Causa Riachuelo: la Corte Suprema

Autor: Raimundo, Marcelo

Fecha: 24-ago-2018

Cita: MJ-DOC-13666-AR | MJD13666

Sumario:

I. Introducción. II. Resolución del 15/2/2018. CSJN. III. Resolución del 12/4/2018. CSJN. IV. Resolución del 7/6/2018. CSJN. V. Conclusiones.

Doctrina:

Por Marcelo Raimundo (*)

I. INTRODUCCIÓN

Es un hecho consumado que la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo lleva acumulada más de un bicentenario, puesto ella comenzó con anterioridad a nuestro primer gobierno patrio del año 1810, ingresando por primera vez a los estrados de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines del siglo XIX, a través de la resolución del célebre caso «Saladeristas» (1) mientras que, a comienzos de este siglo, reingresa a nuestro máximo tribunal a través de la causa «Mendoza, Beatriz c. Estado Nacional y otros s/ Daños y perjuicios (derivados de la contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo)».

A modo de presentación contextual, el caso «Mendoza» por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, se origina a partir de la demanda promovida por diecisiete vecinos habitantes de la zona en la que se halla la cuenca aludida contra el Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuarenta y cuatro empresas e inaugurándose con la resolución interlocutoria emanada de la Corte Suprema que data del 20 de junio del año 2006 (2), mediante la cual se decide en grado originario la competencia del tribunal respecto de las pretensiones que tuvieran por objeto la prevención, recomposición y reparación del daño ambiental colectivo acaecido en el ámbito de la cuenca contaminada, declarando así el derecho y estableciendo requerimientos concretos a las demandadas en la causa, a saber:un primer requerimiento orientado a la presentación de un plan de saneamiento ambiental de la cuenca objeto de litigio dirigido al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y un segundo requerimiento de información ambiental direccionado a las 44 empresas accionadas.

Luego de esta resolución inicial, se celebraron audiencias públicas y se dictaron un puñado de resoluciones durante los dos primeros años del conflicto, hasta que la Corte dictó sentencia definitiva en fecha 8 de julio de 2008 (3) respecto de las pretensiones que tuvieron por objeto la recomposición y prevención del daño colectivo al ambiente existente en la cuenca Matanza Riachuelo, condenando concurrentemente a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y a las tres jurisdicciones estatales precedentemente mencionadas a cumplir con un programa de objetivos, resultados y mandatos de ejecución obligatoria precisados en la decisión, aunque en ella se dejó pendiente la etapa de reparación (del daño colectivo) que aún continúa en sede de la propia Corte, además de no resolverse la situación de las empresas coaccionadas.

Actualmente, el conflicto colectivo por la contaminación del Riachuelo se halla en etapa de ejecución, y con relación a esta etapa, debemos exponer que la ejecución en un litigio estructural de tipo colectivo «… incluye el diseño concreto de las medidas a adoptar, el cronograma de cumplimiento y su seguimiento; que este tipo de litigios, en lugar de establecer un régimen de reglas rígidas dictadas en forma verticalista, acentúan la negociación progresiva de las partes mediante reglas de funcionamiento que son revisadas en forma constante, lo que hace que se detecte un cambio hacia una versión experimentalista de esa clase de litigio.Señala que el problema central reside en la falta de solución preconcebida para el conflicto; es decir, se sale del paradigma orden y control de cumplimiento y se ingresa a la búsqueda de normas más flexibles y provisionales con procedimientos que permitan la continua participación de las partes; se expresan las metas que se espera que los sujetos involucrados en el conflicto puedan alcanzar sin controlar la actividad de cada una de ellas para arribar a ese destino; y además se fijan estándares y procedimientos para medir el cumplimiento. Todo está sujeto a una continua revisión, ya que el remedio institucionaliza un proceso de debate, aprendizaje y reconstrucción continua» (4).

En el marco de la causa, si bien existieron un cúmulo de contingencias durante la fase de ejecución de la sentencia estructural que obstaculizaron su efectiva implementación, en el corriente año en el que se cumple una década de la sentencia definitiva precedentemente reseñada, el Tribunal cimero se enfocó en el frente pasivo de la relación procesal, pronunciando al efecto tres resoluciones y convocando a una audiencia pública, demostrando un auspicioso activismo ante la falta de avances concretos.

