la acción penal, homologar el acta de conciliación y sobreseer al imputado, ya que la asistencia técnica adjuntó un ‘Acta de Acuerdo de Conciliación’ suscripta por el imputado y el damnificado, con la intervención del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General de la Nación y tras conocer la situación y luego de analizar las circunstancias del caso, en particular que el consentimiento fue libre y voluntario, que no medió compulsividad, la relación de amistad entre el imputado y la víctima, y la reconfirmación de ésta de su desinterés en la investigación, el Fiscal prestó su conformidad, todo lo cual da cuenta de que ni la víctima ni el órgano acusador público tienen interés en continuar con la acción penal y menos aún arribar a un castigo (voto de la Dra. Laiño).

2.-Toda vez que del Acta de Conciliación se aprecia que ha sido aceptada en forma libre y voluntaria por el damnificado, la posición exteriorizada por el acusador público en la instrucción -quien consintió expresamente la petición de la defensa- hizo desaparecer la contradicción, por lo cual ante la palmaria ausencia de contradictorio sobre la cuestión debatida, el juez debió receptar favorablemente el planteo convergente de las partes, lo que no podía ser sustituido por la actividad jurisdiccional, sin desvirtuar su rol de tercero imparcial, siendo que de otro modo se configuraría una situación análoga a la prevista por el art. 348 del CPPN., cuya inconstitucionalidad fue declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (voto de la Dra. Laiño).

3.-La extinción de la acción penal por conciliación entre el imputado y la víctima resulta aplicable sin que su operatividad dependa de la vigencia de otra norma de carácter procesal, pues el art. 59 del CPen. que fue reformado por la Ley 27.147 está plenamente vigente, y aunque la Ley 27.063 -CPPN.- esté postergada en su implementación, nada impide la aplicación del Código Penal ni afecta derechos constitucionales, ya que la supuesta dependencia a la vigencia de la ley procesal, no obtura que se busquen alternativas para su realización (voto de la Dra. Laiño).

4.-Las causales de extinción de la acción penal incorporadas por la Ley 27.147 que reformó el art. 59 del CPen. se encuentran plenamente vigentes (voto de la Dra. Laiño).

5.-Es procedente homologar el acta de conciliación y declarar extinguida la acción penal pues en el caso se trata de un delito de tipo culposo en el que el imputado habría incumplido su deber de cuidado como conductor de un automotor, lo que incrementó el riesgo permitido y fue determinante en la causación de las lesiones graves sufridas por su acompañante, quien manifestó que el imputado era su amigo y que no deseaba llevar a cabo una investigación criminal contra aquel, ni colaborar con ella, lo cual fue ratificado al prestar libre y voluntariamente su consentimiento y firmar el acta del Programa de Resolución Alternativa de Conflicto de la Defensoría General de la Nación (voto del Dr. González Palazzo).

6.-La causal de extinción de la acción penal prevista en los arts. 34, segundo párr. de la Ley 27.063 y 59, inc. 6° de la Ley 27.147, incorporada al CPen., perdió operatividad desde que el Dec. Ley 257/2015 postergó su implementación (voto en disidencia del Dr. Lucini).

Fallo:

Buenos Aires, 24 de agosto de 2018

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Intervenimos en la apelación interpuesta por la defensa de L. A. S. (fs. 150/152), contra el auto de fs. 147/148 que rechazó el pedido de extinción de la acción penal.

II.- La parte postuló concluir este proceso conforme lo establecido el inciso 6° del artículo 59 del Código Penal, incorporado por la Ley 27.147, toda vez que víctima e imputado arribaron a un acuerdo conciliatorio.

También que la implementación de una norma de fondo no puede estar supeditada a la aplicación efectiva de un ordenamiento procesal y que no se tuvo en cuenta que el acusador público consideró que la acción penal se había extinguido debido al pacto realizado y, en virtud de ello, solicitó el sobreseimiento de su asistido.

