Responsabilidad de la empresa de transporte por los daños sufridos por las actoras con discapacidad al intentar descender del colectivo

Partes: C. A. M. y otros c/ Micro Omnibus Mitre S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 3-jul-2018

Cita: MJ-JU-M-112538-AR | MJJ112538 | MJJ112538

 

La empresa de transporte demandada resulta responsable por los daños sufridos por las actoras al intentar descender de una unidad, en tanto se acreditó su calidad de pasajeras con el certificado de discapacidad. Cuadro de rubros indemnizatorios.

 

Sumario:

1.-Corresponde tener por acreditada la autenticidad de los pases libres acompañados por las actoras con la contestación de oficio de la Dirección Provincial de Transporte, aunque falte la verificación de autenticidad del pase, pues no está controvertido que, al momento de los hechos ambas damnificadas revestían la condición de discapacitadas y por ese motivo, resulta razonable presumir que aquellas habían tramitado los correspondientes permisos que las habilitaban a viajar en forma gratuita, conforme los términos del art. 22 de la Ley provincial n° 10.592 – vigente en la época de los hechos analizados-, dirigida a neutralizar las restricciones de las personas con algún tipo de discapacidad.

2.-Teniéndose por comprobado que las actoras revestían la calidad de pasajeras de un colectivo de la línea demandada y que ambas sufrieron lesiones durante el viaje, ello importa un incumplimiento de la empresa demandada de su obligación de llevar a los pasajeros sanos y salvos al lugar de destino, de acuerdo con lo establecido por el art. 184 del CCom.

3.-La transportadora está obligada al pleno resarcimiento de los daños ocasionados; a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o que sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien aquella no sea civilmente responsable, a tal fin, no es suficiente la demostración de que no hubo culpa en el subordinado que conducía la unidad de transporte público, se trata de una obligación de resultado, cuyo incumplimiento hace nacer la responsabilidad objetiva de la empresa de transporte por las lesiones sufridas por la persona transportada.

4.-El vínculo entre las actoras y la línea de colectivos demandada por los daños que sufrieron al intentar descender de una unidad puede encuadrarse en una relación de consumo, correspondiendo la aplicación del art. 42 de la CN., que impone un deber de seguridad con carácter objetivo, y de los arts. 5 , 6 , 40 , 53 tercer párr. , y ccdtes. de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (reformada por la Ley 26.361 ).

5.-La franquicia prevista en el contrato de seguro es oponible al tercero damnificado, y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación.

6.-La ley le impone a quien explota el transporte público la obligatoriedad de contratar el seguro, sin que pueda válidamente argumentarse, entonces, que existe libertad para hacerlo, o se asegura, o no circula, así lo establece el ya citado art. 68 de la Ley 24.449, que también preceptúa que la contratación debe hacerse de conformidad con las condiciones que fije la Superintendencia de Seguros de la Nación (del voto en disidencia parcial del Dr. Díaz Solimine).

7.-Corresponde disponer la inoponibilidad a la parte actora de la franquicia denunciada por la aseguradora, y por tanto extender la condena a la citada en garantía en forma íntegra, sino, además, y declarar la inconstitucionalidad del art. 4 del Anexo II de la Res. 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación que rige el vínculo asegurativo entre las partes (del voto en disidencia parcial del Dr. Díaz Solimine).

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 3 días del mes de julio de dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer el recurso interpuesto en los autos caratulados: “C., A. M. Y OTROS C/ MICRO OMNIBUS MITRE S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, EXPEDIENTE N° 50580/2013, respecto de la sentencia de fs. 363/375 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces Doctores OMAR DIAZ SOLIMINE – ROBERTO PARRILLI – CLAUDIO RAMOS FEIJOO.

A la cuestión planteada el Dr. Díaz Solimine, dijo:

I. ANTECEDENTES

La sentencia de primera instancia resolvió hacer lugar a la demanda promovida por A. M. C. y Héctor Antonio D. P., ambos en representación de su hija L. M. D. P., y la primera también por su propio derecho; condenando a Micro Ómnibus Mitre S.A. al pago de una suma de dinero, más sus intereses y costas. La condena se hizo extensiva a la citada en garantía, Metropol Sociedad de Seguros Mutuos.

La litis tuvo su origen en la demanda que luce agregada a fs. 22/36. Allí, los pretensores relataron que el 11 de abril de 2013 A. M. C. y su hija L. M. D. P. sufrieron diversos daños cuando se disponían a descender del interno 6 de la línea de colectivos 318 -cuya explotación corresponde a la empresa demandada-, en el cual venían circulando en calidad de pasajeras.

II. AGRAVIOS

Contra el referido pronunciamiento se alzaron ambas partes. La accionada y la citada en garantía expresaron agravios en forma conjunta a fs. 430/458, que fueron replicados a fs. 479/381. Las quejas de la parte actora lucen agregadas a 460/466 y su replica obra a fs. 468/474. La Sra.representante del Ministerio Público de la Defensa de Cámara, por su parte, mantuvo la apelación incoada por su par en primera instancia, planteando sus quejas a fs. 476/481, las que fueron contestadas a fs. 484/488.

Las encartadas se agraviaron de la responsabilidad que el fallo les atribuye. Adujeron que no se encontraba acreditada la existencia de un contrato de transporte entre las accionantes y la empresa demandada, ni la ocurrencia del accidente por el que reclaman. En subsidio, impugnaron la procedencia y montos de las indemnizaciones concedidas por “Incapacidad Sobreviniente”, “Daño Moral” y “Tratamiento Psicológico”. También cuestionaron la tasa de interés aplicada al monto de la condena y, por último, se quejaron de que el juez de grado declarara inoponible a la víctima la franquicia pactada en el contrato de seguro que fuera celebrado entre la demandada y la citada en garantía.

Por otro lado, los demandantes sostuvieron que el a quo incurrió en una subvaluación de los rubros “Incapacidad Sobreviniente” y “Daño Moral”, objetaron que el resarcimiento por el daño psicológico que padece la Sra. C. no se traduzca en una partida independiente y se opusieron al cálculo de intereses determinado.

A su turno, la Sra. representante del Ministerio Público de la Defensa de Cámara refutó la cuantía de las indemnizaciones concedidas por “Incapacidad Sobreviniente” y “Daño Moral”, a la vez que se opuso a la fórmula de cómputo de los intereses, adhiriendo a los fundamentos de los reclamantes.

Antes de entrar en el examen del caso, es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa.En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, Tomo I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, Tomo 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611).

Dicho ello, me avocaré al tratamiento de los agravios, principiando -por elementales razones de orden metodológico- por los relativos a la atribución de responsabilidad.

III. RESPONSABILIDAD

III. a. El artículo 377 CPCCN es claro en cuanto dispone que cada una de las partes debe probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Esta directiva significa que se pone en cabeza de quien alega un hecho la carga de su prueba.

Es que la obligación de afirmar y probar se distribuye entre las partes, dejando a la iniciativa de cada una de ellas la posibilidad de hacer valer los hechos que pretendan sean considerados como verdaderos en el proceso (Chiovenda, Giusseppe, “Principios de Derecho Procesal Civil”, t. II, pág. 253).

Así las cosas, la parte actora tenía la carga de demostrar con las probanzas pertinentes los hechos esgrimidos en el escrito inicial. A saber: que el 11 de abril de 2013 A. M. C. y L. M. D. P.viajaban en un colectivo de la empresa demandada y que, cuando se disponían a bajar del vehículo, ambas resultaron heridas, como consecuencia de una “violenta” maniobra de frenado de su conductor.

Tras un análisis del asunto, adelanto desde ya que disentiré con las condenadas, en punto a que sostuvieron que no se encuentra probado que las nombradas damnificadas hayan revestido la condición de pasajeras de un vehículo de la línea 318, ni la efectiva ocurrencia del hecho dañoso. Veamos.

Comenzaré por remarcar que no es cierto que la parte actora no haya acreditado la autenticidad de los pases libres acompañados, como sostienen las agraviadas (ver f. 431). En efecto, la autenticidad de los pases que lucen agregados a fs. 10 y 12 quedó verificada con la contestación de oficio de la Dirección Provincial de Transporte de f. 227, aunque falte la verificación de autenticidad del pase que obra a f. 8. Más allá de eso, no está controvertido en esta instancia que, al momento de los hechos que aquí se tratan, ambas damnificadas revestían la condición de discapacitadas. Precisamente por ese motivo, resulta razonable presumir que aquellas habían tramitado los correspondientes permisos que las habilitaban a viajar en forma gratuita, conforme los términos del art. 22 de la ley provincial n° 10.592 – vigente en la época de los hechos analizados-, dirigida a neutralizar las restricciones de las personas con algún tipo de discapacidad.

En segundo lugar se comprueba, a través de una simple búsqueda de Internet, que existe una parada de la línea 318 en la intersección de las calles Uriarte y Azara, señalada como lugar del accidente.

En tercer orden, se encuentra demostrado que el 11 de abril de 2013 la Sra. C. recibió asistencia médica en la Clínica Estrada, que se sitúa a tan solo 450 metros de la referida encrucijada (ver f. 232). Del certificado que adjuntó en copia la parte actora a f.17, surge que la nombrada co-actora fue atendida en esa clínica, “(.) por accidente en colectivo (.) presentando traumatismo (.)”. No se me escapa que la Clínica Estrada indicó que no podía expedirse sobre el contenido del mencionado documento.

Sin embargo, reconoció que “(.) la fecha de atención coincide con nuestros registros (.)” y precisó que el instrumento en cuestión “(.) tiene todas las características de autenticidad (.)”. Precisamente por ese motivo, tendré por válida la información que surge de aquel, puesto que no solamente exhibe el membrete de la nombrada entidad sino que también incluye signos difíciles de imitar, como son el sello y firma de un profesional matriculado (ver el Plenario dictado en los autos “López, Atilio c/ Carrera, José” , 25-10- 1962, LL, 108-809).

Asimismo, tenemos las constancias agregadas por el Sanatorio 15 de Diciembre, que corroboran que ambas damnificadas recibieron asistencia médica en aquel centro de salud, con motivo de un accidente sucedido el 11 de abril de 2013. En efecto, a f. 128 surge que la Sra. C. fue internada ese mismo día a raíz de “traumatismos múltiples” -con fecha de egreso al día siguiente- y de f. 146 se desprende que la niña fue revisada por “múltiples contusiones musculares” tan solo tres días después. En ambas historias clínicas se hizo referencia a un incidente automovilístico y en la correspondiente a la Sra. C., se explicitó que el suceso había ocurrido en un colectivo, describiéndose la mecánica del accidente en forma coincidente con el relato de la demanda.

A los elementos expuestos se le suma el testimonio de María Susana Agostino (ver f.126). La deponente afirmó en esta sede que el siniestro había ocurrido en un interno de la línea 318, que ella “(.)había tomado el colectivo en Camino Negro y Paris y se dirigía al centro de Lomas, que (.) iba en el colectivo sentada, en el segundo o tercer asiento de dos (.) y de repente el colectivo frenó, pero fuerte, había gente parada con dos o tres criaturas, que (.) la puerta de adelante del colectivo estaba abierta, porque había gente que estaba por bajar, ya que la frenada fue a metros de la parada, que toda la gente parada se fue para adelante y se asustaron porque una de las criaturas se iba para el lado de la puerta que estaba abierta y una de las señoras que estaba la pudo agarrar pero otra de las señoras quedó trabada entre el chofer y la máquina, que era la actora y la intentaron ayudar ya que gritaba mucho por el dolor, cuando se la logró sacar, se la trató de tranquilizar porque la nena había tenido un golpe contra los fierros de los colectivos cuando uno sube, que luego el chofer estuvo con la señora, que la dicente le dio sus datos y que el chofer hizo bajar a los pasajeros (.) que no recuerda las carac terísticas del chofer pero no era un hombre muy grande (.) que mientras la dicente estuvo no intervino ni policía ni una ambulancia (.) que el día era feo” .

Es sabido que el hecho de que la Sra. Agostino haya sido la única testigo que depuso en la causa -tal como los apelantes se ocuparon de destacarno ha de limitar el valor de su testimonio, aunque deba ser analizado en forma estricta. El viejo aforismo testis unus, testis nullus fue dejado de lado hace muchos años; pues en el sistema de la sana crítica -que es el adoptado por nuestro legislador- no existen reglas fijas en cuanto al número de deponentes requeridos para formar la convicción del sentenciante (cfr.386 y 456 del CPCCN).

