Transparencia de los jueces en la Argentina a la luz del Código Iberoamericano de ética judicial

Autor: Brest, Irina D.

Fecha: 31-jul-2018

Cita: MJ-DOC-13638-AR | MJD13638

Doctrina:

Por Irina D. Brest (*)

A pesar de la indiscutible evolución que con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994 , promulgada según el Decr. 1795/2014 y publicado en el Boletín Oficial 32.985 del 8/10/2014 y modificatoria Ley 27.077 (entra en vigencia 1/8/2015), se convencionaliza su articulado, pues se regularizan muchas cuestiones a las que nos encontramos fielmente obligados con los Tratados de Derechos Humanos de raigambre «supra legal», es común que en la práctica las sentencias y resoluciones de los togados no se encuentren plasmadas.

El art. 56 del Código Iberoamericano manda lo siguiente: «La transparencia de las actuaciones del Juez es una garantía de la justicia de sus decisiones».

Por «transparencia» se debe entender que todas las decisiones de los jueces deben estar debidamente fundadas en el derecho, en la correcta valoración de los elementos de prueba de los hechos y en la lógica, como garantía del proceso debido y justo, y si se apartaren de una normativa legal deberá obligatoriamente explicitar debidamente por qué llegaron a esa resolución; por ello en la Argentina no pueden existir los juicios por jurado como en los EE. UU., donde solamente el jurado indica si es culpable o si es inocente, y el juez dispone la pena que le corresponde.

El juez tiene el deber de expresar los motivos o fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya la solución acordada a las cuestiones planteadas en el proceso.Este deber es impuesto como garantía de los individuos para el ejercicio de los controles de legalidad y legitimidad del acto jurisdiccional, ya que, a través de los «motivos» o «fundamentos», las partes y la opinión pública en general pueden verificar la justicia de las decisiones, la adecuación (o no) de estas al ordenamiento jurídico vigente (1).

La falta de motivación de las sentencias se traduce en arbitrariedad de los magistrados que son pasibles de interposición de recursos judiciales de los litigantes que se encuentran regulados en los respectivos Códigos Procesales Provinciales como así también en el Código Procesal Nacional.

Las pautas rectoras del deber de motivación son: a. Racionalidad: argumentación coherente, sin contradicciones, completa y constringente, b. Congruencia: conformidad entre la sentencia, la pretensión y la oposición a fin de evitar la ultra, extra o citra petitia; c. Integración: Los fundamentos deben integrarse a la sentencia, descartándose la motivación oculta o implícita y las remisiones; d. Controlabilidad: por las partes, órganos superiores y ciudadanos. A tal fin, la motivación deberá ser pública, accesible y comprensible (2). Así, en la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana se recomendó a los jueces utilizar un lenguaje claro e inclusivo en sus resoluciones judiciales por el derecho de los ciudadanos de comprender la justicia.

La Constitución Nacional, en el art. 18 , al disponer lo siguiente: «Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos», garantiza la transparencia de las actuaciones de los jueces; pues para lograrlo debidamente, se deben saber los fundamentos que llevaron a los magistrados para tomar sus decisiones. También la encontramos implícita en el art. 33 y en el propósito liminar que, desde el preámbulo de la Constitución Nacional, se irradia a todo el ordenamiento jurídico: «afianzar la justicia».

La tutela judicial efectiva no puede ser omitida por los responsables de impartir justicia pues es pilar de nuestra forma republicana de gobierno.

En varias Constituciones Provinciales, también encontramos su manda.Así, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el art. 171 dispone que las sentencias sean «fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de este, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de estos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso».

Y este requisito, lejos de establecer una solemnidad secundaria y dispensable, constituye una de las más trascendentes garantías de la justicia (3).

