Un supermercado es responsable por la caída de un cliente adentro del establecimiento

Partes: Lalo Emilia c/ COTO CICSA s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 16-abr-2018

Cita: MJ-JU-M-111672-AR | MJJ111672 | MJJ111672

Responsabilidad del supermercado por la caída de un cliente adentro del establecimiento. Cuadro de rubros indemnizatorios.

 

Sumario:

1.-Es procedente considerar acreditado el accidente sufrido por la actora al caer en el interior del supermercado de propiedad de la sociedad accionada, ya que el informe efectuado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires corrobora la intervención del servicio médico ante el pedido de auxilio médico proveniente del lugar en donde se alegó como producida la caída y a ello se suma que las constancias del traslado de la actora a un hospital son compatibles con sus datos personales con lo cual la sentencia tiene real fundamento al exponer la coherencia de lo expuesto en la demanda con las probanzas obrantes en el expediente.

2.-Si bien el tribunal resolvió reducir la tasa de interés establecida entre la fecha del hecho y la del pronunciamiento de primera instancia a la del 6% anual, devengándose con posterioridad y hasta el efectivo pago la activa de interés, a partir del día 13/03/2017 en el expediente ‘Flores Sebastián M. c. Expreso Nueve de Julio S.A. s/ daños y perjuicios’ (n° 69.993/13), la Sala modificó su postura y resolvió incrementar esa tasa al 8% anual a la luz de las nuevas circunstancias económicas que atraviesa el país.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 16 días del mes de abril de dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “LALO, EMILIA C. COTO CICSA S/DAñOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia corriente a fs. 288/296, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores RACIMO. DUPUIS.

El Señor Juez de Cámara Doctor RACIMO dijo:

La jueza de primera instancia hizo lugar en la sentencia de fs. 288/296 a la demanda promovida por Emilia Lalo contra Coto C.I.C.S.A. por indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la caída ocurrida el 2 de junio de 2013 por la actividad desarrollada por personal de la demandada en el interior del supermercado sito en la calle Martín García 495 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La pretensión prosperó por la suma de $ 255.000 que se desglosa en los rubros correspondientes a incapacidad psicofísica sobreviniente ($ 200.000), daño moral ($ 50.000) y gastos de asistencia médica y traslados ($ 5.000).

Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandada recurso de apelación a fs. 301 que fundó con la expresión de agravios de fs. 315/317 que fue respondida a fs. 319/321 por la actora quien a su vez apeló a fs. 297 y presentó su memorial a fs. 311/313 que fue contestado por la contraria a fs. 323/324.

Coto C.I.C.S.A. cuestiona la responsabilidad que le ha sido endilgada mediante un método crítico que entiendo desacertado. Relata, en primer lugar, que la jueza de grado se basó, para considerar configurado el hecho, en la mera declaración de un testigo que manifestó ser presencial y en un informe del GCBA.Cuando a continuación anuncia el desarrollo de su fundamentación lo único que se halla es la reiteración de lo expuesto anteriormente y una referencia genérica a la inexistencia del nexo causal entre el hecho y los daños invocados por la demandante.

A diferencia de lo expresado en el memorial han sido dos los testigos que declararon en la causa (Teodoro Kenigsberg a fs. 100 y Susana R. Calderón a fs. 101) con lo cual la demandada no ha venido realmente a cuestionar aquel de los declarantes que manifiesta no haber impugnado. Ello revela, al pasar, la orfandad argumental de la recurrente al soslayar el examen realizado a fs. 289/vta. de la sentencia en cuanto a las declaraciones de ambos testigos. Y en lo referente al “informe del GCBA” solo cabe decir que no es una mera comunicación desgajada de los restantes elementos en la causa sino una prueba corroborante de la intervención del SAME ante el pedido de auxilio médico proveniente del lugar en donde se alegó como producida la caída. A ello se suma que las constancias del traslado de la actora al Hospital Argerich son compatibles con sus datos personales con lo cual la sentencia tiene real fundamento al exponer la coherencia de lo expuesto en la demanda con las probanzas obrantes en autos.

En este sentido el tribunal ha sostenido reiteradamente, al interpretar lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal, que la crítica razonada y concreta que debe contener la expresión de agravios ha de consistir en la indicación punto por punto de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al pronunciamiento. En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la resolución adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravios que atender en la alzada (conf. CN Civil, esta Sala, c. 131.297 del 4-8-93; c. 134.671 del 18-8-93; c. 134.110 del 4-8-93; c. 147.425 del 26-8-94; c. 161.621 del 5-12-94; c.165.639 del 6-3-95, entre muchas otras).

Por ello corresponde desestimar sin más trámite la queja de la demandada en torno a la responsabilidad que le ha sido atribuida por la jueza de grado.

Cabe examinar a continuación los agravios de ambas partes respecto a los rubros indemnizatorios considerados en el fallo recurrido.

Antes de proceder al examen de los agravios formulados por los apelantes, quiero destacar que en el particular caso de autos el estudio de los daños lo haré conforme las normas jurídicas vigentes a la época del hecho antijurídico (ver Kemelmajer de Carlucci, La aplicación del Código Civil y Comercial a la relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni editores, pág. 100 n° 48; Dell’Orefice, Carolina y Prat, Hernán V., La aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y el derecho transitorio, Revista Código Civil y Comercial, ed. Thomson Reuters La Ley, año 1 n° 1, julio 2015, pág. 19, en especial, pág. 27, capítulo VI letra d).

Cuestiona la demandante que se haya establecido el mencionado monto de $ 200.000 en concepto de reparación por incapacidad sobreviniente cuando ha quedado acreditado que presenta una incapacidad física, parcial y permanente, del 25 %. Se remite en lo relativo a la incapacidad psíquica a la impugnación efectuada por su parte, relata los padecimientos que tiene como consecuencia del accidente, manifiesta que la cuantificación por incapacidad sobreviniente ha sido realizada de manera antojadiza y pide que se condene a la demandada a abonar la suma de $ 300.000.La demandada solicita que se rechace este rubro indemnizatorio y eventualmente se lo reduzca teniéndose en cuenta lo dicho en la impugnación.

Sobre esta materia, la Sala ha señalado que la incapacidad sobreviniente comprende toda disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad productiva del individuo como aquella que se traduce en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil., t. 5, pág. 219, núm. 13; Llambías, Obligaciones”, t. IV-A, pág. 120 y jurispr. cit. en nota 217; Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, 2a ed., t. 4, pág. 272 y jurispr. cit. en nota 93; CNCiv. Sala A c. 559-255 del 7-10-10, Sala B en c. 474.654 del 31-10-07; Sala C en c. 551.918 del 26-8-10; Sala D en c. 449.871 del 24-10-07; esta Sala en c. 596.001 del 26-09-12; Sala G c. 550.166 del 22-10-10; Sala H en c. 513.058 del 23-12-08).

El daño psíquico supone una perturbación patológica de la personalidad de la víctima, que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente, incide en la normalidad del sujeto y trasciende en su vida individual y de relación (conf. Zavala de González, “Resarcimiento de Daños”, Tomo 2 a. “Daños a las personas”, 2a edición ampliada. 3a reimpresión, pág. 231).

Es que la integridad corporal de la persona tiene, por lo común, un valor económico instrumental, como capital destinado a ser fuente de beneficios, tanto económicos como de otra índole. Por ello, su afectación se proyecta necesariamente al futuro, cercenando o menoscabando probabilidades de desenvolvimiento, éxito e inserción en el mundo de relación (conf. Zavala de González, Daños a las personas – Integridad sicofísica, t. 2 a, pág.41; esta Sala, causa 124.883 del 22-3-93).

Así las cosas, a los fines de graduar la cuantía de esta partida, conforme criterio reiteradamente aplicado por este tribunal, debe apreciarse un cúmulo de circunstancias, entre las cuales, si bien asume relevancia lo que la incapacidad impide o impedirá percibir durante el lapso de vida útil de la víctima, también es preciso meritar la disminución de las posibilidades, su edad, cultura, estado físico, sexo y profesión; es decir, que el aspecto laboral es sólo un ingrediente a computar, pues el daño también se trasunta en la totalidad de la vida de relación de aquélla (ver fallos de esta Sala en causas 45.086 del 10-5-89, 45.623 del 22-5-89, 61.903 del 12-3-90, 608.129 del 27-12-2012, 612.005 del 5-3-13, entre muchos otros).

El perito médico Dr. Carlos Bustamante determinó del examen de la actora que sufrió una fractura de la cadera derecha que debió ser reemplazada quirúrgicamente con una prótesis total con buena evolución quedando como secuelas una disminución en la movilidad de la cadera y una hipotrofia cuadricipital del miembro inferior derecho. Agregó que dichas secuelas le ocasionan una incapacidad parcial y permanente del 25 % siguiendo los parámetros de la tabla de los Dres. Romano y Fernández Blanco. No presenta la actora mayores dificultades para caminar y no necesita ayuda de terceros habiendo puntualizado el experto que el accidente de autos puede ser, por el mecanismo, el causante de dichas lesiones (ver fs.116/118). Frente a la impugnación de fs. 125/126 en la cual se mezclan referencias a cuestiones de orden psicológico el perito respondió a fs. 264 dando cuenta de los datos obrantes en la historia clínica del Sanatorio de los Arcos al cual ingresó con fractura de cadera derecha el mismo día del accidente.Asimismo, el experto mantuvo el porcentual indicado a la vez que explicó la existencia de otras pautas algunas de las cuales -en su rango superior- exceden de la cuota de incapacidad calculada en el peritaje original.

Sobre la cuestión, esta Sala tiene decidido que, si bien el perito es un auxiliar de la justicia y su misión consiste en contribuir a formar la convicción del juzgador, razón por la cual el dictamen no tiene, en principio, efecto vinculante para él (art. 477 del Código Procesal; CNCiv. esta Sala, en E.D. 89-495 y sus citas), la circunstancia de que el dictamen no obligue al juez -salvo en los casos en que así lo exige la ley-, no importa que éste pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo, en tanto la desestimación de sus conclusiones ha de ser razonable y fundada (conf. fallo citado y votos del Dr. Mirás en causas 34.389 del 9-2-88 y 188.579 del 26-3-96 y, en el mismo sentido, CNCiv. Sala “D” en E.D. 6-300; Colombo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado, 4a. ed., t. I pág.717 y nota 551).

En forma congruente, he adherido a la doctrina según la cual aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando el informe comporta -como en el caso- la apreciación específica en el campo del saber del perito -conocimiento éste ajeno al hombre de derecho-, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado (conf., entre muchas otras, causas 21.064 del 15-8-86, 11.800 del 14-10-85, 32.091 del 18-12-87, 131.829 del 29-7-93 y 169.102 del 6-6-95).

Por consiguiente, para que las observaciones que formularen las partes puedan tener favorable acogida, es menester aportar al expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (conf. arts. 386 y 477 del Cód. Procesal; Palacio, Derecho Procesal Civil, t. IV pág. 720; CNCiv. Sala “C” en L.L. 1992-A-425; Sala “H” en L.L. 1997-E-1009 n° 39.780-S), pruebas que al no haber sido incorporadas al proceso, no me permiten apartarme de aquéllas, debiendo desecharse las meras objeciones incorporadas en sus críticas.

Se ha acreditado, pues, una relevante incidencia causal entre el accidente y las secuelas que padece la actora de manera que no existen elementos en el memorial presentado por la demandada que autoricen una apartamiento de las pautas indicadas en la sentencia en esta materia. Y sobre la cuantificación del monto respectivo sobre el cual se agravia la actora solo cabe decir que no se aportaron pruebas que evidencien la injusticia respecto del cálculo efectuado en lo relativo a esta parte quien contaba con 71 años de edad al momento del hecho y era jubilada a estar a los dichos de los testigos a fs.3/5 del beneficio de litigar sin gastos.

También la actora reclama el incremento del resarcimiento por daño moral indicando que ha sufrido un conjunto de padecimientos y molestias que han alterado su vida a punto tal que estima necesario aumentarlo a la suma de $ 100.000. La demandada dice que se ha tenido erróneamente por admitido este rubro cuando no se encuentra mínimamente justificado ni se desarrolló en la demanda ninguna explicación al respecto.

En lo que hace al daño moral, como lo señalara esta Sala en numerosos precedentes, cualquier hecho ilícito que produce afección a los íntimos sentimientos de la persona, aunque provenga de actuar meramente culposo, es decir, sin intención de agraviar, provoca in re ipsa daño moral resarcible, aún en la responsabilidad objetiva en que la culpa resulta presumida o bien el riesgo creado genera reprochabilidad (v. Borda, “Tratado-Obligaciones”, T II, 7a. ed., págs.250 y sigts, núms. l341 y l342 y voto del Dr. Dupuis en c. 89.822/2012 del 15-11-17).

Desde otro ángulo, conforme criterio reiterado de la Sala, a los fines de su fijación deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen señalarse la gravedad de la culpa, la existencia de perjuicios materiales, las condiciones personales de aquélla y de la víctima, etc, quedando también todos ellos librados al prudente arbitrio judicial (conforme causas no 43.l69 del l8-4-89; 8l.l34 del 24-l2-90 y 8l.236 del 25-4-9l).

Resulta claro, como se ha dicho, que la actora debió atravesar un periodo de internación de ocho días en el Sanatorio de los Arcos con motivo de las consecuencias del accidente ocurrido en el interior del supermercado (ver historia clínica de fs. 227/249), circunstancia que inequívocamente debe ser considerada a la hora de ponderar el agravio moral producido. No obstante, cabe consignar, por otra parte, que resulta del peritaje médico que no existen consecuencias en el aspecto locomotor respecto de la actora quien puede desplazarse actualmente sin ayuda.Estimo, por consiguiente, que corresponde también mantener lo decidido por la jueza sobre ese rubro indemnizatorio.

Se agravia Lalo del monto establecido para reparar los gastos efectuados y solicita que se condene a abonar la suma de $ 10.000 mientras que la demandada solicita que se lo disminuya por haber sido concedida la indemnización sin fundamentación alguna.

En lo atinente al concepto “gastos incurridos” cuyo monto cuestiona la demandada, cabe señalar que la jurisprudencia ha prescindido de la exigencia de la prueba concreta y documentada de este tipo de gastos que son necesarios para el tratamiento y recuperación de la víctima, dejando librado a la apreciación judicial la fijación de su monto, siempre que la acreditación del perjuicio esté debidamente comprobada y tengan adecuada relación con la importancia del tratamiento (conf. esta Sala, causas 7356 del 29-8-84 y sus citas; 5l.594 del 20-9-86; 4l.43l del 3-3-89 y 64.8l4 del 26-4-90;Sala “C”, E.D.98-508 y sus citas; entre muchos otros).

El monto fijado -pese a la existencia de un ingreso por obra social en la historia clínica- resulta apropiado teniendo en cuenta los gastos médicos y particularmente de traslados que ha debido de requerir la actora como consecuencia inmediata del accidente descripto en autos. Por este motivo considero que corresponde desestimar los agravios de ambas partes.

La actora pide, con sustento en el plenario “Samudio de Martínez Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios” que se aplique la tasa activa de interés desde la fecha del accidente.

Con fecha 20 de abril de 2009 el Tribunal en pleno dejó sin efecto la doctrina fijada en los fallos “Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao, Walter y otros s/daños y perjuicios” del 02/08/1993 y “Alaniz, Ramona Evelia y otro c.Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios” del 23/03/2004, que lo ratificó, estableciendo -en una decisión que ya no resulta obligatoria a raíz de la sanción de la ley 26.853 y consecuente derogación del art. 303 del Código Procesal- la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (“Samudio de Martínez Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios”).

La Sala considera que se configura esa salvedad si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas avalores actuales, puesto que tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido en favor del acreedor y en detrimento del deudor, que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de la moneda operado entre el hecho y la sentencia, cuando en esta se contemplan valores a la época de su dictado; en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala, vigente la anterior doctrina plenaria, que había receptado la tasa pasiva. Dicho enriquecimiento, en mayor medida se configura con la activa, cuya aplicación ahora se recepta (ver fallos de esta sala en causas 146.971 del 16/06/1994, 144.844 del 27/06/1994 y 148.184 del 02/08/1994, 463.934 del 01/11/2006 y 492.251 del 19/11/2007, entre muchas otras; Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 8a.ed., t.I pág.338 n° 493; Casiello, Los intereses y la deuda de valor [Doctrinas encontradas y una saludable evolución de la jurisprudencia], en LA LEY 151-864, en especial, pág. 873 cap. V; Durañona y Vedia y Quintana Terán, La depreciación de la moneda y los intereses, en J.A. 1970-7-332, en especial, cap. V); esta Sala voto del Dr. Calatayud en c. 522.330 del 21/04/2009).

De la misma manera, es la que cuadra adoptar a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, ley 29.994 (conf. CNCivil, esta Sala, c. 80.509-10 del 27-8-15, con cita de Lorenzetti, Código Civil y Comercial comentado, ed. Rubinzal-Culzoni, t. V pág. 158, com. art. 772).

En conclusión, si bien este tribunal en situaciones similares resolvió reducir la tasa establecida entre la fecha del hecho y la del pronunciamiento de primera instancia a la del 6% anual, devengándose con posterioridad y hasta el efectivo pago la activa dispuesta en el pronunciamiento de la anterior instancia (conf. CNCivil, esta Sala, c. 527.451 del 12-5-09, c. 579.837 del 31-10-11, c. 615.823 del 14-8-13, c. 105.395-10 del 31-8-15, c. 85.237-11 del 7-9-15, entre muchas otras), a partir del fallo dictado el 13-3-17 en el expediente caratulado “Flores Sebastián M. c/ Expreso Nueve de Julio S.A. s/ daños y perjuicios” (n° 69.993/13), en el que tocara votar en primer término al Dr. Calatayud, la Sala modificó su postura y resolvió incrementar esa tasa al 8% anual a la luz de las nuevas circunstancias económicas que atraviesa el país.

Por las razones expuestas propongo que se desestimen todos los agravios de las partes y se confirme la sentencia en lo que decide y que se impongan las costas de Alzada a la demandada que ha cuestionado la responsabilidad que le ha sido endilgada (art.68 del Código Procesal).

El Señor Juez de Cámara Doctor Dupuis por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, votó en el mismo sentido. La vocalía 15 no interviene por hallarse vacante (art.109 del RJN). Con lo que terminó el acto. JUAN CARLOS G. DUPUIS. FERNANDO M. RACIMO.

Este Acuerdo obra en las páginas No a No del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 16 abril de 2018.

Y VISTOS:

En virtud a lo q ue resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 288/296. Con costas de Alzada a la demandada vencida.

En atención al monto de condena que surge de la sentencia de fs.288/296, a la calidad, eficacia y extensión de la tarea realizada, etapas cumplidas y lo dispuesto por los arts. 6, 7,9, 19, 38 y concs. de la ley 21.839, se modifica la regulación de fs.288 fijando los honorarios del Dr. Lionel Gastón Levy, letrado apoderado de la parte actora, en la suma de PESOS.($.) y se confirman los de los Dres. Santiago Javier Monti y Andres Chunco, letrados apoderados de la demandada, por haber sido apelados solo “por altos” y resultar bajos.

Por la actuación cumplida en esta instancia, resultado obtenido y lo dispuesto por el art. 14 del arancel, se regulan los honorarios del Dr. Lionel Gastón Levy en la suma de PESOS.($.) y los de la Dra. María Eugenia Tuñón, letrada apoderada de la demandada, en la de PESOS.($.).

Por las tareas de fs.128/141, 168/174 y 115/8, su respectivo mérito y extensión, la debida proporción que los honorarios periciales deben guardar con los de los profesionales intervinientes en todo el proceso (ley 24.432, art. 10; esta Sala, c. 66.064 del 19/3/90) y lo dispuesto por el art. 478 del Código Procesal, se modifican las regulaciones de fs.288 estableciendo la retribución de la Licenciada Marcela A. Cosentino y del Dr. Mario Carlos Bustamante en la suma de PESOS.($.) a favor de cada uno de ellos.

En virtud de lo dispuesto por el art. 28 del decreto 1467/2011, modificado por el decreto 445/2017 (Anexo III, art. 1°, inc. f), se confirma la regulación de la mediadora Dra. Adriana Darriba por ser ajustada a derecho.

La vocalía 15 no interviene por hallarse vacante (art. 109 del RJN). Notifíquese y devuélvase.

JUAN CARLOS GUILLERMO DUPUIS

JUEZ DE CAMARA

FERNANDO MARTIN RACIMO

JUEZ DE CAMARA