Estrategia judicial: el Poder Judicial entendido como herramienta para la administración de los conflictos

Autor: Prola, Juan I.

Fecha: 22-feb-2018

Cita: MJ-DOC-12348-AR | MJD12348

Doctrina:

Por Juan Ignacio Prola (*)

El pasado invierno, tuve oportunidad de asistir, en la Facultad de Derecho de la UNR, a un seminario para la mayor eficiencia y cercanía de la justicia civil a la sociedad, donde pude oír las experiencias de distintos operadores jurídicos (jueces, mediadores, abogados, etcétera). Como bien lo señaló en su apertura el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la cuestión de cómo hacer que el servicio sea más eficaz y que esté más cercano a la gente es un problema político; es decir, perteneciente a la polis, lo que significa que nos incumbe a todos. La mirada que hoy propongo, y que en modo alguno excluye otras, es la de la estrategia judicial. Es decir, el punto de vista de aquellos a quienes nos toca administrarla, en el sentido más amplio del término. La mirada estratégica requiere, antes de aconsejar el orden en que deberán disponerse las herramientas con que se cuenta, observar del modo más ajustado la realidad posible, el terreno en que habremos de trabajar, en orden a conseguir los fines perseguidos. Tal es el propósito de este artículo, marcar algunos hitos del campo en que opera la estructura judicial.

Gestionar la justicia en los días que corren no es expediente fácil, las dificultades con que nos chocamos a diario en nuestros tribunales son muchas y de muy variada especie. Un recuento rápido nos lo muestra de inmediato: sobrecarga de causas, procesos interminables, jueces ocupados más en discernir asuntos procesales que en dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión, hiperactividad recursiva, escasez de personal, edificios inadecuados para la función, sentencias que se dictan sin que jamás el juzgador haya tenido ocasión de ver la cara del litigante, etcétera.Seguramente, si buscamos, vamos a encontrar muchas otras vallas que a diario tenemos que superar los operadores judiciales, pero lo dicho -como muestra- basta para nuestros propósitos.

Releo mis palabras y observo que hablé de «operadores judiciales», refiriéndome a los jueces, abogados, mediadores, peritos, etcétera, lo que da la sensación de que son quienes más afectados se ven por las deficiencias del sistema. Esto es cierto parcialmente, y solo en cuanto a la posibilidad de ejercer sus profesiones, ya que estas son sus medios de vida. Sin embargo, el principal afectado por las dificultades del sistema, quien padece las peores consecuencias, es el usuario del servicio de justicia. Observar la justicia como un servicio nos remite de inmediato a la idea de consumidor, y esta idea parece circunscribir la cuestión a una operación económica. Mas resulta que el servicio de justicia no es reducible a una mirada económica, pues su principal función es la de administrar un conflicto para llegar a una solución razonable, acorde a las reglas del juego previamente establecidas -ley-, de manera de procurar en la mayor medida posible la realización de los valores constitucionales, «constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad». Valores que, como puede apreciarse, solo indirectamente se vinculan a lo económico. En consecuencia, la lejanía y falta de eficiencia del servicio de justicia atenta justamente contra la posibilidad de la realización de esos valores, que son el motivo por el cual somos argentinos.En definitiva, cuando la sociedad desconfía de la estructura para administrar conflictos, significa que hay más disputas individuales o sociales que permanecen sin resolver, y una sociedad que no cierra sus conflictos provoca que los individuos que la componen tengan un estándar de bienestar muy bajo, es decir, cada uno de nosotros tiene calidad de vida más pobre, ya que vivir en conflicto es vivir preocupado.

En fin, en aquella misma ocasión, pude observar que el diagnóstico de la cuestión involucra muchos puntos de vista distintos, pero también muchas características en común. Me propuse entonces iniciar un catálogo de esos síntomas, el que inicio hoy con los tres aspectos que se enumeran en este ensayo. El registro en modo alguno se pretende total, por lo que puede -y debe- ser ampliado. Tampoco pretende ser un recetario de soluciones o remedios a las situaciones de falla del sistema que se presentan, es apenas un inventario provisional de algunos tópicos emergentes que he podido hallar en la experiencia común de los operadores judiciales, y de mis propias observaciones y estudios.