III.- El juez Julio Marcelo Lucini dijo:

Ya he sostenido que la causal invocada, prevista en los artículos 34, segundo párrafo de la Ley 27.063 y 59, inciso 6° de la Ley 27.147, incorporada al código sustantivo, perdió operatividad desde que el Decreto Ley 257/2015 postergó su implementación (ver, de esta Sala, causa N° 46247/16/1, “H., K.”, rta.: 25/09/17 y sus citas).

También debo recordar que, tal como lo desarrollé en el precedente de esta Sala N° 70166/04/23, “M., D.”, resuelto el 15 de octubre de 2015, de los debates parlamentarios efectuados en torno a la sanción de aquellas normas, surge con nitidez la necesidad de compatibilizar las disposiciones sustantivas con las procedimentales.

En ese marco, la regulación que invoca el recurrente no puede prescindir de nuevos institutos procesales que le dieron origen, por lo que forzosamente se debe concluir que la falta de operatividad de estos últimos impide la aplicación de aquélla. Lo contrario implica

parcializar la efectiva aplicación de la reforma postergada, con una posible desarmonización del sistema que no resulta admisible.

Por otro lado, resulta imposible soslayar que si bien el Fiscal a fs.146 solicitó el sobreseimiento del imputado por entender que la acción penal se había extinguido en los términos de la normativa expuesta, luego no apeló la resolución del juez de grado contraria a su postura, en favor de aquél y tampoco su superior jerárquico adhirió al recurso de la defensa, lo que lleva inevitablemente a inferir que la convalidó, estando así a su requerimiento de elevar el sumario a la próxima etapa.

IV.- La jueza Magdalena Laíño dijo:

1°) A diferencia de lo propiciado por mis colegas, desde ya adelanto que me inclino hacia la plena vigencia de las causales de extinción de la acción incorporadas por la ley 27.147 que reformó el art. 59 del Código Penal.

Conforme fuera descripto por el a quo al momento de dictar el auto de procesamiento, se le atribuyó L. A. S. “el haber provocado lesiones a R. A. B. al haber incumplido el deber de cuidado que le imponía su rol de conductor de un automotor, lo que incrementó el riesgo permitido y resultó determinante en la causación del resultado. Tal hecho tuvo lugar el día 22 de febrero de 2018 aproximadamente a las 14:30 horas. En tal oportunidad, L. A. S. se encontraba conduciendo por la autopista . de esta ciudad su rodado marca ., modelo ., dominio ., en el que también se encontraba el damnificado, cuando al llegar a su intersección con la calle ., impactó la parte trasera del interno . de la línea de colectivo ., dominio ., el que era conducido por L. M. C.” A raíz de este episodio R. A.B., que viajaba como su acompañante, sufrió lesiones graves (lesión cortante en la región frontal y supraorbitaria izquierda, fracturas costales desde la segunda a la quinta costilla, contusión pulmonar, hemotórax bilateral, enfisema subcutáneo y una fractura en la horquilla esternal).

Extinción de la acción penal Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29 Al corrérsele vista en los términos del artículo 349 del CPPN, la asistencia técnica adjuntó un “Acta de Acuerdo de Conciliación (Art. 59 inc. 6o Cód. Penal)” suscripta por L. A. S. y el damnificado R. A. B., con la intervención del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General de la Nación (fs. 141/142 y 143/144). Tras tomar conocimiento de esta situación y luego de analizar las circunstancias que rodeaban al caso, en particular que el consentimiento fue libre y voluntario, que no medió compulsividad, la relación de amistad entre el imputado y la víctima, y la reconfirmación de esta última de su desinterés de que continúe la investigación criminal, el Fiscal prestó su conformidad y dictaminó que la acción penal se encontraba extinta (art. 59 inc. 6 CP), motivo por el cual requirió el sobreseimiento del imputado (art. 336, inc. 1 CPPN, ver fs. 146/vta.). Por su parte, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional no 29 no hizo lugar a lo solicitado y es lo que motiva la presente intervención.

De cuanto he transcripto se advierte sin mayor esfuerzo que ni la víctima ni el órgano acusador público tienen interés en continuar con la acción penal y menos aún, arribar a un castigo.

