Indemnización a abogados, por incumplimiento del contrato que celebraron con motivo de su retiro del bufete que integraban como fundadores

Partes: Navarro Castex Alberto Luis y otro c/ G. Breuer Abogados Sociedad Civil y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: J

Fecha: 31-may-2018

Cita: MJ-JU-M-112288-AR | MJJ112288 | MJJ112288

Indemnización del daño moral sufrido por los abogados actores con motivo del retiro de la sociedad civil que integraban. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-La teoría de los contratos, tal cual como ha sido heredada del derecho romano por las legislaciones modernas, estaba dominada por el principio fundamental de la libertad de las convenciones o autonomía de la voluntad, que nuestro CCiv. ha consagrado expresamente en el art. 1197 .

2.-El contrato llegó a constituir en el siglo XIX la figura central para aplicar o constituir todo género de situaciones jurídicas. La libertad contractual debe considerarse la regla y el límite, la excepción.

3.-En lo tocante estrictamente con la interpretación de los acuerdos económicos jurídicos, la norma epicéntrica es la del art. 1198 del CCiv., que en su primera parte prescribe que ‘Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe’, y así se incorporó este crucial valor de manera expresa y también con el máximo de amplitud, tiñéndose consecuentemente de una fuerte dosis de contenido axiológico buena parte del derecho privado. Se trata, por lo tanto, de un verdadero principio rector que debe presidir la conducta de las partes, tanto en el proceso formativo del contrato como durante su vigencia y posterior extensión.

4.-Interpretar un contrato es observar las manifestaciones negociales, las cláusulas o estipulaciones, para determinar su sentido y alcance, tarea por ciento compleja, ya que debe comprenderse la expresión literal (filológica) sin desmerecer el concepto en que el mismo se ha celebrado y la interpretación subjetiva o intención común de los contratantes.

5.-Es en tres momentos, celebración, interpretación y ejecución, que se valora la buena fe conectándola con un criterio de verosimilitud, lo que impone tomar en cuenta también las circunstancias del contrato. La determinación de las consecuencias jurídicas depende de la existencia de la buena fe en el sujeto, lo que es entendida como ‘la convicción de actuar rectamente’.

6.-Los contratantes deben someterse a lo pactado como una suerte de Ley privada, y en dicha inteligencia, considera que la buena fe – lealtad o la buena fe – probidad – implica entre ellos colaboración recíproca, abstención de actos antifuncionales, brindar conocimiento a la otra parte de actos dañosos para ésta, y que pueden evitarse sin detrimento para la contraparte, comprensión legal y prueba de lo contratado (interpretación de buena fe) y por último, terminación no intempestiva.

7.-La buena fe, transformada en principio rector del sistema, debe presidir la conducta de las partes tanto en el proceso formativo del contrato como durante su vigencia y posterior extensión, ha ganado mayor protagonismo aún en el nuevo CCivCom., pues la contempla tanto en el Título Preliminar (art. 92 ), como también en materia obligacional (art. 729 ) y en la contractual (arts. 961 , 991 y cc.).

8.-La disposición del art. 747 del Código de Vélez, en cuanto establece que el pago debe ser hecho en el lugar designado en la obligación, se enmarca dentro del ancho margen de la autonomía de la voluntad prevista en el art. 1197 del CCiv.

9.-La vara o parámetro para medir las conductas profesionales es rigurosa, y es la que se desprende de la sabia fórmula contenida en el art. 902 del CCiv., recogida por el art. 1725 del nuevo CCivCom., debiendo recurrirse al fundamento de la lealtad debida entre profesionales, iluminada por la buena fe.

10.-El Tribunal participa del criterio que aprehende el daño moral con amplitud, al considerar que no queda reducido al clásico pretium doforis (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción etc.), sino que, a mas de ello apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu, cuyo tránsito sean unas alteraciones desfavorables en las capacidades del individuo de sentir latu sensu, de querer y entender.

11.-La norma del art. 521 del CCiv. debe ser ponderada en dinámica interacción con lo prescripto por el art. 522 del mismo ordenamiento legal, que prevé un amplio marco de interpretación, en los siguientes términos: ‘en los casos de indemnizaciones por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con el hecho generador de responsabilidad y circunstancias del caso’.

12.-Resulta procedente la reparación del daño moral cuando la conducta del demandado resulta reveladora de una voluntaria y deliberada inejecución de los acuerdos celebrados, tanto en el cumplimiento en el pago de todas las cuotas acordadas como respecto de las demás obligaciones impuestas en las sucesivas adendas.

13.-En materia de la determinación de la indemnización del daño moral, corresponde fijar una suma que se condiga con la naturaleza resarcitoria asignada por la norma codificada ya en el régimen velezano con la dinámica interpretación de los arts. 1078 y 522, y que además responda al parámetro satisfactivo que se le reconoce, todo lo cual ha sido rotundamente plasmado por el art. 1741 del CCivCom.