Dicho esto, y antes de comenzar nuestra empresa, conviene delimitar el campo dentro del cual nos estamos moviendo, la justicia civil. Sin demasiadas pretensiones académicas, se la podría definir como el departamento del Poder Judicial encargado de administrar las disputas relativas a los derechos civiles de las personas. Pronto advertimos que tal departamento no puede actuar a su discreción -más aún, lo que se intenta es que la discrecionalidad esté reducida al mínimo-, sino que debe respetar un protocolo técnico para dirimir el conflicto, me refiero a las distintas formas procesales civiles. De lo dicho se desprenden dos primeras conclusiones: a.que la eficiencia del departamento depende en buena parte de tener un protocolo adecuado e idóneo para el tratamiento del conflicto -ya que a la solución solo se llega respetando el protocolo-, lo que habla de la necesidad de contar con códigos procesales apropiados, esto es, que no conformen procedimientos ideales sin correspondencia con los recursos efectivos con que cuenta el juez -esto es de particular importancia, dado que quien diseña los protocolos de actuación, no es el Poder Judicial, sino el Poder Legislativo-; b. que dicha eficacia también depende de que el departamento cuente con los recursos necesarios para poder llevar adelante el o los protocolos, ya que estos aseguran el fin, ya también en este punto tiene que existir correspondencia entre los fines perseguidos y los recursos que se asignan para alcanzarlos.

Ahora bien, debemos preguntarnos si la eficiencia y cercanía -es decir, la facilidad de acceso- de la justicia civil a la población es asunto que se resuelve exclusivamente con la adecuación de los sistemas procesales. Evidentemente no, el diseño de los sistemas procesales es solo uno de los aspectos por considerar. Uno no menor, claro, y en el que los juristas tenemos mucho que decir, pero no cabe duda que existen muchos otros elementos para tener en cuenta. Estos aparecen a través de síntomas que desnudan las falencias del actual sistema y que probablemente -y este también es un punto para estudiar- sean uno de los motivos de la desconfianza que la sociedad parece tener en «su» sistema de justicia. Destaco el adjetivo posesivo porque cada sociedad se da «sus» propias instituciones y diseña «su» propio sistema de justicia. Y digo «parece» porque soy de la opinión de que es necesario hacer un profundo estudio para evaluar cómo es esa relación entre la sociedad y la justicia. Hoy lo desconocemos.En general nos manejamos por meras opiniones -mera «doxa»-, pero muy poco conocimiento fundado -«episteme»-; sea por los medios de comunicación, por los propios comunicadores, por las expresiones en las redes sociales, por las manifestaciones populares, por las conversaciones con nuestros allegados, etcétera, tendemos a pensar que la sociedad descree de la actividad judicial. De tales expresiones no es difícil concluir que, para la mayoría de las personas, para el ciudadano anónimo, en los tribunales todo se arregla a hurtadillas y de manera poco clara, que los jueces ganan sueldos enormes por no hacer nada, que la influencia política es determinante a la hora de tomar una decisión y que todo está impregnado de un tufillo raro y sospechoso. Pero esto, en el mejor de los casos es conjetural, cuando no mera suposición, como dijimos, pura «doxa». Porque, por otro lado, asistimos a un notorio aumento de los índices de litigiosidad -es decir que hay más litigios y más virulencia dentro de ellos-, y a la judicialización -si se me permite la expresión- de conflictos políticos y sociales que hasta hace pocos años no pasaban por la maquinaria jurisdiccional, lo que indica que la sociedad deposita en el Poder Judicial una expectativa importante en función de los valores en juego, aunque distinta de la tradicional. Digo, casi no pasa día en el que uno no vea en los noticieros el desfile de políticos por tribunales en razón de sus actividades funcionales; figuras del espectáculo que mediatizan sus separaciones, divorcios o conflictos de la más variada naturaleza, etcétera.