El Código Procesal establece, bajo pena de nulidad, el deber de fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria (art. 34, inc. 4; 161, inc. 1; y art. 163, inc. 5). Y si bien guarda silencio con relación a las providencias simples, debe entenderse que deberán ser fundadas cuando denieguen una petición (desestimatorias) (4). Respecto a esto último, en mi provincia de Corrientes reina su falencia, pues es habitual que se notifiquen proveídos diciendo solamente: «A lo peticionado; no ha lugar» u «ocurra por la vía pertinente», generando muchas veces un gravamen irreparable a los peticionantes.

La motivación debe, asimismo, ser congruente, lo cual se refiere a la adecuación que debe existir entre las cuestiones articuladas por los justiciables y la resolución judicial (congruencia material), de manera que el juez no puede válidamente decidir sobre puntos que no han sido objeto de litigio, no conceder más de lo reclamado, ni dejar de juzgar sobre alguna de las cuestiones litigiosas fundamentales; vale decir: no debe juzgar, respectivamente, extra, ultra o citra petita (5).

Corresponde advertir, sin embargo, que el juez posee potestad para proceder aun de oficio en la consideración de cuestiones en las que estén comprometidos intereses públicos, siendo altamente ilustrativo al respecto el denominado «mandato preventivo o de seguridad» (6).

En el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, Ley 26.994 promulgada según Decr. 1795/2014 y publicado en el Boletín Oficial N.° 32.985 del 8/10/2014 Ley 27.077 (modificatoria:entra en vigencia 1/8/2015), podemos observar el mandato de la transparencia de las resoluciones judiciales en su art. 3 donde manda: «Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada». Es decir, que se exige que la motivación sea una derivación de la sana lógica.

La Corte Federal ha entendido que una resolución no es «razonablemente fundada» cuando: a. los fundamentos solo reflejan la voluntad de los jueces; b. no se brindan razones suficientes para omitir elementos conducentes para la resolución del litigio; c. existe un error lógico; d. existe tergiversación de las constancias de la causa; e. se prescinde de dar un tratamiento adecuado a la controversia existente, de conformidad con lo alegado y probado, y la normativa aplicable; f. se carece de una derivación razonada del derecho vigente con referencia a las circunstancias concretas de la causa; g. falta fundamentación seria; h. existen pautas de excesiva latitud; i. establece fundamentación solo aparente; j. se aparta de las reglas de la sana crítica; k. se remite a pronunciamientos anteriores, sin referirse a cuestiones oportunamente propuestas y conducentes a la solución del juicio; l. se carece de un análisis razonado de problemas conducentes para la solución de la causa; entre otras razones (7).

Por otro lado, el art. 57 del Código Iberoamericano dispone lo siguiente: «El juez ha de procurar ofrecer, sin infringir el Derecho vigente, información útil, pertinente, compatible y fiable». Del mismo modo, el art. 58 ordena lo siguiente: «Aunque la ley no lo exija, el juez debe documentar, en la medida de lo posible, todos los actos de su gestión y permitir su publicidad».

Para el cumplimiento de esta manda, es necesario que haya estadísticas judiciales públicas y el libre acceso a los distintos fallos y resoluciones de los jueces de todas las instancias.

La Ley 26.856 establece en su art. 1 lo siguiente:«… la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales de segunda instancia que integran el Poder Judicial de la Nación deberán publicar íntegramente todas las acordadas y resoluciones que dicten, el mismo día de su dictado. Las sentencias deberán ser publicadas una vez notificadas a todas las partes».

El problema que se presenta es que las sentencias y resoluciones de los jueces de primera y segunda instancias no son publicados en las páginas web del Poder Judicial, salvo algunas excepciones como en la provincia de Corrientes que solamente lo hace respecto a los que tratan temas del nuevo Código Civil y Comercial.