14.-La tranquilidad y confianza de quienes se desvincularon de un estudio, en cuanto al fiel cumplimiento de los términos acordados, merecen tutela, por lo que si resulta defraudada en los términos desarrollados, se producen consecuencias lesivas que tienen una innegable proyección en el plazo espiritual que deben ser indemnizadas.

15.-Resulta reveladora de la entidad de la conducta asumida por el Estudio y sus socios, en cuanto nunca brindaron al perito contador toda la documentación requerida para realizar un informe completo, extremo que el idóneo puso de manifiesto en reiteradas oportunidades de manera expresa. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, a los 31 días del mes de mayo de 2018, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: EXPTE. N° 43.673/2.010, “Navarro Castex, Alberto Luis y otro c/ G. Breuer Abogados Sociedad Civil y otros s/ Daños y Perjuicios” La Dra. Beatriz A. Verón dijo:

1.1.- Contra la sentencia de primera instancia se alzan las partes y expresan los agravios que se detallan: en Expte. N° 28.205/2.010 a fs. 414/427 los presenta la actora, que a fs. 429/441 contesta la demandada; en Expte. N° 43.673/10, la actora se agravia a fs. 760/776 vta., G Breuer, Cabrera Castillo y Fissore a fs. 778/791 vta. y López Tilli a fs. 793/801 vta., mientras que las respuestas fueron glosadas a fs. 804/807 vta. (López Tilli), a fs. 808/812 de G. Breuer, Cabrera Castillo y Fissore, y a fs. 814/838 vta. de los actores; en Expte. N° 98.713/2.011, la actora se agravia a fs. 983/999 que contesta su contraparte a fs. 1001/1007 vta.

1.2.- En lo concerniente a la consignación, se queja G. Breuer Abogados de la interpretación formulada por el juez de grado en torno al “domicilio de pago”, pues considera que la facultad de los acreedores para su fijación se limitaba al primer pago.

Sostiene que corresponde atenerse a la literalidad del acuerdo del que se desprende que luego de la oportunidad señalada podían solo modificar la forma de pago, pero no el lugar.

Aduce también que el cambio afecta los riesgos asumidos, lo que implica mayor onerosidad.

1.3.- a) En Expte. N° 43.673/2.010, Navarro Castex y Cavazza se agravian de la suma estipulada como reparación del daño moral, por considerarla escasa a tenor de los comprobados padecimientos sufridos.Reclaman su elevación, especialmente porque se tuvo por demostrado un incumplimiento doloso de su contraparte respecto tanto a los pagos debidos como a la información que debían brindar. b) G. Breuer, Cabrera Castilla y Fissore, por su parte, cuestionan en primer término que se fallara extra petita respecto de intereses que no se reclamaron, y luego sobre el aspecto de fondo aducen que los acreedores modificaron unilateralmente el lugar de pago sin derecho.

En torno al deber de información, sostienen que la cláusula N° 3 no exige la forma escrita (a diferencia de la N° 4), y que el informe se materializó de manera verbal. Señalan asimismo que debía practicarse el nombramiento del depositario, y que ante la renuncia de Aubone Ibarguren, a partir de allí, a falta de depositario, no puede considerarse incumplido el deber de informar. Aducen que hubiera correspondido demandar la designación de un nuevo depositario.

En cuanto a la rendición de cuentas, la estiman inadmisible, pues no se practicaron negocios de gestión, administración o mandato, ni promedia contrato que los obligue a ello, por lo que consideran que el a quo se excedió al así disponerlo.

Finalmente, impugnan la procedencia de la reparación sobre daño moral. c) A su turno, López Tilli sostiene en primer término que la condena viola lo normado por el art. 1° de la ley 25.345 por considerar que la deudora debía hacer pagos en efectivo, por lo que reclama se decrete la nulidad de la sentencia.

A todo evento, estima errada la interpretación del acuerdo en cuanto al lugar de pago, y que el cambio de lugar de pago implicó un agravamiento para el deudor; razona que en caso de duda debe entenderse lo más favorable para su liberación (favor debitoris).

Señala también que promedió mala fe de los acreedores por rechazar los ofrecimientos efectuados. Impugna lo decidido en torno al segundo y tercer pago y sostiene que resulta improcedente la condena a rendir cuentas.Sobre las acciones de Haras Las Matildes S.A., sostiene que fueron legadas a Castro Madero.

Por último, sostiene que no corresponde practicar cálculo de intereses sobre la indemnización por daño moral, nocimiento que estima improcedente, y más aún cuando no promedió dolo.

1.4.- Finalmente, en los autos sobre cumplimiento de contrato (Expte. N° 98.713/2.011), Navarro Castex y Cavazza cuestionan el rechazo de su demanda y reclaman se condene al pago de las cuotas N° 25 a 30 previstas en la cláusula 6° del acuerdo de retiro.

Explica que no se cumplió la condición resolutoria pues el “Bank Boston” no dejó de ser cliente del estudio por completo, al menos durante los seis meses que comprendía el plazo para el pago de tales cuotas. Puntualiza que está probado que el estudio continuó representando a dicha entidad en numerosos expedientes, incluso en causas posteriores a la desvinculación entre el banco y el estudio.

A todo evento, sobre las costas, reclama se impongan a su contraparte o eventualmente por su orden.

2.1.- El Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, contempla de manera expresa lo tocante a la “temporalidad” de la ley.

Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Por ello, corresponde ponderar que en el caso sub examine se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior, y también las consecuencias que emanan de ella, por lo que al haber nacido al amparo de tal legislación, es en definitiva la que se aplica.

2.2.- En este sentido, recientemente la C.S.J.N.in re “Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART” , del 10/8/2017, aplicó el Código de Vélez por razones de derecho transitorio en virtud del citado art. 7° del CCyCom.

El máximo Tribunal decidió, no obstante, que la interpretación de las normas del CC debe realizarse con una armonía plena y total con el régimen del CCyCom., lo que según Ramón Pizarro resulta plausible al existir una clara continuidad entre las soluciones que permitía el código anterior -interpretadas dinámicamente a la luz de la doctrina y jurisprudencia más reciente- y las que ahora consagra, en algunos casos de manera más explícita y receptiva de ese proceso evolutivo, el nuevo CCyCom. (aut. cit., “El derecho a la reparación integral desde la perspectiva constitucional”, L.L. 23/8/2017).

3.1.- Los apelantes no cuestionan el basamento jurídico aplicado, sino la interpretación de la profusa prueba producida.

3.2.- En tal sentido, adelanto que seguiré a los recurrentes en las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto (C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, entre otros) pues recuerdo que como todas las pruebas no tienen el mismo peso, me apoyaré en las que resulten apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611), las que produzcan mayor convicción en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa.

Se considerarán entonces los hechos “jurídicamente relevantes” (Aragoneses Alonso, Pedro, Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o “singularmente trascendentes” (Calamandrei, Piero, “La génesis lógica de la sentencia civil”, en Estudios sobre el proceso civil, Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, pág.369 y ss.).

4.1.- Pues bien, por lo pronto es pertinente comenzar el análisis estricto de las quejas recordando que la teoría de los contratos, tal cual ha sido heredada del derecho romano por las legislaciones modernas, estaba dominada por el principio fundamental de la libertad de las convenciones o autonomía de la voluntad, que nuestro Código Civil ha consagrado expresamente (artículo 1197) (Salvat, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuente de las Obligaciones, Actualización de Arturo Acuña Anzorena, Tea, Bs. As., 1957, t. I, pág. 16).

El contrato llegó a constituir en el siglo XIX la figura central para aplicar o construir todo género de instituciones jurídicas. La libertad contractual debe considerarse la regla, y el límite, la excepción (Messineo, Francisco, Doctrina general del contrato, Bs. As., 1952, t. I, pág. 15).

4.2.- En lo tocante estrictamente con la interpretación de los acuerdos económicos jurídicos, la norma epicéntrica es el art. 1198 del Código Civil que en su primera parte prescribe que “los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe”, y así se incorporó este crucial valor de manera expresa y también con el máximo de amplitud, tiñéndose consecuentemente de una fuerte dosis de contenido axiológico buena parte del Derecho privado. Se trata, por lo tanto, de un verdadero principio rector que debe presidir la conducta de las partes, tanto en el proceso formativo del contrato como durante su vigencia y posterior extensión (esta Sala in re “Magliola, Adriana Teresa c/ Troccoli, Angel Enrique y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 90.264/2.012, del 22/12/2.016).

Interpretar un contrato es observar las manifestaciones negociales, las cláusulas o estipulaciones, para determinar su sentido y alcance, tarea por cierto compleja ya que debe comprenderse la expresión literal (filológica) sin desmerecer el contexto en el que el mismo se ha celebrado y la interpretación subjetiva o intención común de los contratantes (cfr. Mosset Iturraspe, Contratos, Rubinzal Culzoni, Santa Fe – Bs.As., 1998, pág. 307 y ss.).

Es en tres momentos, celebración, interpretación y ejecución, que se valora la buena fe conectándola con un criterio de verosimilitud, lo que impone tomar en cuenta también las circunstancias del contrato. La determinación de las consecuencias jurídicas depende de la existencia de buena fe en el sujeto, la que es entendida como la “convicción de actuar rectamente” (López de Zavalía, Fernando J., Teoría de los contratos, t. I, Parte general, Ed. Zavalía, Bs. As., págs. 264/5; esta Sala in re “Zarabozo, Juan Román c/ Maldonado, Orlando s/ Cumplimiento de Contrato “, Expte. N° 93.298/2.001, del 15/12/2.011, entre otros).