Tampoco llama la atención que los actores no hayan propuesto como testigo al chofer individualizado como conductor del colectivo -como postulan las agraviadas-, si se aprecia que aquel, por su condición de empleado de la empresa demandada, podría haber albergado el temor de perder su trabajo, si declaraba lo ocurrido.

Por otro lado, no es verdad que los dichos de Agostino hayan sido vagos e imprecisos -como también argumentan las apelantes-, toda vez que la declaración transcripta aporta una cantidad considerable de datos y es clara en cuanto a que afirma que madre e hija se accidentaron adentro de un colectivo de la línea 318, en función de una maniobra de frenado desplegada por el chofer. Además, cobra relevancia lo señalado por el a quo, quien destacó que la abogada apoderada de la parte demandada estuvo presente al momento de la declaración testimonial, sin efectuar ninguna repregunta. Teniendo en cuenta que los quejosos renunciaron tácitamente a su posibilidad de reunir mayores detalles en el acto procesal oportuno, no pueden luego, en oportunidad de alegar, pretender refutar la idoneidad del testigo por indeterminado, aún cuando la impugnación haya sido efectuada dentro del plazo previsto en el art. 456 del ritual (cfr. art. 163 inc. 5 del CPCCN y 1198 del CCiv.).

Y aunque las damnificadas no hayan impulsado una investigación criminal del suceso, esa sola circunstancia tampoco representa un impedimento para que el testimonio de Agostino sea aceptado, considerando que los emplazados no colectaron probanza fehaciente que lo descalifique.

Cabe agregar que la experticia médica realizada en estos actuados, para cuya confección la profesional de la salud interviniente solicitó la realización de estudios complementarios, confirma que los daños reclamados -y las incapacidades físicas correspondientes, que se identificarán mas adelanteguardan relación de causalidad con el hecho en análisis.

No desconozco que los apelantes observaron la mencionada experticia médica (f.254). Sin embargo, tales discrepancias, a mi juicio, lejos están de conmover los fundamentos desplegados en el informe de la perito, que fuera ampliado a f. 266. Sobre el punto, he de resaltar que los discrepantes, pese a haber ofrecido a un consultor técnico, no han glosado al expediente ningún informe del aludido consultor, quien, contando con la idoneidad correspondiente, hubiese estado en condiciones de aportar -eventualmente- una contra experticia que llevase al judicante a disentir con las afirmaciones volcadas por la experta oficial (cfr. art. 458 in fine del CPCCN).

En definitiva, considero que las constancias de autos, analizadas a la luz de las reglas de la sana crítica (arts. 163, inc. 5°, y 386 del ritual) -fundadas en patrones jurídicos y máximas de experiencia-, permiten tener por cierto el relato de los hechos esbozado en el escrito inicial.

III. b. Teniéndose por comprobado entonces que el 11 de abril de 2013 A. M. C. y L. M. D. P. revestían la calidad de pasajeras de un colectivo de la línea 138 y que ambas sufrieron lesiones durante el viaje, ello importa un incumplimiento de la empresa demandada de su obligación de llevar a los pasajeros sanos y salvos al lugar de destino, de acuerdo con lo establecido por el artículo 184 del Código de Comercio (derogado, pero aplicable al caso).

Conforme a la disposición mencionada, la transportadora está obligada al pleno resarcimiento de los daños ocasionados; a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o que sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien aquella no sea civilmente responsable. A tal fin, no es suficiente la demostración de que no hubo culpa en el subordinado que conducía la unidad de transporte público.Se trata de una obligación de resultado, cuyo incumplimiento hace nacer la responsabilidad objetiva de la empresa de transporte por las lesiones sufridas por la persona transportada.

En otras palabras, tratándose de daños ocasionados en dos pasajeros durante un viaje en un vehículo cuya explotación corresponde a la parte demandada, nace automáticamente en favor de las víctimas una doble presunción: a) la de causalidad, en cuanto queda inferido prima facie que el daño sufrido tuvo conexión adecuada con el transporte; y b) la de responsabilidad de la empresa en la producción del perjuicio. Como son presunciones juris tantum, el transportador, si pretende eximirse de responder, deberá demostrar la presencia de alguna de las causas de liberación de responsabilidad antes mencionadas (conf. Brebbia, Roberto, “Problemática jurídica de los automotores”, Tomo 2, pág. 22).

El fundamento de la presunción legal de responsabilidad reside en la tácita obligación de seguridad, la cual integra el plexo del contrato y deriva del deber de buena fe que indica el art. 1198, primera parte, del Cód. Civil. Se trata de una obligación accesoria de la principal, por lo que se constriñe al transportador no sólo el deber jurídico de llevar al pasajero a su destino, sino también de conducirlo sano y salvo; de manera que aquel es responsable por el incumplimiento contractual, representado por cualquier daño que sufra el viajero en su persona o bienes.

Adicionalmente, el vínculo de autos puede encuadrarse en una relación de consumo, correspondiendo la aplicación del art. 42 de la Constitución Nacional, que impone un deber de seguridad con carácter objetivo, y de los arts. 5, 6, 40, 53 tercer párrafo, y concordantes de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (reformada por la ley 26.361).

En tal sentido se ha expedido la CSJN, remarcando que el trato digno al pasajero significa -según el art.42 de la Constitución-, la adopción de medidas que garanticen que el trasportado sea atendido con dignidad, dada su calidad de persona humana, contemplando la situación de quienes tienen capacidades diferentes, o son menores, o no tienen la instrucción necesaria para comprender el funcionamiento de lo que se le ofrece; lo cual incluye la adopción de medidas para que el pasajero no descienda empujado por una marea humana con riesgo para su integridad física y de modo que viaje en forma razonablemente cómoda (cfr. CSJN, Recurso de Hecho, “Ledesma, María Leonor c/Metrovías S.A., del 22/04/2008).

Partiendo entonces de los mencionados lineamientos, claro está que no le correspondía a las actoras demostrar la culpa del transportador, sino que era último quien debía patentizar la ruptura del nexo causal, si pretendía eximirse de resarcir. Empero, se advertirá que la defensa de la demandada y de la citada en garantía se ha encaminado a negar el carácter de pasajeras de las damnificadas y la ocurrencia del accidente por el que reclaman, no habiendo intentado demostrar alguno de los eximentes de responsabilidad dispuestos por el citado art. 184 del Código de Comercio.

Por todo lo expuesto, he de proponer al Acuerdo que se confirme la atribución de responsabilidad dispuesta en la sentencia de grado.

IV. RUBROS INDEMNIZATORIOS

IV. 1) INCAPACIDAD SOBREVINIENTE

Este rubro, para cuya fijación el juez de primera instancia sopesó únicamente el daño físico, prosperó por la suma de $ 75.000 a favor de A. M. C. y por la suma de $ 50.000 en beneficio de su hija L. M. D. P.

La partida fue apelada por la parte actora, por la Sra. representante del Ministerio Público de la Defensa -en representación de la niña involucrada- y por ambas emplazadas.

Veamos que surge de la experticia médica de fs. 247/249, 251/254 y 266 y demás constancias de autos.

La perito designada por el Juzgado sostuvo que A. M.C., quien tenía 48 años de edad al momento del accidente, sufrió “(.) politraumatismo con traumatismo de miembro superior izquierdo, miembro inferior izquierdo, mano izquierda, con foco en cuarto y quinto dedo, traumatismo toráxico abdominal severo (.)”. La paciente fue inicialmente tratada en la Clínica Estrada de Banfield y el mismo día quedó internada en el Sanatorio 15 de Diciembre, egresando al día siguiente. La profesional de la salud refirió que, al momento del siniestro, la damnificada era discapacitada, con antecedentes de “(.) aneurisma de aorta toraco abdominal operado, hipertensión arterial, arritmia cardíaca, gastritis, várices de miembros inferiores, cuadro depresivo, todas en control y medicadas (.)”. Luego de examinar físicamente a la Sra. C. y analizar sus estudios complementarios, concluyó que el hecho de marras guarda relación de causalidad con las siguientes secuelas que actualmente padece la víctima: “(.) una incapacidad del 8% por lumbalgia y del 8% por síndrome meniscal izquierdo (.)”.

En cuanto a L. M. D. P., de 7 años de edad al momento del siniestro, la médica actuante especificó que la niña contaba con certificado de discapacidad, en función de padecer “Síndrome de Turner” e “Hipoacusia no especificada”, además de ser celíaca. La actora fue atendida en el Sanatorio 15 de Diciembre, en función de “múltiples contusiones musculares” (ver f. 146). Al momento del examen físico, la perito constató que la paciente presentaba una limitación de la movilidad del tobillo derecho que guardaba relación de causalidad con el accidente en cuestión, estimando una incapacidad parcial y permanente del 10%.

Tales conclusiones fueron impugnadas por la demandada y la citada en garantía a f. 259, lo que mereció la respuesta por parte de la perito, quien ratificó el contenido de su informe a f. 266.

En este sentido, considero que la experticia ha ilustrado al organismo jurisdiccional con su asesoramiento técnico, brindando conclusiones que aparecen fundadas, derivadas de métodos científicos.

Por el contrario, la impugnación de las apelantes no cuenta con entidad suficiente para desmerecer la fuerza probatoria del dictamen.Vale la pena reiterar que las quejosas no adjuntaron un dictamen de un consultor técnico -pese a haberlo ofrecido-, quien hubiese estado en condiciones de aportar -eventualmente- elementos de igual o mayor tenor científico, de forma tal de llevar al judicante a concluir que las afirmaciones volcadas por la profesional oficial eran erróneas (cfr. art. 458 in fine del CPCCN).

Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y no existe prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones del profesional (Cf. CNCiv. Sala H, 29-9-97 Del Valle, M. c/ Torales J, s/ daños y perjuicios, en similar sentido CNCiv. Sala M, 19-3-96 Paradela d. c/ Malamud D. s/ daños y perjuicios).

La impugnación al peritaje requiere que se acredite la existencia de elementos que permitan advertir fehacientemente el error o insuficiente aprovechamiento de los conocimientos científicos por parte del idóneo y debe encontrar apoyo en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se encuentra reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o en la concurrencia de medios probatorios de mayor eficacia que permitan desvirtuarla (Conf. HIGHTON-AREAN, Cód. Procesal, Tomo 8, pags. 512 y sigs.).

No basta la mera discordancia a las conclusiones del perito, sino que cuando los datos aportados por aquel no son compartidos por los litigantes, corre por cuenta de estos la prueba del desacierto de lo informado. Son insuficientes las meras objeciones, es necesario aportar evidencias capaces de convencer al Juez de que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocados (Conf. CNCiv.Sala F, 6/9/1989, LD textos versión 7.0).

Consecuentemente, considero que corresponde aceptar y valorar las conclusiones de la experticia, en los términos de los artículos 386 y 477 del CPCC.

Como datos adicionales a tener en cuenta, a los fines de evaluar el impacto y magnitud de los daños sufridos, se aprecia que las damnificadas -madre e hija- presentan recursos limitados, que la Sra. C. es ama de casa y que es su marido quien representa el sostén económico de la familia (ver Beneficio de Litigar sin Gastos n° 50.582/2013).

Por consiguiente, apreciando la existencia y entidad de las lesiones físicas que se derivan exclusivamente del accidente, así como las restantes condiciones personales de las damnificadas y circunstancias del caso en examen, considero que la suma concedida a favor de A. M. C. resulta ajustada a Derecho, por lo que habré de proponer a mis colegas su confirmación; mientras que estimo que la indemnización fijada en beneficio de L. M. D. P. resulta algo reducida, razón por la cual propondré que se eleve a $ 70.000 el monto concedido en su favor (cfr. art. 165 del CPCCN). Así votaré.

IV. 2.- DAÑO PSICOLÓGICO.

TRATAMIENTO

El juez de grado denegó otorgar una indemnización en carácter de perjuicio psicológico, por no considerarlo un daño autónomo del moral. No obstante, admitió una suma de $ 16.000, únicamente a favor de A. M. C., para cubrir el valor del tratamiento psicoterapéutico que le fuera aconsejado.

La Sra. C.se queja, por cuanto considera que la lesión psíquica que padece constituye un daño independiente del moral.

Los emplazados, por su parte, niegan que exista un daño de índole psíquico que se vincule con el hecho de marras y por ende se oponen a la suma determinada para cubrir el costo de la terapia recomendada.

Al respecto, adelanto que la confusión entre “daño psíquico” y “daño moral” no es admisible, pues se tratan de conceptos disímiles.

El primero es un típico daño patrimonial, el cual se configura al padecer la persona un menoscabo patológico en la salud psíquica, que se integra al concepto de “incapacidad sobreviniente”.

El daño moral, en otro orden, es de naturaleza extrapatrimonial y repercute en los sentimientos e interioridad del reclamante, generando un daño en las legítimas afecciones, y siguiendo esta postura se ha señalado que:”(.) el daño psicológico resulta independiente del daño moral (.)” (CNCiv. Sala E, 20-12-97, Laniado I. c/ Rusell s/ ds. y ps.).

Desde esa perspectiva, a fin de examinar la cuestión me remitiré a lo informado por la perito interviniente.

Al examinar a la niña involucrada, no halló indicadores de trauma ligados al accidente, conclusión que fue consentida por los reclamantes (ver f. 276).

Por el contrario, la especialista sostuvo que la Sra. C. presenta, a raíz del suceso en estudio, un “trastorno por estrés postraumático en grado moderado” que asimiló a una incapacidad del 20%, para lo cual descartó la presencia de factores concausales (f. 338).

La perito recomendó a la damnificada un tratamiento de aproximadamente un año de duración, con una frecuencia semanal y a un costo promedio de entre $ 300 y $ 400 la sesión, con la finalidad de lograr la remisión de los síntomas derivados de la experiencia traumática, especificando que “(.) la incapacidad que se soporta en la existencia de los síntomas es transitoria (.)”.

Aquellas conclusiones fueron impugnadas por las apelantes.Sin embargo, la psicóloga respondió debidamente la impugnación, justificando razonablemente los fundamentos desplegados en su informe (ver fs. 315, 337/343). Habida cuenta que sus diagnósticos se basan en principios técnicos y científicos, se deben aceptar sus conclusiones.

Ahora bien, toda vez que cabe esperar que un adecuado tratamiento haga evolucionar favorablemente las secuelas que conlleva la Sra. C., hasta lograr su remisión, y que sólo es posible indemnizar la incapacidad cuando ésta es definitiva, dado que la transitoria no genera un daño resarcible, juzgo prudente confirmar el rechazo del rubro “Daño Psicológico”, confirmando de todas formas la indemnización de $ 16.000 establecida para cubrir el tratamiento psicológico que le fuera recomendado.

IV. 3.- DAÑO MORAL

Este rubro prosperó por la suma de $ 35.000 a favor de A. M. C. y por la suma de $ 22.000 en beneficio de L. M. D. P.

Dicha partida fue apelada por ambas partes y por la Sra. representante del Ministerio Público de la Defensa, en representación de la menor de edad involucrada.

Con relación al presente rubro, considero que se trata de un daño resarcible, ya que no tiende a sancionar al autor del hecho, sino a reparar los padecimientos físicos y morales que debieron soportar las damnificadas como consecuencia del accidente, procurándole una satisfacción o compensación.

No es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por las víctimas. Sólo ellas pueden saber cuánto sufrieron, pues están en juego sus vivencias personales.

Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero.

Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz Alfredo El daño resarcible pag.187; Brebbia, Roberto “El daño moral”n* 116; Mosset Iturraspe, Jorge ” Reparación del dolor: solución jurídica y de equidad en LL 1978-D-648).

Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (Conf. Fischer Hans A. “Los daños civiles y su reparación” Pág. 228).

Concretamente, se debe sopesar el previsible dolor que madre e hija debieron atravesar al protagonizar un accidente automovilístico como el ocurrido, tener que ser asistidas en un hospital y sobrellevar las secuelas antes descriptas, incluso cuando el hecho no haya originado una incapacidad de índole psicológica en cabeza de L. M. D. P.

Ello así, considero que el monto indemnizatorio otorgado en la anterior instancia se compadece con los establecidos por esta Sala en casos similares, por lo cual corresponde confirmar la partida en examen, lo que equivale desestimar los agravios en estudio.

V. INTERESES

El Sr. Juez de primera instancia dispuso que los intereses se calculen a un 6% anual desde la fecha del hecho dañoso hasta la de la sentencia y que desde allí hasta el efectivo pago se aplique la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual a treinta días del Banco de la Nación Argentina. De ello se quejan tanto las encartadas, como los pretensores y la Sra. representante del Ministerio Público de la Defensa.

Al respecto, he señalado en diversos precedentes que comparto la interpretación legal y los fundamentos que resultan del voto de la mayoría del fallo plenario de esta Excma. Cámara “Samudio de Martínez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ ds.y ps.” (20 de abril del año 2009), disponiéndose aplicar desde la mora (en este supuesto, el día del siniestro) la tasa de interés activa cartera general (préstamos), nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

En efecto, como he explicado ya en numerosos precedentes, si bien pretéritamente sostuve que la tasa pasiva era la que debía aplicarse sobre aquellas partidas fijadas a valores actuales desde que cada perjuicio se originó hasta la fecha de la sentencia definitiva, un nuevo estudio del tema y el cambio de las circunstancias de hecho existen tes al momento del dictado del plenario, me indujeron a cambiar de posición.

En este entendimiento, considero ahora que debe aplicarse la tasa activa al capital de condena desde el momento del hecho, toda vez que la misma no genera o configura un “enriquecimiento indebido” ni una “doble actualización”. Si así fuera, e importara una situación excepcional que se apartara de la regla general establecida en el mencionado plenario, debe ser probada en forma clara y contundente por el deudor en el ámbito del proceso (cfr. art. 377 del C.P.C.C.N.), circunstancia que no se verifica en el presente, por lo cual voto por modificar el fallo en crisis, de forma tal que la aludida tasa activa se aplique desde el momento del hecho hasta el efectivo pago.

