Se otorga a la beneficiaria del sistema previsional de capitalización un haber de pensión idéntico al del régimen general público

Partes: Díaz Susana Amalia c/ ANSES s/ renta vitalicia previsional

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: B

Fecha: 5-jul-2018

Cita: MJ-JU-M-113216-AR | MJJ113216 | MJJ113216

Se otorga a la beneficiaria del sistema previsional de capitalización que no perciben componente estatal, idéntico haber de pensión por fallecimiento al de un afiliado incluido en el régimen general público.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo deducida contra el organismo previsional, ordenándole abonar a la actora -beneficiaria del sistema previsional de capitalización que no perciben componente estatal- idéntico haber de pensión por fallecimiento al de un afiliado incluido en el régimen general público.

2.-Es admisible la acción de amparo deducida, pues la dilucidación de la controversia sometida a decisión judicial es de puro derecho, ya que requiere la confrontación de la norma impugnada con otras de jerarquía superior, lo que nos lleva a confirmar que no se requiere mayor amplitud de debate y prueba, debiendo efectuarse únicamente una tarea interpretativa, consustancial a la actividad del Poder Judicial, o en su defecto, llenar el vacío legal existente, al no contemplar la normativa vigente, a los beneficiarios del sistema previsional de capitalización que no perciben componente estatal.

Fallo:

Córdoba, 5 de Julio de 2018.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “DIAZ SUSANA AMALIA C/ ANSES S/RENTA VITALICIA PREVISIONAL” (Expte. Nro. 4051/2016/CA1), en los que la parte demandada ha interpuesto recurso de apelación (fs. 72/76 vta.) en contra de la Sentencia dictada con fecha 20 de diciembre de 2017 por el señor Juez Federal nro. 3 de Córdoba, que dispuso: “Córdoba, .RESUELVO:

1) Declarar la inaplicabilidad del art. 125 de la Ley 24.241

2) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por la Sra. Susana Amalia Díaz en contra de ANSES, y en consecuencia ordenar a la accionada a fin de que dentro del plazo de 30 dìas, abone a la actora idéntico haber de pensión por fallecimiento al de un afiliado en igual condición, incluido en el régimen general público y, dentro de los 120 días integre las diferencias resultantes de considerar el complemento al haber mínimo al haber de pensión por fallecimiento, de conformidad con las pautas establecidas en el presente decisorio integrando en tal suma lo abonado por la AFJP, desde el 3/3/14 con más el interés de la tasa pasiva del BCRA el que correrá hasta su efectivo pago conforme lo dispuesto en el considerando VI.

3) Imponer las costas en el orden causado (art. 21 ley 24.463).”.

Fdo. MIGUEL HUGO VACA NARVAJA

Juez Federal (fs. 68/71 vta.).-

Y CONSIDERANDO:

I.- Llegan los presentes autos a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el representante legal de la A.N.Se.S., José Gabriel Romero, en contra de la Sentencia dictada con fecha 20 de diciembre de 2017, por el señor Juez Federal N° 3, transcripta precedentemente.

Se agravia el recurrente en primer lugar por entender que la acción de amparo intentada resulta ser manifiestamente inadmisible, toda vez que ha sido iniciada vencido en plazo de quince días hábiles que determina la ley 16.986, en su artículo segundo inc.e). Considera que el Juez al hacer lugar al planteo actoral se ha ordinarizado el presente amparo, desnaturalizando el sentido y espíritu del mismo. Por otro lado cree que el amparo no es viable en el caso de cuestiones opinables que requieran mayor debate y prueba o cuando la naturaleza del asunto exija aportar al pleito mayores elementos de convicción, por lo que manifiesta que la actora ha usado dicho remedio excepcional para eludir estadios procesales correspondientes. Manifiesta que en el caso particular no ha acreditado la amenaza o daño cierto preciso, o concreto que permita admitir la vía intentada, no dejando plasmada con claridad porque no ha implementado los mecanismos jurídicos idóneos, limitándose solo a exponer sobre la improcedencia de la vía administrativa.

En segundo lugar, se agravia el recurrente en cuanto ordena al organismo a fin que en el plazo de 120 días proceda a abonar al actor las diferencias resultantes entre el haber mínimo garantizado de pensión por fallecimiento correspondientes a cada período y las sumas percibidas de la AFJP como haber de pensión derivado del causante complementando la prestación que brinda la AFJP hasta alcanzar el haber mínimo que garantiza la ANSeS, desde el “26/10/11” (entiéndase desde el 3/3/14 conf. sentencia apelada).

