Rechazo del recurso extraordinario federal contra la destitución del cargo de un juez ya que no se probó transgresión al debido proceso

Partes: R. R. F. T. s/ acusación por mal desempeño del cargo de juez de instrucción y correccional de la ciudad de Saladas – Pcia. De Corrientes

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 8-may-2018

Cita: MJ-JU-M-110695-AR | MJJ110695 | MJJ110695

La Corte rechazó el recurso extraordinario federal contra la destitución del cargo de un juez por el Jurado de Enjuiciamiento porque no logró demostrar una transgresión inequívoca del debido proceso.

Sumario:

1.-Corresponde desestimar la queja por rechazo del recurso extraordinario deducido contra la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento que destituyó al juez recurrente toda vez que se encuentra ausente la demostración de haberse transgredido en forma nítida, inequívoca y concluyente las reglas estructurales del debido proceso, por lo que no hay materia federal que habilite la intervención de esta Corte en el marco de los rigurosos límites de su competencia que, para asuntos de esta naturaleza, le imponen los arts. 31 , 116 Y 117 de la CN., y el art. 14 de la Ley 48.

2.-El recurso extraordinario interpuesto no satisface el recaudo de fundamentación exigido por tradicionales precedentes del Tribunal e incorporado al reglamento aprobado por Acordada 4/2007 -art. 3°, incs. b, d Y e -, puesto que carece de un relato apropiado y suficiente de los antecedentes más relevantes de la causa que estén relacionados con las cuestiones que se invocan como de índole federal, y de una crítica circunstanciada de los argumentos en que se apoyó el tribunal para sostener las conclusiones que motivan sus agravios, deficiencia que conspira contra la demostración de la lesión a las reglas estructurales del debido proceso que, con singular precisión, exige la doctrina del Tribunal para intervenir por medio de la vía intentada en este tipo de proceso.

3.-Debe rechazarse la invocada violación a la garantía del juez imparcial, toda vez que no puede aplicarse al juicio político el mismo estándar de imparcialidad que el que se desarrolla en sede judicial, pues la circunstancia de admitir múltiples recusaciones por prejuzgamiento o presunto interés en la destitución del funcionario llevaría a desintegrar el órgano establecido por la Constitución para efectuar el control entre los poderes , bloqueando el apropiado funcionamiento del sistema al sustraer el conocimiento de la causa al poder controlante previsto en el ordenamiento vigente.

4.-Cabe advertir que la intervención inicial de los miembros de la corte local en este proceso, que dispuso la instrucción del sumario administrativo y posteriormente la remisión de las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que inicie el trámite de remoción, se enmarca en el contorno del ejercicio de las funciones de gobierno o superintendencia propio del máximo tribunal provincial, y no fue demostrado que en ese menester incurriera en la afectación palmaria de la garantía del juez imparcial.

5.-El planteo con sustento en las objeciones dirigidas a la valoración de los hechos efectuada en la resolución destitutoria y la significación jurídica asignada, tal como ha sido expuesta, no configura una cuestión federal apta para ser examinada por esta Corte, pues el planteo es manifiestamente insustancial y no se presta a controversia frente a la enfática, y reiterada doctrina del Tribunal con respecto a que no hay lugar alguno para la revisión judicial sobre el aspecto valorativo de la destitución.

6.-Ausente la demostración por parte del recurrente de haberse transgredido las reglas estructurales del debido proceso, no hay materia federal que habilite la intervención de esta Corte en el marco de los rigurosos límites de su competencia que, para asuntos de esta naturaleza, le imponen los arts. 31, 116 Y 117 de la CN., y el art. 14 de la Ley 48 (del voto del Dr. Lorenzetti).

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 8 de mayo de 2018.