En efecto, pese a las lesiones graves sufridas en el suceso que motiva este expediente, B. fue contundente en cuanto a que el encausado “era su amigo, y que de ningún modo era su deseo que se lleve a cabo una investigación criminal contra aquel.Aclarando que su intención era no continuar con la investigación ni colaborar con ella” (ver fs. 67) y, coherentemente con esta aserción, es que sólo se presentó en el marco del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General de la Nación para suscribir el acta de conciliación.

2°) Alcances y vigencia de la ley 27.147 La ley 27.147 (BO 18/6/2015) fue sancionada junto con un conjunto de otras leyes que buscaron acompañar la reforma del Código Procesal Penal de la Nación (ley 27.063, BO 10/12/2014).

A saber, n° 27.145 ley de procedimientos para la designación de subrogantes; n° 27.146 ley de organización y competencia de la justicia federal y nacional penal; n° 27.148 ley orgánica del Ministerio Público Fiscal; n° 27.149 ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa y n° 27.150 que prorrogó la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación para el 1o de marzo de 2016).

En concreto, el novel código procesal introdujo, entre otras novedades, la conciliación (art. 30 inc. c y 34) y la reparación integral del perjuicio como mecanismos de disponibilidad de la acción (art. 236 inc. g). Posteriormente, la ley 27.147 modificó -entre otros- los artículos 71 y 59 del Código Penal, este último estableció que la acción penal se extingue, entre otros motivos, “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes” (inc. 6).

He aquí el nudo del conflicto que genera diversas interpretaciones, una “verdadera anarquía jurisprudencial” fruto del estado actual de la norma -en palabras del juez Sarrabayrouse-.”[L]a manera en que el legislador nacional ha decidido reformar el art. 59, inc. 6°, C.P., presenta, en esencia, un problema lógico vinculado con la coherencia del sistema jurídico.Si partimos de la base de que, en general, los juristas pretenden que aquél cumpla con ciertos ideales racionales (esto es, que sea coherente, completo, económico y operativo), la regla sancionada por el legislador resulta incoherente, contradictoria o redundante, de acuerdo con la perspectiva que se la mire. Esos defectos no pueden resolverse recurriendo a los criterios tradicionales de la ley especial, general o particular” (CCC 25872/2015/TO1/CNC1″Verde Alva, Brian Antoni” Reg. 399/2017 del 22/05/2017).

Es que pese a la vigencia de estos dos institutos -dada su inserción en el código sustantivo- la postergada implementación de la nueva ley procesal suspendida por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 257/2015, fundado en que no se encontraban reunidas “.las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo establecido.”, lo que ponía, a juicio del Poder Ejecutivo, en grave riesgo la correcta administración de justicia, estableciendo un cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, ha provocado poco menos que soluciones inequitativas a lo largo del país, de acuerdo a la diferente jurisdicción en que el suceso resulte investigado. Desatendiendo la finalidad constitucional que propone el Preámbulo de nuestra Carta Magna de “de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior.” Estas falencias legislativas dificultan, a no dudarlo, su vigencia práctica y malogra cualquier objetivo de política criminal de alcance más o menos federal (Gouvert, Juan Fernando. “Glosa a la conciliación o reparación como modos de extinción de la acción penal”, El Derecho, Diario de doctrina y jurisprudencia no 14.143, del 16/03/2017).

Esta situación generó en los operadores del sistema al menos dos interrogantes: ¿es posible aplicar estos institutos si se encuentra supeditados a la implementación de la ley 27.063? o bien, ¿resultan operativos con la legislación procesal aplicada actualmente?Entiendo que la norma en cuestión resulta aplicable sin que su operatividad dependa de la vigencia de otra de carácter procesal. El art. 59 que fue reformado por la ley 27.147 que está plenamente vigente, y aunque la ley 27.063 esté postergada en su implementación, nada impide la aplicación del Código Penal, ni afecta derechos constitucionales, ya que la supuesta dependencia a la vigencia de la ley procesal, no obtura que se busquen alternativas para su realización.