Desde mi punto de vista, entre la sociedad y la justicia, se da una relación «bipolar» -para usar un término de moda- que, por un lado, lleva a la desconfianza en el aparato jurisdiccional, y por otro aumenta y varía los motivos por los que se lo requiere.Ahora bien, esta variación cuantitativa y cualitativa de los conflictos es, a su vez, reflejo de las expectativas que la sociedad pone en el sistema judicial, lo que claramente indica una variación tanto en la intensidad como en la naturaleza de tales expectativas sociales, de donde se debería evaluar, también, si la estructura judicial tal como está concebida puede responder a esas expectativas, porque me parece que ahí también hay un punto de desencuentro. Es lo que suele suceder cuando se espera de alguien algo que este no está en condiciones de hacer; es probable que tales expectativas sociales se vean defraudadas no por la ineficiencia o corrupción del sistema judicial, sino porque este no está diseñado para dar respuesta a los requerimientos que presentan buena parte de los conflictos que hoy se llevan a conocimiento de los jueces.

Nos encontramos entonces con tres aspectos o elementos para considerar en cuanto al diagnóstico de la situación en que se encuentra el sistema judicial. Estos tres primeros indicadores a los que habremos de prestar atención reflejan cuestiones de orden sociológico -situación estratégica de la función judicial-, de orden normativo -diseño de protocolos de actuación- y de orden axiológico -modelo de solución del conflicto-, y a través de ellos se pretende mostrar que uno de los problemas fundamentales con que nos enfrentamos en la actualidad es la rigidez de las estructuras judiciales, tanto en el plano administrativo cuanto en el jurisdiccional. Veamos.

1. Función estratégica. Es hora de repensar la función estratégica del Poder Judicial en materia civil. En la actualidad, el rol estratégico tradicional del Poder Judicial está dando un giro, está pasando de ser un «poder» -es decir, una fuerza que puede imponer su voluntad de modo coactivo- para convertirse en una herramienta de solución de conflictos. Esto puede verse fácilmente en la manera en que el Estado interviene hoy en los conflictos de familia. La solución de la situación conflictiva en algunos casos es prioritaria a la función jurisdiccional.Cada vez más es necesario hacer cesar la situación de desamparo urgente en que se encuentra el justiciable, antes que resolver lo que es ajustado a derecho. Esto significa que el Poder Judicial ya no solo es el encargado de interpretar las leyes y decir el derecho en el caso concreto, sino que es el Poder que administra los conflictos. De ahí la necesidad de contar hoy con mediadores judiciales, asistentes sociales, negociadores, etcétera. También debemos poner la mirada en la formación de los magistrados, ya que no basta con saber derecho; hoy es necesario también tener ciertas nociones de psicología, de administración, de liderazgo, de sociología, etcétera. No podemos olvidar que la Corte Federal tiene dicho en más de una ocasión que los magistrados no pueden desentenderse de las consecuencias de sus fallos y que es un deber de los jueces aplicar el «iura novit curiae». De donde claramente ya no podemos sostener la imagen del magistrado encerrado en una torre de cristal impartiendo justicia sin preocuparse de los efectos que pueden provocar sus fallos, un juez que diga el derecho sin que le toque en lo más mínimo las relaciones sociales que con su decisión se afectan. Más aún, la cara visible del Poder Judicial es el juez de primera instancia; es ahí donde se deben ajustar los sistemas de designación y sus exigencias. La inmensa mayoría de los litigios se terminan en primera instancia, de donde pareciera razonable establecer no solo un adecuado sistema de selección, sino también en cuanto a los requisitos para el cargo. La necesidad de tener en miras los fines que se persiguen a través de la estructura jurisdiccional, importa también una mirada distinta sobre el proceso de formación de aquellos que integrarán el sistema -básicamente me refiero a la formación universitaria del abogado-, e incluso a la función social que le asignamos al sistema jurídico positivo. No puede quedar fuera de este punto la crítica al organismo encargado de la designación.En el plano nacional, el Consejo de la Magistratura -diseñado en la reforma constitucional de 1994- no parece haber conseguido dar los mejores resultados. Frecuentemente entorpecido por pujas políticas, tampoco da la sensación de haber sido útil para generar en la población el sentimiento de independencia funcional. Cada sociedad debe darse sus propias instituciones, pero ellas deben ser diseñadas en miras a los fines que se persiguen como conjunto social, los que están expresados, como dijimos, en el preámbulo de la Constitución Nacional. Por todo ello, es importante evaluar el rol estratégico que se le asigna al Poder Judicial.