Finalmente, hace referencia a una supuesta consideración que debe ser realizada en la presente instancia que justifica el rechazo de la acción. Ella se halla vinculada a que la actora es titular de un beneficio otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRM), encontrándose en incompatibilidad con lo normado por el inc. 2 del art. 80 bis de la ley 19.101 según texto de la ley 22.477. Por último, deja opuesta a todo evento la prescripción liberatoria determinada en el 3er. párrafo del art. 82 de la Ley 18.037.

II.- En forma preliminar, corresponde efectuar una breve reseña de lo actuado.Así, la presente acción de amparo fue interpuesta con fecha 2 de marzo de 2016 por la señora Susana Amalia Díaz, con el patrocinio letrado de la Dra. María Julia Salmuni, en contra de la A.N.Se.S, con el objeto de que el Tribunal ordene se le abone desde la fecha de adquisición del beneficio de pensión, el haber mínimo garantizado por el art. 125 de la Ley 24.241 con más intereses de tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA., fijándose el plazo de cumplimiento en 30 días.

Explica el perjuicio que experimenta debido a su condición de beneficiaria de una Renta Vitalicia Previsional por fallecimiento de su esposo, Sr. Raúl Alberto Bulgarelli. Señala que el importe total percibido no supera el haber mínimo garantizado ya referido previamente.

Una vez impreso el trámite previsto por la Ley N° 16.986, el Juez de grado requirió a la parte demandada la presentación del informe circunstanciado del art. 8 de la ley de Amparo (fs. 51).

Seguidamente, compareció la representante legal de la parte demandada y evacuó el referido informe, solicitando el rechazo de la acción intentada por improcedente, negando todas y cada una de las afirmaciones de la amparista, poniendo de resalto que el amparo resulta ser manifiestamente inadmisible atento ser materia para ser tratada por otra vía procesal que admite mayor debate y prueba. Opone la prescripción prevista en el art. 82 de la ley 18.037 y 168 de la ley 24.241 (fs. 59/63).

Finalmente, con fecha 20 de diciembre del 2017, se expidió el Juez de primera instancia e hizo lugar a la acción de amparo, declarando la inaplicabilidad del art.125 de la ley 24.241 y ordenando al ANSES que en el plazo de 30 días abone a la actora idéntico haber de pensión por fallecimiento al de un afiliado en igual condición incluido en el régimen público, e integre dentro de los 120 días las diferencias resultantes de considerar el complemento al haber mínimo de pensión por fallecimiento de conformidad a las pautas que establece.

Dicha decisión fue apelada por la parte demandada, cuyos agravios fueron reseñados en el considerando precedente.

A fs. 78/79 vta. la actora contesta agravios en cuyo escrito solicita el rechazo de la apelación planteada.

Elevadas las actuaciones a esta Alzada, quedaron radicados los autos en la Secretaría Previsional, siendo remitidos posteriormente a la Secretaría Civil II en donde se corrió vista al Sr. Fiscal General siendo evacuada a fs. 84 vta., pasando luego los autos a resolución de la Sala.

III.- A mérito de lo reseñado precedentemente, la cuestión a resolver se circunscribe a analizar: a) la procedencia o no de la acción de amparo que fuera acogida por el señor Juez Federal de primera instancia que ordenó a la A.N.S.e.S. abone a la actora idéntico haber de pensión por fallecimiento al de un afiliado incluido en el régimen general público, ello en los términos ya reseñados.

En primer lugar las reclamaciones vertidas por el recurrente fincan en cuestionar la admisibilidad formal de la acción de amparo. Así, postula que debió rechazarse el amparo, toda vez que fue iniciado vencido el plazo de 15 días hábiles que determina la Ley 16.986 en su art. 2 inc. e).

Sin perjuicio de lo remarcado, es dable señalar en cuanto al plazo para la deducción de la demanda, que no se produce la caducidad de la acción de amparo en los términos del art. 2 inc.e) de la Ley Nº 16.986 si la conducta lesiva del organismo implicado se sigue prolongando en el tiempo o tiene aptitud de renovarse periódicamente, pues ante esta situación, se configura un incumplimiento continuado que traslada sus efectos hacia el futuro. La permanencia de la lesión es evidente, pues cada mes, el deteriorado monto del haber es percibido por el accionante, renovándole la arbitrariedad. En igual sentido se expidió la Cámara Federal de la Seguridad Social mediante Sentencia dictada con fecha 16/06/2014 en autos “L., F. J. c. ANSES s/ amparos y sumarísimos”.

A su vez, plantea el apelante que la acción de marras resulta improcedente en los términos de los inc. a) y d) del citado artículo, en virtud de que existen otros medios judiciales más idóneos. Al respecto, esgrime que la acción expedita y rápida es de carácter excepcional y debió seguirse el procedimiento impugnatorio reglamentado por el art. 15 de la Ley 24.463.