El art. 2 de la Ley antes referenciada dispone lo siguiente: «La Corte Suprema de Justicia de la Nación y los demás tribunales inferiores que integran el Poder Judicial de la Nación deberán publicar una lista de la totalidad de las causas que se encuentren en trámite ante dichos estrados, cualquiera sea la vía procesal que hayan transitado. La lista deberá ser actualizada diariamente y deberá indicar número de expediente, carátula y objeto de la causa, fuero de origen, fecha de inicio de las actuaciones, estado procesal y fecha de ingreso al respectivo tribunal». Ello no es cumplido en la mayoría de las provincias respecto de los tribunales inferiores; por tanto la CSJN debería recomendar su cumplimiento.

El art. 3 de la Ley 26.856 dice lo siguiente: «Las publicaciones precedentemente dispuestas se realizarán a través de un diario judicial en formato digital que será accesible al público, en forma gratuita, por medio de la página de internet de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resguardando el derecho a la intimidad, a la dignidad y al honor de las personas, y en especial los derechos de los trabajadores y los derechos de los niños, niñas y adolescentes». La prohibición de difusión de la identidad de los menores de edad cuenta con jerarquía constitucional expresa por disposición del art.16 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el art. 8 establece que los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiare s de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas, protección plasmada en las normas de los arts. 8 y 16 y por la Ley 26.061, en su art. 3 . Por ello, en las causas en que se encuentren involucrados solamente se los identifica con las iniciales de su nombre y su apellido, estando prohibido a los medios de comunicación violar este imperativo.

Respecto de la conducta que deben guardar los magistrados, el art. 59 del Código Iberoamericano específicamente establece lo siguiente: «El juez debe comportarse, en relación con los medios de comunicación social, de manera equitativa y prudente, y cuidar especialmente que no resulten perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes y de los abogados».

Del mismo modo, el art. 60 reza: «El juez debe evitar comportamientos o actitudes que puedan entenderse como búsqueda injustificada o desmesurada de reconocimiento social». Respecto de ello, es motivo de recusación con causa al magistrado que haya emitido opinión o diere recomendaciones acerca del pleito, antes o después de haber comenzado por medios de comunicación social.

Directamente el togado que lo hubiere hecho deberá excusarse; es decir, apartarse espontáneamente del conocimiento de la causa, o si no, incurrirá en «mal desempeño» de sus funciones pasible de juicio político según la ley de enjuiciamiento.

Para finalizar, la transparencia de los jueces es una garantía primordial para lograr la tan anhelada efectividad judicial, y su renuencia nos puede hacer responsables ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

———-

(1) MIDÓN, Gladis E. de, y MIDÓN, Marcelo S.: Manual de Derecho Procesal Civil, 1.a ed. Buenos Aires, La Ley, 2008, p.40.

(2) TESSONE, Alberto J.: «El deber de motivación de las sentencias», en Revista Jurisprudencia Argentina N.° 5706, p. 5. Disponible en http://www.saij.gob.ar/doctrina/daca900130-tessone-deber_motivacion_las_sentencias.htm.

(3) Conf. SCBA, Ac. 53.040, sent. del 13/2/96; Ac. 80.106 sent. del 1-IV-2004 e. o.

(4) MIDÓN, Gladis E. de, y MIDÓN, Marcelo S.: op. cit., p. 40.

(5) MIDÓN, Gladis E. de, y MIDÓN, Marcelo S.: op. cit., p. 41.

(6) MIDÓN, Gladis E. de, y MIDÓN, Marcelo S.: op. cit., p. 41.

(7) PORRÁS, Alfredo R.: «Decisión razonablemente fundada: principio de razonabilidad», en LL Gran Cuyo, diciembre de 2014, p. 1178, AR/DOC/4277/2014.

(*) Procuradora y abogada, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, extensión Goya, provincia de Corrientes. Diplomada en la Dirección del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Lugar: Universidad de la Cuenca del Plata, Goya, provincia de Corrientes. Posgrado de especialización en Derecho Administrativo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE. Carrera de especialización en Teoría y Técnica del Proceso Judicial, Colegio de Abogados, Goya, provincia de Corrientes (en curso).