2. Diseño de Protocolos. Los protocolos no solo deben ser adecuados para los fines que se persiguen, sino que, además, deben responder a determinadas características demográficas y morfológicas de los distritos en donde habrán de utilizarse. Para traer un ejemplo que me es familiar, en la provincia de Santa Fe, esta adecuación se ve reflejada en determinados procedimientos -familia y responsabilidad extracontractual- que varían según la circunscripción judicial. En materia de familia y responsabilidad extracontractual, en las circunscripciones encabezadas por la capital y Rosario, el trámite es oral y el tipo de organismo destinado a resolver es un tribunal colegiado; en tanto que las encabezadas por Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, el trámite es escrito y el juzgado es unipersonal. Desde mi punto de vista el diseño de los sistemas procesales debe estar estrechamente ligado al esquema organizativo del Poder Judicial. Incluso esto es una cuestión para tener en cuenta al momento de asignar competencias en las leyes de fondo. Observo el tema de los amparos de salud y la competencia federal y traigo un ejemplo que se presenta constantemente. Sigamos por comodidad con la provincia de Santa Fe -aunque sospecho que en otros distritos la cosa todavía puede ser más grave- y veamos el caso siguiente tomado de la práctica.Una persona necesita una intervención médica urgente que la obra social se niega a cubrir y debe iniciar una acción de amparo. La persona de nuestro ejemplo vive en Diego de Alvear, es decir, a 236 km del Juzgado Federal más cercano que está en Rosario (a la sazón no se ha puesto en funcionamiento aún el Juzgado Federal de Venado Tuerto). Pregunto, ¿es facilitarle el acceso a la tutela judicial efectiva de su derecho a la salud, pedirle a una persona que se traslade 236 km hasta Rosario, consiga un abogado allá y este le lleve adelante el pleito? Una persona que, por lo demás, puede tener un problema de salud que le impide viajar. ¿No se le está encareciendo así el servicio de justicia a la parte más débil de la relación jurídica? Otro ejemplo. Las medidas autosatisfactivas no están reguladas en la mayoría de los sistemas procesales de la Argentina, salvo algunas excepciones y para casos puntuales (violencia doméstica, desalojo). Esto genera, entre otros problemas, que cada juez las aplique como se le ocurra. El diseño pretoriano de procesos monitorios, tan de moda en nuestros días, lleva, no pocas veces, a que se cometan injusticias -incluso contra quien suele ser la parte fuerte de la relación- solo porque cada magistrado tramita la causa según lo que él considera que tiene que hacer. Por lo que proliferan pretensiones confusas y excesivas de parte de todo el mundo dentro del mismo proceso, ya que la informalidad procesal sumada al principio dispositivo, provoca el efecto de canalizar por esa misma vía postulaciones del todo diversas. Lo que termina, la mayoría de las veces, en un fárrago procesal enrevesado difícil -cuando no imposible- de enderezar. En fin, como puede apreciarse, no pueden escindirse los sistemas procesales de la organización de la estructura administrativa encargada de aplicarlos, ni de las condiciones sociales y geográficas donde dicha estructura deberá operar.

3. El modelo de solución de conflicto.Dado que estamos siempre dentro del ámbito de la justicia civil, debemos recordar que, salvo el caso del Derecho de Familia, donde tanto en el ámbito de los protocolos cuanto en la tutela efectiva de los derechos comprometidos se autoriza la actuación de oficio, lo común en el resto de la actividad judicial es que solo funcione a pedido de parte, es decir, es de estricta aplicación el principio dispositivo. Por lo tanto, la justicia civil exclusivamente interviene cuando es requerida, solo en la medida del requerimiento y carece de inercia, de donde, en tanto no se impulse el proceso, este no avanza hacia la solución. Esto muy probablemente lo sepa el abogado, pero rara vez lo sabe el litigante. Se puede corroborar aquí la cuestión planteada más arriba, ya que la expectativa del litigante puede no corresponderse con las posibilidades que presenta el proceso civil, quizá espere que el sistema de enjuiciamiento civil funcione como un mecanismo que, una vez que recibe el primer impulso, no se detiene hasta lograr el producto terminado (sentencia). De ahí que sea muy importante la simplificación de los procesos de justicia comunitaria o de pequeñas causas, donde el litigante puede concurrir a reclamar algo sin necesidad de asistencia letrada. Ahora bien, sea cual fuere el sistema procesal que se aplique, lo que se advierte en la actual situación es que todo el proceso está concebido para arribar a una sentencia que propone -en el plano material- una solución binaria del tipo «tiene derecho / no tiene derecho. Se le podrá objetar a esta observación que la declaración de un derecho carece de matices, se tiene o no derecho, pero no se tiene derecho más o menos. Esto quizá sea real en el plano del derecho, pero no sé hasta dónde lo es en el plano histórico, en lo fáctico, donde aparecen dos elementos insoslayables:la contundencia de lo acaecido -«las razones son falibles, los hechos son irrefutables» (Borges)- y la complejidad de la condición humana, esto es, la multiplicidad de sentidos que pueden atribuirse a la acción de un ser humano. He podido comprobar a lo largo de muchos años de ejercicio de la abogacía y la magistratura, que a veces este sistema binario de respuesta judicial no satisface los intereses puestos en juego en el proceso de que se trate. Esto puede verse muy fácilmente en los procesos de familia (1), pero también puede observarse en otros tipos de procesos tales como las sucesiones, algunos juicios por daños y perjuicios -sobre todo en aquellos derivados de accidentes en los que el litigante ha sufrido alguna incapacidad física o ha perdido a un ser querido-; en general se trata de procesos en que los hechos discutidos involucran valores humanos difícilmente mensurables en dinero. El modelo binario de solución de conflictos que ofrece el sistema judicial no siempre consigue una solución efectiva del conflicto, ya que suele soslayar muchos de los componentes que lo provocaron. En este sentido, es muy interesante el campo que abre para los operadores del derecho de daños, el último párrafo del art. 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación con la ponder ación de las «satisfacciones sustitutivas y compensatorias» para la reparación de las consecuencias no patrimoniales.

He citado hasta aquí tres de los síntomas en los se muestra la crisis la visión tradicional del sistema judicial. Como dije al principio, hay otros que se pueden encontrar, y es nuestro deber hacerlo, para tornar más eficiente la respuesta jurisdiccional. Creo que una primera conclusión que podemos obtener de lo dicho es que cada vez más debe observarse a la función judicial como un sistema de gestión de conflictos. Esto nos exige una mirada dinámica, ya que los conflictos humanos son cambiantes, múltiples y veloces.Probablemente la rigidez con que ha sido concebida la estructura judicial sea un obstáculo para responder a la fluctuante versatilidad y variedad de los conflictos que se nos presentan. Hasta ahora se ha ensayado una clasificación ideal de los conflictos, que es la división en ramas del derecho reflejada en el aparato administrativo judicial. Esto inevitablemente hace que no puedan atenderse conflictos que se escapan de esa división o que involucran a varias ramas del derecho al mismo tiempo. El ejemplo más claro de lo que acabo de decir son los juicios derivados de accidentes laborales, donde se pueden ver involucrados aspectos del derecho de daños y del derecho laboral al mismo tiempo. Pero también pasa con los asuntos de familia, las sucesiones, los conflictos societarios, las divisiones de condominio, etcétera. En general, sucede cuando en un debate judicial se ven involucrados valores y aspectos que exceden la clasificación tradicional, o que desbordan lo que técnicamente llamamos «pretensión». ¡Cuántas veces vemos que el problema que existe entre las partes en disputa no se corresponde con la pretensión que se esgrime en el proceso! Aun cuando el juez dicte una sentencia ajustada a derecho, nadie quedará conforme porque lo que en verdad se dirime entre las partes no está expresado en la pretensión incoada, pues responde a un conjunto de intereses subjetivos que carecen de posibilidades jurídicas de expresión. Luego, el fallo que se dicta podrá ajustarse a derecho, pero en modo alguno resolverá el verdadero conflicto, el que queda velado. Tal vez no sea mala idea ensayar la mirada distinta, intentar el diseño un sistema judicial en función de una clasificación de los conflictos basada no en la estructura teórico-científica del derecho, sino basada en la dinámica social y subjetiva del propio conflicto.

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(1) Lo pretendido y lo querido en los procesos de familia. MJ-DOC-10388-AR | MJD10388 .

(*) Juez de la Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto.