Se rechaza el reclamo de la ANSES por la percepción indebida del beneficio ‘de pensión por hijo menor de edad’.

Partes: ANSES c/ F. A. s/ repetición

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 3-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-114068-AR | MJJ114068 | MJJ114068

 

Se rechaza el reclamo de la ANSES por la percepción indebida del beneficio ‘de pensión por hijo menor de edad’ en el período comprendido desde la fecha que cumplió los 18 años hasta la fecha en que alcanzó la mayoría de edad, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 26.579.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda de la ANSES por la percepción indebida del beneficio de pensión por hijo menor de edad otorgado a la actora a raíz del fallecimiento de su padre, teniendo en consideración la defensa invocada por la demandada quien desconocía que el beneficio debía cesar a la edad de 18 años, y por aplicación de los principios protectorios de la minoridad, siendo ésta menor a la fecha de la percepción indebida que se le endilga, no resulta apropiado juzgar su buena o mala fe, por lo menos en el período comprendido desde la fecha que cumplió los 18 años hasta la fecha en que alcanzó la mayoría de edad, a partir de la entrada en vigencia, de la Ley 26.579 .

2.-La capacidad es la aptitud legalmente reconocida al sujeto de la relación jurídica para que se constituya en titular de la misma o para ejercer por sí mismo los derechos propios, provista, manejada y declarada por la ley en función de los presupuestos de hecho que estima computables, entre tales presupuestos se encuentra en forma ineludible, el estado de minoridad como atributo diferenciador caracterizante, el cual se proyecta incidiendo en la personalidad toda del sujeto y determinando que, mientras se mantenga, el tratamiento jurídico que le corresponde difiera completamente del reservado a los mayores de edad.

3.-La capacidad de derecho es la aptitud para investir la titularidad de un derecho, y capacidad de obrar es la aptitud para ejercerlo por si mismo otorgando negocios jurídicos, o la genérica aptitud para otorgar por si mismo actos jurídicos, distinguiéndose del poder de disposición, que es la facultad que forma parte del contenido de un derecho subjetivo.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de septiembre de 2018, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Ricardo Víctor Guarinoni dice:

I. El Magistrado de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 59/62, hizo lugar a la demanda que interpusiera la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contra A. F. condenando a ésta última a abonar la suma de CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($128.278.-), con más los intereses y las costas del juicio.

Para decidir del modo en que lo hizo, tuvo por acreditado que la demandada era titular del beneficio N° 43-6-6014844-1, que le fuera otorgado a raíz del fallecimiento de su padre. Señaló que la accionada cumplió los 18 años el 3 de octubre de 2007 y sin perjuicio de ello, continuó percibiendo los haberes correspondientes al mencionado beneficio hasta el mes de noviembre de 2011. Asimismo, que mediante Resolución 1609 D.D., de fecha 05 de noviembre de 2012, la ANSES dispuso la baja definitiva del beneficio, y la formulación de cargo por las sumas indebidamente percibidas, con más sus intereses.

Puso de relieve que, pese a haber reconocido la percepción de las sumas que aquí se reclaman, F. afirmó que desconocía que el beneficio tenía su límite al alcanzar los 18 años de edad, que tenía el convencimiento que la prestación se extendía hasta la edad de 21 años, por lo tanto cobró el beneficio en cuestión de buena fe.

Concluyó el a quo, que el error invocado es un error de derecho que emerge de una ignorancia inexcusable y por lo tanto excluye la buena fé a los efectos de tener por consumidas con dicho carácter, las sumas cuyo reintegro pretende la Administración.Señaló además que debió interiorizarse de los alcances del beneficio que le fuera acordado, máxime teniendo en cuenta que quien solicitó el beneficio fue su madre.

II. Alza sus quejas el demandado a fs. 72/73, las que no son contestadas por la accionante.

Obran asimismo apelaciones contra las regulaciones de honorarios las que serán examinadas al finalizar el acuerdo de corresponder.

Las quejas de la apelante se refieren -en apretada síntesis- a que el entramado legal protectorio del Derecho del Trabajo como de la Seguridad Social y la jurisprudencia en general resultan proclives a otorgar los beneficios de que se trate hasta la edad de 21 años, esto justificaría el error en la percepción de los saldos sobre el que se insiste en esta instancia.

Se agravia además de la imposición de las costas del proceso.

III. En primer término cabe señalar que el tribunal sólo se ocupará de aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias, pues los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes, sino aquellas que sean conducentes para la solución del caso (Fallos 262:222; 278:271; 291:390; 308:584 y 331:2077 ). Siendo que además, los jueces no están obligados a seguir a las partes en cada una de sus argumentaciones, limitándose a expresar en tales casos, las razones de hecho y prueba y de derecho que estimen conducentes para la correcta composición del conflicto, metodología que la Corte Suprema de Justicia ha calificado de razonable (doctrina de Fallos: 278:271; 291:390; 294:466 entre otros) y que, en materia de selección y valoración de la prueba tiene específico sustento normativo en el art. 386, segunda parte, Código Procesal (confr. esta Cámara, Sala I, causa N° 4941/04 del 24/05/07; Sala II causas N° 748/02 del 02/07/08; entre otras).

Como enseñaba Eduardo J.Couture, “la pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva. En otras palabras: la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica”. “Pero la pretensión no es la acción. La acción es el poder jurídico de hacer valer la pretensión. Ese poder jurídico existe en el individuo, aun cuando la pretensión sea infundada” (“Estudios de Derecho Procesal Civil, 3ª Ed., Bs. As., Depalma, 1979).

En ese orden de ideas, la pretensión procesal conlleva tres elementos: subjetivo, objetivo y causal. El primero de ellos, está referido al sujeto habilitado para ejercer la acción, entraña una relación jurídica entre el pretendiente (actor o reconviniente) y el pretendido (demandado o reconvenido), y en consecuencia resulta del resorte exclusivo de las partes, excluyendo al juez; el segundo se relaciona con la petición y la libertad del individuo para fijar lo que pretende, no es más que el petitorio del actor o del reconviniente; y el tercero involucra al hecho que se invoca y a su imputación jurídica, es decir la “causa petendi”.

Ahora bien, por efecto de la regla del “iura novit curia”, está vedado al juez condenar por aquello que no se pidió, por más de lo solicitado, o por razones totalmente distintas a las alegadas por las partes. De donde deriva la íntima relación que existe entre la pretensión procesal y la regla de congruencia.Esto último, traducido como el respeto del magistrado hacia la pretensión y la resistencia a ella, pues si la sentencia es incongruente necesariamente resulta violatoria de las garantías constitucionales, por lo que la congruencia viene a convertirse en la garantía de las partes que les asegura que el juez no fallará algo distinto de lo que ellas pretenden (“extra petita”); ni más allá de lo que ellas pretenden (“ultra petita), ni omitiendo alguna de las cuestiones conducentes a la solución del litigio puestas a su consideración (“citra petita”).

Esto último, salvedad hecha de que puede ocurrir que la sentencia, en orden a la solución adoptada como consecuencia de una de las cuestiones propuestas, omita el tratamiento de otra que, en consecuencia, deja de ser conducente, en cuyo caso no es posible invocar incongruencia.

Retomando el principio de congruencia, en cuanto aquí interesa, cabe recordar que según Peyrano, Jorge Walter (“El Proceso Civil. Principio y Fundamentos, Bs.As., Ed. Astrea, 1978) consiste en la exigencia de que medie identidad entre la materia, las partes y los hechos de una litis, incidental o sustantiva, y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que lo dirime, y que tiene consagración legal en el art. 34, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando al enumerar los deberes de los jueces, dispone en el inc. 4°, que deben fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. De tal modo constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo, base sobre la cual descansa, el ordenamiento del proceso civil.

En sentido contrario, la decisión incongruente, será aquella que saca conclusiones erróneas de las premisas establecidas; lo que puede subsanarse por vía del recurso de nulidad, pues los fallos deben ser congruentes, bajo pena de nulidad.No pueden resolver fuera de los términos del circuito litigioso y por tanto serán nulas, por violación al principio de congruencia, las sentencias que excedan cualitativa o cuantitativamente el objeto de la pretensión, o se pronuncien sobre cuestiones no incluidas en la oposición de una de las partes, o que no traten un hecho invocado oportunamente por una de ellas y que sea vital para la solución del pleito.

Asimismo, el principio de congruencia ofrece un doble aspecto: la obligación del juez de fallar sobre lo pedido en la demanda y nada más que sobre ello; y que la resolución se base en los hechos sustanciales aducidos y en los que constituyen las defensas o excepciones del demandado.

En lo relativo a los hechos, el sentenciante no puede apartarse de lo alegado y probado, pero en lo referente al derecho, tiene la facultad de fundarse en la norma jurídica, que él considere de aplicación al caso (principio del iura novit curia, ya citado). Todo ello sin que se desnaturalice el proceso, puesto que el hecho de que el sentenciante califique correctamente la acción interpuesta que había sido formulada en forma errónea, es una cosa, pero sería nulo el pronunciamiento si sustituyera esa acción por otra (Maurino, Alberto Luis, “Nulidades Procesales”, Ed.Astrea, 1995). Es decir que el juez tiene la atribución y el deber de emitir su pronunciamiento sobre la hipótesis fáctica planteada, sin estar constreñido por la definición técnica aportada por las partes.

No existe controversia, conclusión a la que arribo luego de compulsar el relato formulado por ambas partes, respecto de los hechos que pueden resumirse de la siguiente forma, a raíz del fallecimiento del padre de la demandada, le fue otorgado un beneficio que la actora denomina “de pensión por hijo menor de edad” -el destacado es propio- que de conformidad con lo previsto por la ley 24.241 y pese a su denominación, debía ser abonado hasta la edad de 18 años a tenor del texto del artículo 53) de la mencionada norma que dispone: “En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán de pensión los siguientes parientes del causante: a) La viuda; b) El viudo; c) La conviviente; d) El conviviente; e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de edad.” A. F. continuó percibiendo dicho beneficio -y la actora abonándolo- hasta el mes de noviembre de 2011, pese haber cumplido la edad de 18 años el día 3 de octubre de 2007.

La demandada sostiene aun en esta instancia, que continuó percibiendo los fondos luego de cumplir la edad tope que impone la normativa, en el convencimiento de su derecho a hacerlo hasta la edad de 21 años.Abonó el error que se invoca, el hecho irrefutable de que su madre concurría a la dependencia bancaria y efectivamente la cuenta asignada a tal fin poseía el crédito suficiente que le permitía a la madre de la demandada retirar los fondos en cuestión y que ahora la actora reclama.

Cabe poner de relieve que me refiero a la madre por una atrevida presunción (artículos 56 y 57 del Código Civil) , dado que no existe elemento alguno en el expediente, -no lo aportó ni la actora ni la demandada- que permita inferir siquiera quien era la persona que percibía los fondos, dado que A., entre el 3 de octubre de 2007 fecha en que cumplió los 18 años y el último día del mes de diciembre de 2009 era menor de edad, y dejó de serlo prematuramente, conforme lo dispuesto por la ley 26.579 (B.O. 22/12/2009) a partir del primer día del año 2010. Digo prematuramente porque se da el caso particular de una persona que perdió los beneficios protectorios de la normativa que ampara la minoridad, no por el hecho de haber adquirido la edad suficiente sino por la modificación de una norma, es decir por la decisión del Estado, sin que ello implique necesariamente una calificación disvaliosa de dicha circunstancia que además, excede el marco del presente debate.

Enseñaba Belluscio, que la incapacidad de las personas que no hay cumplido veintiún años de edad halla su fundamento en que hasta ese momento se presume que no han adquirido la suficiente madurez intelectual y de juicio para poder dirigir por sí mismos su persona y administrar y disponer de sus bienes (Código Civil Comentado, Belluscio – Zannoni, Editorial Astrea T 1, pag.505 y sus citas).

La capacidad es la aptitud legalmente reconocida al sujeto de la relación jurídica para que se constituya en titular de la misma o para ejercer por sí mismo los derechos propios, provista, manejada y declarada por la ley en función de los presupuestos de hecho que estima computables, entre tales presupuestos se encuentra en forma ineludible, el estado de minoridad como atributo diferenciador caracterizante, el cual se proyecta incidiendo en la personalidad toda del sujeto y determinando que, mientras se mantenga, el tratamiento jurídico que le corresponde difiera completamente del reservado a los mayores de edad.

La capacidad de derecho es la aptitud para investir la titularidad de un derecho, y capacidad de obrar es la aptitud para ejercerlo por si mismo otorgando negocios jurídicos, o la genérica aptitud para otorgar por si mismo actos jurídicos, distinguiéndose del poder de disposición, que es la facultad que forma parte del contenido de un derecho subjetivo. (Daniel Hugo D ´Antonio – Actividad Jurídica de los Menores de Edad, Ed. Rubinzal Culzoni, pags. 16, ss.y sus citas).

En este orden de ideas, teniendo en consideración la defensa invocada por la demandada que alude a que desconocía que el beneficio debía cesar a la edad de 18 años, por aplicación de los principios protectorios de la minoridad, a los que aludiera, siendo ésta menor a la fecha de la percepción indebida que se le endilga, estimo que no resulta apropiado juzgar su buena o mala fe, por lo menos en el período comprendido desde la fecha que cumplió los 18 años hasta el 1º de enero del año 2010, fecha en que alcanzó la mayoría de edad, a partir de la entrada en vigencia, reitero, de la ley 26.579.

Por estas breves consideraciones, propondré al acuerdo la modificación de la sentencia de grado, en el sentido de hacer lugar a la demanda por los períodos que la demandada percibiera indebidamente a partir del mes de enero de 2010, confirmándola en todo lo demás que fuera materia de agravios.

Por ello, teniendo en consideración la liquidación obrante a fs. 18 y vta. la demanda prosperará por la suma de $ 72.167,65.- a la que de deberán adicionarse intereses de conformidad con lo resuelto en el punto IV del decisorio impugnado.

IV. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado a mérito de la particularidad del caso y el vencimiento parcial y mutuo (art. 68 segundo párrafo del CPCC).

V. Por las razones expuestas, voto en definitiva, porque se modifique el fallo de primera instancia en el sentido de hacer lugar a la demanda, debiendo A. F. reintegrar los montos que fueran indebidamente percibidos a partir de enero de 2010, los que ascienden a la suma de $ 72.167,65.- con más sus intereses que deberán ser calculados de conformidad con lo dispuesto en el punto IV del decisorio impugnado, en el término de diez días de notificada, bajo apercibimiento de ejecución en caso de incumplimiento, con costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, segunda parte, del Código Procesal).

Los doctores Alfredo Silverio Gusman y Eduardo Daniel Gottardi por razones análogas a las expuestas por el doctor Ricardo Víctor Guarinoni adhieren al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE: modificar la sentencia apelada en los términos que surgen del considerando V.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código de rito, déjanse sin efecto los honorarios regulados a fs. 62 y vta. y difiérase la estimación de los emolumentos hasta el momento en que se encuentre aprobada la liquidación definitiva.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

EDUARDO DANIEL GOTTARDI