Se suspende por seis meses el ejercicio profesional a la abogada que transfirió el dominio de un inmueble en perjuicio de la denunciante

Partes: P. S. c/ Colegio Publico de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacia – ley 23.187 – art 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 16-ago-2018

Cita: MJ-JU-M-113771-AR | MJJ113771 | MJJ113771

Se confirma la sanción de suspensión de seis meses en el ejercicio profesional a la abogada que, valiéndose de un poder adulterado, transfirió el dominio de un inmueble en perjuicio de la denunciante.

Sumario:

1.-Corresponde declarar desierto el recurso por lo que se confirma la sanción de suspensión de seis meses en el ejercicio profesional a la actora (conf. art. 45º, inc. d) , de la Ley nº 23.187) pues se encuentra acreditado que, valiéndose de un poder adulterado, transfirió el dominio del inmueble que componía la masa hereditaria de los sucesorios, por constituir violación a lo dispuesto en el art. 6, inc. e) y art. 44 incs, g) y h) de la Ley 23.187 y art. 6 y art. 10 inc. a) del Código de Ética.

2.-Corresponde confirmar la sanción de suspensión de seis meses en el ejercicio profesional a la actora que intervino en las operaciones de venta de inmuebles a sabiendas de que, usando un poder adulterado, su obrar constituía una maniobra delictiva de sustitución de identidad que le dio sustento a la nulidad de los actos que fueron su consecuencia.

3.-Siendo que se encuentra acreditado que la actora, valiéndose de un poder adulterado, transfirió el dominio del inmueble en perjuicio de la denunciante, que si bien fue beneficiada en sede penal por extinción de la acción penal por prescripción, en sede civil, se allanó totalmente a la demanda de nulidad de acto jurídico y admitió la nulidad de la operación señalada y se hizo cargo de las reparaciones indemnizatorias; se juzga que no actuó con probidad y corresponde confirmar la sanción de suspensión de seis meses en el ejercicio profesional.

4.-La extinción de la acción penal por prescripción respecto de la conducta reprochada a la letrada sancionada no obsta al juzgamiento de la conducta aquí investigada, en tanto sólo resulta del ámbito disciplinario, es decir, si la conducta profesional es pasible de reproche desde el punto de vista deontológico y responsable de una falta a la ética profesional.

5.-Corresponde rechazar la defensa de prescripción toda vez que el acto cuestionado hizo referencia al presupuesto de hecho determinante del momento en el cual el Tribunal de Disciplina pudo, razonablemente, tomar conocimiento de los hechos objeto de reproche y, en ese sentido, resulta evidente que la denunciante tomo conocimiento de la venta de la única propiedad que integraba el acervo hereditario al momento de iniciar la sucesión, en el cual se constató que el único bien que integra el sucesorio había sido transferido representado por la actora.

Fallo:

Buenos Aires, 16 de agosto de 2018.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que, por pronunciamiento glosado a fs. 184/189, la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal resolvió aplicar a la abogada P. S. (Tº 34 Fº 515) la sanción de suspensión de seis (6) meses en el ejercicio profesional (conf. art. 45º, inc. d), de la ley nº 23.187), por la violación a lo dispuesto en el art. 6, inc. e) y art. 44 incs, g) y h) de la Ley 23187 y art. 6 y art. 10 inc. a) del Código de Ética. En primer término, se indicó que la causa se había iniciado por la denuncia efectuada por la señora S. H. M. en la cual declara que por fallecimiento de C. A. M. le sucede en el carácter de legítima heredera junto a Di Sario. En tal sentido, el Tribunal de Disciplina recordó que la denunciante fue declarada heredera de su primo C. A. M. -fallecido el 17/6/2003-, por declaratoria de herederos de fecha 2/10/2012 en los autos “M., C. A. s/ sucesión ab intestato”; asimismo, señaló que corren por cuerda acumulados los autos “M., Gabriel y Pérez Lydia s/ sucesión ad intestato” sucesorio de los padres de C. A. M., en el que , y no obstante la fecha de fallecimiento del causante C. A. M. (17 de junio de 2003) se presentó en aquellos autos, con el patrocinio letrado de la Dra. S. P. y, en fechas 1 de febrero y 10 de febrero del año 2005, solicito el desarchivo de las actuaciones y segundo testimonio de la declaratoria de herederos, además el fallecido -C. A. M.- le otorgó poder especial e irrevocable de venta a favor de la Dra. S. P., respecto del único bien inmueble que compone la masa hereditaria de ambos sucesorios. Y, en tal contexto, el Tribunal comenzó rechazando la defensa de prescripción opuesta por la Dra. P.y, al respecto señalo que el plazo debe computarse desde el momento en el que la parte interesada pudo razonablemente tener conocimiento de los hechos, esto es, el momento en que inicio la sucesión de C. A. M., con fecha 24 de mayo de 2012 y, más específicamente con el certificado de dominio Nro. E 00358492, de fecha 12 de junio de 2012, documento en el que se constató que el único bien que integra el sucesorio -inmueble ubicado en la calle Bolívar 604/612-había sido transferido por C. A. M. -fallecido el 17 de junio de 2003-, representado por la Dra. S. P., con fecha 25 de febrero de 2005 a favor de María José Cabrera, por lo que recién a partir del 12 de junio de 2012, la denunciante estaba en condiciones de efectuar la denuncia respectiva. Concretamente, en punto a la extinción de la acción respecto de la conducta reprochada a la letrada sancionada -Dra. S. P.-, el Tribunal advirtió que lo decidido en sede penal -en cuanto se declaró extinguida la acción penal por prescripción- no obsta al juzgamiento de la conducta aquí investigada, en tanto sólo resulta del ámbito disciplinario, es decir, si la conducta profesional es pasible de reproche desde el punto de vista deontológico- y responsable de una falta a la ética profesional. Asimismo y en cuanto al fondo de las demás cuestiones debatidas, conforme la compulsa de los expedientes sucesorios Nº 37.363/2012 y Nº 100.062/1996 “M. Gabriel y Pérez Lydia Regina s/ Sucesión ab intestato” y “M. C. A.” que tramitaron por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 44-consideró: que, se encontraba acreditado que el señor C. A. M. falleció el 17 de junio de 2003; que, el señor C. A. M., ya fallecido se presentó con el patrocinio de la letrada P.y solicitó el desarchivo a los efectos de obtener un segundo testimonio de la declaratoria de herederos, lo que así hizo con fecha 10 de febrero de 2005; que, el fallecido, durante el mes de febrero de 2005 otorgó poder especial e irrevocable de venta a favor de la Dra. S. P. -aquí imputada- por ante el escribano Carlos Alejandro Oliva, en relación al único bien del acervo hereditario y, a través de dicho poder la abogada P. vendió el inmueble a María José Cabrera, por intermedio del escribano Carlos Pontoni, el 25 de febrero de 2005. Que, luego de formular consideraciones respecto de los expedientes citados, el Tribunal de Disciplina, concluyó en el sentido de que siendo que se encontraba acreditado que la Dra. P., valiéndose de un poder adulterado, transfirió el dominio del inmueble de la calle Bolívar 604/612, en perjuicio de la denunciante -Sra. S. Haydee M.-; que, fue beneficiada en sede penal por extinción de la acción penal por prescripción, pero en sede civil, se allanó totalmente a la demanda de nulidad de acto jurídico y admitió la nulidad de la operación señalada -compraventa del inmueble sito en la calle Bolívar- y se hizo cargo de las reparaciones indemnizatorias; señaló el citado Tribunal que el letrado que ejerce un poder adulterado -por fallecimiento del mandante- no actúa con probidad, el orden jurídico exige que el abogado apegue su conducta a las normas del derecho positivo en beneficio del orden que, en sí mismo, se vería desnaturalizado, si todo abogado, cualesquiera fueran los fines que lo animaran, resolvieran actuar con prescindencia de las normas de derecho.

Y, en tales términos sostuvo que la abogada incumplió los principios de lealtad, probidad y buena fe impuestos como deberes del abogado inherentes al ejercicio profesional, cuya observancia se exige no solo en relación con el cliente sino también con el Tribunal, con sus colegas y con la contraparte, por cuanto hacen a la confiabilidad profesional y por ende a la dignidad de la profesión.Que, por los fundamentos allí explicitados, el Tribunal de Disciplina concluyo que la letrada denunciada S. P. ha vulnerado lo dispuesto en los arts. 6 inc. e) y 44 incs. g) y h) de la Ley 23187 en concordancia con los arts. 6 y art. 10 inc. a) del Código de Ética.

