Daño moral por corte de suministro eléctrico a quien está inscripto en el registro de electrodependientes por parálisis cerebral.

Partes: A. C. P. y otro c/ Edenor S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 4-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-114104-AR | MJJ114104 | MJJ114104

 

Se otorga una indemnización por daño moral derivado del corte de suministro eléctrico dado que el hijo menor de los actores está inscripto en el registro de electrodependientes por parálisis cerebral. Cuadro de rubros indemnizatorios.

 

Sumario:

1.-Corresponde otorgar una indemnización por daño moral derivado del corte de suministro eléctrico por parte de la demandada ya que no pueden negarse las alteraciones de índole moral que produce una situación como la descripta en el usuario del servicio, tales como encontrarse en plena época estival sin energía eléctrica -lo que en muchos casos implica también la suspensión del servicio de agua-, perder todos los alimentos y verse en la obligación de tener que ir a un lugar distinto del domicilio particular para comer, lavar la ropa e higienizarse, entre otras cosas, produce sin lugar a dudas una alteración en el espíritu que debe ser resarcida por el responsable del daño, a lo cual se suma la circunstancia particular de la salud de su hijo menor, quien posee certificado de discapacidad por parálisis cerebral, a raíz de lo cual fue inscripto en el registro de electrodependientes.

2.-Corresponde rechazar la multa por daño punitivo en los términos del art. 52 de la LDC., pues la duración de la interrupción del servicio de energía eléctrica no es demostrativa per se de una conducta descalificable por parte de la demandada que se haga merecedora de este tipo de sanción excepcional, máxime cuando sólo a fines de diciembre de 2013 la actora informó mediante nota a la demandada la situación de electrodependiente de su hijo, habiendo hecho la denuncia por abandono de persona en el 2014.

Fallo:

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2018.

VISTOS: Para resolver los recursos de apelación interpuestos por la demandada a fs. 312 y por la actora a fs. 313, concedidos en relación a fs. 315 (ver, asimismo, fs. 323), fundados a fs. 324/326 y 327/332 y replicado sólo el de la actora a fs. 334//336, contra el pronunciamiento de fs. 298/310vta.; y CONSIDERANDO:

I.- Mediante la sentencia glosada a fs. 298/310vta., el a quo hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por P. A. C., por sí y en representación de su hijo F. L. A. (quien alcanzó la mayoría de edad durante la tramitación del expediente; ver fs. 284 y 286/287), y condenó a Edenor S.A. al pago de $ 80.000, más sus intereses y las costas del juicio.

Ello, en concepto de los daños y perjuicios padecidos por los actores a raíz de diversas interrupciones del servicio de energía eléctrica a cargo de la demandada, ocurridos entre fines de 2013 y principios de 2014.

La actora cuestiona la sentencia en punto a la cuantificación del daño emergente (fs. 329/vta., punto 1), a la desestimación del lucro cesante (fs. 329vta., punto 2), a la cuantificación del daño moral (fs. 329vta./330, punto 3) y al rechazo del daño punitivo (fs. 330vta./331vta., punto 4). A su turno, la demandada se queja de la procedencia y cuantificación del daño moral (fs. 324/325vta., puntos 2.1.1 y 2.1.2) y de la distribución de las costas (fs. 325vta., punto 2.2).

II. Surge de las constancias de autos que los días 18 y 19 de diciembre de 2013 y 20, 21, 22 y 23 de enero de 2014 se produjeron diversas interrupciones en la prestación del servicio de energía eléctrica que la empresa Edenor S.A. proveía en el domicilio de la actora, sito en la calle G. xxxx, piso xº, departamento x, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver documental de fs.57/68; informativa de fs. 201/204; documental agregada a fs. 210/215; y peritaje contable de fs. 242/244).

Los cortes de luz tuvieron la siguiente duración: el 18 de diciembre, diez horas; el 19 de diciembre, dos cortes de once horas y media y tres horas y media; el 20 de enero, casi una hora; el 21 de enero, casi dos días completos; el 22 de enero, diecinueve horas y media; y el 23 de enero, siete horas y media (ver informe del ENRE de fs. 228). La documental acompañada a fs. 47/51 y el informe glosado a fs. 201/204 dan cuenta de los reclamos efectuados por la actora.

También se encuentra acreditado que Fernán López A. posee certificado de discapacidad por parálisis cerebral, a raíz de lo cual fue inscripto en el registro de electrodependientes (ver certificado de fs. 43; documental de fs. 133; y peritaje médico de fs. 248/252vta.).

Es en el contexto fáctico descripto en el que corresponde tratar las quejas de las partes, a lo cual el Tribunal se abocará a continuación.

III. En punto a la cuantificación del daño emergente, el agravio que esgrime la actora debe ser declarado desierto (art. 265 del Código Procesal). En efecto, aquélla funda su defensa en argumentaciones que más tienen que ver con el daño moral padecido por Fernán, tales como la imposibilidad de desplazar su silla de ruedas por las escaleras (fs. 329, anteúltimo párrafo) y la situación de indefensión vivida por aquél (fs. 329vta., primer párrafo), mas nada dice en punto específicamente a los gastos en los que se vio obligada a incurrir a raíz del corte de luz y a las razones por las cuales la suma de $ 5.000 fijada en la instancia de grado deviene a su juicio insuficiente.

Se impone, en consecuencia, la confirmación del decisorio en crisis en el aspecto que se examina.

IV.A igual conclusión corresponde arribar en punto a la pretendida reparación del lucro cesante, respecto de lo cual la actora insiste con la línea argumental tendiente a acreditar los cortes de luz en su domicilio y los cuidados que su hijo requirió, sin hacerse cargo mínimamente del fundamento dado por el a quo en el sentido de que no obra en autos prueba alguna tendiente a demostrar de modo fehaciente las ganancias que la señora A. C. dejó de percibir durante los días en los que se prolongó la interrupción del servicio de energía eléctrica, sin que las facturas que aquélla acompaña a fs. 69/79 revistan entidad suficiente para tener por configurado con suficiente grado de certeza el extremo antedicho.

V. Llega el turno de analizar el rubro daño moral, para lo cual el Tribunal tratará los agravios de ambas partes conjuntamente.

Lo primero que debe recordarse es que las características particulares del incumplimiento contractual de la naturaleza del de autos han hecho que el Tribunal indemnice -en todos los casos en los que resultó afectada una vivienda familiar- este tipo de perjuicio extrapatrimonial padecido por quienes soportaron el suceso. Y en virtud de los hechos que dieron origen a las presentes actuaciones -que fueron reseñados en el último párrafo del considerando I de la presente-, deviene irrazonable cuestionar la procedencia de este tipo de daño, pues no pueden negarse las alteraciones de índole moral que produce una situación como la descripta en el usuario del servicio. Encontrarse en plena época estival sin energía eléctrica -lo que en muchos casos implica también la suspensión del servicio de agua-, perder todos los alimentos y verse en la obligación de tener que ir a un lugar distinto del domicilio particular para comer, lavar la ropa e higienizarse, entre otras cosas, produce sin lugar a dudas una alteración en el espíritu que debe ser resarcida por el responsable del daño.A lo cual se suma la circunstancia particular del caso de autos, configurada por la situación de salud de entonces menor de edad F. L. A.

Todo ello, sumado a la incertidumbre sobre el restablecimiento definitivo del servicio, conduce a confirmar tanto la procedencia del rubro en examen, cuanto su valuación económica.

VI. Resta tratar el rechazo del daño punitivo. Pues bien, el art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor prevé expresamente la multa civil para el caso de que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor.

Más allá de las fuertes críticas que mereció esta parte de la norma por la doctrina autoral, lo cierto es que no se encuentra en el caso configurado uno de los principales requisitos de procedencia de los daños punitivos, esto es, el tipo particular de reproche que se exige a la conducta del agente dañador. En este orden de ideas, debe ponerse de relieve que no cualquier conducta se hace merecedora de este tipo de sanción ejemplar. En efecto, los daños punitivos son excepcionales, toda vez que proceden únicamente frente a un grave reproche en la conducta del responsable de la causación del daño; el obrar de éste debe haber sido particularmente grave. La doctrina argentina es prácticamente unánime en aceptar la procedencia del instituto de los daños punitivos siempre y cuando se compruebe la existencia de una conducta dolosa o cercana al dolo en cabeza del responsable. Y no es necesario que medie un factor subjetivo de atribución con relación específica al hecho perjudicial, sino que basta una conducta objetivamente descalificable desde el punto de vista social, esto es, disvaliosa por inercia, indiferencia hacia el prójimo, desidia, abuso de una posición de privilegio. Y si bien la norma habilitante de la multa civil sólo alude al mero incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales por parte del proveedor, debe entenderse que el sub examen no encuadra en un supuesto de aplicación de la sanción.Lo contrario implicaría -sin más- que los daños punitivos deben ser automáticamente aplicados cada vez que se interprete una cláusula contractual en sentido contrario a la posición de una de las partes contratantes, lo cual iría claramente en contra de los fines propios de este instituto de excepción.

En el caso, la duración de la interrupción del servicio no es demostrativa per se de una conducta descalificable por parte de la demandada que se haga merecedora de este tipo de sanción excepcional, en cuya aplicación los magistrados deben poner sumo cuidado.

A lo dicho se suma la circunstancia de que sólo a fines de diciembre de 2013 la actora informó mediante nota a la demandada la situación de electrodependiente de su hijo, habiendo hecho la denuncia por abandono de persona el 23 de enero de 2014 (ver fs. 45/50).

Lo dicho lleva a declarar improcedente el rubro en cuestión y confirmar -por ende- el pronunciamiento apelado en el aspecto que se examina.

VI. En punto a la distribución de las costas (ver agravio de la demandada de fs. 325vta., punto 2.2), la pretensión tampoco puede recibir favorable acogida, pues -pese a que el monto de la condena resulta ser inferior al reclamo inicial- la actora triunfó en lo principal de su reclamo, es decir, la responsabilidad de la empresa proveedora del servicio de energía eléctrica.

Por ello, SE RESUELVE: confirmar el pronunciamiento de fs. 298/310vta., en todo cuanto ha sido materia de agravios. Costas de Alzada a cargo de cada una de las recurrentes en relación a su respectivo recurso (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo

Graciela Medina