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por R. F. T. R. en -la causa R., R. F. T. s/ acusación por mal desempeño del cargo de juez de instrucción y correccional de la ciudad de Saladas – Pcia -de Corrientes”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Corrientes, mediante sentencia 1/13, destituyó al doctor R. F. T. R. del cargo de Juez de Instrucción y Correccional de Saladas (10 Circunscripción Judicial de la Provincia de Corrientes), por haber incurrido en la causal constitucional de mal desempeño (art. 36 de la ley 5846) Contra, dicho pronunciamiento el afectado interpuso “Recurso de casación Inconstitucionalidad y Recusación con causa” que, rechazado por el superior tribunal local (fs. 3/11), dio lugar al recurso extraordinario federal (fs. 14/33) cuya desestimación motivó la presente queja (fs. 40/44).

2°) Que para cancelar la apertura del recurso de casación local, el tribunal a quo, en primer lugar, rechazó las recusaciones formuladas por el recurrente, señalando que de acuerdo con las resoluciones obrantes a fs. 902/906 y 915, se había integrado el Superior Tribunal de Justicia con los miembros titulares y suplentes que debían entender en este expediente, y que ambas decisiones se encontraban firmes y consentidas, de modo que la constitución del tribunal era un terna actualmente superado y no correspondía volver sobre tal cuestión.

En cuanto a la nulidad planteada con sustento en la supuesta doble actuación del juez Semhan -en sede administrativa y en el Jurado de Enjuiciamiento-, precisó que se trata de la reedición de agravios que ya fueron tratados y rechazados por el Jurado de Enjuiciamiento a fs. 458/460, decisión que fue convalidada a fs.504, y que no se observaban nuevos fundamentos ni la demostración de perjuicio alguno.

En punto a la observación dirigida a la intervención del Fiscal de Instrucción Ojeda en la causa penal que sirvió de antecedente al enjuiciamiento, se señaló que la designación del nombrado fue practicada de acuerdo con la reglamentación vigente, y que los señalamientos dirigidos a la actuación del fiscal conciernen al ejercicio de sus funciones en el marco de las causas penales en que tornó intervención, desempeño que no tenía ninguna relación procesal ni administrativa con el presente juicio.

Por otro lado, en cuanto al planteo de nulidad de la acusación por la indeterminación de los hechos imputados, se indicó que la resolución 26, de fecha 19 de noviembre de 2012 (fs. 315/319), del Consejo de la Magistratura, mediante la cual se decidió formular acusación por mal desempeño contra el señor Juez de Instrucción y Correccional de Saladas, doctor R. F. T. R., en mérito a los hechos descriptos en las denuncias formuladas en los términos del art. 18 de la ley 5848, había sido notificada al nombrado en forma personal, y era irrecurrible merced a la previsión fijada en el art. 19 in fine de la ley 5848. Además, el tribunal a qua destacó que el enjuiciado efectuaba un planteo extemporáneo, puesto que con posterioridad a dicha actuación el trámite se había radicado en el Jurado de Enjuiciamiento donde se realizó el proceso constitucional de remoción del magistrado.

Desde esta visión, consideró que la instancia recursiva debía ceñirse a lo actuado por ante el jurado, y en tal sentido destacó que en la sentencia de remoción se precisaron circunstanciadamente los hechos imputados a R., los que habían sido desarrollados, analizados y acreditados con las probanzas reunidas en el debate, en los distintos votos de los señores integrantes del Jurado.Agregó que el recurrente no se hizo cargo de la descripción plural fáctica acusatoria, ni tampoco impugnaba la comprobación de la misma, de modo tal que sus reproches se retrotraían a etapas culminadas del proceso que carecían de actualidad y, en consecuencia, no ameritaban su tratamiento.

Por último, en cuanto al agravio fundado en la arbitrariedad de la sentencia destitutoria al encuadrar los hechos imputados en la causal de mal desempeño, el superior tribunal provincial señaló que el Jurado de Enjuiciamiento expuso un razonamiento coherente y fundado para tener por acreditada la causal de mal desempeño equivalente a mala conducta, y que las objeciones realizadas por el recurrente -a través de citas de doctrina- eran insuficientes para sostener la autosuficiencia de su crítica.

3°) Que en el remedio federal, con la invocación de la doctrina de la arbitrariedad, el ex magistrado sostiene que la sentencia apelada afecta, por un lado, la garantía de juez imparcial, desde que se clausura el tratamiento de esta cuestión, bajo el argumento de que es un tema superado, afirmación que no satisface, a su juicio, la exigencia de fundamentación que dota de validez a toda sentencia jurisdiccional.

A su vez agrega que al rechazarse, sin fundamentación, las nulidades planteadas en torno a la intervención del juez Semhan como miembro del Jurado de Enjuiciamiento, también se vulneró la garantía del debido proceso legal y de defensa en juicio.

Por otro lado, invoca la afectación del debido proceso legal, frente a la irregular acusación formulada por el Consejo de la Magistratura, pues señala que además de no haberse dado intervención previa al acusado, adolece de una descripción circunstanciada del hecho imputado.Igual defecto achaca al Fiscal General, pues según su juicio al momento de emitir sus conclusiones finales durante el debate, omitió precisar la plataforma fáctica de la acusación y los fundamentos jurídicos de la sanción solicitada.

Sostiene también que la nulidad dirigida contra el accionar acusatorio del Fiscal de Instrucción Ojeda, no obtuvo respuesta por parte del tribunal a qua. no la lo que ante hechos delictivos, de arbitrariedad, proceso de destitución presuntos el de baj o la invocación iniciado comisión Alega, haberse de la obstante hipótesis cierto es que en el debate el jurado del primer voto hace el distingo y comienza a transitar la hipótesis de mal desempeño por mala conducta, sin corregir la determinación inicial de los hechos que dio origen al proceso, y sin haberse precisado en la sentencia el hecho objeto de la acusación.

Por último, cuestiona la apreciación de la prueba y la decisión de tener por acreditados los hechos.

4°) Que, a su turno, el superior tribunal provincial denegó el remedio federal, señalando que no se había cumplido con el requisito de fundamentación exigido por el art. 3° de la acordada 4/2007, puesto que el recurrente se había limitado a reproducir los argumentos expuestos en el recurso local, sin cumplir con el relato de todas las circunstancias relevantes del caso, ni fundamentar la potencial cuestión federal y el perjuicio producido.

5°) Que cabe precisar, en primer lugar, que el alcance de la revisión en la instancia del art. 14 de la ley 48 en asuntos de esta naturaleza, se encuentra delineado a partir del estándar fijado en el conocido precedente “Graffigna Latino” (Fallos: 308:961), según el cual las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados en la esfera provincial, cuyo trámite se efectuó ante órganos ajenos a los poderes judiciales locales, constituyen un ámbito en el que solo es posible la intervención judicial en la medida que se aduzca y demuestre inequívocamente por el interesado, la violación de alguno de los derechos o garantías establecidos en el art. 18 de la Constitución Nacional.

6°) Que por ser el objetivo del instituto del juicio político, antes que sancionar al magistrado, el de determinar si este ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud. De ahí, pues, que como concordemente lo ha subrayado este Tribunal desde su tradicional precedente sentado en la causa “Nicosia” (Fallos: 316:2940), con respecto a las decisiones del Senado de la Nación en esta materia; lo reiteró con posterioridad a la reforma de 1994 frente al nuevo texto del art. 115 de la Ley Suprema en el caso “Brusa” (Fallos: 326:4816) con relación a los fallos del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación; y lo viene extendiendo al ámbito de los enjuiciamientos de magistrados provinciales hasta sus pronunciamientos más recientes (causas “Paredes, Eduardo y Pessoa, Nelson” (Fallos: 329:3027); “Acuña” (Fallos: 328:3148); “De la Cruz” (Fallos: 331:810); “Rodríguez” (Fallos: 331:2156); “Rojas” (Fallos: 331:2195); “Trova” (Fallos: 332:2504); causas CSJ 936/20.09 (45-A) /CS1 “Agente Fiscal s/ solicita instrucción de sumario”, del 1° de junio de 2010; “Parrilli” (Fallos: 335:1779) y CSJ 1070/2012 (48-B)/CS1 “Bordón, Miguel Ángel s/causa n° 69115/10”, sentencia del 27 de agosto de 2013 y sus citas); “Fiscal de Estado Guilleimo H.De Sanctis y otro” (Fallos: 339:1048); “Procurador General Corte Suprema de Justicia Dr. Jorge Alberto Barraguirre” (Fallos: 339:1463 y sus citas); quien pretenda el ejercicio de aquel escrutinio deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio (art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 15 de la ley 48).

