La responsabilidad civil por una supuesta mala praxis médica en la que incurrieron dependientes de un nosocomio es de competencia provincial.

Partes: Prevención ART c/ Covelia S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 14-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-114864-AR | MJJ114864 | MJJ114864

Es competente la justicia de la Provincia de Buenos Aires para entender en un reclamo por responsabilidad civil, a raíz de la supuesta mala praxis médica en la que habrían incurrido los dependientes de un nosocomio en el que se habría decidido el traslado de la víctima.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución por la que el juez de grado se declaró incompetente para entender en un reclamo por responsabilidad civil, a raíz de la supuesta mala praxis médica en la que habrían incurrido los dependientes del nosocomio en el que se habría decidido el traslado de la víctima por entender que la controversia debía sustanciarse ante los tribunales contencioso administrativos de la Provincia de Buenos Aires, pues si se encuentra demandado un estado provincial, no es admisible avasallar las garantías provinciales (conf. arts. 1 , 5 , 116 , 117 , 121 , 122 y ccdtes. de la CN.), sometiendo al ente público demandado, contra su voluntad, a la jurisdicción de los jueces nacionales.

2.-El régimen del art. 94 del CPCCN. es aplicable en caso de que una de las partes, de ser vencida, se encuentre habilitada para intentar una pretensión de regreso contra el tercero, o cuando la relación o situación jurídica sobre la que versa el juicio es común a dicho tercero, de manera que éste podría haber asumido inicialmente la posición de litisconsorte del actor o del demandado.

3.-El hecho de encontrarse en juego la eventual responsabilidad del Estado provincial, no resulta suficiente para disponer la intervención de los tribunales contencioso-administrativos, pues para la remisión de las actuaciones a dicho fuero no basta con que se achaque responsabilidad al Estado, sino que, además, la materia sobre la que gira la controversia debe ser contencioso-administrativa

Fallo:

Buenos Aires, 14 septiembre de 2018.

AUTOS Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

I.­ Contra la resolución dictada a fs. 344, en virtud de la cual la Sra. Juez de grado se declaró incompetente por entender que la controversia debía sustanciarse ante los tribunales contencioso administrativos de la Provincia de Buenos Aires y, en razón de ello, dispuso el archivo de las actuaciones, la parte actora interpuso recurso de apelación a fs. 345, el cual fue fundado a fs. 348/354 y contestado a fs. 356 por la aseguradora y a fs. 367/369 por la citada en calidad de tercera.

II.­ La primera cuestión a dilucidar, es lo relativo al alcance de la intervención procesal del Estado provincial en este pleito, es decir, si su participación redunda en una modificación de los términos de la controversia delimitada por la accionante y si se encuentra habilitada para oponer la defensa de incompetencia.En principio, es importante señalar que las concretas facultades del tercero dependerán de los alcances con los que fue citado. Es que en supuestos como el presente, el régimen del art. 94 del Código Procesal es aplicable en caso de que una de las partes, de ser vencida, se encuentre habilitada para intentar una pretensión de regreso contra el tercero, o cuando la relación o situación jurídica sobre la que versa el juicio es común a dicho tercero, de manera que éste podría haber asumido inicialmente la posición de litisconsorte del actor o del demandado (conf.Kielmanovich, Jorge L, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, t. I p.278/279 y sus citas; Colombo, Carlos J. – Kiper, Claudio, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado, t. I, p. 608 y ss).

Desde esta óptica, de los términos de la presentación obrante a fs. 157/167, se deprende que mediante la citación, la aseguradora persiguió convocar al pleito a la persona jurídica que a su entender fue responsable exclusiva del luctuoso deceso, ya que, según sostuvo, la única causa de la muerte habría sido el traslado del paciente ( v. en especial fs. 162 vta./l63).Al contestar la citación, el Estado provincial ejerció sin limitaciones su derecho de defensa, ya que no sólo replicó la acción, sino también opuso excepciones de incompetencia, prescripción y falta de legitimación activa (v. 313/325), de las cuales se confirió traslado a la contraria (v. fs. 331).En razón de ello y dada la amplitud que se ha reconocido a la actuación del tercero, nada impide que oponga excepciones, máxime cuando, como regla general, cuenta con plena autonomía de gestión procesal (conf. Lambois, Susa E. en Highton, Elena I – Arean, Beatriz A, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 2, p.401; Kielmanovich, Jorge L., ob. cit., t. I, p. 279). Es que aun cuando no se desconoce la opinión de quienes se pronunciaban por una intervención restringida del citado en los términos del art. 94 del rito, tal posición ha perdido fuerza a partir de la modificación introducida por la ley 25.488, que habilitó la posibilidad de que la sentencia a dictarse alcance al tercero, siempre que haya podido ejercer plenamente su derecho de defensa (art. 96, párrafo segundo del Código Procesal; Gozaini, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, t. I,p.312 y sus citas ; Colombo, Carlos J. ­ Kiper Claudio, ob. cit, p. 623 y sus citas).­

III.­ Sentado lo anterior e ingresando en el análisis de la excepción objeto del recurso, cabe recordar que la citada en calidad de tercera fundó su defensa en el hecho de que la responsabilidad derivada de la actuación de sus dependientes debe ser juzgada por los jueces provinciales.

Al respecto y de manera concordante con lo destacado tanto por la Sra. Juez de grado como por el Fiscal de Cámara en su dictamen, esta Sala ha sostenido en forma reiterada que si se encuentra demandado un estado provincial, no es admisible avasallar las garantías provinciales (conf. arts. 1, 5, 116, 117, 121, 122 y concordantes de la Constitución Nacional), sometiendo al ente público demandado, contra su voluntad, a la jurisdicción de los jueces nacionales. En tales condiciones, la cuestión debe ser juzgada por un magistrado de dicho estado provincial (CNCiv., esta Sala, R. 586.020 del 11/9/2011; íd. R. 414.495 del 15/11/04; R.352 del 16/7/02). En idéntico sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, propiciando que en respeto de las autonomías provinciales requiere que se preserve a sus jueces el conocimiento de las cusas que en lo sustancial del litigio versan sobre aspectos propios de la jurisdicción local, sin perjuicio de las materias federales que también pueden comprender esos pleitos y que tienen adecuada tutela en el recurso extraordinario (Fallos, 255:256; 258:116; 259:343; 325:2284 , entre otros).De tal suerte y en concordancia con los argumentos ensayados en el considerando anterior, la sola intervención de la citada en calidad de tercero con las plenas prerrogativas descriptas, torna precedente la declaración de incompetencia formulada en la instancia de grado, a fin de garantizar el respeto por la autonomía del gobiern
provincial, que como se ha visto, se encuentra prevista en nuestra Carta Magna.

IV. Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, asiste razón al recurrente cuando sostiene que el hecho de encontrarse en juego la eventual responsabilidad del Estado provincial, no resulta suficiente para disponer la intervención de los tribunales contencioso­administrativos.Es que para la remisión de las actuaciones a dicho fuero no basta con que se achaque responsabilidad al Estado, sino que, además, la materia sobre la que gira la controversia debe ser contencioso­administrativa.Sin embargo, el presente juicio versa sobreuna materia típicamente civil, ya que se intenta imputar responsabilidad a la tercera citada raíz de la supuesta mala praxis médica en la que habrían incurrido los dependientes del nosocomio en el que se habría decidido el traslado de la víctima.

En virtud de ello, resultan competentes para intervenir en la contienda los jueces provinciales con competencia civil y comercial.

V.­ Por último, dado que a fs. 350, cuarto párrafo, la parte actora ha referido un gravamen derivado de la decisión de archivar las actuaciones, cabe recordar que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que si bien la admisión de la excepción de incompetencia lleva al archivo del expediente (art. 354, inciso 1° del Código Procesal), esta disposición no puede extenderse más allá de aquellos supuestos en que sea admisible estimar inválido lo actuado ante el juez en principio competente, aunque luego haya perdido esa aptitud (CNCiv., esta Sala, R. 0089887/2012/CA001, del 2/6/16; ídem., R. 050027/2016/CA001, del 12/5/2017, entre otros).­

Así, conforme lo manifestado por el recurrente, toda vez que la incompetencia de este fuero para intervenir en autos se declaró una vez opuesta la defensa de fs. fs. 316/317 vta., razones de economía y celeridad procesal a la luz del criterio antes expuesto, imponen remitir las actuaciones para su ulterior trámite a la jurisdicción correspondiente, a fin de que sea sorteado el Tribunal que continuará interviniendo en la causa.Por ello, cabe dejar sin efecto el archivo de las actuaciones y disponer su remisión al magistrado que resulte competente.

VI.­ En atención al resultado de los recursos interpuestos ante este tribunal y las distintas opiniones doctrinarias existentes en torno al alcance de la intervención de los terceros en el proceso, las costas de alzada se distribuyen por su orden (art. 68, párrafo segundo del Código Procesal).Por tales consideraciones y oído que fue el Sr. Fiscal de Cámara, SE RESUELVE: Modificar la resolución de fs.344, dejando sin efecto el archivo de las ac
uaciones y disponiendo su remisión para continuar su tramitación ante los tribunales civiles y comerciales de la Provincia de Buenos Aires. Ello, con costas de alzada por su orden.­

Notifíquese a los interesados en los términos de las Acordadas 38/13, 31/11 y concordantes y al representante del Ministerio Público en su despacho. Publíquese en el Centro de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (conf. Acordadas 15 y 24/2013 – del 14 y 21 de agosto de 2013, respectivamente­) y oportunamente devuélvanse, haciéndose saber que en primera instancias deberá notificarse la recepción de las actuaciones y el presente fallo a los restantes involucrados si los hubiere, en forma conjunta.­

SEBASTIÁN PICASSO