Se ordena el otorgamiento de pensión a la titular que se encontraba separada de hecho debido al maltrato que recibía del causante

Partes: Blas Carmen Aurora c/ ANSES s/ prestaciones varias

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social

Sala/Juzgado: 2

Fecha: 6-abr-2018

Cita: MJ-JU-M-110798-AR | MJJ110798 | MJJ110798

Se confirma la sentencia que ordena el otorgamiento de la pensión a la titular que se encontraba separada de hecho debido al maltrato que recibía del causante.

Sumario:

1.-Si no se ha acreditado la culpa de la actora en la separación con el causante, sino antes bien que ello se debió al maltrato recibido por parte de aquel, corresponde confirmar la sentencia que ordena el otorgamiento del beneficio de pensión.

2.-El art. 22 de la Ley 24.463, es de aplicación cuando se trata de cobro de sumas de dinero por diferencias mal liquidadas producto de reclamos por reajuste de haberes, por ello, el plazo allí establecido no se aplica cuando se trata del otorgamiento de una prestación previsional.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los seis días de abril de 2018, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos BLAS, CARMEN AURORA c/ ANSES s/PRESTACIONES VARIAS, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

ANSES apela la sentencia de grado que hace lugar a la demanda. Centra su agravio en que se ordena otorgar el beneficio de pensión, considerando que viola lo dispuesto por la ley 17.562 artículo 1º, realiza diversas manifestaciones en torno de la demostración de convivencia .Sostiene que la actora no efectuó reserva de alimentos para sí, por lo que no ha demostrado cumplir con el precepto requerido por la legislación vigente para acceder al beneficio pensionado. Realiza diversas manifestaciones en torno a la convivencia. Apela, asimismo, el plazo de cumplimiento.

El “a quo”, cita lo dispuesto por la ley 17562 (articulo 1 inc. a) y los fallos de la Corte que autorizan el otorgamiento de la pensión cuando no se hubiere probado la culpa de la apelante en la separación de hecho. Destaca que el organismo no ha logrado comprobar fehacientemente que la actora haya sido la responsable de la separación de hecho. Cita las declaraciones brindadas a los funcionarios al momento de la verificación, en la que se refiere el maltrato que recibía del causante ella y sus hijos. Concluye que toda vez que la verificación no da cuenta de la culpabilidad de la titular en los términos previstos en las disposiciones legales aplicables y a que sí da cuenta de que el fallecido persistía en mantener el vínculo familiar pese a las circunstancias que lo alejaban, no encuentra motivos para denegar la prestación, ya que la violencia sufrida no configura la culpa que se refiere el autor de la norma como causal de exclusión.

La ley 17562, en su Artículo 1° establece -” No tendrán derecho a pensión:a) El cónyuge que, por su culpa o por culpa de ambos, estuviera divorciado o separado de hecho al momento de la muerte del causante, excepto cuando el divorcio hubiera sido decretado bajo el régimen del artículo 67 bis de la Ley 2.393 y uno de los cónyuges hubiera dejado a salvo el derecho a percibir alimentos; (Inciso sustituido por art. 1° de la Ley N° 23.263 B.O. 11/10/1985. Ver art. 2° de la misma norma)- El Alto Tribunal ha analizado el alcance de esta disposición, en relación a la culpa del peticionante de la pensión, señalando lo siguiente “Corresponde revocar la sentencia que consideró aplicable la sanción prevista por el art. 1°, inc. a, de la ley 17.562 y que la solicitante debía probar su inocencia en la separación si, más allá de la discordancia entre las declaraciones testificales y la realizada por la actora en sede administrativa acerca de la conducta del causante, no surge de éstas ni tampoco de la causa la culpabilidad de ella en la separación de hecho”. (Abero, Isabel Guadalupe c/ ANSeS s/ pensiones. 1654/2000-A-39- ROR31/10/2006 Fallos: 329:4857) “Corresponde dejar sin efecto la sentencia que denegó el beneficio previsional si no se probó la culpa de la apelante en la supuesta separación de hecho en que se fundó la negativa, elemento subjetivo que es condición para la pérdida del derecho a pensión en los términos del art. 1°, inc. a, de la ley 17.562, sin que resulte posible fulminar con aquella sanción a la peticionaria inocente o cuya culpa no hubiese sido fehacientemente probada, aunque se hallara separada de hecho del causante desde varios años antes a su fallecimiento”.( Luchetta Isabel C/ Inps-Caja Nacional De Prevision De La Industria, Comercio Y Actividades Civiles S/Reapertura De Procedimiento Administrativo L. 359. Xxxix. Ror31/10/2006 Fallos:329:4862).”La separación basada en la petición conjunta de los cónyuges no importa por sí sola la exclusión del derecho de pensión, ya que la sanción impuesta por la ley sólo sería procedente si se probara en forma categórica que la separación se produjo como consecuencia de la conducta de la actora, aspecto que, no sólo no se ha verificado en autos, sino que la prueba testifical ha corroborado la postura de la demandante y los motivos que tuvo para justificar su divorcio”.(Gasparetto Dora Elsa c/ Anses s/pensiones G. 692. Xl. Ror15/07/2008 Fallos: 331:1651). “Corresponde dejar sin efecto la sentencia que deniega el beneficio previsional si no se prueba la culpa de la apelante en la separación de hecho, elemento subjetivo que es condición para la pérdida del derecho a pensión en los términos del art. 1°, inc. a, de la ley 17.562, sin que resulte posible fulminar con aquella sanción a la peticionaria inocente o cuya culpa no hubiese sido fehacientemente probada (González, María Elena c/ ANSeS s/ pensiones. G. 703. XXXVII.24/04/2003 Fallos: 326:1440 )

En el caso en examen, de la verificación efectuada por ANSES en el Paraje San Isidro, Provincia de Santa Fe, domicilio declarado como el último de convivencia antes de la separación, se entrevistaron dos personas oriundas del lugar Sres. Rodríguez Marcos Ramón y Ascencio Manuel, quienes en general son contestes en afirmar que conocieron al causante Sr. Jourdon Lino Alejandro y a la titular Sra. Blas Carmen Aurora, que la titular hizo abandono del hogar debido al maltrato que recibía del causante tanto ella como sus hijos. Ella se fue a vivir a la ciudad de Baradero junto a sus hijos. Que el causante y la titular siguieron teniendo relación por los hijos pero nunca volvieron a vivir juntos. El causante fue a vivir un tiempo en Baradero pero debido al mal carácter que tenía sus mismos hijos le pidieron que se volviera.En la zona tenía muy pocos amigos (expte administrativo fs. 11) Considero, por tanto, que no se ha acreditado la culpa de la actora en la separación del causante, sino antes bien que ello se debió al maltrato recibido por parte aquel.

Los agravios atinentes a la convivencia y su acreditación no guardan relación con el decisorio ni con las constancias de la causa.

En consecuencia, atento lo señalado precedentemente, se confirma la sentencia en este punto.

En orden al agravio referido a la falta de aplicación del artículo 22 de la ley 24.463, es conocido el criterio de este fuero según el cual dicha disposición es de aplicación cuando se trata de cobro de sumas de dinero por diferencias mal liquidadas producto de reclamos por reajuste de haberes, a las cuales sin duda se refiere la norma aludida, tal como surge del mensaje remitido por el P.E.N. al Honorable Congreso de la Nación al acompañar el proyecto de la ley 24.463 (.”G., A. A. c/ A.N.Se.S. s/Pensiones”, Sala III, Sent. Def. n° 147.791 del 11/09/12; “RODRÍGUEZ, ANA MARÍA c/ A.N.Se.S.”, Sala I, Sent. Def. n° 81.789 del 20/6/99, entre otros).

Por lo señalado propicio confirmar la sentencia de grado en cuanto es materia de apelación. Imponer las costas de alzada en el orden causado (artículo 21 de la ley 24.463).

Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora por su labor en la alzada en el 25% de los regulados en la instancia de grado.

EL DOCTOR LUIS RENE HERRERO DIJO

Adhiero al voto de la Dra. Dorado A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

Confirmar la sentencia de grado en cuanto es materia de apelación. Imponer las costas de alzada en el orden causado (artículo 21 de la ley 24.463). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora por su labor en la alzada en el 25% de los regulados en la instancia de grado.

Regístrese. Protocolícese. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

El Dr. Emilio Lisandro Fernández no vota por encontrarse en uso de licencia (R.J.N. art. 109)

LUIS RENE HERRERO

Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

ANTE MÍ:

AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara MPV