VI. FRANQUICIA

El judicante anterior resolvió hacer extensiva la condena a Metropol Sociedad de Seguros Mutuos, declarando inoponible a las damnificadas la franquicia pactada en el contrato de seguro celebrado entre la empresa de transportes demandada y la nombrada aseguradora citada en garantía (ver f.367 vta.).

Ello motivó la crítica de las condenadas, quienes solicitan se modifique lo decidido sobre este punto en la sentencia de grado, declarándose que la extensión de la condena se realice únicamente en la medida del seguro.

El agravio habrá de rechazarse, en función de lo resuelto por fallo plenario de esta Cámara con fecha 13 de diciembre de 2006 en autos “Obarrio María Pía c/Microómnibus Norte S.A. y otro s/Daños y perjuicios” y “Gauna Agustín c/La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/Daños y perjuicios” , en el sentido que “En los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia como límite de cobertura -fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora conforme la Resolución N° 25.429/97- no es oponible al damnificado (sea transportado o no)”.

Con relación a las decisiones que emanan de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia y que, en algún supuesto, aparecen como contradictorias con los plenarios referidos, debo señalar que no es descalificable la sentencia fundada en un plenario cuya doctrina es contradictoria a la jurisprudencia de la Corte en la materia.Es que, a pesar de la autoridad de que están investidos y el respeto que merecen los precedentes de la Corte, en cuanto tribunal supremo de la Nación toda, y las razones de economía procesal, certeza y seguridad jurídica que aconsejan tender a la uniformidad de la jurisprudencia, en la medida de lo prudente y dentro de la ineludible variedad de las circunstancias de tiempo y lugar, ha de reconocerse que los de la Corte carecen de fuerza general legalmente vinculante para los tribunales locales.

Aún más, el hecho de que dichos tribunales y los nacionales de la Capital Federal puedan apartarse fundadamente de aquellos precedentes no es, pues, a pesar de algunos inconvenientes que de ello pudieran derivar, sino una consecuencia necesaria del sistema federal adoptado en la Carta Magna. Es precisamente en virtud de la superior autoridad de que la Corte está institucionalmente investida que le compete el deber de reconocer y hacer respetar el poder jurisdiccional que la misma Constitución ha otorgado a los tribunales inferiores, en tanto lo ejerzan razonablemente y dentro de la esfera de sus respectivas competencias, aunque sus decisiones en materias que le son propias no concuerden con precedentes de la Corte (CSJN, Fallos 304:1459; Díaz Solimine, Omar Luis, director de la obra “Teoría y práctica del Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral”, La Ley, Tomo II, pág. 232).

Ahondado en el tema, no existe en la actualidad norma alguna que determine la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema, como lo hacía la ley 13.998 -dictada en consonancia con la reforma constitucional de 1949-, que establecía en su art. 28 que “Las cámaras nacionales de apelaciones, se reunirán en tribunal pleno: (.) b) Para unificar la jurisprudencia de las salas o evitar sentencias contradictorias, cuando no exista interpretación de la Corte Suprema (.)”. Esta referencia se explicaba porque el tercer párrafo del art.95 de la Constitución de 1949 expresaba que “La interpretación que la Corte Suprema haga de los artículos de la constitución por recurso extraordinario y de los códigos y leyes por recurso de casación será aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales y provinciales (.)” (Almeyda Nazar, Miguel Angel en Análisis de fallos plenarios del Derecho Procesal Civil, Omar Luis Díaz Solimine, dir., pág.3, “Sobre las sentencias plenarias”, La Ley).

Asimismo, y volviendo sobre las razones de derecho expuestas en los fallos plenarios de esta Cámara, no se puede dejar de señalar que es aplicable al caso en examen la ampliación de fundamentos efectuada en dicha convocatoria plenaria.

Allí se expresó que nos encontrábamos frente a un régimen de aseguramiento obligatorio contra la responsabilidad que pudiera derivarse por los daños ocasionados a terceros transportados o no. Se dijo entonces que, más allá de un cierto laberinto jurídico, no se puede cohonestar que, a través de ello, se intente burlar el espíritu originario de la ley de tránsito 24.449 plasmado en el art. 68: el establecimiento de un seguro obligatorio, requisito sine qua non para poder circular.

Siguiendo los lineamientos de la doctrina trialista, se sostuvo en esa oportunidad que correspondía en el ámbito normológico, una interpretación que tuviera en cuenta la realidad actual -aspecto sociológico- y que, al mismo tiempo, no se desentendiera del aspecto dikelógico.

De ahí que, propiciando una interpretación de tal tipo, se sostuviera que el concepto de la franquicia como la asunción de una parte del daño por parte del asegurado, no puede tener la misma inteligencia cuando se trata de un seguro contratado voluntariamente, que cuando se refiere a un seguro obligatorio, como es el impuesto por el art. 68 de la ley 24.449.Una interpretación dinámica de la ley en cumplimiento del aspecto dikelógico determina la incompatibilidad en mantener el mismo criterio para los dos supuestos.

Lo que es cierto en ambos casos es que la franquicia debería erigirse en un elemento disuasivo a cargo del asegurado, de manera de tener mayor cuidado y previsión al momento de conducir. Sin embargo, que ello se logre en el transporte que consideramos es cosa distinta.

De hecho, la más simple de las estadísticas demuestra acentuada despreocupación en aras de evitar lesionados y muertos, no obstante la existencia de la mentada “franquicia”, que lejos está, en consecuencia, de beneficiar a las víctimas por su carácter preventivo. Por el contrario, se ha convertido en la práctica en un obstáculo para que los damnificados obtengan el condigno resarcimiento que la normativa civil consagra a su favor y que hoy se ve reforzada tras la incorporación de los tratados internacionales que se han sumado así al bloque de derechos constitucionales que protegen a la persona humana, su salud y su integridad física, psíquica y estética, a través de la recepción que de aquéllos ha hecho el inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional. Su operatividad no atañe sólo al Estado sino también a los particulares, y ello ha implicado ensanchar el enfoque meramente patrimonialista del Código Civil, considerando la salud, la integridad y la vida como un valor en sí mismos.

Pero aunque se descreyera de las estadísticas y se pusiera en duda las informaciones diarias de los diversos medios de comunicación, no puede dejar de apreciarse que es decididamente diferente el enfoque que la franquicia debe tener en los seguros voluntarios y en los obligatorios en cuanto a su oponibilidad que es, en definitiva, la cuestión medular a decidir.

En el seguro voluntario, el asegurado en cumplimiento del contrato sólo podrá reclamar a su aseguradora el daño que exceda el monto de la franquicia. Así lo convino y pudo hacerlo de modo diferente.Además, en este tipo de seguros la franquicia está dirigida, en términos generales, a los daños que sufre el propio asegurado en su patrimonio.

En el seguro obligatorio, el asegurado deberá contribuir frente a su aseguradora con el monto de la franquicia prevista, participando así en el evento dañoso. En este caso, la franquicia se refiere a un tercero que resulta dañado y que, por tanto, con esta interpretación, puede reclamar la totalidad a la citada, quien se encuentra en condiciones de exigir la “participación” pactada, como parte que es, en el seguro contratado.

La ley le impone a quien explota el transporte público la obligatoriedad de contratar el seguro, sin que pueda válidamente argumentarse, entonces, que existe libertad para hacerlo. O se asegura, o no circula. Así lo establece el ya citado art. 68 de la ley 24.449, que también preceptúa que la contratación debe hacerse de conformidad con las condiciones que fije la Superintendencia de Seguros de la Nación. Pasaré por alto si con ello el poder legislativo delegó facultades que le eran propias y puso en cabeza del poder administrador la posibilidad de legislar sobre temas que la Constitución reservó al Congreso de la Nación, por delegación de las provincias, como la legitimación, el daño y la posibilidad de reembolso. Pero si me detengo en que la Superintendencia de Seguros se extralimitó en sus facultades reglamentarias.

Así, no sólo la ley impide la libertad de contratación, sino que, además, quien la ha reglamentado ha impuesto a ambos contratantes las condiciones y cláusulas en que deberá hacerse. Y entre ellas, en el art.4, Anexo II, establecía en la Resolución 25.429/1997 que “el asegurado participará en cada acontecimiento cubierto que se tramite por la vía administrativa o judicial con un importe obligatorio a su cargo de $40.000”.

Desaparecida la libertad de contratación y la de fijar las cláusulas del concierto de v oluntades, no puede aceptarse que mediante el arbitrio de una franquicia se desnaturalice totalmente la finalidad tuitiva de la víctima y se impida aún al asegurado y a la compañía de seguros, formalizar otro tipo de seguro distinto del establecido por un organismo que ha desorbitado sus discutidas facultades reglamentarias.

Ello autoriza sin más, dada la abierta contradicción con el principio de división de poderes, base del sistema republicano de gobierno que se ha adoptado en la Carta Magna, a declarar inconstitucional tal artículo de la reglamentación que regía al momento de ser suscripta la póliza de seguro -hoy derogada y reemplazada por el Anexo I, Cláusula 2, de la Resolución 38.218/2014 del mismo órgano de superintendencia-, y ello aún de oficio, dada la flagrante violación de la ley suprema que se advierte de modo patente (por lo que deviene irrelevante que en su presentación ante esta Alzada la actora no mantuviera expresamente el planteo de inconstitucionalidad que efectuara en el apartado II.B) de su escrito de fs. 68/71).

En este sentido, me permito destacar algunas de las conclusiones a las que se arribó en la Comisión de Contratos de las XXI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, organizadas por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, llevadas a cabo los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2007. Allí, el despacho abrumadoramente mayoritario dijo “(.) 3. Cuando existe una imposición legal de contratar un seguro de responsabilidad civil, la existencia de una franquicia, como la dispuesta por la Res. 25.429/97, desnaturaliza la esencia del contrato de seguro. 4. La franquicia cuando desnaturaliza la esencia del contrato de seguro resulta una cláusula nula o inoponible a los damnificados. (.) 6.La franquicia regulada por la Res. 25.429/97 es inconstitucional (.)”.

Reitero, por tanto, que la delegación que el poder legislativo haya hecho en favor de la Superintendencia de Seguros de la Nación en cuanto a la implementación de lo dispuesto legislativamente, jamás puede ir en contra de la propia ley, en cuanto a su espíritu y su teleología. Tal facultad, al haber sido empleada en contra de la ley, aparece como inconstitucional al violarse la jerarquía de las normas, afectar el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Carta Magna y los derechos de las víctimas consagrados en los Pactos Internacionales a través de la defensa de sus Derechos Humanos (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).

Inexistente en la mayoría de los casos, por obra de la reglamentación, la función de garantía que para las víctimas representa el instituto en análisis en orden a asegurarse la percepción de la indemnización, aquéllas terminan financiando la situación de crisis que diera origen a la norma que he tachado de inconstitucional, desconociéndose así no sólo los fines de solidaridad que en el derecho de daños tiene el pertinente aseguramiento sino, además, los tratados internacionales de rango constitucional.

Doble víctima: del accidente y de un contrato que no suscribió pero que le es opuesto y que la obliga a hacerse cargo de las pérdidas.

A su turno, la contratación de un seguro obligatorio al que, además, se le ha impuesto una franquicia, impide hacer referencia a que el transportador ha obrado conforme a la ley y en el ámbito de la autonomía de la voluntad. La ley precisamente le exige asegurarse de modo obligatorio y la reglamentación deja en la práctica sin efecto la norma a la que está subordinada. La causa fin del contrato no existe.

El contrato de transporte es un típico contrato donde el transportador asume un deber expreso de seguridad y autorizada doctrina extiende igual solución por aplicación del art.1113 del Código Civil a los supuestos de responsabilidad extracontractual en los que quedarían subsumidos los casos de víctimas no transportadas.

Respecto de la distribución de los costos y riesgos de la actividad, diré que si a los explotadores del transporte público se les puede exigir, sin duda, la participación convenida, las compañías aseguradoras considerarán de modo especial la calidad de su clientela y ésta atenderá con igual celo la selección y vigilancia de su personal. Todo ello resulta extraño a las víctimas, a quienes, de mantenerse la oponibilidad de la cláusula, se las obliga a cargar con los riesgos de una actividad que les es ajena. Las víctimas no podrían hacer valer con igual intensidad su pretensión resarcitoria de mantenerse una franquicia que las priva del derecho de cobrar de la aseguradora de su deudor, no obstante reconocérsele a éste la posibilidad de recuperar de su asegurado el importe que se viera precisado a abonar.