En esta dirección, ensayamos el presente trabajo, mediante el cual nos limitaremos a realizar el recorrido de los principales tópicos contenidos en los tres pronunciamientos dictados por nuestra Corte en el curso del corriente año, que básicamente fueron los que motivaron al Supremo Tribunal a reactivar de oficio la supervisión de la ejecución de la sentencia de mérito, mediante los cuales, seguidamente veremos, ordena, en primer lugar, medidas tendientes a la ejecución de la sentencia estructural en orden al efectivo cumplimiento del plan de saneamiento allí establecido, y, en segundo término, fija las pautas directrices hacia la decisión definitiva en relación con la reparación del daño ambiental colectivo causado en el pasado, cuya tramitación continúa en su propia sede por disposición de la aludida decisión final.

II. RESOLUCIÓN DEL 15/2/2018.CSJN

De una serie de tres resoluciones interlocutorias dictadas por la Corte Suprema de la Nación en el primer semestre del corriente año en que se cumple una década de la sentencia estructural de condena de fecha 8/7/2008 (5), nuestro Máximo Tribunal emitió el primer pronunciamiento el 15 de febrero del corriente impulsando de oficio la convocatoria a una Audiencia Pública al advertir insuficiencias de contenido de los informes proporcionados por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo -ACUMAR-, con el objetivo de difundir públicamente los resultados concretos de la gestión de cumplimiento de la sentencia recaída en autos.

Ante las carencias de la información presentada por ACUMAR, advertidas por el órgano supremo mediante la resolución del 9 de noviembre de 2017 (6), se dispuso la adecuación de dicha información a la siguiente clasificación: «I. Adopción de un sistema de medición; II. Información pública; III. Contaminación de origen industrial; IV. Saneamiento de basurales; V. Limpieza de márgenes de ríos; VI. Expansión de la red de agua potable; VII. Desagües pluviales; VIII. Saneamiento cloacal; IX. Plan Sanitario de emergencia.

Así, la «convocatoria a la audiencia» referida contó con la participación de parte de los sujetos procesales que integraron el elenco de protagonistas enunciados en la parte dispositiva del decisorio final. En efecto, comparecieron: a. Los más altos funcionarios responsables de la ACUMAR, del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes señalarían el grado con que han sido alcanzados al 31 de diciembre de 2017 cada uno de los objetivos y resultados que integran el programa de ejecución obligatoria impuestos en la sentencia condenatoria del 8/7/2008, para prevenir y recomponer el daño al medio ambiente; b. la Auditoría General de la Nación, que debía mencionar las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado y las observaciones que ha realizado hasta el momento; y c.el Cuerpo Colegiado, que estaría representado por una de las organizaciones que lo conforman, a fin de expresar la opinión fundada sobre aspectos que podrían modificarse o implementarse para un mejor y más rápido cumplimiento de las metas fijadas.

Asimismo, en la presente resolución se promovió la invitación a la audiencia convocada a la parte actora y a los magistrados titulares del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 12 y del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, encargados de la ejecución del Decisorio Definitivo.

En el marco descripto, la audiencia pública designada en la resolución en comentario se celebró en fecha 14/3/2018 con carácter informativo, cuya finalidad fue la de tomar «conocimiento inmediato e integral» sobre el grado de avance en el cumplimiento de los mandatos impuestos en la sentencia condenatoria, a través de los «informes orales que debían efectuar ante los estrados del Tribunal» las codemandadas condenadas precitadas, la Auditoría General de la Nación y los representantes del cuerpo colegiado.

III. RESOLUCIÓN DEL 12/4/2018.CSJN

Continuando con la serie de pronunciamientos emanados de nuestro órgano judicial supremo, en orden al seguimiento de la ejecución de la sentencia definitiva de la causa, celebrada la audiencia pública del 14 de marzo, la Corte dicta la segunda resolución interlocutoria del año en fecha 12 de abril, en virtud de la cual evaluó el cumplimiento de la sentencia definitiva en lo concerniente a la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) por parte de las condenadas responsables en su cumplimiento (ACUMAR, Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Rescatamos un extracto de la audiencia celebrada el 14 de marzo pasado en sede de la Corte Suprema de la Nación, en la cual en representación de una de las partes convocadas, compareció la presidenta de Acumar, Dorina Bonetti, y en su exposición manifestó que «resultaba imposible establecer una fecha precisa para el cumplimiento total de la sentencia, porque depende del avance de las grandes obras que se hacen a nivel del Estado nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, reconociendo, a su vez, que existen procesos administrativos para mejorar» (7).

En este segundo pronunciamiento, el Tribunal Supremo comenzó por recapitular los «objetivos y mandas del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)» (8), establecidos en la sentencia estructural. Recordemos que las metas eran tres, a saber: 1. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, 2. recomponer el ambie nte de la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y 3. Prevenir los daños al ambiente con suficiente y razonable grado de predicción (9).

Y para el cumplimiento de este triple objetivo, se estableció un programa que cuenta con ocho mandatos, los cuales son los siguientes: 1. Información pública; 2. Cesación de la contaminación de origen industrial; 3. Saneamiento de basurales; 4. Limpieza de las márgenes del rio; 5. Expansión de la red de agua potable; 6. Desagües pluviales; 7. Saneamiento cloacal; y 8.Plan sanitario de emergencia.

Seguidamente, el Tribunal se encarga de diagnosticar «un bajo nivel de cumplimiento de la sentencia que ordenó ejecutar el PISA a diez años de esta decisión, según se pudo constatar en la referida audiencia».

A continuación, se detiene en advertir las deficiencias estructurales que persisten desde la primera audiencia realizada ante el Tribunal en el marco de la presente causa y que constituyen evidentes impedimentos básicos para cumplir con el PISA. Son dos las deficiencias estructurales que puntualiza la Corte: «la primera se refiere al funcionamiento estructural de ACUMAR y la segunda al sistema de medición de cumplimiento de la sentencia».

En cuanto a la primera deficiencia, referida al «funcionamiento estructural de la Autoridad de Cuenca», señala «una marcada debilidad institucional de la ACUMAR que se traduce en un desempeño de escaso rendimiento. Al respecto, es un dato significativo la sub ejecución presupuestaria cercana al 41% en el año 2016, referida por la Auditoria General de la Nación (AGN) en el informe presentado a propósito de la audiencia pública».

A su vez, refiere a la falta de continuidad en la ejecución de los proyectos, la inestabilidad de los cargos directivos, la falta de manuales con la normativa que debe seguirse en las tareas de planificación, control y evaluación, alto porcentaje de partidas presupuestarias no identificadas con las actividades de la cuenca.

Y la segunda deficiencia se vincula al «sistema de medición del nivel de cumplimiento de la sentencia», el que aparece como insuficiente. Sostuvo lo siguiente: «Los indicadores implementados recientemente por la ACUMAR, -más allá de que son de resultados, conforme se ordenara-, carecen del desarrollo de una métrica de ponderación de esos resultados a los efectos de determinar el nivel de cumplimiento del fallo. Asimismo, se constata que dichos indicadores a veces remiten a datos desactualizados o carecen de la posibilidad de ajustarse a la dinámica de su evolución».

Asimismo, continúa remarcando el escaso avance en el cumplimiento del plan, muy lejano al de su pleno cumplimiento, manifestando al efecto lo siguiente:«Que en relación a cada una de las mandas los informes presentados en la causa y las exposiciones realizadas en la audiencia pública por ACUMAR, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Cuerpo Colegiado permiten observar un estado de avance en la ejecución del PISA muy lejano al de su pleno cumplimiento» (10).

En los considerandos subsiguientes, se reseña sobre los informes proporcionados por las partes comparecientes en la audiencia aludida respecto de las mandas establecidas como parámetros indicadores en la resolución dictada por el mismo Tribunal en fecha 27/12/2016 (11). Tales mandas, consistentes en la puesta en marcha del cumplimiento del PISA y orientadas a medir el estado en que se encuentra la cuenca, fueron las siguientes: a. la «contaminación industrial» (consid. 6), b. el «saneamiento de basurales y limpieza de márgenes» (consid. 7), c. la «expansión de la red de agua potable y cloacas» (consid. 8), d. la «relocalización de villas y asentamientos precarios» (consid. 9) y e. el «Plan Sanitario de Emergencia» (consid. 10).

La única discrepancia que se observa entre las mandas dispuestas en la resolución del 27/12/2016 y las del pronunciamiento en comentario, es la omisión en este último del mandato referido al estado actual de «calidad ambiental» de la cuenca, sí presente en el resolutorio aludido en primer término, y cuyo indicador opera bajo el principio de no regresión (12).

Previo a la parte dispositiva de la presente, en el considerando 11, la Corte vuelve a referir a que «trascurridos diez años desde la sentencia dictada en la causa es inocultable el incumplimiento de las mandas que conforman el PISA». Y agrega que en la audiencia convocada, las autoridades de la ACUMAR y las tres jurisdicciones demandadas realizaron «estimaciones» del tiempo que demandaría alcanzar el cumplimiento de cada una de dichas mandas.

Así, sobre estos lineamientos, la Corte resuelve en el punto I de la parte dispositiva remitiendo al considerando 11, lo siguiente:«Requerir que, en el término de 30 días, la ACUMAR presente al Tribunal los plazos ciertos de cumplimiento de las mandas establecidas en las sentencias dictadas por esta Corte en la presente causa. Cada uno de los plazos deberá ser fundado de manera separada sobre la base de datos actuales que reflejen la situación real de la Cuenca Matanza Riachuelo y deberá ser fijado bajo las responsabilidades» (punto 1, parte dispositiva) «de la ACUMAR y de los estados demandados tal como ya fueron consignadas en la sentencia dictada por esta Corte en 2008 y las responsabilidades que están previstas en el ordenamiento jurídico para el caso de un apartamiento de los deberes propios de la función pública. En ese sentido, subraya que la responsabilidad de los funcionarios deberá sujetarse a las especiales características de esta causa en la que se pone de manifiesto una problemática social que debe resolverse de modo eficiente y evitando situaciones que conduzcan a dilatar en el tiempo su solución» (13).

A tal fin, la ACUMAR deberá tener en cuenta que los siguientes plazos ya han sido informados por los responsables en la audiencia pública celebrada el 14 de marzo del corriente año ante este Tribunal: finalización del emisario subfluvial de la planta Berazategui de 7.5 km en el año 2022 (conf. consid. 8); construcción y puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo (lotes 1, 2 y 3) en marzo de 2021 (conf. consid. 8); construcción y puesta en funcionamiento del Parque Industrial ACUBA y de la planta de tratamiento de sus efluentes industriales en julio de 2020 (considerando 6); liberación total del camino de sirga de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2019 (consid.9).

De esta manera, se colige que el tribunal supremo ante la carencia de avances concretos en los objetivos y mandatos trazados en la sentencia definitiva, constatando un inocultable incumplimiento del PISA a la fecha, por lo que ordena a la Autoridad de Cuenca la presentación de los plazos ciertos de cumplimiento de las mandas establecidas en las sentencias dictadas por esta Corte en la presente causa.

IV. RESOLUCIÓN DEL 7/6/2018. CSJN

Finalmente, a un mes de conmemorarse los diez años de la sentencia de mérito, la Corte dictó el tercer pronunciamiento interlocutorio del año el 7 de junio, mediante el cual se expidió respecto de diversas cuestiones atinentes a la totalidad de las demandadas (condenadas y no condenadas) en la causa si bien con diferente alcance, donde al mismo tiempo de referirse a la tramitación de los carriles defensivos articulados por las coaccionadas y otras problemáticas procesales, dejó la puerta abierta para decidir definitivamente sobre el frente pasivo del proceso.

En primer término, en los considerandos 1 y 2 el Tribunal rememora el pronunciamiento del 29/12/2016, en virtud del cual había ordenado sustanciar las defensas y planteos introducidos por los sujetos oportunamente emplazados en la causa como parte demandada por lo que se dispuso el traslado en los términos del art. 350 y cctes. del CPCCN, de las excepciones y defensas opuestas por las tres jurisdicciones estatales y los catorce municipios demandados como así también de varias de las empresas coaccionadas, a saber: Shell Compañía Argentina de Petróleo S. A., Seatank (Buenos Aires) S. A., Petra Río Compañía Petrolera S. A., Orvol S. A.; Odfjell Terminals Tagsa S. A.; Danone Argentina S. A.; Curtiembre Francisco Urciuoli e Hijos S. A., Curtiembre Ángel Giordano S. R. L., Aguas y Saneamiento Argentinos S. A. (AYSA); Antivari S. A. Aguas Argentina S. A.; Petrobras Energía S. A.; Dow Química Argentina S. A.; Petrolera del Cono Sur S. A. (consid. 1).

Asimismo, también había dispuesto en aquella resolución el traslado de: a.el hecho extintivo articulado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b. los pedidos de citación de terceros y / o integración de litis deducidos por las tres jurisdicciones estatales condenadas y de varias de las empresas coaccionadas; c. la defensa de prescripción opuesta por algunas de las empresas demandadas; y d. los planteos de inconstitucionalidad articulados por otras tantas, a cuyo listado respectivo remitimos en la cita (consid. 2) (14).

– Luego refiere que la parte actora contestó los traslados de citación de tercero y / o integración de la litis como así también de las demás defensas, pero seguidamente advierte que «la citación de terceros es una cuestión de compleja decisión en el caso» (consids. 3 y 4).

Entendemos que, debido a la complejidad remarcada por el Tribunal respecto de la decisión de la citación de terceros en el caso a la cual también agregamos, principalmente, la particular naturaleza del bien colectivo tutelado, se dispuso sustanciar y dar traslado a la parte actora de los diversos carriles defensivos articulados por las demandadas en la causa, mucho tiempo después (29/12/2016) del pronunciamiento de la sentencia definitiva, concretamente a más de ocho años de esta decisión.

Continuando con la complejidad en decidir sobre la citación de terceros planteada por las codemandadas, la Corte reseña brevemente la situación actual de las empresas contaminantes que operan en la cuenca, tanto de las demandadas como de las que no lo han sido, disponiendo lo siguiente:«Que la situación de las industrias radicadas en la Cuenca -incluso de las que aquí aparecen como demandadas- se ha modificado desde que se inició la causa hasta el presente, por fusión, compra, o erradicación de las industrias emplazadas originariamente en el territorio; incluso hubo sucesivos cambios en la nómina de las industrias calificadas como agentes contaminantes, y de políticas de control y fiscalización, de parte de la ACUMAR, .en relación a las mismas, con la particularidad que esta misma Autoridad de Cuenca constituyó un programa de control diferenciado en relación a las empresas de mayor relevancia ambiental» (consid. 4, primer párrafo).

En este contexto, la citación de terceros a ser admitidos en la causa resulta crucial, toda vez que las cuarenta y cuatro empresas inicialmente demandadas y, aún no condenadas, -siendo en general las más poderosas de los 16.701 establecimientos industriales empadronados que operan en la cuenca, según surge de la información aportada en la audiencia celebrada el 14 de marzo pasado- (15), peticionaron la citación como terceros a un gran número de empresas que también realizaron y realizan sus actividades en el radio que abarca la cuenca y que, en virtud de la responsabilidad solidaria que rige en materia ambiental, compartirán, eventualmente, el monto (en su debida proporción) del resarcimiento en el caso de que se condene a las empresas originariamente accionadas.

Así, en orden a la responsabilidad solidaria ambiental, el art. 31 de la Ley 25.675, Ley General del Ambiente, establece: «Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable». Mientras que el art. 28 de dicha ley dispone lo siguiente:«El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción».

Y a mayor abundamiento, el Tribunal recalca la excepcional naturaleza de este mega proceso colectivo ambiental practicando una especie de justificación en la demora en decidir sobre las temáticas precedentemente expuestas, al sostener: «En este trance, las características típicas de todo proceso colectivo, la excepcional naturaleza de esta causa y la necesidad reiteradamente puesta de manifiesto por el Tribunal de encauzar su tramitación mediante un procedimiento útil y eficiente que no frustre ni distorsione los ingentes intereses comprometidos ni el adecuado u oportuno ejercicio por parte de esta Corte de su: jurisdicción constitucional, justifican que todo lo concerniente a dicha sustanciación, a la citación de los emplazados y a las contestaciones de la demanda que prevén los arts. 338 , 339 Y 350 del ordenamiento procesal se encuentre supeditado a diversas reglas que deberán ser observadas por las partes para la concreción de los actos comprendidos en las etapas indicadas» (consid. 4, segundo párrafo).

– Sobre esta plataforma fáctica, la Corte resuelve mediante la presente, lo siguiente: «. diferir la resolución de las defensas opuestas, de falta de legitimación pasiva de obrar, de hecho extintivo, de la falta de legitimación activa de las ONG, de la prescripción liberatoria, como el reclamo indemnizatorio por daño ambiental colectivo moral y los planteas de inconstitucionalidad de los arts.28, 31 Y 33(redf:LEg1118.33) de la Ley N.º 25.675 General del Ambiente -como asimismo de su inaplicabilidad- y de todo otro argumento defensivo sostenido por los distintos demandados».

Otro de los aspectos procesales que dispone este pronunciamiento es el «diferimiento» de las defensas, excepciones, hechos extintivos, (citación de terceros, aplazamientos, etc.), carriles defensivos que guardan relación con el igual diferimiento que resuelve la Corte en la Sentencia definitiva estructural respecto de las «costas», al puntualizar que la tramitación de la pretensión de reparación del daño ambiental colectivo continua en su propia sede (16).

Ahora bien, aunque la Corte, por un lado, continúe prorrogando la resolución sobre los argumentos defensivos de los demandados, por el otro, se perfila a determinar definitivamente el frente pasivo del proceso, y para ello recurre a la Autoridad de Cuenca.

En lo concerniente a este aspecto, recordemos que el eje temporal delineado por la Corte en la sentencia del 8/7/2008 fue el de separar «la prevención y recomposición ambiental de la cuenca» proyectada al futuro, que son las etapas que resolvió de modo definitivo -en cuyo marco se condenó a las demandadas, Estado nacional, provincia de Buenos Aires; CABA y a ACUMAR, pero nada se dijo respecto de las empresas demandadas-; de la fase de «reparación del daño ambiental colectivo causado», la cual dispuso mantener su tramitación ante su propia sede, encontrándose pendiente de decisión hasta la fecha, referida a la atribución de responsabilidades patrimoniales derivadas de conductas adoptadas en el pasado por los demandados.

Teniendo presente la faz temporal de la sentencia final que se expide sobre la prevención y recomposición de la cuenca, por su parte, la resolución en comentario resolvió lo siguiente: «Ordenar que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) informe la nómina de empresas industriales o de servicios, que a la fecha, integran la lista de las declaradas agentes contaminantes, en un plazo de diez días.Además, deberá informar al Tribunal el listado de las empresas sujetas a control diferenciado, o que se consideran de mayor relevancia ambiental, o nivel de complejidad ambiental, conforme se considere el aporte de las mismas a la contaminación ambiental de la Cuenca»; en tanto que «una vez producida esta información, el Tribunal decidirá la conformación del polo pasivo de la relación procesal». (Parte dispositiva, puntos 1 y 2).

Así, en el camino hacia la conformación (definitiva) del polo pasivo del proceso, resulta un acierto del órgano judicial supremo el requerimiento ordenado a la Autoridad de Cuenca a fin de que confeccione un informe actualizado respecto del catálogo de empresas: a. contaminantes, b. las sujetas a control diferenciado, c. de mayor relevancia ambiental, o d. nivel de complejidad ambiental, según el grado de aporte a la contaminación ambiental de la cuenca, la mayoría de las cuales grandes generadoras de pasivo ambiental en el Riachuelo; máxime teniendo en cuenta, naturalmente, la cambiante situación de la cuenca desde hace catorce años, cuando se promovió la demanda en el año 2004, a la fecha, circunstancia extensiva o que incluye a las empresas que operaron y operan hoy en la cuenca.

Como corolario de lo hasta aquí expuesto, la presente se trata de una resolución en que la Corte, haciendo hincapié en el frente pasivo de la relación procesal, puntalmente en lo que respecta a las empresas demandadas -y aún las terceras a citar-, cuya hipotética condena se encuentra aún pendiente de decisión, pone de manifiesto nuevamente la necesidad de reencauzar la tramitación de la fase de reparación del daño ambiental colectivo causado que continúa bajo jurisdicción del tribunal, lo cual deja abierta la posibilidad concreta de que la Corte se expida de modo definitivo en cuanto al resarcimiento condenatorio una vez que determine finalmente el polo pasivo del proceso.

V.CONCLUSIONES

En conclusión, como puede observarse a lo largo del presente comentario, en el año en que se cumple una década del curso de ejecución de la sentencia definitiva estructural dictada en la causa, la Corte Suprema de la Nación en el marco de un notorio activismo pronunció hasta el momento tres resoluciones interlocutorias que se ocuparon de señalar las dificultades operativas concernientes al frente pasivo del proceso, mediante las cuales básicamente remarcó, por un lado, que a pesar de los continuos requerimientos efectuados por el tribunal supremo durante todos estos años a los responsables encargados de la ejecución del plan de saneamiento de la cuenca (ACUMAR y las tres jurisdicciones estatales condenadas), en orden al cumplimiento de los objetivos y mandatos trazados, se advirtió claramente la falta de avances e incumplimientos reiterados; y por el otro, la determinación del polo pasivo del proceso, requiriendo en ambos casos información precisa a la ACUMAR.

Más allá del tiempo transcurrido, celebramos que el tribunal cimero demuestre señales claras orientadas a saldar la deuda pendiente con relación con la conformación definitiva de la parte demandada compuesta por las empresas que operan en el ámbito del Riachuelo.

Así, esta decisión del Máximo Tribunal permite vislumbrar que, una vez proporcionada la información por la Acumar mediante la cual se devele el listado final actualizado de las empresas aun no condenadas, nos encontraremos en la antesala de la resolución de modo definitivo de la fase de reparación del daño ambiental colectivo producido en la cuenca en el pasado, cuyo trámite continúa aún en sede suprema, pudiendo además el Tribunal pronunciarse sobre las costas pendientes de decisión.

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(1) Fallo «Saladeristas Podestá, Bertam, Anderson, Ferrer y otros c. Provincia de Buenos Aires». CSJN. 14/5/1887.

(2) «Mendoza, Beatriz S. y Otros c/Estado Nacional y Otros s/Daños y Perjuicios» (derivados de la Contaminación Ambiental del Río Matanza Riachuelo). CSJN. 20/6/2006.

(3) «Mendoza, Beatriz S.y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios» (derivados de la Contaminación Ambiental del Río Matanza Riachuelo). CSJN. 8/7/2008.

(4) SALGADO, José María: «El amparo colectivo», en Tratado de derecho procesal constitucional, Enrique M. Falcón (dir.). Santa Fe, 2010, Rubinzal-Culzoni, t. 2, pp. 339 y ss.

(5) Página web de consulta: http://www.cij.gov.ar

(6) Mendoza, Beatriz S. y Otros c/Estado Nacional y Otros s/Daños y Perjuicios Derivados de la Contaminación Ambiental del Río Matanza Riachuelo. CSJN. 9/11/2017.

(7) http://www.ambito.com. 5/8/2018. «A 10 años del fallo de la Corte por el Riachuelo, persisten las dudas sobre el cumplimiento de la sentencia».

(8) El Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) fue presentado por las tres jurisdicciones demandadas condenadas (Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ante el Tribunal en la audiencia pública del 5 de septiembre de 2006.

(9) «Mendoza, Beatriz S. y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios» (derivados de la Contaminación Ambiental del Río Matanza Riachuelo). CSJN: 8/7/2008, considerando 17.

(10) Mendoza, Beatriz S. y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios (derivados de la Contaminación Ambiental del Río Matanza Riachuelo). CSJN. 12/4/2018, considerando 5, «in fine».

(11) «Mendoza, Beatriz S. y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios Derivados de la Contaminación Ambiental del Río Matanza Riachuelo». CSJN: 27/12/2016.

(12) «Mendoza, Beatriz S. y Otros c/Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios Derivados de la Contaminación Ambiental del Río Matanza Riachuelo». CSJN: 27/12/2016. Considerando 4.f: «Calidad ambiental: Se estima imprescindible acceder a información de la que surja con claridad el estado actual de la calidad ambiental de la cuenca y la proyección de su saneamiento, por lo que se requiere la elaboración de indicadores que constituyan un conjunto de índices de calidad idóneos para tal fin.Específicamente en lo que refiere al agua superficial, estos índices deberán representar el estado temporal y espacial de la calidad del recurso hídrico en relación a sus diferentes objetivos de uso. En ese marco, la Acumar deberá informar las etapas a corto, mediano y largo plazo del proceso de revisión y modificación de la normativa referente a: Límites de Vertido. (Resolución ACUMAR 1/2007), Calidad y Usos del Agua (resolución ACUMAR 3/2009), Agente Contaminante (Resolución ACUMAR 366/2010), Calidad de Aire (ResoluciónACUMAR 2/2007), Reglamento de Fiscalización y Reglamento de Sanciones (Resolución ACUMAR 278/2010 y Resolución ACUMAR 377/2011), entre otros, bajo el principio de no regresión».

(13) «Mendoza, Beatriz S. y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios (derivados de la Contaminación Ambiental del Río Matanza Riachuelo)». CSJN. 12/4/2018, consid. 11, último párrafo.

(14) «Mendoza, Beatriz S. y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios Derivados de la Contaminación Ambiental del Río Matanza Riachuelo». CSJN: 7/6/2018. «Las siguientes empresas fueron las que dedujeron peticiones de citación de terceros y / o integración de litis en el marco de la causa»: YPF S. A., Sulfargen S. A., Solvay llidupa SAlC, Shell Compañía Argentina de Petróleo S. A., Petra Río Compañía Petrolera S. A., Petrolera del Cono Sur S. A., Petrobras Energía S. A.; Orvol S. A., Frigorífico Regional General Las Heras S. A., Dow Química Argentina S. A., Destilería Argentina de Petróleo S. A. (DAPSA), Danone Argentina S. A., Curtiembre Francisco Urciuoli e Hijos S. A., Curtiembre Ángel Giordano S. R. L., Coto Centro Integral de Comercialización S. A., Mercedes Benz Argentina S. A., Cervecería y Maltería Quilmes SAYCAyG, Antivari S. A., Molinos Río de la Plata S. A. “Las empresas que opusieron la ‘defensa de presripción’ son”: Petro Río Compañía Petrolera S. A., Petrobras Energía S. A., Productores de Alcohol de Melaza S. A. (PAMSA), Orvol S.A., Odfjell Terminals Tagsa S. A., Destilería Argentina de Petróleo S. A. (DAPSA), Mercedes Benz Argentina S. A., Coto Centro Integral de Comercialización S. A., Central Dock Sud S. A. y Antivari S. A.; y “las que articularon planteos de inconstitucionalidad”: Sulfargen S. A., Solvay Indupa SAIC, Shell Compañía Argentina de Petróleo S. A., Petrobras Energía S. A., Odfjell Terminals Tagsa S. A., Frigorífico Regional General Las Heras S. A., Dow Química Argentina S. A., Mercedes Benz Argentina S. A., Curtiembre Francisco Urciuoli e Hijos S. A., Curtiembre Ángel Giordano S. R. L., Cervecería y Maltería Quilmes SAYCAyG y Antivari S. A.

(15) «Mendoza, Beatriz S. y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios Derivados de la Contaminación Ambiental del Río Matanza Riachuelo». CSJN. 12/4/2018. Cita: IJ-DXXXIV-120. Considerando 6: «Que respecto a la “contaminación industrial”, de la información aportada surge que en la cuenca hídrica se registran 16.701 establecimientos industriales empadronados, de los cuales 1.385 fueron declarados agentes contaminantes históricos, 505 fueron reconvertidos, pero aún restan 880 agentes contaminantes pendientes de reconversión (ver respuesta de la Licenciada Bonetti, Presidenta de la ACUMAR, página 32 de la versión taquigráfica)».

(16) «Mendoza, Beatriz S. y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios» (derivados de la Contaminación Ambiental del Río Matanza Riachuelo). CSJN. 8/7/2008. Punto 11 de la parte dispositiva.

(*) Abogado. Procurador. Miembro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires -Tribunal de Trabajo N° 5 de La Plata-. Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Diplomatura en Derecho y Política Ambiental de la Universidad Austral y el Colegio Público de Abogados de Capital Federal (UA/CPACF). Seminario en Derecho Procesal. FUNDESI