Responsabilidad civil del Estado Nacional ante las lesiones sufridas por un interno golpeado dentro de un establecimiento carcelario

Partes: F. E. L. F. c/ Estado Nacional-Servicio Penitenciario Federal s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: II

Fecha: 19-abr-2018

Cita: MJ-JU-M-111194-AR | MJJ111194 | MJJ111194

Responsabilidad civil del Estado Nacional ante las lesiones sufridas por un interno golpeado dentro de un establecimiento carcelario. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda iniciada contra el Estado Nacional por la reparación del daño derivado de las lesiones padecidas por el interno de un establecimiento carcelario que sufrió una golpiza porque, con independencia de quién o quiénes hayan sido los autores del hecho, para que éste ocurriera tuvo que activarse el sistema automático de apertura y cierre de puertas de celdas, que permitió la entrada de los agresores y cuyo control se hallaba a cargo de un agente, quien sostuvo que había sido abierta por error, todo lo cual responsabiliza al Estado de acuerdo al art. 1112 del CC.

2.-No cabe recurrir a criterios matemáticos al determinar el quantum para reparar el daño por incapacidad física sino valorar las circunstancias personales del damnificado y la gravedad de las secuelas que pueden extenderse no sólo al ámbito del trabajo, sino a su vida en relación, incidiendo en las relaciones sociales.

3.-La normativa de consolidación es inaplicable respecto de la víctima que sufrió severas lesiones al ser agredido mientras estaba alojado en un establecimiento carcelario, ya que transcurrieron más de dieciséis años sin que recibiera una indemnización integral por aquel hecho y en la medida en que el transcurso del tiempo haga que los títulos que el Estado tiene a su disposición para saldar la deuda remitan a fechas alejadísimas del hecho generador de la obligación, se torna casi imposible la reparación mínimamente justa del daño.

Fallo:

La Plata, 19 de abril de 2018.

AUTOS Y VISTOS: este expte. no 57031916/2003, caratulado “F. E., L. F. c/Estado Nacional Servicio Penitenciario Federal s/ Daños y Perjuicios”, que proviene del Juzgado Federal de Primera Instancia no 3 de Lomas de Zamora.

Y CONSIDERANDO:

LA JUEZA CALITRI DIJO:

I La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por L.F. y condenó al Estado Nacional Ministerio de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos Servicio Penitenciario Federal a abonar la suma de $ 402.500 con más intereses. Impuso las costas a la demandada vencida (fs. 695/704).

A fs. 727 el letrado apoderado de la parte actora presentó liquidación por una suma de $ 1.660.544,70, la que fue aprobada a fs. 737.

Por su parte, el letrado apoderado de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal planteó la nulidad de las notificaciones, tales como autos para alegar, sentencia definitiva, liquidaciones y regulación de honorarios, al existir un equívoco en el número de casillero (no 1331 y no no 1311 del domicilio procesal constituido) – conf. fs. 802/803vta.

Por resolución de fs. 811/813 el juez de primera instancia hizo lugar al planteo de nulidad, pero sólo a partir de la notificación de la sentencia e impuso las costas a la parte actora.

A fs. 814 el letrado apoderado de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal dedujo recurso de apelación contra la sentencia definitiva, el que fue concedido libremente (fs. 816).

A su vez, el letrado apoderado de la parte actora apeló la resolución de fs. 811/813 (fs. 817), fundando su recurso a fs.819/822vta.

Elevadas las actuaciones a esta Cámara, el letrado apoderado de la demandada expresó sus agravios a fs.832/838vta., con réplica de la parte actora.

II La declaración de nulidad

Ante todo, cabe destacar que la demandada solicitó que se declarara la nulidad de las actuaciones en virtud de haberse visto imposibilitada de ejercer su derecho de defensa.

En efecto, explicó que con las notificaciones cursadas en un casillero incorrecto, se le había impedido alegar, apelar la sentencia definitiva y la regulación de honorarios, como así también impugnar las liquidaciones practicadas por la parte actora.

El juez hizo lugar al planteo, pero sólo a partir de la notificación de la sentencia definitiva, considerando que era esa la solución que mejor aseguraba los principios de igualdad procesal y conservación de los actos procesales, preservando la vigencia del pronunciamiento definitivo.

Al respecto, coincido con lo decidido, en tanto resulta incompatible con el derecho que consagra el art. 18 de la Constitución Nacional obligar a la demandada al cumplimiento de una sentencia sin otorgarle la posibilidad de apelarla y, a su vez, impugnar la consecuente liquidación, en caso de que así lo estimara necesario, encontrándose verificadas en el caso las circunstancias referidas a la errónea notificación cursada a dicha parte.

En efecto, la solución se condice con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto la parte que promovió el incidente de nulidad expresó el perjuicio sufrido y mencionó las defensas que no había podido oponer (artr. 172, CPCCN), indicando concretamente de qué modo pudo haber influido el vicio alegado en el ejercicio de su derecho de defensa (A. 748.XXVIII, “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica AMET c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ amparo” , T.318, 95-10-05, O.430.XXII, “Obra Social para la Actividad Docente c/ San Luis, Provincia de s/ ejecución fiscal” , entre otros).

Asimismo, hemos sostenido en anteriores ocasiones que las normas procesales no se reducen a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito específico, tienen como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio; todo lo cual no puede lograrse si se rehúye atender a la verdad objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como de decisiva relevancia para la justa decisión del litigio (Fallos 310: 870).

Por ello, propongo rechazar el recurso interpuesto por la parte actora y confirmar la resolución apelada.

III La sentencia de primera instancia.

Cabe señalar que el juez de primera instancia meritó que de las pruebas producidas surgía que el día 18 de marzo de 2001, aproximadamente entre las 11,45 y 11,50 hs., los internos que se encontraban en el salón de usos múltiples del Pabellón “A”, módulo III, del Complejo Penitenciario Federal no 1 de Ezeiza, avisaron al encargado (Julio Yanfrancisco) que L. F. estaba golpeando la puerta de la celda no 48, y así fue que el agente procedió a la apertura de la celda y encontró al accionante con el rostro ensangrentado y otras lesiones (fs. 527). Que como consecuencia de las heridas que presentaba, fue trasladado por el servicio penitenciario, primero al sector de atención médica del penal (no de orden 160) y luego, en el mismo día, al servicio de guardia del Hospital Zonal “Madre Teresa de Calcuta” de la localidad de Ezeiza -no de orden 146- (conf. Libro de registro de entradas y salidas de expedientes del Complejo Penitenciario- fs. 150/51).

A su vez, expresó que del Libro de Guardia e Historia Clínica del Hospital surgía que el L.F.había ingresado el 18 de marzo de 2001 con traumatismo de cráneo (herida contuso cortante), diez heridas punzantes en hemitórax derecho, región axilar, y cinco heridas punzantes en cuello en región lateral derecha, sufriendo además hundimiento de cráneo, hematoma extradural y estallido, ingresando a terapia intensiva el día 19 de marzo a las 13 hs. y el mismo día fue intervenido quirúrgicamente (fs. 158), dándosele el alta el día 11 de abril (fs. 548).

En cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrió el evento dañoso, el juez tuvo por acreditado que el actor había sido atacado entre las 8 hs. y las 11,50 hs. de la mañana del día 18 de marzo de 2001, encontrándose a cargo del Pabellón “A” del módulo III del Complejo Penitenciario el ayudante de 3a Julio Yanfrancisco, quien fue posteriormente procesado en orden a la presunta comisión del delito de lesiones graves, en carácter de partícipe primario (art. 90 del Código Penal) y precisó, además, que del procesamiento resultaba que el sistema de apertura y cierre de la puerta de la celda que ocupaba L.F. funcionaba con total normalidad y que la misma había sido abierta por error según confesión de Yanfrancisco en declaración indagatoria, consignándose que las puertas de las celdas sólo podían abrirse desde el control de la celaduría.

Tuvo en cuenta también que de los testimonios de algunos internos se desprendía que L.F. tenía muchos problemas con el servicio penitenciario a raíz de un motín ocurrido en la cárcel de Mendoza y que, en su declaración, el accionante había endilgado el ataque al Grupo de Acción Rápida (G.A.R.) y a algunos familiares.Ello, sin perjuicio de no haberse podido establecer quién o quiénes habrían sido los autores materiales de la agresión, aunque con la sospecha fundada de que las razones que motivaron el ataque podrían involucrar intereses de funcionarios del Servicio Penitenciario Federal.

En consecuencia, entendió que se encontraba plenamente demostrada la falta de servicio por haberse omitido la debida custodia de la integridad física del interno L.F. y que tal conducta omisiva había hecho posible que fuera ferozmente golpeado al interior de la celda no 48 que ocupaba, toda vez que la puerta de acceso con sistema de apertura y cierre sólo controlable desde la celaduría fue activada por el celador, con lo cual quedó franqueado el ingreso del o de los atacantes que propinaron al accionante la brutal agresión de que fue víctima.

A mayor abundamiento, destacó que en modo alguno empecía dicha conclusión la circunstancia de no haberse podido identificar el autor o los autores materiales del ataque, ni que el único procesado haya sido sobreseído, dado que dicho temperamento no fue adoptado luego de juzgarse su responsabilidad, sino que se fundó en la extinción de la potestad persecutoria del Estado por la duración irrazonable del proceso judicial.

Respecto de la indemnización solicitada, estableció en $125.000 el daño emergente, $125.000 el daño psicológico, $ 150.000 el daño moral y en $ 2.500 los gastos de atención médica y farmacéutica.

Finalmente, consideró que las circunstancias del caso permitían su exclusión del régimen de consolidación de deudas conforme lo decidido por la CSJN y esta Sala II en la causa “Abregu”, fijando la indemnización al día 18 de marzo de 2001 (fecha del evento), con adición de intereses a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA (conf. esta Cámara en “Gómez, Ricarda” ) hasta su efectivo pago.Impuso las costas a la demandada vencida.

IV El recurso de apelación interpuesto por la demandada Sentado ello, los agravios de la demandada se dirigen a sostener la absoluta falta de coherencia entre los presupuestos legales establecidos en el fallo y la solución a la que se arriba, la cual tilda de errada, arbitraria y contraria a la prueba rendida en estos autos, quejándose de la responsabilidad endilgada a su parte en la sentencia apelada. Se agravia, también, del acogimiento de los rubros daño moral, incapacidad física, daño psicológico, en cuanto a su procedencia y montos determinados. Finalmente, se queja de la imposición de costas a su parte así como de la exclusión del régimen de consolidación de deuda y del pago de la tasa de justicia.

V Antecedentes del caso 1) La presente demanda fue entablada por el letrado apoderado de L.F. contra el Estado Nacional Servicio Penitenciario Federal a fin de que se lo condenara al pago de una indemnización integral de daños y perjuicios en virtud de las lesiones sufridas por su mandante el día 18/03/2001 en el complejo penitenciario de Ezeiza, Provinc ia de Buenos Aires.

Al respecto, expresó que, al momento del hecho, su representado se hallaba detenido y alojado en el Complejo Penitenciario Federal no 1 de Ezeiza a disposición del Juzgado de Ejecución no 1 de Mendoza.

Explicó que el día 18 de marzo de 2001fue trasladado de urgencia e ingresado en el Hospital Zonal de Ezeiza “Teresa de Calcuta”, por las graves y severas lesiones sufridas dentro del complejo penitenciario y que permaneció internado durante 30 días en estado gravísimo hasta su alta provisoria.

En consecuencia, sostuvo que las múltiples lesiones y traumatismos severos padecidos, lo imposibilitaron para en el futuro realizar cualquier tipo de tareas normales y debió estar medicado continuamente, encontrándose económicamente impedido de solventar dichos gastos médicos farmacéuticos.

A su vez, amplió demanda a fs.38/43vta., fundamentando la responsabilidad del Estado en la omisión e inacción del personal del servicio penitenciario federal, en tanto factor causal exclusivo que determinó que le provocaran al actor el daño relatado.

En suma, reclamó indemnización por incapacidad parcial y permanente, gastos médicos y farmacéuticos, incapacidad psicológica y daño moral. Ofreció prueba y solicitó que se hiciera lugar a la demanda incoada, con costas.

2) A fs. 63/79vta. la letrada apoderada de la demandada solicitó la suspensión del proceso oponiendo el instituto de la prejudicialidad y, en su defecto, que se suspendiera el dictado de la sentencia hasta tanto recayera un pronunciamiento definitivo en sede penal.

Asimismo, contestó demanda y sostuvo la ausencia de responsabilidad del Estado Nacional (Servicio Penitenciario Federal) atento que el art. 1112 del Código Civil no resultaba aplicable al caso, siendo que la voluntad de los funcionarios no siempre se podía identificar con la del Estado y que la noción de falta de servicio era aplicable a aquellos supuestos en los que existía incumplimiento de un servicio asumido por el Estado sin identificación del agente causal o cuando, existiendo identificación del agente, el daño hubiere sido provocado en el ejercicio objetivo de la función. Finalmente, impugnó la procedencia de los rubros y los montos pretendidos, los que tildó de excesivos e irrazonables, solicitando se distribuyeran las costas a tenor del art. 71 del CPCCN. En suma, solicitó que oportunamente se rechazara la demanda con expresa imposición de costas.

3) A fs. 520/669 se encuentran agregadas copias certificadas de partes de la causa no 1964/04 caratulada “Yanfrancisco, Julio José s/Inf. Art. 90 del CP”, en trámite por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal no 2 de esta ciudad.

4) A fs. 430/435 obra prueba pericial psicológica de donde surge que el actor presenta secuelas psicológicas atribuibles al accidente de autos, padeciendo un “Trastorno somatomorfo cuyos síntomas sugieren una enfermedad médica (sistema nervioso central). De acuerdo a criterios del D.S.M.IV HIPOCONDRíA F.45.2. El puntaje más alto alcanzado en las escalas clínicas del MMPI 2 da 97, que puede observarse en la Escala 1, Hipocondría, en el Perfil Clínico que se acompaña”.

Asimismo, se informa que el porcentaje de incapacidad parcial y permanente es de un 70% (neurosis mixta con deterioro) de acuerdo al Baremo de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aries y el Baremo S.U.S.S. Decreto 1290/94.

Se desprende, además, que “su protocolo BENDER presenta ROTACIóN PERCEPTIVA SEVERA en sentido de las agujas del reloj, factor relacionado con distorsión de la Gestalt que indica severa psicopatología y una profunda perturbación en el funcionamiento del ego. Su ocurrencia es significativa en ORGANICOS CEREBRALES. La distorsión representa típicamente la pérdida del control del ego y se encuentra mas frecuentemente en individuos psicóticos que tienen patología intracraneal. Es un paciente con deterioro neurológico por su desorden psicoorganico. Aplicando la formula de Goldberg sobre las puntuaciones T del MMPI 2 el diagnostico diferencial es PERFIL PSICOTICO” A su vez, surge que el actor sufre una patología irreversible y un deterioro psíquico e invalidez de la capacidad laborativa, detallándose que en el taller textil del complejo donde permanece alojado (fábrica de camperas de alta montaña) no desarrolla tareas, ocupándose sólo de cebar mate a los maestros porque cuenta con una sola mano.

Finalmente, se informa, en cuanto a los síntomas que permiten detectar el trastorno psíquico, que padece problemas somáticos graves y se encuentra inmovilizado por múltiples síntomas, presentando alteraciones sensitivas-motoras, alteraciones emocionales, de la percepción y presenta un estado confusional. Explica, también, que la preocupación por los síntomas somáticos provoca malestar clínicamente significativo y la convicción de padecer una enfermedad grave, que se está quedando ciego del ojo izquierdo, perdió los sentidos del gusto y del olfato, no modula bien la voz, babea y presenta signos de decadencia de funciones.Asocia los trastornos a la alteración tisular cerebral, es decir, con una disfunción permanente del cerebro que provoca un conjunto de signos y síntomas psicológicos y conductuales.

5) A fs. 445/446 se encuentra agregada pericia médica. Respecto del diagnóstico, se expresa que “sufre T.E.C. Severo, con Fractura y Hundimiento de Cráneo, con Pérdida de Maza encefálica Parietal Derecha, con estado de Coma Grado IV por 41 días, que motivaron 4 cirugías, con secuela de Hemiplejia Izquierda, y sin tratamientos de rehabilitación posterior”. Surge también que “se le realizaron 4 cirugías de limpieza con resección de maza encefálica necrosada, sufre complicaciones posteriores con un A.C.V. Trombótico”.

En cuanto a las secuelas, informa que son hemiplejia Fláccida Izquierda, Pérdida de la Visión del Ojo Izquierdo, Pérdida de la Audición del Oído Izquierdo, Trastornos del Habla con Dislalia, Convulsiones frecuentes (medicado con Fenobarbital y Clonazepan en forma permanente). Se informa también que se traslada con silla de ruedas y ha perdido el olfato y gusto. Se afirma que las secuelas están consolidadas sin posibilidad de tratamientos curativos, sólo rehabilitación en un centro de alta complejidad, cuyo costo es difícil de calcular por la consolidación de las secuelas y escasa posibilidad de recuperar alguna motricidad, sólo con prótesis especiales, siendo el costo de las mismas muy elevado y a calcular luego de una evaluación por especialistas ortopédicos.

Finalmente el perito concluye que la incapacidad que padece el actor es del 80% total y permanente, la cual considera que tiene relación de causalidad directa (en el 100%) con el hecho objeto de autos.

VI Consideración de los agravios 1) Ante todo, estimo adecuado resaltar, en cuanto los principios generales que han de regir la responsabilidad del Estado Nacional, tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Fallos” 182:5, que la “(.) idea objetiva de la falta de servicio encuentra su fundamento en la aplicación del art.1112 del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad ‘por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas’”.

Es decir que “(.) cuando se trata de un servicio público que el Estado presta a la comunidad, aquél responde directamente por la falta de una regular prestación. Y es que, aunque la falta sea derivada del hecho de los agentes, existe una imputación directa al titular del servicio.” (conf. Fallos 330:563) Así, “quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución irregular. Esta idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del Cod. Civil, pues no se trata de una responsabilidad indirecta, toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen ha de ser considerada propia de éstas que deben responder de modo principal por sus consecuencias dañosas” (Fallos: 306:2030, considerandos 5o y 6o; 307:821; 312:1656, entre otros).

2) Sentado ello, cabe remarcar que “un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ellas, proscribiendo toda medida ‘que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija’ (art. 18 de la Constitución Nacional). Tal postulado, contenido en el capítulo concerniente a las declaraciones, derechos y garantías, reconoce una honrosa tradición en nuestro país que ya figura en términos más o menos parecidos en las propuestas constitucionales de los años 1819 y 1824 a más de integrar los principios cardinales que inspiran los primeros intentos legislativos desarrollados por los gobiernos patrios en relación a los derechos humanos.Aunque la realidad se empeña muchas veces en desmentirlo, cabe destacar que la cláusula tiene contenido operativo. Como tal, impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y la responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral.

La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, como se desprende del citado art. 18, los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema al que no sirven formas desviadas del control penitenciario” (Conf. CSJN en “Badín, Rubén y otros c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios”(ref:MJJ 6206), sentencia del 19/10/1995).

En el mismo sentido, el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional ha receptado, con jerarquía constitucional, los instrumentos internacionales que allí se mencionan. Entre ellos, cabe citar la Convención Americana de Derechos Humanos que en su art. 5.2 dispone que “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (Idem art. 7o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes).

Por su parte, la ley 20416 establece en su artículo 1o que el Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad de la Nación destinada a la custodia y guarda de los procesados, y a la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias en vigor.Asimismo, su artículo 5o dispone que son funciones de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, entre otras, velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud física y mental, promoviendo la readaptación social de los condenados a sanciones privativas de la libertad (incisos a y b).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo al decidir el caso “Bulacio” que los Estados parte de la Convención Americana tienen “(.) el deber de investigar las violaciones a los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado”, remarcando también que el Estado tiene el deber de “protección activa” del derecho a la vida y los demás derechos consagrados en la Convención Americana y que esta actividad de protección “se enmarca en el deber estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción y requiere que éste adopte las medidas necesarias para castigar la privación de la vida y otras violaciones a los derechos humanos, así como para prevenir que se vulnere alguno de estos derechos por parte de fuerzas de seguridad o de terceros que actúen con su aquiescencia”.

A su vez, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en la causa “Ojeda Gómez, Francisca Delia c/ ENSPF Unidad 2 s/ Daños y Perjuicios”, sentencia del 02/05/2017 consideró -en un caso de muerte de un interno- que las lesiones sufridas y la cantidad de elementos prohibidos encontrados en la requisa permitían concluir en que la función de seguridad y vigilancia no había sido regularmente prestada.A su vez, remarcó que tal deber a cargo del Servicio Penitenciario Federal imponía la adopción de las medidas tendientes a evitar el deceso del hijo de la actora, lo cual bajo las circunstancias verificadas en la causa comprometía su responsabilidad, al configurarse una falta de servicio.

Al respecto, con cita de diversos precedentes, enfatizó que en los casos allí analizados era “(.) innegable que la vigilancia había resultado ineficaz, lo que imponía deducir que la obligación de velar por la custodia y seguridad de los presos había sido incumplida, dado que es un principio asentado que ‘.las acciones y omisiones del servicio penitenciario configuran un desempeño irregular de las funciones’, que deben entenderse como generadoras de su responsabilidad en los términos del art. 1112 del Código Civil”.

En definitiva, independientemente de quién o quiénes hayan sido los autores de la golpiza sufrida por el actor circunstancia que no se encuentra acreditada en autos, lo cierto es que para que ello ocurriera tuvo que activarse el sistema automático de apertura y cierre de puertas (el cual fue verificado que funcionaba con total normalidad) y cuyo control -al momento del hecho se hallaba a cargo del agente Yanfrancisco, quien sostuvo en la declaración indagatoria que la puerta de la celda había sido abierta por error (conf. acta de declaración indagatoria y resolución de procesamiento cuyas copias obran a fs.583/587vta y 590/595).

También se encuentra acreditado que, luego de la agresión, se efectuó la requisa del Pabellón “A” del módulo III y se secuestraron “.varios elementos, como ser palos de escoba de distintos tamaños y un trozo de metal del tipo ‘faca’ con su extremo afilado” (conf. res. de procesamiento ya citada).

En efecto, la apelante focaliza su crítica en la aplicación que el juez hace del artículo 1112 del Código Civil para fundamentar la responsabilidad estatal, reiterando lo sostenido al contestar la demanda, esto es, consideraciones genéricas que no alcanzan a desvirtuar lo decidido en la sentencia.Nótese que la accionada no aporta una lectura diferente de la prueba producida ni describe de qué manera podrían haber acaecido los hechos, según su óptica.

En consecuencia, considero que cabe rechazar los agravios y confirmar la sentencia en cuanto condenó al Estado Nacional – Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Servicio Penitenciario Federal por el evento dañoso.

No obsta a lo expuesto el hecho de que en la causa penal se haya sobreseído al agente imputado.

Al respecto, cabe aclarar que el Tribunal interviniente resolvió declarar extinguida la acción penal por insubsistencia respecto de Julio Oscar Yanfrancisco, sobreyéndolo con relación al delito de lesiones graves, por lo que no puede excluirse que llevada la cuestión a los estrados de la justicia civil pueda indagarse la responsabilidad en este ámbito (conf. Fallos: 315: 1324; 326:3096 ; 334:376 ).

3) a) Asimismo, en cuanto a los rubros indemnizatorios determinados por el a quo (incapacidad sobreviniente, daño psicológico, gastos médicos y daño moral), entiendo que cabe confirmarlos.

Al respecto, este Tribunal ha considerado en numerosas ocasiones que no cabe recurrir a criterios matemáticos al determinar el quantum para reparar el daño por incapacidad física sino valorar las circunstancias personales del damnificado y la gravedad de las secuelas que pueden extenderse no sólo al ámbito del trabajo, sino a su vida en relación, incidiendo en las relaciones sociales (conf. lo resuelto por esta Sala II in re: “Echevarría, Ada Noemí c/DOSBA y otros s/daños y perjuicios”, expte.n° 12951, sentencia del 241195, entre muchos otros).

Por ello, valoradas las constancias de autos acerca de la edad (30 años al momento del hecho), entidad del daño físico sufrido (80% de incapacidad parcial y definitiva) considerados por el a quo y demás condiciones personales del actor, entiendo que resulta razonable lo establecido en la sentencia de primera instancia en relación al rubro de incapacidad sobreviniente.

b) Asimismo, el daño psicológico alegado se encuentra debidamente probado con el informe pericial obrante en autos, debiendo señalarse que si bien “. en nuestro sistema, la pericial no reviste el carácter de prueba legal, si el experto es una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como auxiliar judicial distinto de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los que aquél haya llegado, en tanto no adolezcan de errores manifiestos, o no resulten contrariados por otra probanza de igual o parejo tenor” (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte, por mayoría, hace suyo in re: “Andino Flores c. Hospital Italiano”, Fallos: 331:2109 ).

En tal sentido, se ha expresado que “(.) cabe reconocer validez a las conclusiones del experto para la decisión de aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que sólo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos (Fallos 319:469; 320:326)” y que “en efecto, a pesar de que los dictámenes periciales están sujetos como todo otro elemento probatorio a la valoración por parte de los jueces (Fallos: 315:2774), si no se observan razones que desmerezcan las conclusiones del informe pericial, corresponde asignarle suficiente valor probatorio (Fallos: 329: 5157)”. (CSJN in re: “Candy SA c. A.F.I.P.y otros” , fallo del 03/07/09).

En consecuencia, meritada la prueba pericial psicológica rendida en autos en los términos del artículo 477 del CPCCN, no encuentro motivos para apartarme de las conclusiones arribadas por la profesional interviniente.

A su vez, estimo que la suma fijada por este rubro en la sentencia de primera instancia no es elevada, teniendo en cuenta que el actor sufre una patología irreversible y un deterioro psíquico, presentando una incapacidad parcial y permanente estimada en un 70%. c) Respecto del daño moral, su resarcimiento no tiene que guardar necesariamente relación con la reparación del perjuicio patrimonial, como así tampoco se requiere prueba específica de su existencia, por cuanto se presume por el sólo hecho de la acción antijurídica (conf. CFLP, Sala II, “Galíndez” Expte 12.763 , del 13/7/95, “Echevarría” Expte. 12.951 , del 24/11/95, y “Velázquez Alvez” Expte.13.273, del 7/5/96, y los precedentes de la Corte Suprema allí citados).

La finalidad del daño moral es compensar a quien ha sido lesionado en alguno de los bienes que en conjunto integran los llamados derechos de la personalidad y tienen sustento en la innegable lesión de ese orden ocasionado a la víctima por el padecimiento que sufriera en sus afecciones legítimas como consecuencia del daño experimentado en el cuerpo.

Para establecer su monto debe tenerse en cuenta la índole del hecho generador y la entidad del sufrimiento causado a la víctima, debiendo también considerarse la lesión estética sufrida.

Sentado ello, en el caso de autos, el actor fue ob jeto de una agresión que le provocó una incapacidad permanente de un 80% a más de la psicológica ya mencionadas, lo cual determinó la pérdida de su capacidad laborativa (nótese que en la pericia psicológica se da cuenta de que en el taller textil sólo puede ocuparse de cebar mate). A su vez, cabe remarcar que dicha golpiza fue propinada en la celda de la institución penitenciaria, con la necesaria activación desde celaduría del sistema de apertura y cierre automático de puertas para que entraran el o los agresores.

Por ello, valorando las circunstancias expuestas, con el consecuente vuelco inesperado que acaeció en su vida con motivo del lamentable hecho, entiendo que cabe confirmar la sentencia también en este punto.

4) Sentado lo expuesto, corresponde señalar -tal como lo ha sostenido esta Sala II en otras oportunidades que la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para aquellos supuestos en que existen situaciones de desamparo o indigencia, y en los cuales la postergación del cobro de la suma adeudada por un período de tiempo sumamente prolongado, produciría un perjuicio de tal naturaleza que implicaría vulnerar los derechos fundamentales de la persona.

En tales casos, la Corte ha considerado que cabe ponderar las circunstancias particulares con el fin de brindar un resultado acorde con el propósitode afianzar la justicia. Así, en el precedente “Guerrero de Fernández Josefina Olinda c/ Policía Federal Argentina – Recurso de Hecho” (G.1106.LXLI, fallo del 18/11/08) el Alto Tribunal ha señalado que la ley 25.344 prevé excepciones a sus disposiciones en procura de atender situaciones de desamparo.

En el dictamen de la Procuradora General al que remitió la Corte en el precedente citado, se expresó que “.la facultad genérica de que da cuenta el segundo párrafo del art. 18 demuestra la voluntad legislativa de reconocer que en el contexto de casos concretos, tanto la autoridad reglamentaria como el Poder Judicial deberán ponderar las circunstancias particulares con el fin de brindar un resultado acorde con el propósito preambular de afianzar la justicia, en los términos en que ha sido definido por el Tribunal. En tal sentido, la Corte ha sostenido que, a los efectos de velar por la vigencia real y efectiva del principio constitucional señalado, es necesario recurrir a “una interpretación que contemple las particularidades del caso, el orden jurídico en su armónica totalidad, los fines que la ley persigue, los principios fundamentales del derecho, las garantías y derechos constitucionales y el logro de resultados concretos jurídicamente valiosos”, para lo cual resulta definitorio ponderar cuidadosamente aquellas circunstancias a fin de evitar que la aplicación mecánica e indiscriminada de la norma conduzca a vulnerar derechos fundamentales de la persona y a prescindir de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto (Fallos:302:1284, entre otros”).

De tal manera, se consideró que el artículo18 de la ley 25.344 debía ser interpretado en consonancia con el resto del ordenamiento jurídico, y por aplicación del principio de supremacía de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado en atención a las especiales circunstancias del caso.

También se recordó en dicho precedente el caso de ese Alto Tribunal in re “Mesquida, Gregorio Hugo y otro c/ Estado Nacional -Armada Argentina y otro s/ accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad” , fallo del 28 de noviembre de 2006, relativo a un supuesto en que el Estado Nacional fue condenado a pagar una indemnización por los daños sufridos por los actores a causa de la muerte de su hijo mientras realizaba el servicio militar obligatorio.

En ese sentido, con cita del voto en disidencia parcial de los doctores Maqueda y Rueda, se expresó que “.deben considerarse las garantías que apuntan a la protección del derecho a la vida y al consecuente deber de reparar su pérdida, pues la magnitud del desamparo de quienes sufren daños, como los que en esta causa se han determinado, se insinúa a poco de advertir que la vida es el primer derecho de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva (Fallos: 302:1284) y que su efectiva tutela se encuentra enlazada a otros derechos tales como la integridad psíquica y física; la protección integral de la familia; el derecho a una reparación integral en los términos del deber constitucional de no dañar a otro (arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 33, 75 incs.22 y 23 y concordantes de la Constitución Nacional)”.

En otro supuesto, además, se declaró la inaplicabilidad de la ley de consolidación de deudas con sustento en que no parece razonable que una indemnización por daños físicos y psíquicos en el caso, padecida por un agente policial en un acto de servicio, que intenta reparar de manera integral a una persona incapacitada que dependía de un salario antes del infortunio, no tenga carácter alimentario y “.que la compatibilidad constitucional de un sistema como el que establece la Ley de Consolidación depende de la adecuación del medio al fin perseguido, es decir, que en el caso concreto no destruya la sustancia del derecho reconocido en la sentencia.” (Del Dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo in re: “Gómez, Víctor D. y otros c/ Policía Federal Argentina” , fallo del 05/10/04).