Según Spota, los contratantes deben someterse a lo pactado como una suerte de lex privada, y en dicha inteligencia considera que la buena fe – lealtad o la buena fe – probidad implica entre ellos colaboración recíproca, abstención de actos antifuncionales, brindar conocimiento a la otra parte de actos dañosos para ésta, y que pueden evitarse sin detrimento para la contraparte, comprensión legal y proba de lo contratado (interpretación de buena fe) y, por último, terminación no intempestiva (aut. cit., Instituciones de Derecho Civil. Contratos, vol. III, Depalma, Bs. As., 1980, págs. 350/1; esta Sala in re “Holodovsky, Cynthia Clarisa c/ Maffei, Vanesa s/ Reajuste de convenio”, Expte. N° 4457/2.014, del 21/4/2.016).

4.3.- En suma, la citada buena fe, transformada en principio rector del sistema, debe presidir la conducta de las partes tanto en el proceso formativo del contrato como durante su vigencia y posterior extensión, ha ganado mayor protagonismo aún en el nuevo CCyCom. pues la contempla tanto en el Título Preliminar (art. 9°), como también en materia obligacional (art. 729) y en la contractual (arts.961 y 991 y ccds.).

5.1.- Sentado lo expuesto, advierto en primer lugar que el estudio que practicara el juez de grado sobre las nutridas constancias de autos ha sido muy meticuloso, y tan riguroso y claro en el método como -en general- acertado en los razonamientos y en las conclusiones a las que arribara.

Para poder determinar lo concerniente con el incumplimiento obligacional emergente del “Acuerdo de retiro y cesión de puntos” que las partes se reprochan mutuamente, comenzaré por analizar las quejas formuladas en torno al lugar de pago.

5.2.- En efecto, dicho tópico encuadra en lo normado por el Código de Vélez en su art. 747 que establece: El pago debe ser hecho en el lugar designado en la obligación., por lo que se enmarca dentro del ancho margen de la autonomía de la voluntad del art. 1197 CC.

Acudo así al estudio de la pieza agregada a fs. 5/8 del Expte. N° 10.304/2.010 sobre “prueba anticipada”, el referido “Acuerdo de retiro y cesión de puntos”.

Del mismo se desprende que los Dres. Navarro y Cavazza se desvincularon del Estudio jurídico “G.Breuer Abogados Sociedad Civil”, bufete del que fueron socios “fundadores”, a cambio de una serie de pagos que se especificaron en las cláusulas N° 4 a 6.

Ahora, específicamente en lo tocante al debatido “lugar de pago”, encuentro que fue voluntad de las partes enmarcarlo dentro de la genérica referencia a “forma de pago” (ver cláusula 5°), extremo este que por lo que paso a explicar resulta en definitiva de suma relevancia.

5.3.- En efecto, ya en el contenido de la citada cláusula N° 5, se determinó que “El pago de las cuotas se hará en el lugar y en la forma en que Navarro y Cavazza instruyan en oportunidad del primer pago, sin perjuicio de que posteriormente tanto Navarro como Cavazza puedan modificar la forma y el destino de su porcentaje del pago, debiendo informarlo por escrito”.

Por tanto, en todo lo tocante con la forma de practicarse los pagos, incluido lo concerniente con el lugar de los mismos, se priorizó claramente la situación de los acreedores, robusteciéndose aquí su interés, el que por lo demás juzgo estrictamente “operativo” pues involucra lo concerniente con la “mecánica de pago”.

No hay discusión en que las primeras trece cancelaciones se efectuaron en el domicilio de Av.Corrientes 222, 7° piso, de esta Ciudad, sede del estudio de Navarro Castex y Cavazza, y advierto que la dinámica de ejecución o cumplimiento obligacional no fue alterada en lo inmediato posterior pues con la mudanza de estos a la calle Viamonte 1145, 6° piso, los deudores pagaron en la nueva dirección sendas cuotas, los vencimientos de Noviembre de 2009 y de Enero de 2010, ratificando con su proceder el cambio acontecido.

Lo apuntado importa notificación y aceptación del nuevo lugar de pago por parte de los quejosos, alteración que lejos se encuentra de producir fractura alguna de las bases del equilibrio sinalagmático, en débil posicionamiento de los quejosos.

Precisamente por ello, no resulta una interpretación razonable lo pretendido por estos en cuanto a que la facultad de modificar había precluído.

A similar respuesta negativa se arriba respecto al inconsistente argumento formulado por el alejamiento a doce cuadras y el peligro que conlleva transportar efectivo por la calle, pues dicha modalidad fue concretamente la convenida, la que -insisto- podían modificar los acreedores.

Lo propio acontece con el requerimiento del Estudio para que los socios desvinculados brindaran un número de cuenta bancaria para realizar transferencias, pues tal operatoria ha sido rechazada.

Refuerza la solución el tenor de lo atestiguado a fs. 272/274 por Walter Pérez, empleado de la empresa de seguridad “Segar” (fs. 272 y fs. 273), que cumplía tareas de maestranza para el estudio G. Breuer (fs. 272 y fs. 272 vta.), quien en lo pertinente declaró que se ocupaba de hacer cobranzas, retiros y depósitos de dinero, de sumas incluso mucho más importantes de las de autos (ver fs. 273 vta., Expte. N° 28.205/2.010).