Insisto, la ley 27.147 no fue suspendida, se encuentra vigente, y tampoco lo fueron en forma absoluta las leyes 27.063, 27.148, 27.149 y 27.150, sino únicamente en lo concerniente a la puesta en funcionamiento de dicho código. Enseña Julio Maier, que el derecho procesal penal tiene una función realizadora d el derecho penal material, sin embargo, esa dependencia no puede ser interpretada como una facultad o poder para anularlo (Cfr. “Derecho Procesal Penal, Tomo I Fundamentos”, Editores del Puerto, Buenos Aires 1999, pág. 84 y ss.).

Una postura contraria a la solución que propongo, constituiría una interpretación in malam partem de la posibilidad de aplicar una norma de fondo que extingue la acción penal, otorgándole a un decreto del Poder Ejecutivo una potestad de la que carece cual es la suspensión de la aplicación de una norma de fondo (cfr. Sala I, voto del juez Bunge Campos en causa CCC 57026/2017/CA1 “C.” rta.el 06/06/2018).

Una causal de extinción de la acción penal vigente para todos los habitantes del país no puede ser inaplicada por los jueces de alguna jurisdicción con la excusa de falta de regulación procesal (en este caso, porque se postergó su implementación). No homologar el acuerdo realizado en paridad, sin sometimiento de ninguna de las partes sobre otra, implica además de mantener habilitada la vía punitiva hacia el imputado, sumar afectaciones a la otra parte involucrada en el conflicto privándola de obtener el beneficio acordado e imponiéndole la obligación de seguir sujeta a un proceso penal imbuido en la cultura del trámite del que no podrá esperar más que nuevas molestias y nuevas afectaciones. El juez tiene por obligación, no sustituir a las partes ni oficiar como conciliador en el conflicto, sino chequear que el acuerdo arribado entre aquellas no ha sido hecho en un marco de sometimiento o dominación de una parte por sobre la otra. En este contexto, si se encuentra acreditado que ha habido una conciliación entre las partes involucradas y que han arribado a un acuerdo que posee por efecto la conclusión del proceso penal, una sola es la solución posible (cfr. voto del juez Martín en causa n° 49061/2014 “Ruiz, Damian Martín”, rta. el 11/2/2016 del TOC 15 de CABA). En el mismo fallo la jueza Llerena afirmó que a los fines de arribar a soluciones alternativas, la presunta víctima o parte damnificada debe estar empoderada para decidir en forma libre, y reconociéndole el derecho de solucionar el conflicto de la mejor forma posible que haga a sus derechos.

Desde otro ángulo, no puede soslayarse que este mecanismo, constituye una ley vigente en todo el territorio nacional, y establece un imperativo que a modo de ley marco la legislación local no tiene margen para desoír sino, únicamente, para reglamentar con un mayor alcance a nivel de garantías, lo que el código sustantivo acuerda expresamente (cfr.voto de la jueza López González, en causa n° 50621/2011″G., R. S.”, rta. el 21/04/2016, Sala V).

Así lo han hecho otros ordenamientos procesales, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (arts. 199 y 204) y en muchas provincias tanto la conciliación como la reparación integral del daño forman parte del concepto más amplio de los criterios de oportunidad (vgr. CPP Santa Fe, art. 19; CPP Buenos Aires, art. 56 bis; CPP Chubut, art. 44; CPP Entre Ríos, arts. 5 y 205; CPP Mendoza, art. 26; CPP Santiago del Estero, art. 61; CPP Río Negro, art. 172; CPP Jujuy, art. 101; CPP Neuquén, art. 106; CPP Misiones, arts. 60 y 61; CPP La Rioja, art. 204 bis; CPP La Pampa, art. 15; CPP Chaco, art. 6 bis; CPP Salta, art. 231 y ss. y CPP Tierra del Fuego arts. 309 inc. 7 y 331).

En concreto se trata de una forma de aplicar los sistemas alternativos de solución de conflictos más allá de la histórica y abstracta mirada.

La incorporación de vías alternativas de resolución de conflictos, así como los criterios de oportunidad son el mejor modo de adecuar los principios constitucionales de proporcionalidad, racionalidad y ultima ratio, y responde a las directrices sobre resolución alternativas de conflictos contenidas tanto en instrumentos internacionales como nacionales.

