Banco demanda cobro de pesos ante el incumplimiento por parte de la demandada del contrato de fianza general celebrado

Partes: Banco Credicoop Cooperativo Limitado c/ Carloni Raquel Mónica s/ cobro de pesos

Tribunal: Cámara de Apelación de Circuito de Rosario

Fecha: 28-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-112189-AR | MJJ112189 | MJJ112189

Procedencia de la demanda de cobro de pesos iniciada por el banco ante el incumplimiento por parte de la demandada del contrato de fianza general oportunamente celebrado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda por cobro de pesos iniciada por el banco reclamante, ya que los diversos cuestionamientos de la demandada tendientes a invalidar el Contrato de Fianza General puesto en crisis no revisten ningún sustento, y deben ser plenamente rechazados.

2.-La fianza general, global u ómnibus es empleada sobre todo en las operaciones bancarias (ej.: cuenta corriente bancaria), en las cuales se realizan negocios complejos que no siempre son garantizados mediante la hipoteca o la prenda.-

3.-La demandada recurrente ha dado sobradas razones para que la actora se viera en la necesidad de cumplimentar con la producción de la prueba pericial caligráfica por ella propuesta, no resultando en modo alguno atendible el planteo de la recurrente en orden a que no le resultan aplicables las costas generadas por dicha pericial, sustentado en que tal labor experticia fue inútil porque ella había manifestado desinterés en la misma y más tarde había reconocido la firma cuestionada.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, el día 28 de diciembre del año dos mil diecisiete, reuniéronse en Acuerdo los Jueces de la Cámara de Apelación de Circuito doctores Eduardo Jorge Pagnacco, Ricardo Juan Pedro Netri y René Juan Galfré para dictar sentencia en los caratulados “BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO C/CARLONI RAQUEL MÓNICA S/COBRO DE PESOS” Expte. N° CUIJ: 21-12279277-0 (Expte. Nº 430/14, CUIJ: 21-12279277-0 del Juzgado de Primera Instancia de Circuito 2a. Nominación de Rosario).-

Se resolvió someter a sorteo el estudio de la causa, resultando el siguiente orden: doctores René Juan Galfré, Ricardo Netri y Eduardo Jorge Pagnacco.

Hecho el estudio de la causa, se resuelve plantear las siguientes cuestiones:

1º) ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA ?

2º) EN SU CASO, ES JUSTA ?

3º) QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR ?

A la primera cuestión, el doctor Galfré dijo:

Mediante la Sentencia N° 70/17 (fs. 134/136), a cuya relación de la causa me remito por razones de brevedad, se resolvió lo siguiente: 1) Hacer lugar a la demanda instaurada y condenar en consecuencia a Raquel Mónica Carloni a abonar a la actora dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación de dicha sentencia, la suma reclamada en la demanda con más un interés equivalente a una vez y media la tasa activa sumada que percibe el Nuevo Banco de Santa Fe, por haber intereses punitorios pactados, los cuales son morigerados según facultad judicial. Dicho interés deberá calcularse desde la mora y hasta el efectivo pago; 2) Imponer las costas del proceso a la demandada (art. 251 C.P.C.C.).-

Contra dicho pronunciamiento se alza la demandada, interponiendo los recursos de apelación y conjunta nulidad (f. 138); los que fueron concedidos por el Juez A-quo a f. 139; y llegados los autos a esta instancia expresa agravios a fs. 151/155; los que fueron contestados por la actora a fs. 158/159.-

Encontrándose consentida la providencia que llamó los autos para dictar sentencia (f.165), quedan los presentes en estado de resolver.-

El recurso de nulidad deducido no ha sido sustentado en esta instancia, y tampoco resulta de lo actuado que se hayan violado u omitido las formalidades prescriptas con carácter sustancial por la ley de rito, cuyo quebrantamiento podría autorizar la declaración oficiosa de la nulidad, por lo que corresponde su desestimación.-

Por ello, voto por la negativa.-

A la misma cuestión, los doctores Netri y Pagnacco dijeron:

De acuerdo con lo expuesto por el Vocal preopinante, votamos en igual sentido.