Por lo demás, es importante la declaración de Marcelo Aubone Irarguren de fs. 344/348 del Expte. N° 43.673/2.010, que intervino personalmente en la redacción del acuerdo y fue designado depositario de los “addendum” (N° 3 a fs. 344 vta.), pues refuerza la interpretación efectuada:cuando se refirió a la posibilidad conferida a los acreedores de modificar la forma y el destino de los pagos, explicó que podía obedecer a que Navarro Castex y Cavazza tenían que alquilar un nuevo estudio donde continuar con el ejercicio profesional (ver N° 7 a fs. 344 vta. in fine/345).

5.4.- No cabe perder de vista el contexto, por tanto se impone aquí recordar que se trata de la materialización del alejamiento acordado entre colegas, y eran dos profesionales del derecho que debían encontrar un nuevo lugar de trabajo y asentarse en el mismo para continuar dentro del mercado, por lo que los términos del acuerdo se orientaron simplemente a habilitar cierto “margen” en su beneficio para darse oportuna ejecución al plan prestacional acordado.

No pueden lo demandados ampararse en una interpretación cerrada o exegética, que además de resultar errada, importa desconocer la específica realidad negocial inter partes.

5.5.- En su mérito, el acogimiento de la acción por incumplimiento contractual entablada es la solución que se impone, con el alcance relativo a las cuotas pendientes hasta la N° 24 inclusive, con sus respectivos intereses, extremo que por tanto conduce al consecuente rechazo de la consignación efectuada en Expte. N° 28.205/10.

6.1.- Ahora bien, en lo referente a la obligación de informar y de rendir cuentas, acudo ahora a la recta interpretación de los dos “Addendum” agregados en original en sobre cerrado del Expte. N° 43.673/2010.

Considero pueril la queja formulada en este aspecto, pues en lo neurálgico los demandados se limitan a argumentar que no existía la obligación de informar porque el tercero designado como depositario había renunciado, y que por tanto no había a quién rendir la información acordada.

6.2.- En lo pertinente, en el Addendum N° 1 se convino el pago de un adicional respecto a un proceso sucesorio (“Acevedo”) (N° 2), y en el Addendum N° 2 se acordó lo propio respecto del pacto de cuota litis celebrado con Agua Va S.A.y también lo concerniente al proceso caratulado “Agua Va S.A. c/ Danone Argentina S.A s/ Ordinario” .

En cada caso, cabe destacar, se previó que un tercero habría de resguardar los documentos en forma segura, y se designó como depositario al citado Dr. Marcelo Aubone Ibarguren, a quien también habría de brindársele cierta información para el fiel cumplimiento de lo convenido (ver informe a fs. 135 del Expte. N° 10.304/2.010).

En efecto, así, en el N° 1 se determinó que el Estudio, Cabrera Castilla y los socios “se comprometen a informar acabadamente al Depositario del alcance de los servicios profesionales brindados a la fecha en el juicio sucesorio de referencia” (N° 3 in fine), y agregaron seguidamente (cláusula N° 4) que “-sin perjuicio de puntuales comunicaciones verbales- se comprometen a informar trimestralmente al Depositario, por medio de un escrito reservado que se agregará al depósito del Addendum N° 1, el estado del expediente sucesorio, la actualización de los trabajos realizados, una eventual modificación de los honorarios a percibir y una estimación de la demora en cobrar el importe incierto N° 1” (sic).

En el N° 2, a su vez, el Estudio, Cabrera Castillo y los socios también se comprometieron a informar acabadamente al Depositario la naturaleza del pleito judicial de referencia y el estado actual de las actuaciones(N° 3), y también se especificó que “-sin perjuicio de puntuales comunicaciones verbales- se comprometen a informar trimestralmente al Depositario -por medio de un escrito reservado que se agregará al depósito del Addendum N° 2- el estado del pleito judicial, la actualización de los trabajos realizados, una eventual cuantificación de los honorarios a percibir y una estimación de la demora en cobrar el importe incierto N° 2” (sic).

6.3.- Pues bien, como se advierte sin hesitación, en lo tocante con la obligación de informar y rendir cuentas las partes han sido muy celosas del mecanismo a seguir para el estricto cumplimiento del Acuerdo, y es así como definieron un específico y riguroso régimen.Inclaris non fit interpretatio.

No puede por tanto tenerse por cumplido a través de los tres correos electrónicos agregados a fs. 132/134 del Expte. N° 10.304/2.010 sobre “prueba anticipada”, informes a todas luces parciales o fragmentarios, absolutamente incompletos.

Por su intermedio las partes procuraron instrumentar eficazmente canales dinámicos para materializar el distracto operado respecto a diferentes causas judiciales en trámite, y para ello resu ltaba fundamental -desde luego- contar con información completa y fidedigna, la que por tanto hace no solo al cumplimiento pacta sunt servanda del acuerdo sino a la lealtad misma que se deben los colegas en el ejercicio profesional.