En el mismo sentido, se pronunció la Corte Suprema in re: “P.J.O. y otros c/ Obra Social del Papel Cartón y Químicos y otros” , fallo del 20/09/03, donde se expuso que debe admitirse el planteo de inaplicabilidad de la ley de consolidación 23.982 respecto del crédito emanado de la condena judicial impuesta a la ex Municipalidad de Buenos Aires en una acción de daños y perjuicios en el caso, por contagio de HIV en un hospital público, limitado a aquellos rubros de naturaleza asistencial, tanto respecto de la víctima como de sus familiares daño emergente, ya que de lo contrario comportaría la frustración de una finalidad esencial del resarcimiento por daños a la integridad psicofísica (del Dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo) conf. esta Sala II in re:”Bello Arias, Sergio y otra c/Cutini, Jorge y otros”, sentencia del 16/12/10, entre otros.

En el caso de autos, tenemos que el suceso que provocó los daños que se pretenden indemnizar, data del 18/03/2001, habiendo transcurrido así más de 16 años sin que la víctima recibiera una indemnización integral por aquel hecho.

Obsérvese que en la medida en que el transcurso del tiempo haga que los títulos que el Estado tiene a su disposición para saldar la deuda remitan a fechas alejadísimas del hecho generador de la obligación, se torna casi imposible la reparación mínimamente justa del daño sufrido por los accionantes.

Cabe tener presente también lo ya explicitado en relación a las secuelas producidas por el hecho y la necesidad de realizar diversos tratamientos de salud (rehabilitación en centro de alta complejidad posibilidad de recuperar alguna motricidad, sólo con prótesis especiales, cuyo costo es muy elevado a calcular luego de una evaluación por especialistas ortopédicos).

En consecuencia, considero que -teniendo en cuenta las singulares características del caso de autos cabe declarar la inaplicabilidad a su respecto de la normativa de consolidación.

5) Asimismo, en lo atinente a los intereses, considero que cabe confirmar la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, ello desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago (esta Cámara Federal in re: “Gómez, Ricarda c/ ENTEL s/ Indemnización por despido” , Registro de la Sala II no 625, del 30/08/2001).

6) Finalmente, en cuanto a las costas, el principio es que las mismas están a cargo de la parte vencida.Apartarse de esta máxima requiere, so pena de nulidad, y conforme lo prescripto por el artículo 70 del CPCCN, una razón suficiente, debidamente fundada por el juzgador, de manera tal de sólo eximir total o parcialmente de costas al perdedor en aquellos casos en los cuales encuentre mérito para ello.

En el caso, no encuentro mérito para apartarme del principio general en materia de costas (art. 70 del CPCCN).

Por ello, propongo al Acuerdo: a) echazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. Costas por su orden atento la ausencia de contestación; b) no hacer lugar al ecurso de apelación deducido por la demandada y confirmar la sentencia de primera instancia con el alcance que antecede. Costas de Alzada a la apelante vencida (art. 68 del CPCCN).

Así lo voto.

EL JUEZ ALVAREZ DIJO:

1.Los antecedentes del caso, la decisión apelada y los agravios fueron expuestos en el voto precedente, al cual adhiero.

En particular, estimo necesario destacar la responsabilidad que se le impone al Estado Nacional por intermedio del Servicio Penitenciario Federal de resguardar el derecho a la vida y de preservar la integridad física y psíquica de las personas detenidas en las cárceles de la Nación.En este marco, quienes se encuentran allí cumpliendo una condena o a la espera de un juicio, se encuentran privadas de su libertad por expresa disposición del Estado; por lo tanto, es éste quien debe asegurar que no se menoscaben otros derechos fundamentales y que se garantice el respecto a la dignidad humana.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto que “(.) el postulado que emana del artículo 18 de nuestra Constitución Nacional tiene un contenido operativo que impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia, obligación que se cimienta en el respeto a su vida, salud e integridad física y moral.” (en autos “Gatica, Susana Mercedes c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y Perjuicios” sentencia del 22/12/2009).

A su vez, sobr e esta materia la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que “(.) quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal.

2. Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.

3.Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar.” (Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”. Sentencia del 2/09/2004. Párr 151153).

Así lo voto.

EL JUEZ LEMOS ARIAS DIJO:

Me adhiero a los votos de los colegas preopinantes.

Por ello, SE RESUELVE: a) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. Costas por su orden atento la ausencia de contestación; b) No hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada y confirmar la sentencia de primera instancia con el alcance que antecede. Costas de Alzada a la apelante vencida (art. 68 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

CESAR ALVAREZ

JUEZ DE CAMARA

OLGA ANGELA CALITRI

JUEZ DE CAMARA

ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS