La verificación de créditos es procedente si está acreditada la sinceridad de la inversión

Partes: Emindar Sociedad de Responsabilidad Limitada s/ quiebra – incidente de revisión de crédito

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 19-abr-2018

Cita: MJ-JU-M-110738-AR | MJJ110738 | MJJ110738

La verificación de créditos es procedente si, pese a tratarse de una operación realizada en efectivo en infracción a la Ley 25.345, está acreditada la sinceridad de la inversión.

Sumario:

1.-La Ley 25.345:1 (T.O. 25.413 ) dispone en el primer artículo que: ‘…no surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a pesos mil ($ 1.000), o su equivalente en moneda extranjera…’ que no fueran realizados mediante depósitos en cuentas de entidades financieras, giros o transferencias bancarias, cheques o cheques cancelatorios, tarjetas de créditos y otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo.

2.-En torno al art. 1º de la Ley 25.345, parte de la doctrina considera que los pagos en efectivo por sumas superiores al monto estipulado en la Ley son nulos de nulidad absoluta y manifiesta mientras que otro sector reivindica la finalidad únicamente provisional y recaudatoria de la Ley, sosteniendo que darle otro alcance distinto de éste sería un desacierto. Existe, también, una posición intermedia que estima que entre partes el pago surte efectos, no así frente a terceros.

3.-Con abstracción de las diferentes tesituras apuntadas en torno al art. 1 de la Ley 25.345, esta Sala entendió que la finalidad de la legislación en análisis fue procurar un adecuado marco regulatorio para prevenir la evasión impositiva y el lavado de dinero; de modo que ante la presencia de elementos de convicción suficientes no cabía per se la invalidación por el mero hecho de no haberse instrumentado el pago por el modo normado en los incs. del art. 1° de la Ley 25.345.

4.-Una cosa es considerar a la falta de pago por alguno de los medios expresamente previstos en la Ley 25.345 como un indicio que permita poner en duda la veracidad de las operaciones, y otra muy distinta es presumir, sin admitir prueba en contrario, que tales operaciones nunca se realizaron. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 19 de abril de 2018.

Y Vistos:

1. Apeló el incidentista el pronunciamiento de fs. 110/114 por medio del cual el magistrado de grado rechazó el presente incidente de revisión (fs. 115).

Juzgó el a quo que por haberse infringido el régimen instaurado por la Ley 25.345:1, no cabía tener por demostrada la existencia y legitimidad de la acreencia en cuestión, extremo que sellaba la suerte adversa de la revisión por él incoada.

2. Los agravios lucen en fs. 117/122 y fueron respondidos por la deudora y por la sindicatura en fs. 124/127 y fs. 129/130, respectivamente.

Por su parte, la Sra. Fiscal General consideró que no se encontraban comprometidos en el caso intereses por los que debiera velar (art. 120 CN, v. fs. 137).

3. a. Las cuestiones traídas a estudio resultan sustancialmente análogas a las planteadas en los autos: “Emindar SRL s/concurso preventivo s/incidente de verificación de crédito por Bruni, Javier Víctor”, Expte. COM N° 5214/2016/1.

Sin embargo lo allí resuelto no puede hacerse extensivo a las presentes, en tanto en fecha 21.12.2017 sobrevino el decreto de quiebra de Emindar SRL lo cual varía la solución de la cuestión traída a decidir (cfr. arts. 143, 144 LCQ), resultando ser el finiquito del contrato -que operó con el referido decreto- el presupuesto necesario para postular una pretensión de reembolso dinerario de las sumas erogadas. En tal sentido, señálase que, según pudo extraerse del expediente principal -vía sistema informático- no se ha efectuado petición alguna en el marco de aquéllas actuaciones en orden a lo prescripto por la LCQ: 143 inc. 3 y 144.

b.Aclarada tal circunstancia, y en tanto los antecedentes fácticos han sido debidamente señalados en el pronunciamiento en crisis, a cuya lectura se remite para evitar incurrir en reiteraciones ociosas, solo es del caso puntualizar que se pretende aquí la declaración de admisibilidad de la suma de U$S 80.000 (U$S 50.000 y $ 134.000 equivalentes a U$S 30.000) con base en los pagos efectuados en función de cierta operación inmobiliaria (v. fs. 45vta.).

Puestos frente a la temática que constituye el objeto de principal crítica, esta Sala ya tuvo ocasión de abordarla, habiendo propiciado en algún precedente, incluso, su inconstitucionalidad (conf. “Tandler S.R.L. s/ quiebra s/ inc. de apelación cpr. 250”, del 12/4/2011).

Dicho lo cual, conviene recordar que la Ley 25.345:1 (T.O. 25.413) dispone en el primer artículo que: “.no surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a pesos mil ($ 1.000), o su equivalente en moneda extranjera.” que no fueran realizados mediante depósitos en cuentas de entidades financieras, giros o transferencias bancarias, cheques o cheques cancelatorios, tarjetas de créditos y otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo.

Parte de la doctrina, entonces, considera que los pagos en efectivo por sumas superiores al monto estipulado en la ley son nulos de nulidad absoluta y manifiesta (Zinny, Mario, “Limitación al pago en efectivo. Formas de pagar más de $10.000”, Ad Hoc., Bs. As. 2001) mientras que otro sector reivindica la finalidad únicamente provisional y recaudatoria de la ley, sosteniendo que darle otro alcance distinto de éste sería un desacierto (Junyent Bas-Molina Sandoval, en “La bancarización de la economía: el cheque como moneda de pago”, ED, 193-557; Cursak – Benseñor, “Los pagos en efectivo.A más de tres años del dictado de las leyes 25.345 y 25.413”, LA LEY, 12/8/2004, 1 – LA LEY, 13/8/2004, 4; Cámara 4a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, “Monge Domingo Ignacio y otra”, del 03.08.06). Existe, también, una posición intermedia que estima que entre partes el pago surte efectos, no así frente a terceros (Camisa, Augusto, “Eficacia de los pagos en efectivo superiores a un mil pesos (ley 25.345)”, LLC 2006, 1115).

Mas con abstracción de las diferentes tesituras apuntadas, esta Sala entendió que la finalidad de la legislación en análisis fue procurar un adecuado marco regulatorio para prevenir la evasión impositiva y el lavado de dinero; de modo que ante la presencia de elementos de convicción suficientes no cabía per se la invalidación por el mero hecho de no haberse instrumentado el pago por el modo normado en los incisos del art. 1° de la Ley 25.345 (conf. 7/6/2011, “Jalfen Diego c/Select Automotores SA s/ordinario” , Expte. N° 22097/2008).

En efecto, una cosa es considerar a la falta de pago por alguno de los medios expresamente previstos en la Ley 25.345 como un indicio que permita poner en duda la veracidad de las operaciones, y otra muy distinta es presumir, sin admitir prueba en contrario, que tales operaciones nunca se realizaron (conf. esta Sala F, 25/6/2015, “Sama Explotaciones Agrícolas SA s/concurso preventivo s/incidente de revisión de crédito por Bottino Hugo Ernesto”, Expte. N° COM 13711/2013/6).

c. Al amparo de tales prevenciones conceptuales, debe concluirse acreditada en el caso la sinceridad de la inversión realizada por el Sr. Fernandez a partir de las constancias instrumentales aportadas, ponderándose al efecto la postura inicial adoptada por el funcionario sindical (art. 35 LCQ) y que la deudora habría denunciado el crédito en oportunidad de su presentación en concurso preventivo (v. lo manifestado por el síndico en fs. 108 último párrafo).

En efecto:i) la entrega de los fondos a la concursada quedó reconocida expresamente por ésta: véase el documento obrante en fs. 7/16, cláusula tercera, el cual contiene firma certificada, habiendo señalado el notario interviniente que el Sr. Cervigni actuó como socio gerente de Emindar SRL; como así también en el acuerdo complementario obrante en fs. 22/23; ii) la concursada habría denunciado el crédito al presentarse en concurso preventivo; iii) el incidentista denunció el crédito ante la AFIP y pagó el impuesto pertinente (v. fs. 1/3), lo cual fue refrendado en autos en fs. 98. Sobre el punto ha de señalarse, en función de lo dicho por el síndico en fs. 108vta., que la conversión a moneda nacional de los montos desembolsados en dólares estadounidenses por el actor a la época en que los pagos se realizaron resulta menor al crédito denunciado en pesos ante la AFIP.

Ahora bien, la pretensión del incidentista de recuperar el total de lo invertido en dólares estadounidenses no podrá ser admitido; ello así en función de lo normado por la ley concursal.

En orden a ello, se admitirá el presente incidente de revisión por la suma de $ 134.000 con más la que resulte de la liquidación que deberá efectuar el síndico en los términos del art. 127 LCQ respecto del monto pagado en dólares estadounidenses (U$S 50.000), monto al que no se le adicionarán intereses en función de lo normado por la LCQ: 129 siendo que la frustración del negocio que ligaba a las partes operó recién con el decreto de quiebra.

d. Finalmente, los restantes argumentos esbozados por la deudora (v. fs. 64vta. ap. iv) no devienen aplicables en el sub lite a tenor de lo ya puntualizado en este punto ap. a.

4. Corolario de lo expuesto, se resuelve:

Estimar la apelación deducida y revocar el pronunciamiento de fs. 110/114, declarando admisible un crédito en favor del Sr.Jorge Angel Fernández por las sumas que resulten de la liquidación que deberá efectuar el síndico en el plazo de cinco días, con el alcance dispuesto en la presente, con carácter quirografario (art. 248 LCQ).

Costas de ambas instancias en el orden causado, atento la forma en que se decide y que el rechazo tuvo razón de ser en la postura adoptada por el a quo (art. 68:2 CPCC).

Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 17 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Rafael F. Barreiro

Alejandra N. Tevez

María Julia Morón

Prosecretaria de Cámara