A la segunda cuestión, el doctor Galfré dijo:

La apelante, en sus quejas, manifiesta que la agravia la sentencia impugnada, en cuanto el A quo omitió analizar y tratar el argumento principal esbozado por la demandada al momento de contestar la demanda, el cual consistió en la nulidad de la fianza sobre la cual la actora sustenta su reclamo.-

Aduce que la fianza que sirve de fundamento a la demanda del Banco actor, resulta nula por ser violatoria tanto del art. 1989 del antiguo Código Civil, como del art. 1578 del nuevo Código Civil y Comercial.-

Sostiene que la fianza obrante a f. 18 de autos ha sido otorgada para garantizar todas las obligaciones de la firma Heiss Medical S.R.L. con respecto al Banco actor, con dos particularidades:1) Incluye las obligaciones futuras que pudiere contraer el afianzado con el Banco, o que se habiliten en el futuro, que ese Banco haya efectuado, efectúe o efectuare en lo sucesivo con Heiss Medical S.R.L.; 2) Fue extendida sin límite de monto.-

Refiere que la fianza en cuestión, llamada por la doctrina “fianza abierta” o “fianza ómnibus”, es tildada de nula por la doctrina y jurisprudencia nacional, puesto que al encontrarse indeterminado su objeto, contradice la letra del artículo 1989 del anterior Código Civil, además de colocar al fiador en un estado total de incertidumbre respecto a las obligaciones afianzadas, por lo que -entiende la recurrente- al garantizar obligaciones futuras sin límite de monto, el fiador asume un riesgo desmesurado.-

Acota que la fianza ejecutada en autos no individualiza los negocios jurídicos afianzados.-

Cita doctrina que -en su opinión- avala su postura.-

Sostiene que, para el caso de autos, deviene de aplicación el artículo 1578 del Código Civil y Comercial, que dispone que en todos los casos debe precisarse el monto máximo al cual se obliga el fiador; por lo que -argumenta la quejosa- la fianza reclamada en autos es nula por carecer de monto máximo afianzado.-

Afirma que el Juez de Baja Instancia no se pronunció sobre la validez o invalidez de la fianza ejecutada por el Banco actor.-

Por otra parte, también trae como planteo en esta apelación, que el contrato de fianza concertado con el Banco, es de consumo, y le resultan aplicables las normas previstas por la Ley 24.240, en orden al principio “in dubio pro consumidor”.-

Más adelante, trae como agravio que, la prueba Pericial Caligráfica fue inútilmente producida en autos, postulando que los gastos y honorarios de la Perito Calígrafa Raquel Susana Ortíz debieron ser impuestos al Banco actor, y no a la accionada; dando como razones para tal planteo, que cuando el actor ofreció la Prueba Pericial Caligráfica para determinar si la firma inserta en el contrato de fianza pertenecía a la accionada (f.69), ésta manifestó -a f. 71- su desinterés respecto a dicha Prueba Pericial, en los términos del artículo 198 C.P.C.C., y que, cuando la recurrente recibió la cédula citándosela para la audiencia de formación de cuerpo de escritura fijada para el 12/10/2016 (f. 88), la misma reconoció por escrito (f. 89) que la firma inserta en la fianza en cuestión era de su puño y letra, tornando innecesaria la producción de la prueba pericial caligráfica. En tanto que, arguye que el Banco actor, antes de la designación del perito calígrafo, debió citar a la demandada a reconocer la documental, tal como lo prescribe el art. 179 C.P.C.C., pero no lo hizo; y, afirma, que si el actor hubiera citado a la accionada a reconocer la firma inserta en la fianza, ésta la hubiera reconocido, tornando innecesaria la producción de la prueba pericial caligráfica.-

Se agravia también, respecto de los intereses aplicados en la sentencia recurrida, respecto a que el A quo aplicó al capital un interés equivalente a una vez y media la tasa activa sumada del Nuevo Banco de Santa Fe S.A., resultando éste desproporcionado y abusivo; y peticiona que se morigere dicha tasa de interés, a la tasa pasiva sumada del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.-

Finalmente, peticiona “se deje sin efecto la sentencia impugnada”.-

A fs.158/159, la actora contesta los agravios vertidos por la demandada, solicitando se confirme la sentencia recurrida por constituir una justa composición de la litis, con costas.-

Entrando al análisis del planteo recursivo, se pasa a considerar el primer aspecto de los agravios, referido a la validez o no de la fianza sobre la cual la actora sustenta su demanda.-

A modo de indicación previa, cabe adelantar a la recurrente, que el encuadre legal a que se someterá el presente diferendo, se encaminará dentro de las disposiciones del Código Civil Velezano (Ley 340), y no en las disposiciones de la Ley 26994 (Código Civil y Comercial de la Nación) como lo postula la recurrente; ello en razón de que el contrato de fianza suscripto por la demandada Raquel Mónica Carloni -que marcha agregado a fs. 18/18 vta.-, data de fecha 25 de Febrero de 2011, es decir, durante la plena vigencia del Código Civil anterior, y, por consiguiente no le pueden ser aplicadas con efecto retroactivo las disposiciones del actual Código Civil y Comercial de la Nación (conforme art. 3 del Código de Vélez, el cual está en concordancia con el art. 7 del actual Código de fondo).-

Determinada así la normativa de fondo devenida en rigor legis del caso, pasaré a abocarme al contrato de Fianza puesto en crisis.-

Al respecto, el artículo 1988 del Código Civil, dispone que: “La fianza puede preceder a la obligación principal, y ser dada para seguridad de una obligación futura, sin que sea necesario que su importe se limite a una suma fija. Puede referirse al importe de las obligaciones que contrajere el deudor”.-

En concordancia con el texto precedente, el artículo 1989 del mismo Código, reza: “La fianza de una obligación futura debe tener un objeto determinado, aunque el crédito futuro sea incierto y su cifra indeterminada”.-

En orden a ello, cualquier obligación puede ser afianzada mediante la fianza general.Puede ser una obligación actual o futura, incluso obligaciones indeterminadas, tampoco existen inconvenientes en que se trate de una obligación o de varias; pueden ser conexas o no, siempre que estén previstas.-

Tal como refiere Fargosi: “.En la ‘fianza general’ los garantes se obligan frente al acreedor en forma amplia y general, no por obligaciones específicas, siendo llamados estos contratos, fianzas generales u ómnibus; son aquéllas prestadas para una o más categorías de créditos ya nacidos o que podrán surgir a favor del acreedor, a resultas de negocios jurídicos determinados o determinables que éste celebrará con uno o más terceros, también determinados o determinables, siendo muy importante aclarar que no pertenece al concepto de fianza general la referida a créditos derivados de contratos creadores de obligaciones de nacimiento sucesivo o escalonado.” (FARGOSI, Alejandro E., “Fianza general de obligaciones futuras e indeterminadas”, L.L l984-C, pág. 1181).-

La fianza general, global u ómnibus es empleada sobre todo en las operaciones bancarias (ej.: cuenta corriente bancaria), en las cuales se realizan negocios complejos que no siempre son garantizados mediante la hipoteca o la prenda.-

La finalidad u objeto de la fianza es la garantía de cumplimiento de una prestación. El fiador se obliga a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento del deudor principal. Esta prestación puede ser dineraria o de entrega de una cosa cierta, una obligación de no hacer, o de hacer sólo por el deudor. En estos tres últimos supuestos, la fianza se transforma en la obligación por los daños que resulten de la inejecución de dicha obligación. El hecho de que se trate de una fianza general, no modifica esta posibilidad.-

La jurisprudencia tiene dicho, al respecto del objeto de la fianza, que:”.El artículo 1988 del Código Civil, al prescribir que la fianza puede referirse al importe de las obligaciones que contrajera el deudor en el futuro, autoriza a que la fianza sea otorgada con respecto de todas las obligaciones que el afianzado contraiga con determinada persona, no siendo ello violatorio de la regla del artículo 1989 del mismo Código, pues tal universalidad satisface la determinación del objeto requerido por dicha norma, el cual precisamente está constituído por todas las obligaciones que asume el afianzado con respecto al acreedor” (Cam. Nac. en lo Comercial, Sala A, “Banco Felgin S.A. c. Aranovich, 15-05-1997, L.L., 1998-C, pág. 621).-

La nulidad o validez de cada obligación futura determinará la posible eficacia de la fianza, no ya de manera general sino respecto de dicha obligación.-

La fianza general será nula si el instrumento que se afianza de manera general (vgr.: cuenta corriente bancaria, un contrato de concesión, etc.) es nulo; pues no sería válida ninguna obligación derivada de ese contrato nulo; ergo, la fianza también carecería de valor. Pero si la fianza incluye dos relaciones contractuales (vgr.: concesión y locación) y sólo una de ellas fuera nula, la fianza sería válida respecto de la obligación válida.-

En cuanto al monto de la fianza -tomando en cuenta la advertencia inicial en cuanto a que serán de aplicación las normas del Código Civil anterior-, dicho cuerpo normativo no disponía la exigencia de que en la fianza general se deba precisar el monto máximo por el cual se obligó la fiadora -como lo prevé el actual Código Civil y Comercial (art. 1578)-, sino que tan sólo limitaba como monto máximo de la fianza, el de la obligación del deudor principal (art.1995), con más sus intereses (art. 1997).-

Remitido al contrato de Fianza General (fs. 18/18 vta.), sustento de la demanda instaurada en autos, el mismo, en su Cláusula 1, deja acordado lo siguiente:”Por la presente (de tratarse de varios fiadores, este texto debe leerse en plural) Carloni Raquel Mónica – Vergara Gustavo Alfredo declaro constituirme en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, de manera incondicional, colocándome en las mismas condiciones que los obligados, y sin límite de monto, por la totalidad de las deudas y compromisos emergentes de las operaciones en moneda nacional y/o extranjera y/o Títulos Valores Públicos Nacionales y/o Provinciales y/o Títulos de Deuda Privada, emitidos en moneda nacional o extranjera, en cualquiera de las líneas de crédito, pasadas, presentes, o que se habiliten en el futuro, que ese Banco -léase Banco Credicoop Cooperativo Limitado- haya efectuado, efectúe o efectuare en lo sucesivo con Heiss Medical S.R.L., con más sus intereses y demás accesorios legales. Quedan comprendidas en la presente fianza las operatorias de Títulos Valores Públicos Nacional y/o Provinciales, Títulos de Deuda Privados, préstamos directos, cuenta corriente bancaria, comercio exterior, aperturas de créditos, y cualquier otra línea de crédito pasada, presente, o que se habilite en el futuro, siendo la enumeración anterior simplemente ejemplificativa”.-

Confrontada la normativa precedentemente transcripta, con el texto de la Cláusula contractual aludida, emerge del referido acuerdo entre la fiadora Raquel Mónica Carloni y el afianzado Banco Credicoop Cooperativo Limitado, que la Fianza General suscripta, cumplimenta los siguientes requerimientos legales: a) Fue pactada como “Fianza General”; b) Tiene claramente dispuesto el objeto de la misma, el cual consiste en todas las obligaciones presentes y futuras, que la deudora Heiss Medical S.R.L. contraiga con el Banco acreedor; por lo cual, están individualizados los negocios jurídicos y las operatorias afianzadas; c) Se acordó que dicha fianza es “sin límite de monto”, razón por la cual, no estando pactado un monto menor a las obligaciones de la deudora, debe entenderse que “se obligó por otro tanto de la obligación principal” (conf.artículo1995, último párrafo del Código Civil); d) No se ha acreditado en autos, que las obligaciones afianzadas deriven de algún contrato nulo, y, por consiguiente, la fianza general subsiste.-

Por todo ello, los diversos cuestionamientos de la demandada recurrente tendientes a invalidar el Contrato de Fianza General puesto en crisis, no revisten ningún sustento, y deben ser plenamente rechazados.-

Ergo, el contrato de Fianza General obrante a fs. 18/18 vta. de autos, deviene totalmente válido y susceptible de ejecución.-

Pasando a tratar el agravio referente a que dicho contrato de fianza, es de consumo, y le resultan aplicables las normas de la Ley 24.240, debo señalar a la recurrente, que tal planteo no fue formulado en la Baja Instancia, y recién se lo ingresa a esta causa, en ocasión de expresar los agravios.-

En dicho sentido, relevante doctrina tiene expresado: “.Toda cuestión esgrimida en la Alzada debe prevalerse de su introducción en primera instancia en tiempo procesal útil. Es decir, debe tratarse, en principio, de cuestiones emergentes de los escritos introductorios del proceso. Las ventiladas en cualquiera otra oportunidad no adecuada para obtener el pronunciamiento del a quo (por ejemplo, en el momento de alegar) exceden la competencia funcional impuesta por la ley al tribunal de apelación, el cual no puede atender a los agravios que pretenden reeditarlas. Idéntica conclusión a la anterior se impone aun en el supuesto de que mediara acuerdo de partes para el replanteo de una cuestión ajena a la primera instancia, puesto que la competencia de la Alzada es de orden público, depende de la voluntad de la ley no de los litigantes.”. (GARCÍA SOLÁ, Marcela, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe -Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Peyrano, Jorge W. y Vázquez Ferreyra, Roberto A., director y coordinador respectivamente, Edit. Juris, Rosario, 1996, T. 1, pág.736).-

Tomando en cuenta que la competencia del Tribunal de Alzada es de revisión y no de creación, y, como ya se expresara precedentemente, según lo normado por el art. 246 del C.P.C.C., una defensa no invocada en sede inferior no puede ser introducida en la Alzada, estableciéndose en dicha norma de rito, algunas excepciones a dicho principio, entre las cuales no puede subsumirse la causal invocada por la recurrente.-

Por tanto, este planteo no será tratado en este Acuerdo.-

Entrando a considerar el agravio en torno a la producción de la Prueba Pericial Caligráfica, resulta francamente sorprendente la conducta desplegada por la demandada recurrente, en torno a su pretensión de eludir el pago de las costas que generó la necesidad de la actora, de llegar a tener que recurrir a la prueba Pericial Caligráfica para lograr acreditar la legitimación pasiva de la accionada Raquel Mónica Carloni en esta causa, en su condición de suscribiente del Contrato de Fianza General que marcha agregado a fs. 18/18 vta.-

Sistemáticamente, la accionada ha negado la firma impresa en el referido contrato de garantía, que se le imputaba.-

Así se tiene que, tal como lo señala el A quo a f. 135 vta. 1er apartado -lo cual no se encuentra controvertido por la recurrente en sus agravios-, la accionada en ocasión de cumplimentarse la medida judicial preparatoria, “negó la firma” que se le atribuía la cual está impresa en el contrato de Fianza General ya aludido.-

En oportunidad de cumplimentarse con el procedimiento de Mediación Previa Obligatoria, la demandada Carloni no concurrió a la misma -vide f. 24 infra-, con lo cual, cabe entender, mantuvo su posición de negativa a reconocerse como suscriptora del contrato de Fianza General puesto en crisis.-

Posteriormente, en ocasión de contestar la demanda, a f. 64 vta., 3er.apartado, expresamente manifestó: “.Niego que mi mandante se haya constituído en fiadora, lisa, llana y principal pagadora, de manera incondicional respecto de Heiss Medical S.R.L.”, lo cual no es otra cosa que negar la firma que se le atribuyó como fiadora.-

Abierto el período de probanzas, la actora, ofreció (f. 69) Prueba Pericial Caligráfica, a los fines de verificar “.si las firmas insertas en la documentación detallada son del demandado.”.-

Es aquí donde la accionada (f. 71) planteó su desinterés respecto de dicha prueba ofrecida por la actora. Pero, al respecto, deviene relevante transcribir el texto de su presentación comunicando tal circunstancia. Así expresó: “.I.- Manifiesta desinterés (art. 198 C.P.C.C.). En los términos del art. 198 C.P.C.C., vengo en legal tiempo y forma a manifestar desinterés respecto de la prueba pericial caligráfica.ofrecida por la actora a fs. 69 de autos.”.-

Con lo cual tal desinterés carece de relevancia, habida cuenta que al mismo le debió preceder “el reconocimiento de la firma sistemáticamente negada”. Pero nada de ello cumplimentó la accionada, por lo que su negativa quedó subsistente, y la producción de la Pericial Caligráfica mantenía su ejecutividad.-

En tal cronología, en fecha 27/06/2016 (f. 76 supra) fue sorteada la Perito Calígrafa Raquel Susana Ortíz; la cual fue designada por el A quo mediante resolución de fecha 28/06/2016 (f. 76 infra); en tanto que en fecha 29/07/2016 la experta aceptó el cargo (f. 77); el día 29/07/2016 inició su labor, peticionando la determinación de los puntos de pericia y la entrega de la documental pertinente de la causa (f. 78); en fecha 08/09/2016 fijó la fecha del 12/10/2016 (f. 80) para la realización de la audiencia de cuerpo de escritura, lo cual así le fue ordenado por al Magistrado Inferior a f. 80 vta. supra.; notificada fue la demandada mediante cédula en fecha 20/09/2016 -conforme ésta lo expresa a f.89-.-

Es recién, en fecha 03/10/2016, mediante un escrito obrante a f.89, que la accionada Carloni comunica que no va a comparecer a la audiencia fijada para la realización de cuerpo de escritura, y -como al pasar- expresó al final de su presentación: “.En tal sentido, mi mandante reconoce como suya la firma inserta en la fianza reclamada en autos.”.-

Resulta indudable que cuando la accionada efectuó su reconocimiento expreso de la firma en controversia, ya se encontraba en pleno proceso la labor de la Perito Calígrafa que se vio plenamente cumplimentada con el Informe que marcha agregado a fs. 104/114, con la conclusión siguiente: “.Las firmas cuestionadas que suscriben la fianza litigiosa pertenecen a la Sra. Raquel Carloni por lo que las mismas SON AUTÉNTICAS.”.-

Frente a la reiteración de la negativa de la demandada a reconocer la firma, hubiere sido irrazonable constreñir a la actora a tener que convocar a la demandada a una nueva audiencia de reconocimiento de firma, y recién después de ello, ordenar la producción de la Pericial Caligráfica.-

La reticencia, la mala fe, y la falta de colaboración procesal, no pueden tener otra definición que la de su sanción jurisdiccional.-

Por todo ello, la demandada recurrente, ha dado sobradas razones para que la actora se viera en la necesidad de cumplimentar con la producción de la prueba Pericial Caligráfica por ella propuesta, no resultando en modo alguno atendible el planteo de la recurrente en orden a que no le resultan aplicables las costas generadas por dicha Pericial, sustentado en que tal labor experticia fue inútil porque ella había manifestado desinterés en la misma y más tarde había reconocido la firma cuestionada.-

La actuación de la demandada, en este aspecto, en modo alguno puede ser enmarcada dentro de lo dispuesto por el artículo 198 C.P.C.C., el cual requiere que la controversia a dirimir por medio de la Pericial, debe ser zanjada antes de que se comiencen dichas labores técnicas, y no -como enel caso de autos- cuando la Perito ya se encontraba actuando. En tal sentido, dicho precepto ritual no deja dudas, disponiendo que: “Si alguna de las partes manifestara no tener interés en la peritación, ésta se hará a cargo de quien la hubiere solicitado, excepto cuando la primera resultare condenada en las costas del juicio, y la diligencia hubiere sido necesaria para la solución del pleito; circunstancia, esta última, que el juez consignará en la sentencia” (el resaltado en negrita me pertenece).-

De tal modo, resulta ajustado que las costas generadas por la Pericial Caligráfica, le sean impuestas en su totalidad a la demandada Raquel Mónica Carloni.-

Finalmente, respecto al agravio concerniente a la tasa de interés dispuesta por la sentencia recurrida, cabe señalar, que es criterio unánime de esta Cámara de Circuito que las sumas adeudadas devenguen un interés equivalente a la tasa activa promedio mensual sumada que cobra el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. para operaciones de descuento de documentos a treinta días.-

Ello es así porque la única manera de alentar el cumplimiento tempestivo de las obligaciones es establecer una tasa moratoria equivalente o mayor a la que debería soportar el deudor recurriendo al circuito financiero para procurarse de los fondos que le permitirían honrar la palabra empeñada.-

En segundo término, porque puede darse el caso de que ante el incumplimiento del deudor, sea el propio acreedor quien se vea constreñido a concurrir a la plaza financiera para obtener los recursos necesarios para atender sus propios compromisos.-

Por último, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallo “Banco Sudameris c/Belcam S.A.” 17/5/94) decidió que la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Código Civil queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los Jueces de la causa.-

En el caso de autos, habiendo además intereses punitorios pactados -vide f.17-, la aplicación de un Cincuenta por ciento (50%) más -por tal concepto- sobre la tasa fijada para los intereses compensatorios, no excede el márgen de flexibilidad admitido por el aludido artículo 622, último párrafo, del Código Civil.-

Por tanto, la tasa de interés dispuesta por la sentencia recurrida, luce adecuada y debe ser confirmada.-

Por todo ello, los agravios de la recurrente, son rechazados.-

Encuadrada en estos términos la sentencia recurrida reune los requerimientos pautados por el art. 95 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, la que al tener motivación suficiente, resulta satisfactoria.-

Ergo, considero que el recurso de apelación interpuesto por la codemandada Raquel Mónica Carloni, debe ser rechazado, confirmándose la Sentencia N° 70/17 (fs. 134/136), con costas a cargo de la recurrente vencida (art. 251 C.P.C.C.).-

Por ello, voto por la afirmativa.-

A la misma cuestión, los doctores Netri y Pagnacco dijeron:

De acuerdo a los principios y fundamentos a los que arriba el Vocal preopinante, votamos en igual sentido.

A la tercera cuestión, el doctor Galfré dijo:

Atento el resultado obtenido al votar las cuestiones precedentes, corresponde: I) Rechazar la apelación de la codemandada Raquel Mónica Carloni, y, en consecuencia, confirmar la Sentencia N° 70/17 (fs. 134/136); II) Imponer las costas de Alzada a cargo de la recurrrente perdidosa (art. 251 C.P.C.C.); III) Propongo que los honorarios de la Alzada de los doctores Damián A. Moriconi y Adriana Girardi de Brown Arnold, se fijen en el cincuenta por ciento del honorario que en definitiva les corresponda a los profesionales de cada parte por su labor desplegada en lo principal en sede inferior con noticia de la Caja Forense; V) Conforme lo dispuesto por el art. 9 de la ley 7055 (contrario sensu) y tal como lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe (autos: “López, Eduardo J. s/ Infracción arts. 12 y 88 del Código de Faltas”, 10-04-2003, A. y S. 188, págs.123/127; “Capella, Hugo H. s/ Auto de Procesamiento”, 26-12-2003, A. y S., 194, págs. 229/234) y subraya la doctrina más prestigiosa, el eventual recurso de inconstitucionalidad que pudiera interponerse contra la presente sentencia condenatoria no tiene efecto suspensivo (Martínez, Hernán, “El Recurso de Inconstitucionalidad en la Provincia de Santa Fe. Ley 7055. Actualización”, Tomo II, pág. 83; Sagües, Néstor y Serra, María M., “Derecho Procesal Constitucional de la Provincia de Santa Fe”, pág. 551; Chiappini, Julio, “El Recurso de Inconstitucionalidad. Ley 7055”, pág. 85; ídem, “El efecto no suspensivo en el recurso de inconstitucionalidad”, en Zeus 65, D-109), corresponde disponer que notificada que fuere la presente sentencia, bajen los autos al Inferior a fin de posibilitar su ejecución. Ello así, por cuanto en caso de que se interpusiese recurso de inconstitucionalidad, el escrito de interposición deberá ser autosuficiente, bastarse a sí mismo (art. 3° de la Ley 7055), en orden a demostrar la concurrencia de los recaudos de admisibilidad del recurso, comprender los hechos de la causa y la cuestión constitucional planteada (esto es, los tres niveles del juicio de admisibilidad), sin necesidad de acudir a los autos principales.-

Así voto.-

A la misma cuestión, los doctores Netri y Pagnacco dijeron:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el que propicia el doctor Galfré.

Por todo ello, la Cámara de Apelación de Circuito, RESUELVE: I) Rechazar la apelación de la codemandada Raquel Mónica Carloni, y, en consecuencia, confirmar la Sentencia N° 70/17 (fs. 134/136); II) Imponer las costas de Alzada a cargo de la recurrrente perdidosa (art. 251 C.P.C.C.); III) Fijar los honorarios de la Alzada de los doctores Damián A. Moriconi y Adriana Girardi de Brown Arnold, en el cincuenta por ciento del honorario que en definitiva les corresponda a los profesionales de cada parte por su labor desplegada en lo principal en sede inferior con noticia de la Caja Forense; IV) Insértese, notifíquese a las partes y bajen de inmediato a los fines expuestos en el último párrafo de la parte considerativa. (AUTOS: “BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO C/CARLONI RAQUEL MÓNICA S/COBRO DE PESOS” Expte. N° CUIJ: 21-12279277-0).-

GALFRÉ

NETRI

PAGNACCO

MUNINI