A nivel internacional pueden mencionarse la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder (II) – ONU (1985); la Convención sobre los Derechos del Niño -art. 37- (1989); las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) puntos 1.4 y 1.5 (1990); la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI – Res. ONU 55-59 (2000); los Principios básicos para la aplicación de programas de justicia restitutiva en materia penal -Res.Consejo Económico y Social N° 2002/12- (2002); la Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal -Regla 37-(2005); los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de su Libertad en las Américas (Resolución 1/08 de la CIDH, del 13/3/08); las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas con Vulnerabilidad -Regla 43-(incorporadas expresamente al ámbito de la administración de justicia en Argentina mediante la Acordada 5/2009 del 24/2/2009); las Reglas Mínimas de las Naciones. Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) (2015); Justicia restaurativa en asuntos penales -Res. Consejo Económico y Social N° 2016-17- (2016).

En particular, la ley 27.063, establece en el art. 22 “Solución de conflictos: Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencias a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”. Por su parte, el art. 30 sienta criterios de disponibilidad de la acción en manos del Representante del Ministerio Público Fiscal mediante: a) criterios de oportunidad; b) conversión de la acción; c) conciliación y d) suspensión del juicio a prueba y sienta prohibiciones en caso de que el imputado fuera funcionario público en ejercicio de sus funciones, violencia doméstica o motivada en razones discriminatorias, y cuando fuere prohibido por instrumentos internacionales o instrucciones generales del Ministerio Público fundadas en criterios de política criminal.

Asimismo, la ley 27.148 Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal dispuso -en el art. 9, incisos e) y f)-, como principios que deben regir en la actuación: “Gestión de los conflictos: procurará la solución de los conflictos con la finalidad de restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social. Orientación a la víctima:deberá dirigir sus acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a quien deberá brindar amplia asistencia y respeto. Informará a ésta acerca del resultado de las investigaciones y le notificará la resolución que pone fin al caso, aun cuando no se haya constituido como querellante, conforme a las normas procesales vigentes. Procurará la máxima cooperación con los querellantes”.

Recientemente, el actual Procurador interino dictó las Resoluciones PGN 74/18 y PGN 75/18, cuyos textos claramente receptan el espíritu de esta transformación.

En igual sentido, el art. 42 inc. d) de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa (Ley 27.149), establece como deberes y atribuciones de los defensores “Intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución judicial de conflictos.”.

Merece también especial mención el art. 10, inc. I, ap. 6 que incorporó a la ley orgánica el Programa de Resolución Alternativa de Conflictos creado mediante Resolución DGN n° 475/2012 y a partir el 24 de noviembre de 2016 se la instrumentó como Experiencia Piloto mediante sucesivas resoluciones (DGN 1845/2016, 1054/2017 y 2258/2017).

Arribado a este estadio cabe también tener en consideración un protagonista esencial, la víctima del proceso penal y a su participación en los supuestos regulados por la ley 27.147. En esta norma, en consonancia con la ley 27.063, le ha dado a la víctima un papel mucho más preponderante e incorpora mecanismos del “derecho privado” como formas de reemplazar las sanciones penales. A través de ello se busca, auxiliar a la víctima a obtener la reparación que merece según el daño que ha sufrido o la disculpa del agresor (Maier, Julio B; “La víctima y el sistema penal. En A. Eser y otros. De los delitos y de las víctimas”, Buenos Aires 1992, Ed. Ad Hoc, pág. 230; “Derecho procesal penal”, tomo 2, Parte General. Sujetos Procesales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003, pág. 581, y sigs. Cfr.asimismo Sueiro, Christian “La reparación del daño en el nuevo sistema penal argentino”, en “El debido proceso penal” Dirección Angela Ledesma, Tomo 3, págs. 31/50, Buenos Aires, 2016, Ed. Hammurabi).

“Las nuevas tendencias que importan otorgar a la víctima herramientas de resolución del conflicto y que, en su caso, conllevan una consecuencia jurídica para el imputado. No se trata de una sustitución del derecho penal por el civil, o la reprivatización del conflicto, sino antes bien, analizar en cada caso concreto y conforme el interés lesionado por el hecho y de acuerdo a las pretensiones de la víctima, cuál es la mejor solución al conflicto que aparezca compatible con los fines del derecho penal [.]Con este norte deben interpretarse las nuevas cláusulas de extinción de la acción penal, y así otorgar preeminencia para su procedencia, siempre dentro de un marco de razonabilidad, al interés de la víctima, pues es sobre esta circunstancia que se irguieron las nuevas reformas. Ello, en el entendimiento de que la reparación de sus bienes jurídicamente tutelados y de sus derechos lesionados, es una demanda actual y concreta de toda la sociedad que ve en estos casos, a través de la víctima, satisfechas sus pretensiones” (cfr. voto del Juez Hornos en autos “Villalobos, Gabriela Paola y otro” Reg.1119/17 del 29/08/2017).

Por último, resta decir que, en mi criterio, la ley 27.063 más allá de aportar o no reglas concretas para la aplicación de los institutos, constituye otro elemento de interpretación de la norma vigente que necesariamente debe ser tenido presente al momento de ev aluar la pertinencia de la solución aquí propuesta (CSJN, Fallos 9:365 y 577, ambos de 1870, concerniente a la aplicación de las disposiciones del Código Civil, previo a su entrada en vigencia; CFCP, Sala I FRE 4943/2014/1/1CFC1 “Romano”; CNCCCP Sala 2 “Arias”,CCC71238/2014/TO1/4/CNC 2 “Nievas”; y TOC 2 CCC 56144/2005/TO1/CFC3 “Curatola”, entre otros).

La doctrina de la Corte Suprema ha sido favorable a la plena operatividad de las cláusulas constitucionales e, inclusive de aquellos derechos que surgían de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, así como de las acciones que emergían tácitamente de su amparo, aunque no tuvieran una faz procesal por medio de la cual se articularan (CSJN “Siri” Fallos: 239:459; “Samuel, Kot S.R.L.” Fallos: 241:291; “Ekmekdjian c/Sofovich” Fallos: 315:1492; “Halabi” Fallos: 332:111).

Los jueces no podemos dejar de decidir aduciendo falencias normativas, cuando existe un precepto legal cuyo texto es claro y preciso (“Bertoli” Fallos: 248:33).

Frente a este panorama, adoptar una solución contraria afecta a no dudarlo el carácter de ultima ratio del derecho penal, los principios de legalidad, ley penal más benigna y pro homine y la garantía de igualdad ante la ley.

Resta señalar que en similar sentido al aquí propuesto se han pronunciado numerosos tribunales nacionales, entre ellos deben confrontarse los votos de los jueces López González y Bunge Campos de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en los fallos “G., R. S.” (Sala V, causa n° 50621/2011, rta. el 21/04/2016) y “G., G. G.” (Sala VI, causa n° 12.750/2014, rta.el 31/08/2016), y el reciente voto del juez Pinto en el expediente “B., A. O.” (Sala V, causa no CCC 69634, rta. el 29/06/2018. Se inscriben también en esta posición la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional en los autos CCC 25872/2015/TO1 /CNC1″Verde Alva, Brian Antoni” (Reg. 399/2017 del 22/05/2017 voto del juez Sarrabayrouse); la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal causa CCC 25020/2015/TO1/CFC1 “Villalobos, Gabriela Paola y otro” (Reg. 1119/17 del 29/08/2017, voto del juez Hornos); la Sala A de la Cámara Penal Económico causa CPE 1475/2012/5/CA4 rta. el 24/05/2018; los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal 1, 2, 7, 15, 20, 26 y 30 (CCC 53654/2016/TO1 “González”, rta. el 06/03/2017; CCC 13264/2014/ TO1 “Palmiotti”, rta. el 18/4/2016; causa n° 4658 “Fernández”, rta. el 26/11/2015 voto del juez Vega; causa n° 41.258/2012 “González” rta. el 30/11/2015 voto del juez Valle; causa n° 4674 “Ruiz” rta. el 11/02/2016; CCC 39889/2014/TO1 “Eiroa”, rta. el 11/12/2015; CCC 26772/2016/TO1 “Dimas”, rta. el 11/10/2016; CCC 36718/2015/TO1 “Seta”, rta. el 10/5/2017, entre muchas otras). En estos pronunciamientos los magistrados se expidieron favorablemente respecto de la extinción de la acción penal por reparación integral y/o conciliación del daño, aún en casos donde mediaba expresa oposición del Ministerio Público Fiscal.

Examinadas las constancias del expediente, en particular el Acta de Conciliación suscripta entre las partes, se aprecia que ha sido aceptada en forma libre y voluntaria, no mediando oposición fiscal en la instancia de origen. La posición exteriorizada por el acusador público en la instrucción -quien consintió expresamente la petición de la defensa- hacía desaparecer la contradicción.Ante la palmaria ausencia de contradictorio sobre la cuestión debatida, la magistrada debió receptar favorablemente el planteo convergente de las partes, lo que no podía ser sustituido por la actividad jurisdiccional, sin desvirtuar su rol de tercero imparcial. De otro modo, se configuraría una situación análoga a la prevista por el art. 348 del CPPN, cuya inconstitucionalidad fue declarada por nuestro máximo tribunal in re “Quiroga” (Fallos: 327:5863; 120 CN y Ley 27.148).

Por todo ello, estimo que debe hacerse lugar al recurso de la defensa, revocar el auto de fs. 147/0148, homologar el Acta de Conciliación suscripta por S. y B., y en consecuencia sobreseer a L. A. S. por extinción de la acción penal (art. 59 inc. 6 y 336 inc. 1° CPPN).

V.- El juez Mariano González Palazzo dijo:

Sin perjuicio de mi criterio respecto de la aplicación o no en la actualidad de la causal de extinción de la acción por el instituto de la conciliación estipulado en el artículo 59, inciso 6 del Código Penal (ver mi voto en el precedente de esta Sala anteriormente citado, causa N° 46247/16/1, “H., K.”, rta.: 25/09/17), las particulares características del asunto, me llevan a adherir a la solución propuesta por la jueza Magdalena Laíño.

Puntualmente me permito señalar que en el caso concreto, nos encontramos ante un delito de tipo culposo en el que L. A. S. habría incumplido su deber de cuidado que le imponía el rol de conductor de un automotor, lo que incrementó el riesgo permitido y resultó determinante en la causación de las lesiones graves sufridas por su acompañante. Y, principalmente, que existe entre el imputado y la víctima una relación de amistad. Nótese que B. al ser consultado telefónicamente sobre las implicancias o no de instar la acción penal respondió “que S.era su amigo, y que de ningún modo era su deseo que se lleve a cabo una investigación criminal contra aquél. Aclarando que su intención era no continuar con la investigación ni colaborar con ella” (fs. 67). Esa situación fue ratificada al prestar libre y voluntariamente su consentimiento y suscribir el “ACTA ACUERDO DE CONCILIACIóN (art. 59 inc. 6 del Código Penal)” del Programa de Resolución Alternativa de Conflicto de la Defensoría General de la Nación (fs. 141/142).

Además no es un detalle menor que el acuerdo de conciliación cuenta con la conformidad del fiscal de primera instancia que dictaminó que la acción esta extinguida y requirió el sobreseimiento del nombrado, lo cual me lleva a considerar que la propuesta de mi colega preopinante resulta la más justa para aplicar al caso.

VI.- En mérito a lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR el auto de fs. 147/148 y HOMOLOGAR el Acta de Conciliación suscripta por L. A. S. y R. B., y en

consecuencia SOBRESEER a L. A. S. por extinción de la acción penal (art. 59 inc. 6 y 336 inc. 1° CPPN).

Regístrese, notifíquese y devuélvanse las presentes actuaciones al Juzgado de origen sirviendo lo proveído de muy atenta nota de envío.

Julio Marcelo Lucini

(En disidencia)

Mariano González Palazzo

Miguel ángel Asturias

Prosecretario de Cámara

Magdalena Laíño