En relación al planteo referido a la procedencia de la vía elegida, tiene dicho el Máximo Tribunal que si bien es cierto que la acción de amparo es excepcional y no sustituye las instancias ordinarias judiciales, no lo es menos que siempre que aparezca de un modo claro y manifiesto el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso amparo (Fallos 280:228; 294:152, entre otros), a fin de que el curso de los procedimientos ordinarios no torne abstracta o tardía la efectividad de las garantías constitucionales (Fallos: 323:2519). Tales circunstancias y como lo expresó la Cámara Federal de la Seguridad Social mediante Sentencia dictada con fecha 16/04/2014 en autos “Ballesteros, María Cristina c.ANSES s/ amparos y sumarísimos” , se configuran en el presente amparo, toda vez que la dilucidación de la controversia sometida a decisión judicial es de puro derecho, ya que requiere la confrontación de la norma impugnada con otras de jerarquía superior, lo que nos lleva a confirmar que no se requiere mayor amplitud de debate y prueba, debiendo efectuarse únicamente una tarea interpretativa, consustancial a la actividad del Poder Judicial, o en su defecto, llenar el vacío legal existente, al no contemplar la normativa vigente, a los beneficiarios del sistema previsional de capitalización que no perciben componente estatal.

En consecuencia, la acción de amparo resulta la vía idónea para el esclarecimiento de la cuestión en debate, a la luz de los derechos presuntamente afectados, de naturaleza alimentaria y preferente tutela constitucional, por lo que corresponde rechazar esta queja, sin más consideraciones.

IV. – Respecto de las referencias realizadas acerca del supuesto beneficio que le habría otorgado a la actora el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRM), encontrándose a raíz de ello en incompatibilidad con lo normado por el inc. 2 del art. 80 bis de la ley 19.101 según texto de la ley 22.477, corresponde realizar las siguientes observaciones provenientes del hecho que menciona al final del agravio expuesto a una persona beneficiaria que no resulta quien es actora titular de la presente acción. Esto sumado a que también refiere a actuaciones correspondientes a expediente administrativo que no ha sido agregado a la causa ni tampoco mencionado en la oportunidad apropiada al evacuar el informe del art. 8 de la ley 16.986. Por último, debe añadirse que consultada la resolución dictada por esta Sala en autos “RODRIGUEZ FERMIN SAMUEL C. ANSES – AMPARO LEY 16.986” (Expte. 22028/2014/CA1) de fecha 12 de septiembre de 2017 ha podido constatarse que el Beneficio nro.75-0-0033086-0 a que hace referencia en su escrito de agravios pertenece precisamente a quien es actor en dicha causa y erróneamente aludido en la presente. Todo ello pone de manifiesto un razonamiento confuso ajeno a este litigio que debe ser desechado sin más comentario.

V.- En cuanto al plazo de 120 días que el Aquo fija como plazo para la integración de las diferencias dispuestas, el agravio vertido por la demandada se limita a reproducir los términos de la decisión sin más fundamentación que permita establecer las razones de su desacuerdo o el perjuicio que esa previsión le ocasiona. Por ello, corresponde el rechazo del agravio sin otra consideración.

VI.- En relación a las costas de esta Alzada, será de aplicación el régimen general previsto en el C.P.C.C.N., toda vez que esta Sala ha declarado inconstitucional el articulo 21 de la ley 24.463 en la causa “RAMOS, Miguel Efraín c/ANSES s/ Reajustes por Movilidad” (Expte. N° FCB 11190072/2007/CA1, sentencia de fecha 14 de diciembre de 2015, http://www.cij.gov.ar – consulta de expedientes). En su merito, las costas de esta instancia se imponen a la demandada perdidosa (conforme articulo 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.), difiriéndose la regulación de honorarios que corresponda para su oportunidad.

VII.- En base a las consideraciones que anteceden, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y en consecuencia confirmar la resolución de fecha 20 de diciembre de 2017 dictada por el señor Juez Federal Nro. 3 de Córdoba, en todo cuanto decide y ha sido materia de agravios. Con costas a la demandada perdidosa (art. 68 1° párrafo del C.P.C.C.N.). Los honorarios correspondientes se difieren para cuando exista base económica firme.

La presente resolución se emite por los señores Jueces que la suscriben de conformidad a lo dispuesto por el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional y art. 4° del Reglamento Interno de este Tribunal.- Por ello; SE RESUELVE:

1) Confirmar la Resolución de fecha 20 de diciembre de 2017 dictada por el señor Juez Federal Nro. 3 de Córdoba, en todo lo que decide y ha sido motivo de agravios.

2) Imponer las costas de la Alzada a la demandada perdidosa (art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N.); difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad.

3) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.-

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

LILIANA NAVARRO

EDUARDO BARROS

SECRETARIO DE CAMARA