7°) Que, desde tal perspectiva, corresponde señalar en primer lugar que el recurso extraordinario interpuesto no satisface el recaudo de fundamentación exigido por tradicionales precedente s del Tribunal e incorporado al reglamento aprobado por acordada 4/2007 (art. 3°, incs. b, d Y e), puesto que carece de un relato apropiado y suficiente de los antecedentes más reelevantes de la causa -sino su parcial mención- que estén relacionados con las cuestiones que se invocan como de índole federal, y de una crítica circunstanciada de los argumentos en que se apoya el tribunal a qua para sostener las conclusiones que motivan sus agravios. Esta deficiencia conspira, ciertamente, contra la demostración de la lesión a las reglas estructurales del debido proceso que, con singular precisión, exige la doctrina del Tribunal para intervenir por medio de la vía intentada en este de proceso.

8°) Que más allá de que, con arreglo a un criterio arraigado en la trascendencia de los derechos comprometidos y de los intereses en juego, los defectos formales señalados son susceptibles de ser sorteados en esta clase de enjuiciamientos (conf.sentencia del 27 de mayo de 2009 y “Parrilli” y “Bordón” antes citadas) corresponde adelantar que los planteo s del recurrente no promueven el examen de cuestiones consti tucionales aptas para suscitar la competencia revisora, federal y extraordinaria puesta en manos de este Tribunal por el art. 14 de la ley 48.

9°) Que, en efecto, con referencia a la invocada violación a la garantía del juez imparcial, introducida por el apelante con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, debe observarse en primer lugar que el recurrente no se hace cargo de la doctrina de los precedentes de esta Corte que, ante cuestionamientos substancialmente análogoS a los que se concretan en el sub examine, ha dejado establecido que no puede aplicarse al juicio político el mismo estándar de imparcialidad que el que se desarrolla en sede judicial. Ello es así, pues la circunstancia de admitir múltiples recusaciones por prejuzgamiento o presunto interés en la destitución del funcionario llevaría a desintegrar el órgano establecido por la Constitución para efectuar el control entre los poderes, bloqueando el apropiado funcionamiento del sistema al sustraer el conocimiento de la causa al poder controlante previsto en el ordenamiento vigente, sea porque cualquier modo alternativo de reemplazo que se hubiera elegido podría ser tachado de inconstitucional, o fuera por impedir derechamente la constitución del órgano (caso “Del Val” , Fallos: 314: 1723, considerando 9° del voto de la mayoría; causas “Malina de Alcázar, Graciela s/ amparo”, sentencia del 20 de octubre de 2009; “Trova”; “Agente Fiscal”; Fallos:339:1048 y 1463, antes citadas).

10°) Que, desde tal premisa, se advierte que en el marco del juicio político que aquí se examina, el afectado no ha logrado demostrar que la entidad del agravio que pregona permita sortear el limitado margen de revisión que se admite en asuntos de esta naturaleza, puesto que el apelante además de no desvirtuar la afirmación que realiza el tribunal a quo para rechazar su planteo, tampoco acredita de qué modo la intervención de los miembros de la corte local, al disponer -por un lado- la instrucción del sumario administrativo, y posteriormente la remisión de copias para que se inicie el trámite de remoción previsto en la Constitución local y en la ley respectiva, le habría generado un menoscabo de la naturaleza que invoca. Máxime cuando naturalmente- ninguna de aquellas resoluciones vinculaba en modo alguno la actuación ulterior del jurado, que contaba con plenas facultades para absolver al enjuiciado y reestablecerlo en el ejercicio de sus funciones (art. 36 de la ley 5848)

11°) Que en este sentido las alegaciones del recurrente, en punto a que los ministros de la corte provincial que suscribieron la resolución 530, por medio de la cual promovieron la iniciación del procedimiento del juicio político de R., y luego intervinieron en la decisión que rechaza el recurso de casación, como también el Ministro del Superior Tribunal doctor – Guillermo Horacio Semhan que firmó la resolución 228 -que dispuso instruir el sumario administrativo.contra el nombrado- y luego presidió el Jurado de Enjuiciamiento que -en definitiva- lo destituyó, “.han infectado por prejuzgamiento y parcialidad manifiesta, la sagrada garantía del debido proceso legal .” constituyen, ciertamente, aseveraciones meramente dogmáticas que no encuentran respaldo suficiente en los desarrollos que sustentan su planteo.

12°) Que, en efecto, el recurrente omite una demostración concreta y clara acerca de la eventual doble valoración de los hechos, la prueba o la conducta del enjuiciado por parte de los jueces cuya intervención sucesiva denuncia, ni tampoco se advierte de los antecedentes que conforman esté legajo, que se identifique con los presupuestos de hecho que dieron pie a los precedentes “Llerena” y “Die ser” que trae en aval de su postura.

Cabe recordar que el estándar fijado por el Tribunal en dichos asuntos, se refirió -el primero- a la imposibilidad de que el mismo juez estuviese a cargo de la etapa instructoria y del plenario, y el otro, dejó bien en claro que “.cobra especial interés para decidir la calidad de la resolución o interlocutorio de que se trate, pues siguiendo los principios sentados por la Corte Interamericana, puedo afirmar que en el sub lite la decisión que confirma el auto de procesamiento de la imputada Dieser, implicó un estudio minucioso de la cuestión en cuanto a consideraciones de hecho, prueba, calificación legal y determinación de responsabilidad por la realización de conductas desde el punto de vista de la culpabilidad” “Oieser” (Fallos:329:3034).

De modo que, como lo ha subrayado este Tribunal ante planteamientos sustancialmente análogos también en el marco de procesos de enjuiciamiento político (Fallos: 339:1048 y 1463, antes citados), no se trata de que cualquier intervención genere de por sí una afectación a la garantía cuyo alcance aquí se discute, pues como se subrayó en el precedente “Dieser” citado, es relevante examinar en cada caso la calidad de la resolución o interlocutorio que dio lugar a la intervención anterior que se invoca como determinante del apartamiento pretendido.

13°) Que, de tal suerte; más allá de las especulaciones en las que se funda el planteo del enjuiciado, se advierte que la intervención inicial de los miembros de la corte local en este proceso -disponiendo la instrucción del sumario administrativo y posteriormente la remisión de las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que inicie el trámite de remoción- se enmarca en el contorno del ejercicio de las funciones de gobierno o superintendencia propio del máximo tribunal provincial, y no fue demostrado que en ese menester incurriera en la afectación palmaria de la garantía que invoca, de modo que el cuestionamiento examinado deviene inadmisible.

14°) Que en cuanto a la postulación de que se invalide el pronunciamiento destitutorio en virtud de la invocada irregular designación del Fiscal de Instiucción Ojeda en el marco de la causa penal que sirvió de antecedente a este enjuiciamiento, el planteo luce ostensiblemente infundado y de ningún modo controvierte lo afirmado por el superior tribunal provincial en la sentencia apelada, en punto a que lo referido a la actuación de este fiscal se circunscribe a los expedientes radicados en sede penal y que su desempeño no tiene ninguna relación procesal ni administrativa con el presente juicio, de modo que, a más de infundado, el planteo -que en sustancia remite a la interpretación y aplicación de normas de derecho público local- no guarda relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso.

15°) Que, por último, con relación al agravio en base al cual se pretende introducir como cuestión federal la afectación del derecho dedefensa, a raíz de los alegados defectos de la pieza acusatoria y la presunta arbitrariedad del fallo que dispuso la remoción del magistrado, atinente a la apreciación de la prueba, la calificación y el concepto de mal desempeño utilizado, ha de señalarse que con arreglo a jurisprudencia clásica de esta Corte Suprema, los agravios carecen de relación directa con el genuino contenido de la cláusula constitucional que se invoca como vulnerada.

16°) Que ello es así, por un lado, pues desde los primeros precedentes en que se reconoció a los enjuiciamientos políticos la condición de cuestiones justiciables y se precisó el riguroso alcance de dicho control (Fallos: 310:2845 [voto de los jueces Fayt y Belluscio, considerando 11; disidencia de los jueces Petracchi’ y Bacqué, considerandos 7° y 8°]; y 316:2940, considerando 9° del voto de la mayoría), el Tribunal dejó en claro que por estar fuera de toda duda que son los hechos objeto de la acusación lo que determina la materia sometida al juzgador, quien pretenda invocar consistentemente un agravio fundado en este presupuesto estructural de la garantía de defensa “.debe contener una clara enunciación de cuáles fueron los presupuestos de hecho en los que se apoyó la Cámara de Diputados para requerir la remoción ante el Senado, cuáles los invocados por este último en la resolución que hizo lugar a tal requerimiento, y cuál la sustancial diferencia que mediaría entre aquéllos y éstos” (Fallos:316:2940).

Empero, frente a una regla tan precisa como la enunciada y reiterada por el Tribunal hasta sus pronunciamientos más recientes, las alegaciones del recurso nada expresan concretamente sobre los aspectos indicados, omisión que impide verificar la afectación constitucional que vanamente se postula.

17°) Que, por otro lado, con igual insistencia esta Corte ha mantenido la tradicional formulación de que ni la subsunción de los hechos en las causales de destitución ni la apreciación de los extremos fácticos o de derecho constituyen materia de pronunciamiento judicial, dado que no se trata de que el órgano jurisdiccional convertido en un tribunal de alzada sustituya el criterio de quienes por imperio de la ley -suprema o reglamentaria- están encargados en forma excluyente del juicio de responsabilidad política del magistrado (Fallos: 314: 1723;317:1098; 318:2266 y 327:4635 ).

En tal inteligencia, el planteo formulado por el ex magistrado con sustento en las objeciones dirigidas a la valoración: de los hechos efectuada en la resolución destitutoria y la significación jurídica asignada, tal como ha sido expuesta, no configura una cuestión federal apta para ser examinada por esta Corte, pues el planteo es manifiestamente insustancial y no se presta a controversia (Fallos: 316:2747; 323:732 y 736 ) frente a la enfática, y reiterada, doctrina del Tribunal con ,respecto a que no hay lugar alguno para la revisión judicial Sobre el aspecto valorativo de la decisión destitutoria, principio que ha sido recordado en las recientes decisiones dictadas, para jueces nacionales, en la causa “Torres Nieto” (Fallos: 330:725), y para magistrados provin,ciales en las causas “De la Cruz” (Fallos: 331:810), “Rodriguez” {Fallos: 331:2156); causa CSJ 908/2012 (48-R) ICS1. “Ramos, Alfredo Eduardo s/ amparo” , sentencia del 4 de febrero de 2014, y sus citas; Fallos:339:1048, antes citada.

18°) Que en las condiciones expresadas no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el magistrado fue imputado por un cargo definido en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; su conducta como magistrado fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y fue destituido -con sustento en los mismos hechos- por el órgano en cuyas manos la Constitución de la Provincia de Corrientes puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución, tras tener por acreditada la causal contemplada en el ordenamiento provincial -por la cual el magistrado fue acusado y oido- (art. 15 de la ley 5848). Promovido el control judicial de dicho enjuiciamiento, la sentencia dictada por el superior tribunal provincial, integrado por magistrados cuya ausencia de imparcialidad no ha sido demostrada, dio fundada respuesta a los planteas considerados, mediante desarrollos argumentativos que la sostienen suficientemente como acto judicial válido.

De ahi que, ausente la demostración por parte del recurrente de haberse transgredido en forma nitida, inequi vaca y concluyente las reglas estructurales del debido proceso, no hay materia federal que habilite la intervención de esta Corte en el marco de los rigurosos límites de su competencia que, para asuntos de esta naturaleza, le imponen los arts. 31, 116 Y 117 de la Constitución Nacional, y el art. 14 de la ley 48 (causas CSJ 32/2011 (47-B) /CSl “Badano, Eduardo José s/ juicio político”, sentencia del 14 de febrero de 2012, y sus citas; CSJ 425/2013 (49-R) /CSl “Reuter, Javier Enrique s/ legajo de evaluación na 10/09 CM.”, sentencia del’15 de mayo de 2014).

Por ello, se desestima la queja. Notifíquese y, oportunamente, archívese.

HORACIO ROSATTI – RICARDO LUIS LORENZETTI – JUAN CARLOS MAQUEDA – ELENA I.HIGHTON DE NOLASCO

VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI

Considerando:

Que el infrascripto concuerda con los considerandos 1° a 5° del voto que encabeza este pronunciamiento, que da integramente por reproducidos por razones de brevedad.

6°) Que, a la par de reconocer la sujeción al control jurisdiccional de los enjuiciamientos políticos cuando se alega que en éstos se ha producido una real violación del derecho de defensa en juicio, esta Corté definió con mayor rigor en el conocido precedente “Nicosia” (Fallos: 316:2940) -y lo ha mantenido incólume hasta sus decisiones más recientes como en el caso “Frois” de Fallos: 337:1081- quien pretenda el ejercicio de aquel escrutinio deberá demostrar un grave menoscabo a las reglas. del debido. proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal’ invocada con la materia del juicio (art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 15 de la ley 48 Fallos: 332:2504, voto de los jueces Lorenzetti y Fayt; Fallos: 339:1463, voto del juez Lorenzetti; causa “Saladino, Antonio Cayetano” (Fallos: 340 :1927), voto de los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz; CSJ 549/2012 (48-S)/CS1 “Samamé, Eduardo s/ impugnación en autos “Unifica exptes. 001/08 y 002/08 Cl – SA Nelson A. Menghini y Ester Cárdenas de Balsamello s/ denuncias solicitando juicios politicos al Procurador General de la Provincia del Chubut Dr.Eduardo Samamé” , sentencia del 6 de febrero de 2018, voto de los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz).

7°) Que el infrascripto concuerda, asimismo, con los considerandos 7° a 17 del voto que encabeza este pronunciamiento, que da integramente por reproducidos por razones de brevedad.

18°) Que en las condiciones expresadas no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el magistrado fue imputado por un cargo definido en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; su conducta como magistrado fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y fue destituido -con sustento en los mismos hechos- por el órgano en cuyas manos la Constitución de la Provincia de Corrientes puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución, tras tener por acreditada la causal contemplada en el ordenamiento provincial -por la cual el magistrado fue acusado y oido- (art. 15 de la ley 5848). Promovido el control judicial de dicho enjuiciamiento, la sentencia dictada por el superior tribunal provincial, integrado por magistrados cuya ausencia de imparcialidad no ha sido demostrada, dio fundada respuesta a los planteas considerados, mediante desarrollos argumentativos que la sostienen suficientemente como acto judicial válido.

De ahi que, ausente la demostración por parte del recurrente de haberse transgredido las reglas estructurales del debido proceso, no hay materia federal que habilite la intervención de esta Corte en el marco de los rigurosos límites de su competencia que, para asuntos de esta naturaleza, le imponen los arts. 31, 116 Y 117 de la Constitución Nacional, y el art. 14 de la ley 48 (causas citadas en el considerando 6°).

Por ello, se desestima la queja. Notifíquese y, oportunamente, archívese.

RICARDO LUIS LORENZETTI