II. Que, por presentación de fs. 194/196, la Dra. S. P. interpone recurso de apelación directa contra la decisión individualizada precedentemente y, al efecto, sustancialmente, postula: (a) que, la acción disciplinaria se encuentra prescripta en tanto transcurrió en exceso el plazo previsto en la norma; (b) que, es incorrecta la interpretación efectuada por el Tribunal de Disciplina con relación a los hechos imputados; (c) que, la sentencia del Tribunal de Disciplina no advirtió que el allanamiento formulado en la causa civil fue motivado en razones de economía procesal, que ello en modo alguno importa el reconocimiento de los hechos y el derecho allí invocados, en tanto su parte no participo en la maniobra de sustitución de persona que determino la nulidad del acto jurídico objeto de aquellos autos; (d) que, el hecho de sancionarla con fundamento en el art. 6, inc. e) de la Ley 23187 y el art. 10 del Código de Ética resulta excesiva en tanto no se satisface las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal ya que se impone una actuación dolosa, siendo que la parte que incurre en la falta de probidad debe ser consciente de su error; (e) que, no se valoró adecuadamente que actuó con un total desconocimiento de la sustitución de identidad llevada a cabo por un tercero en P.sión de un documento adulterado por lo que no puede reprochársele incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de la abogacía y; (f) que, la sanción impuesta no se condice con las constancias de la causa en tanto considera que no hubo conducta reprochable por su parte.

III. Que, corrido el pertinente traslado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se presenta a fs.213/217 y contesta el recurso deducido en autos.

IV. Que, preliminarmente, cabe recordar que el Tribunal no está obligado a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “Torre, Hugo c/ CPACF”, del 8/2/07; “Marroquín de Urquiola Ignacio Francisco c/ EN-Mº del Interior Prefectura Naval Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.” , del 19/7/07; “Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN- PFA y otro s/ daños y perjuicios”, del 11/10/07; “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/98; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986” , del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc. Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar autónoma” , del 21/10/10, entre otros).

V. Que, en primer término, en orden a la defensa de prescripción opuesta, se debe advertir que el art. 48 de la ley 23.187 establece: “(l)as acciones disciplinarias prescribirán a los dos (2) años de producidos los hechos que autoricen su ejercicio y siempre que quienes tuvieren interés en promoverlas hubieran podido -razonablemente- tener conocimiento de los mismos.Cuando hubiere condena penal, el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias de esta ley será de seis (6) meses a contar desde la notificación al Colegio”. Sobre el particular, se tiene dicho que la adecuada interpretación de las normas reseñadas -y sus concordantes- lleva a concluir que el plazo de prescripción de la acción disciplinaria -cuando ésta se inicia de oficio- debe computarse desde que el Colegio Público de Abogados tomó conocimiento de los hechos que autorizan el ejercicio de la acción disciplinaria (confr. esta Cámara, Sala II, causa “Bursztyn Natalio Julio c/ CPACF”, del 31/05/05; Sala IV, causa “Gini Reynaldo c/ CPACF (Expte 24784/09)”, del 5/6/1253.998/2014 y “Orellana María Alejandra C/ CPACF- s/ ejercicio de la abogacia- Ley 23187-Art. 47”, del 4/06/15). Asimismo, según lo previsto por el art. 5º del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina, cuando la causa se iniciare mediante denuncia, dispone “La denuncia podrá ser formulada por cualquier persona que se sintiera agraviada por el proceder de un abogado en el ejercicio de su profesión. En el acto de interposición o en el momento de su ratificación, el denunciante deberá fundarla, ofrecer la prueba y constituir domicilio en la Capital Federal. No se admitirán denuncias anónimas. La denuncia deberá presentarse o formularse por ante la Mesa de Entradas, oficina ésta que entregará constancia al denunciante de su iniciación, debiendo girarla dentro de los tres días a la Secretaría General del Tribunal de Disciplina. Recibida la causa y dentro del plazo de cinco días la Secretaría General asignará, por sorteo en presencia de autoridades del Tribunal, la Sala que intervendrá. El sorteo será público exclusivamente para los matriculados. Efectuado el sorteo y en todos los casos la Secretaría General TD, en forma directa y sin más trámite, remitirá la causa a la Unidad de Instrucción” y, en el caso de iniciarse de oficio, dispone que:”la Unidad de Instrucción emitirá su dictamen, el que será elevado a la Sala interviniente. Si se propiciare el traslado de la denuncia, la Unidad de Instrucción indicará la supuesta infracción disciplinara, el tiempo y modo en que llegó a su conocimiento, el lugar en que se habría cometido y cualquier otra circunstancia que estime de interés” (confr. Reglamento aprobado por la Asamblea de Delegados del 11/2/09 y publicado en el Boletín Oficial el 13/2/09). En efecto, el acto cuestionado hizo referencia al presupuesto de hecho determinante del momento en el cual el Tribunal de Disciplina pudo, razonablemente, tomar conocimiento de los hechos objeto de reproche y, en ese sentido señalo que resulta evidente que la denunciante -esto es la Sra. S. Haydee M.- tomo conocimiento de la venta de la única propiedad que integraba el acervo hereditario -ubicada en la calle Bolívar 604/612- al momento de iniciar la sucesión de C. A. M. el día 24 de mayo de 2012, más específicamente con el certificado de dominio nro. E 00358492, de fecha 12 de junio de 2015, en el cual se constató que el único bien que integra el sucesorio había sido transferido por C. A. M., fallecido el 17 de junio de 2003, representado por la Dra. S. P., con fecha 25 de febrero de 2005 a favor de la Sra. María José Cabrera. En tales condiciones, se impone el rechazo de la defensa intentada, en tanto es recién a partir del 12 de junio de 2012 que la denunciante se encontraba en condiciones de formular la respectiva denuncia, lo que así hizo con fecha 20 de diciembre de 2012 (confr. fs. 10/12).

VI.Ahora bien, corresponde señalar que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal remiten a la definición como injustos de faltas puramente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas, propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales e inespecíficos, que si bien no resultarían admisibles en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente, bajo una relación de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos. Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológicaprofesional es, como principio, resorte primario de quien está llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar los comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de aquellas infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulta manifiestamente arbitraria (esta Sala, in re:”Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”, del 6 de julio de 2006;. “Crescentini, Leticia Liliana c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ejercicio de la abogacía – Ley 23187 – Art 47”, del 27 de abril de 2017; “Alvarez Alejandro Ramiro c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 29 de agosto de 2017; “Noli Liliana Beatriz c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ejercicio de la abogacía – Ley 23187 – Art 47″, de l3 de octubre de 2017 y; Gilszlak, Marcelo Sergio c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 1 de febrero de 2018, entre muchos otros más). En tales condiciones, el rol de la Cámara se circunscribe al control de legalidad y razonabilidad del obrar del Tribunal de Disciplina en el cumplimiento de la potestad específica de la función administrativa de policía profesional que le fue deferida por la Ley n° 23.187 (esta Sala in re: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”; “Alvarez Alejandro Ramiro”; “Noli Liliana Beatriz”; cit., en igual sentido, Sala I, in re: “Acosta de Iturriagagoitia Walter A. c/ CPACF”, del 29 de agosto de 2000); la actividad jurisdiccional del Tribunal resulta limitada al contralor de la ilegalidad o arbitrariedad, por lo cual, la cuestión fáctica y sus probanzas se examinan con el objeto de verificar si esos extremos han ocurrido, y sólo en esas circunstancias debe corregirse lo resuelto por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (esta Cámara, Sala III: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”; “Crescentini Leticia Liliana”; “Gilszlak Marcelo Sergio”, cit., en igual sentido, Sala II, in re: “Cattelani, Inés”, del 8 de junio de 1989 y “Mazzini, Antonio”, del 13 de febrero de 1992; entre otros).

VII. Que, sentado ello, se debe destacar que, de la compulsa de la decisión impugnada y del escrito de interposición del recurso de apelación, se verifica que no está controvertido -en lo que aquí interesa-: que el señor C. A. M.falleció el 17 de junio de 2003; que , fallecido, se presentó el 10 de febrero de 2005-en los autos caratulados “M. Gabriel y Pérez Lydia Regina s/ sucesión ad intestato- con el patrocinio de la letrada sancionada P. S. y solicito el desarchivo y segundo testimonio de la declaratoria de herederos, además otorgo a favor de ésta letrada un poder especial e irrevocable de venta en relación al único bien del acervo hereditario -ubicado en la calle Bolívar 604/612- y; en ejercicio de dicho poder, través de Dra. P. S., vendió el inmueble mencionado. Ello así, se impone observar con relación a las medidas probatorias requeridas y producidas por el Tribunal, que el acto cuestionado precisó que las mismas habían sido efectuadas para despejar todo atisbo de duda en punto a la maniobra efectuada. En tales condiciones, se debe advertir que de la compulsa del Expediente Nº 3115/2013, caratulado “M. S. Haydee c/ P. S. y otros s/ Nulidad del Acto Jurídico” que tramitó por ante el Juzgado Civil Nº 44 -que en copia se acompaña a éstas actuaciones y que en este acto se tiene a la vista-, se desprende que la Dra. P. no se opuso a la declaración de nulidad pretendida por la señora M., sino que además se comprometió a pagarle la suma de $ 200.000 en concepto de indemnización por los daños y perjuicios que allí se invocaron, asimismo, la co demandada -María José Cabrera, compradora del inmueble sito en la calle Bolívar 604/08/12 piso 1ª Unidad “4”- se comprometió a restituir a la actora S. Haydee M., en tanto la codemandada -la Dra. S. P.- se comprometió a suscribir un acuerdo con la Sra. Cabrera de resarcimiento por los perjuicios irrogados con motivo de la restitución del inmueble y; por último, los allí demandados -esto es: la letrada S.P., la compradora María José Cabrera y el escribano, Rene Carlos Pontoni no se opusieron a la declaración de nulidad del acto jurídico -venta del inmueble- y se allanaron a la demanda (confr. fs. 110/vta. de la copia del Expediente Nº 3115/2013).

Y, allí también se observó que: el 18 de diciembre de 2013, se dictó sentencia y de la misma surge: que, la señora S. Haydee M. reclamó la nulidad de los actos jurídicos atribuidos al señor C. A. M. dado que a la fecha del otorgamiento de cada uno de ellos ya había fallecido; que, los actos cuestionados fueron llevados a cabo entre los días 1 de febrero y 25 de febrero de año 2005 -esto es, escritura en la que aparece el señor C. A. M. suscribiendo un poder irrevocable de venta a favor de la Dra. P. a efectos de que se lleve adelante la venta del inmueble sito en la calle Bolívar 604/8/12 piso 1 “4” de esta Ciudad y escritura de compraventa del citado inmueble a favor de María José Cabrera en un acto otorgado por el escribano Pontoni- y; que, en virtud del allanamiento formulado por los allí demandados se declaró la inexistencia de la escritura suscripta el 25 de febrero de 2005 a favor de la señora Cabrera(confr. fs. 157/158 de la copia del Expediente 3115/2013, cit.). Ahora bien, se encuentra probado -conforme las constancias reunidas- que la letrada intervino en aquellas operatorias y, con los argumentos vertidos en su defensa no logra desvirtuar los hechos que surgen del Expediente Nº 3115/2013, tampoco intentó probar que desconocía la maniobra delictiva de sustitución de identidad que le dio sustento a la nulidad de los actos que fueron su consecuencia.En efecto, los fundamentos en los cuales intenta basar su defensa carecen de una lógica fáctica y jurídica, por lo que, las manifestaciones vertidas contra el acto administrativo que le impuso una sanción de suspensión de seis meses en el ejercicio profesional, en modo alguno satisfacen lo dispuesto por el art. 265 del código procesal, que impone al apelante la obligación de formular una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considere equivocadas, conclusión ésta predicable inclusive desde la perspectiva que reiteradamente aplica la Sala en la consideración del requisito señalado y que se dirige a examinarlo con un temperamento amplio y desprovisto de rigor formal. En este sentido, nótese que la apelante no se refiere concretamente a los argumentos que sustentan la decisión cuestionada ni mucho menos a la razón por la que éstos resultarían errados, limitándose a reiterar su postura mediante lacónicas y genéricas afi rmaciones desprovistas del necesario fundamento técnico jurídico, así como por la transcripción de argumentos autónomos que fueron objeto de debido y oportuno tratamiento en sede de la demandada, cuya relación con las circunstancias de la causa no resultan conducentes, todo lo cual resulta insuficiente a fin de constituir agravios serios y motivados.

En tales condiciones, toda vez que -cabe insistir- la recurrente no refutó concretamente los fundamentos en que se sustenta la sentencia nº 43, de la Sala I, del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, corresponde se declare desierto el recurso interpuesto (art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y se confirme la sentencia apelada, con costas, desde que no se verifica circunstancia alguna que justifique apartarse del principio rector de la derrota (art. 68, primer párrafo del código citado). En virtud de las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: declarar desierto el recurso de apelación directa deducido en autos, con costas a la parte actora (conf. art.68, primer párrafo, del Código Procesal).

Teniendo presente la naturaleza y resultado del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional, la etapa cumplida y la circunstancia de que la Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que corresponde fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aún en los juicios de monto exiguo e inclusive sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas compatible con la dignidad en el ejercicio profesional, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada -Dra. N. G. B.- en la suma de pesos un mil $.- (arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo.

Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días corridos de notificados (art. 49 de la Ley de Arancel).

En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite.

Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