Quien estaba en situación y obligado a brindar la información era el Estudio a través de sus socios por ser los que continuaron ejerciendo la representación de sendos clientes, manteniéndose al frente de sendos procesos y desarrollo de negociaciones.

Simétricamente, la posición de Navarro Castex y Cavazza era de debilidad, de notable inferioridad, solo por intermedio del estricto cumplimiento de estas cláusulas era posible alcanzar una desvinculación ordenada, lo que impone nuevamente efectuar una interpretación de conjunto para el entendimiento de la relación obligacional.

6.4.- En efecto, tómese nota que el celo ya se manifiesta en el hecho que las partes hayan decidido celebrar sendas “addendas”, “que forman parte integrante e indisoluble del Acuerdo” (N° 1), y así bridaron un tratamiento diferencial respecto de ciertos asuntos que estimaron especiales.

Por tanto, no puede alegarse que la obligación de informar haya sido cumplida a través de cierta información verbal brindada por los Dres. Otamendi y Cabrera Castilla a Aubone Ibarguren, y coincido aquí con el juez de grado en que en todo caso se trató de la información necesaria para que este último pudiera redactar la respectiva adenda.

Por lo demás, Aubone Ibarguren declaró no haber recibido el informe inicial por escrito (ve informe agregado a fs.135/136, “a”, del Expte .N° 10.304/2.010).

Las partes fueron categóricas al designar a un tercero imparcial para que cumpliera la función de depositario, y no obran elementos en autos para considerar que efectuada su renuncia los quejosos puedan echar mano a una imposibilidad de cumplimiento.

Es oportuno recordar aquí que la vara o parámetro para medir las conductas profesionales es rigurosa, es la que se desprende de la sabia fórmula contenida en el art. 902 del Código de Vélez, recogida por el art. 1725 del nuevo CCyCom. Recurro -nuevamente- al fundamento de la lealtad debida entre profesionales, iluminada por la buena fe a la que se hiciera extensa referencia.

Refuerza dicha solución el relevante testimonio brindado por el citado Aubone Ibarguren, quien sostuvo que no se negó a recibir informe alguno “porque nunca se lo ofrecieron” (cfr. fs. 347), por lo que ínterin, mientras las partes negociaban la designación de un nuevo depositario, los demandados directamente se desatendieron por completo del cumplimiento de esta obligación.

No la materializaron, por ejemplo, en la persona misma de los socios desvinculados, lo que hubiera puesto a debido resguardo el interés prioritario tutelado de quienes se alejaron del Estudio dejando en manos de sus ex socios la continuación de sendos procesos y negociaciones.

6.5.- En su mérito, la confirmación de lo resuelto sobre este aspecto es la solución que se impone, lo que incluye la condena a brindar el exhaustivo, pormenorizado y documentado informe detallado por el juez de grado en su pronunciamiento apelado, lo que simétricamente se adecua al requerimiento efectuado en la presentación de inicio (ver fs. 115 vta./116 vta.), bajo apercibimiento de aplicar la sanción establecida con fundamento en lo normado en los arts. 36 (incs. 4° y 5°), 37 y ccds.del CPCCN.

7.1.- Ahora bien, en lo concerniente al “daño moral”, nocimiento cuyo justiprecio se fijara en la suma de $40.000, se agravian todas las partes, y aquí propondré confirmar su procedencia y elevar el quantum.

7.2.- En efecto, por lo pronto comienzo por señalar que participo del criterio que aprehende este nocimiento con amplitud, al considerar que no queda reducido al clásico pretium doloris (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.) sino que a mas de ello, apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteraciones desfavorables en las capacidades del individuo de sentir lato sensu, de querer y de entender: “El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación y a la persona en general”, en” Revista de Derecho Privado y Comunitario”, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, nº 1, 1992, p. 237 a 259 (cfr. Pizarro, Ramón Daniel, “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación”, en J.A. 1986-111-902 y 903; Zavala de González Matilde, “El concepto de daño moral”, J.A., 985-I-727 a 732).

7.3.- Al observar el detrimento espiritual sufrido por los Dres. Navarro Castex y Cavazza estrictamente en el plano causal, que resulta una consecuencia “inmediata” de la inconducta profesional de la demandada, y que el reclamo encuentra sustento en lo normado por el art. 521 del Código Civil.

Dicha norma la pondero en dinámica interacción con lo prescripto por el art. 522 CC que prevé un amplio marco de interpretación, en los siguientes términos: “en los casos de indemnizaciones por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso”, extremos fácticos que es tarea del juez ponderar en cada caso (ver mis votos in re “Maino, Anita c/ Meza, José s/ Ds. y Ps.”, Expte.N° 63.007/2.008, del 13/10/2.015; ídem, “Misrahi, Elina c/ Moure, Celia s/ Cumplimiento de contrato” y “Moure, Ana C. c/ Colegio de Escribanos s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 93.489/2.006, del 27/12/2.013; ídem, “Bovenzo, Ariel c/ Avenida Córdoba 4867 S.A. s/ Escrituración”, Expte. n° 49.268/2004, del 28/6/2007; ídem, Sala D, “Scarpato, Osvaldo c/ Asbun Rojas, Salvador s/ Ds. y Ps.”, libre n° 100.333/96, del 22-08-05; ídem, Sala B, “Otegui, Carlos c/ L. J. M. s/ Ds. y Ps.” , del 24/11/2.010, elDial – AA67DO).

7.4.- Como desarrollara en los acápites precedentes, la conducta descripta resulta reveladora de una voluntaria y deliberada inejecución de los acuerdos celebrados, tanto en el cumplimiento en el pago de todas las cuotas acordadas, como en la elaboración y entrega de los informes y rendiciones de cuenta agregados a través de sendas adendas.

Se impone resaltar aquí que la falta de cumplimiento de lo convenido proviene de los colegas con quienes los actores desvinculados fundaron el Estudio G. Breuer, y se evidenció desde un comienzo con la omisión de brindar la oportuna información ut supra señalada, frustrando la ejecución del necesario control de los múltiples asuntos pendientes de cierre.

Pondero en su entero alcance que se trataba de una situación conflictiva que resultaba para los actores desbordante, de entidad suficiente para tener por probado los padecimientos espirituales que encuadran en esta categoría.

7.5.- Si bien la procedencia misma de esta partida tiene, en términos de “imputabilidad” y “reprochabilidad” de conducta, un especial componente significativo desde el plano valorístico o axiológico -extremo que se impone poner de resalto-, lo cierto es que respecto al “justiprecio” propondré modificar lo resuelto en la instancia de grado.

En efecto, ello es así pues también corresponde fijar una suma indemnizatoria que se condiga con la naturaleza resarcitoria asignada por la norma codificada ya en el régimen velezano con la dinámica interpretación de los arts.1078 y 522, y que además responda al parámetro satisfactivo que se le reconoce, todo lo cual ha sido rotundamente plasmado por el art. 1741 del CCyCom. (ver mi voto in re “Vartuli, Raquel Gracia c/ Sosa, Carlos Antonio s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 10.060/2.014, del 02/5/2017; Ubiría, Fernando A., Derecho de daños en el Código Civil y Comercial, Abeledo Perrot, 2015, pág. 327).

La tranquilidad y confianza de quienes se desvincularon del estudio en cuanto al fiel cumplimiento de los términos acordados merecen tutela, por lo que si resulta defraudada en los términos desarrollados, se producen consecuencias lesivas que tienen una innegable proyección en el plano espiritual que deben ser indemnizadas (esta Sala in re “Rossi, Horacio c/ Luzuriaga Gamon, Juan Pablo s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 32.174/2.000, del 04/3/2.010).

Por lo demás y a mayor abundamiento, resulta reveladora la entidad de la conducta asumida por el Estudio y sus socios, en cuanto tampoco brindaron al perito contador toda la documentación requerida para poder realizar un informe completo, extremo que el idóneo puso de manifiesto en reiteradas oportunidades de manera expresa en su experticia agregada a fs. 424/430 (ver fs. 424, fs. 425 vta., fs. 426 vta. in fine, fs. 429 in fine, fs. 430, fs. 503, fs. 504, Expte .N° 43.673/2.010), además -desde luego- de las deficiencias también señaladas en las que fue llevada la contabilidad de las operaciones efectuadas.

7.6.- En su mérito, atendiendo a todas las circunstancias involucradas, propongo fijar la indemnización del daño moral en la suma de $350.000 a favor del Dr. Alberto Navarro Castex y de $200.000 para la Dra. Florencia Cavazza (art. 165 CPCCN), las que no devengarán intereses a tenor del alcance de la pretensión reparatoria formulada (art. 163, inc.6° CPCCN).

8.1.- Resta abordar lo concerniente al reclamo de pago efectuado correspondiente a las cuotas N° 25 a 30.

Navarro Castex y Cavazza aducen que no se cumplió la condición resolutoria pues el “Bank Boston” no dejó de ser cliente del estudio por completo, al menos durante los seis meses que comprendía el plazo para el pago de tales cuotas, y consideran probado que el estudio continuó representando a dicha entidad en numerosos expedientes y en causas posteriores a la supuesta desvinculación.

8.2.- Por lo pronto acudo al análisis del “Acuerdo de retiro y cesión de puntos”, en cuya cláusula 6° se determinó el pago de un total de treinta cuotas mensuales iguales y consecutivas de U$D 15.000, con vencimiento la primera el 5/10/2.008, y se fijó un esquema de cancelación.

Se previó que las últimas seis cuotas -las que aquí están en debate- serían abonadas por el Estudio bajo condición resolutoria que el BankBoston dejara de ser cliente por completo del Estudio (ver fs. 7, Expte. N° 10.304/2.010 sobre prueba anticipada), y esto ha sido precisamente lo que aconteció según el desarrollo efectuado.