En virtud de todo lo delineado, y atendiendo al control de constitucionalidad que incumbe a todos los magistrados y que éstos pueden ejercer de oficio, propondré al Acuerdo confirmar este aspecto de la sentencia apelada y no sólo disponer la inoponibilidad a la parte actora de la franquicia denunciada por la aseguradora, y por tanto extender la condena a la citada en garantía en forma íntegra, sino, además, declarar la inconstitucionalidad del art. 4 del Anexo II de la Resolución 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación que rige el vínculo asegurativo de autos.

VII.- CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, de compartir mi voto, propongo al Acuerdo: 1) Modificar la sentencia apelada, elevando a $ 70.000 la suma destinada a enjugar la incapacidad sobreviniente de L. M. D.P.; 2) Disponer la aplicación de la tasa de interés activa conforme los lineamientos esbozados en el acápite V.; 3) Confirmar la declaración de inoponibilidad a la parte actora de la franquicia denunciada por la aseguradora, y por tanto extender la condena a Metropol Sociedad de Seguros Mutuos en forma íntegra, y, además, declarar la inconstitucionalidad del art. 4 del Anexo II de la Resolución 25.429/97; 4) Confirmar todo lo demás que la sentencia decide y fue motivo de agravio; 5) Imponer las costas de Alzada de igual forma que en primera instancia (art. 68 del C.P.C.C.N.).

El Dr. Parrilli dijo:

Adheriré al fundado voto del distinguido Vocal preopinante, formulando parcial disidencia respecto al alcance de la condena a la aseguradora, con el cual disiento.

En efecto, propiciaré la admisión de las quejas planteadas por los condenados, en punto a la decidida inoponibilidad de la franquicia pactada en el seguro (v. f. 367 vta. y 447/458).

En la especie quedó probada la cobertura en los términos que surgen del detalle de la póliza obrante a fs. 46/47, que se ajusta a lo dispuesto en el Anexo II, cláusula 4°, de la Resolución n° 25.429, dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, para el transporte público de pasajeros (cfr. ADLA LVII, pág. 6127), en cuanto a que “El Asegurado participará, en cada acontecimiento cubierto que se tramite por la vía administrativa o judicial, con un importe obligatorio a su cargo de pesos cuarenta mil ($40.000).”.

Y considero que el pronunciamiento de grado debe modificarse en este aspecto, pues si bien las sentencias de la Corte Federal sólo deciden en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas, ya que por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (art.100 -ahora 116- de la Constitución Nacional y art. 14 de la ley 48, Fallos 312: 2007; Sagües, Néstor Pedro, “Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en E.D. 93- 891).

En consecuencia, ante la doctrina sentada por nuestro máximo Tribunal en el sentido de que la franquicia prevista en el contrato de seguro es oponible al tercero damnificado, y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación (cfr. precedentes “Nieto” , “Villarreal” y “Cuello”, Fallos: 329:3054 y 3488; 331:379 y 330:3483 y 0.166.XLIII. “Obarrio, María Pía c/Microómnibus Norte S.A. y otros” y G.327.XLIII. “Gauna, Agustín y su acumulado c/La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro” , sentencias del 4 de marzo de 2008; in re, “Buffoni, Osvaldo Omar c/Castro, Ramiro Martín s/Daños y perjuicios” del 8-4-2014, entre muchos otros), he considerado pertinente abandonar aquella interpretación que venía siguiendo conforme a los lineamientos del plenario “Obarrio”, a fin de no persistir en una solución que la Corte Federal ha descalificado por irrazonable (cfr. CNCivil, Sala “E”, in re, “Blanco, Leoncia Valeriana c/El Puente S.A.T. y otros s/Daños y perjuicios” del 14/03/2013, publicado en La Ley Online AR/JUR/6187/2013. En el mismo sentido, se han pronunciado: sala “J” in re, “M. M. R. y otro c/Transporte Sesenta y Ocho S.R.L. y otros s/Daños y perjuicios” del 09/10/2014, publicado en La Ley Online, AR/JUR/57560/2014; Sala “I”, in re, “O. O. B. c/Transportes Nueve de Julio S.A.C. s/Daños y perjuicios” del 14/11/2013, publicado en La Ley on line, AR/JUR/82706/2013; Sala “G”, in re, “C., A. G. c/Línea Transp. Automot. P. S. V. S. A.y otros s/Daños y perjuicios” del 19/08/2014, publicado en La Ley Online, AR/JUR/44773/2014).

Coadyuva a esta decisión, la economía procesal que aconseja no hacer transitar a las partes por una vía recursiva extraordinaria que, al estar a la jurisprudencia antes referida, inexorablemente culminará declarando oponible a la actora la franquicia existente.

Por lo expuesto, voto por que se admita parcialmente la queja planteada, y se declare que la responsabilidad de la citada en garantía no podrá exceder los límites del seguro, resultando oponible a la actora la franquicia contenida en la póliza respectiva.

El Dr. Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Parrilli, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: OMAR DIAZ SOLIMINE – ROBERTO PARRILLI – CLAUDIO RAMOS FEIJOO.

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° 1459 a n° 1473 del Libro de Acuerdos de esta Sala “B” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 3 de julio de 2018.

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1) Elevar a $ 70.000 la suma fijada en concepto de incapacidad sobreviniente de L. M. D. P.; 2) Disponer la aplicación de la tasa de interés activa conforme los lineamientos esbozados en el acápite V.; 3) Declarar que la responsabilidad de la citada en garantía no podrá exceder los límites del seguro, resultando oponible a la parte actora la franquicia contenida en la póliza respectiva, 4) Confirmar todo lo demás que la sentencia decide y fue motivo de agravio; 5) Imponer las costas de Alzada de igual forma que en primera instancia (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia, se difiere la adecuación dispuesta por el art. 279 del Código Procesal respecto de las regulaciones practicadas a fs. 374 vta./375, así como la determinación de los honorarios correspondientes a la tarea desplegada en la Alzada, hasta tanto exista liquidación definitiva aprobada.

Regístrese, protocolícese y notifíquese.

Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.

TRIBUNAL

JUECES DE CÁMARA