8.3.- En efecto, el acuerdo con la referida institución bancaria ha sido agregado a fs. 444/459, se celebró en fecha 25/8/2.005, y su “objeto” se determinó en la defensa judicial y extrajudicial de acciones dirigidas contra el banco, así como en la representación extrajudicial para el cobro de acreencias (1° a fs. 444).

Asimismo se estipuló que el Banco podía rescindir en cualquier momento, bastando una notificación fehaciente con una antelación no inferior a diez días corridos (ver N° 2, fs. 336).

Seguidamente encuentro documento fechado el 18/5/2010 por el cual el Banco notifica la rescisión del mismo a partir del 31 de Mayo de 2010 “para todos los casos en los cuales el Estudio hubiera asumido la defensa judicial o extrajudicial del Banco, que se encontraban expresamente contemplados en el pto.7 del Anexo I Litigation del Contrato” (ver fs. 461), que conciernen a los “trámites de amparo iniciados como consecuencia de las leyes de emergencia” (ver fs. 459). De inmediato obra otro acuerdo similar, del que surgen mayores precisiones para ejecutar tal desvinculación (ver fs. 463/464).

Con posterioridad (fs. 466) se produjo el cese de la representación por parte del Estudio respecto de los juicios ordinarios y ejecutivos, especificándose que “. el Banco notifica formalmente que el Contrato y sus Anexos, en su totalidad, queda formalmente rescindido a partir del 30 de Agosto de 2010.”.

También allí mismo el banco dispuso que “Con relación a aquellas causas judiciales de trámite ordinario, en las cuales se facturaba por etapas cumplidas, finalizada la actuación del Estudio pero aún no se ha producido el acto procesal que genera la facturación, la misma deberá realizarla el Estudio cuando aquella etapa se encuentre cumplida, por ejemplo: aquellas causas que se encuentran en estado de dictarse sentencia, la facturación deberá hacerse cuando ésta se produzca” (fs. 466 in fine).

8.4.- Coincido entonces con lo decidido por el juez de grado, quien practicó una prolija compulsa de las diferentes actuaciones registradas por el Estudio en diferentes procesos, para determinar que efectivamente había cesado la representación del Banco por parte del Estudio G. Breuer.

Tómese nota que lo declarado por Marcelo Aubone a fs. 344/348 no confiere fundamento a los quejosos como apuntan, toda vez que este se limitó a señalar un extremo que no está debatido, que la rescisión operaría en caso que el Banco dejara de ser cliente del Estudio por completo (ver N° 9 fs. 345 in fine/346), pero lejos estuvo de aseverar que el Estudio continuara ejerciendo la representación de la institución bancaria.

Lo propio acontece incluso en lo concerniente a las aisladas presentaciones efectuadas por el Estudio los días 7/10/2010 y 15/11/2.010 (ver fs. 151 y vta. y fs. 158 y vta. del Expte.N° 46.634/1993), orientada la primera a requerir copias de lo actuado y la segunda a apelar los honorarios regulados. Las mismas, por tanto, no enervan a la naturaleza categórica del distracto operado en las citadas fechas por decisión de BankBoston.

Por lo demás, respecto a la defensa de Mario Septimio Rossi efectuada a partir del 19/4/2011, cabe observar que tal actuación judicial no se practicó a favor del BankBoston sino exclusivamente de quien había sido director de la institución bancaria (arts. 503, 1195 y ccds. CC).

8.5.- Consecuentemente, toda vez que se encuentra demostrada la causal convenida en la cláusula 6° del “Acuerdo”, la confirmación del rechazo de la pretensión formulada es la solución que se impone, con costas (art. 68 CPCCN).

9.- En suma, por las consideraciones efectuadas, doy mi voto para: a) Elevar la indemnización por “daño moral” a $350.000 para el Dr. Alberto Navarro Castex y $200.000 para la Dra. Florencia Cavazza (art. 165 CPCCN), sumas que no devengarán intereses (cfr. Acápite N° 7); b) Rechazar las restantes quejas formuladas; c) Imponer las costas de Alzada en cada uno de los procesos acumulados según el principio objetivo de la derrota en juicio ínsito en el art. 68 del rito; Los Dres. Patricia Barbieri y Jose Luis Galmarini adhieren al voto precedente.- Con lo que terminó el acto, firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.-

Buenos Aires, mayo de 2018.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE: a) Elevar la indemnización por “daño moral” a $350.000 para el Dr. Alberto Navarro Castex y $200.000 para la Dra. Florencia Cavazza (art. 165 CPCCN), sumas que no devengarán intereses (cfr. Acápite N° 7); b) Rechazar las restantes quejas formuladas; c) Imponer las costas de Alzada en cada uno de los procesos acumulados según el principio objetivo de la derrota en juicio ínsito en el art. 68 del rito; Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-