Multan a letrados que se valieron de su condición de tal para concertar una maniobra en beneficio propio con el bien de un cliente

Partes: O. J. M. y otro c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía – Ley 23.187 – art. 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: V

Fecha: 10-abr-2018

Cita: MJ-JU-M-110290-AR | MJJ110290 | MJJ110290

Se justifica la imposición de la multa a los letrados que se valieron de su condición para concertar una maniobra con un bien de un cliente en beneficio propio.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la multa impuesta a los abogados actores con fundamento en que habían violado los deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía con buena fe, previstos en el art. 6, inc. e) , de la Ley 23.187 y 10 del Código de Ética; y los deberes del abogado para con su cliente, previstos en los art. 19, inc. c) y h) , del Código de Ética, toda vez que aun cuando en sede penal hubieran sido sobreseídos del delito de estafa procesal, no significa que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados no tenga atribuciones para imponerle a los matriculados una sanción de naturaleza disciplinaria.

2.-Se juzga que la sanción de multa impuesta por el Tribunal de Disciplina a los actores resultó justa pues, a tales fines, les atribuyó a los profesionales haber concertado una maniobra valiéndose de su condición de letrados, en transgresión a los deberes de lealtad, buena fe y probidad, en claro perjuicio de los denunciantes, lo que constituye una inconducta grave; máxime considerando que en virtud de la antigüedad en el desempeño de la profesión, no pueden ser considerados ‘inexpertos’.

3.-Puesto que los profesionales sancionados no hicieron referencia a la inexistencia de los hechos en los que se fundó la imputación, esto es haberse valido de su condición de letrados para convertirse en, por un lado, cesionario de una propiedad a precio vil y omitir denunciar ese acto en el marco del juicio de ejecución de expensas para el cual fue apoderado uno de ellos, y finalmente convenir el pago de la deuda en concepto de expensas a los cedentes, corresponde confirmar la multa impuesta por incumplimiento de deberes fundamentales inherentes al ejercicio profesional.

Fallo:

Buenos Aires, 10 de abril de 2018.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que mediante la sentencia del 26 de octubre de 2016 la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal, les impuso a los abogados R. J. O. y J. M. O. una multa equivalente al 50% de la retribución mensual de un juez nacional de primera instancia en lo civil, de conformidad con lo previsto en el artículo 45, inciso c), de la ley 23.187, con fundamento en que habían violado los deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía con buena fe, previstos en el artículo 6, inciso e), de la ley 23.187 y 10 del Código de Ética; y los deberes del abogado para con su cliente, previstos en los artículos 19, incisos c) y h), del Código de Ética, de conformidad con lo establecido en al artículo 44, inciso g), de la ley N° 23.187. Al relatar los antecedentes de la causa, indicó que el sumario disciplinario había sido iniciado el 12 de abril de 2012 con motivo de la comunicación que le había dirigido el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 8, en la causa Nº 41.920/2011, caratulada “O. J. y otro s/estafa”, por medio de la cual se había hecho saber al Colegio de Abogados que dichos letrados habían sido procesados por considerarlos prima facie coautores del delito de estafa procesal por su actuación en el expediente n° 37.198/01, caratulado “Cons. de Prop. Catamarca c/Guerra, Ángel Carlos s/ejecución de expensas”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Civil n° 110. Dicho procesamiento había sido confirmado -aunque recalificándolo como estafa común- por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el 11 de abril de 2012.Dio cuenta, además, de que con posterioridad, el 21 de febrero de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal n° 15, absolvió a ambos sujetos sobre la base del desistimiento efectuado por parte de los querellantes, con motivo del acuerdo celebrado entre aquellos y los denunciados. La Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal puso de manifiesto que al abogado J. M. O. se le había imputado haber adquirido a precio vil (5.000 pesos), por cesión de derechos y ante la inminencia de la subasta por una deuda de expensas, los derechos hereditarios correspondientes a Fabio Ángel Guerra y Susana Beatriz Marzoa, sobre las dos terceras partes del inmueble sito en Catamarca 173/77, 5° piso, unidad 30, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Simultáneamente, ambos copropietarios habían otorgado poder al hermano del cesionario, el abogado R. J. O., para que los representara en el juicio de ejecución de tales expensas, en la inteligencia de que la deuda sería asumida por los O. Sin embargo, R. J. O., no sólo omitió informar la cesión efectuada a favor de su hermano J. M., sino que además suscribió un convenio con el consorcio de copropietarios por más de 10.000 dólares estadounidenses por medio del cual obligó a Marzoa y Guerra a pagarlas, que dio inicio a la ejecución y embargo de la propiedad referida. Esa medida fue notificada al abogado R. J. O., quien no realizó ninguna presentación ni adoptó ninguna medida tendiente a preservar los intereses de sus representados. Con posterioridad, y ante tal circunstancia, Marzoa y Guerra, se hicieron cargo del pago de lo convenido por el letrado apoderado por ambos, a fin de evitar el remate de la propiedad y formularon la correspondiente denuncia penal que sirvió de fundamento para el inicio de las actuaciones disciplinarias.Para resolver en el sentido referido, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal dejó en claro que el acuerdo celebrado entre los querellantes y los imputados en sede penal por medio del cual se dejó sin efecto la cesión realizada a favor del abogado J. M. O., así como también la que éste realizó con posterioridad a favor del señor Rodríguez, y comprometieron la restitución del inmueble a Marzoa y Guerra, no tenía virtualidad para influir en la evaluación de la conducta profesional, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, inciso a), del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que deriva a su vez del artículo 4°, del Código de Ética. Concluyó que el vínculo que unió a los hermanos O. con los querellantes no puede ser reducido a lo “negocial” ya que la maniobra por la cual se hicieron del inmueble a precio vil y luego comprometieron el pago del saldo de expensas a los señores Guerra y Marzoa en el marco de la causa n° 37.198/01, caratulada “Cons. de Prop. Catamarca c/Guerra, Ángel Carlos s/ejecución de expensas”, y que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Civil n° 110, justamente “.consistió en que, presentándose como letrados y ante la proximidad del remate de la unidad, los hermanos O. indujeron a error a los denunciantes para que firmaran la cesión de derechos onerosa a favor de J. O. bajo el entendimiento de que éste se haría cargo de la deuda de expensas y evitaría la ejecución en trámite. Dentro de ese mismo ardid, determinaron a las víctimas a suscribir un poder especial a favor de R. J. O. para que los represente en el juicio de expensas que éste aprovechó para utilizar obligándolos en el expediente a asumir la deuda, en vez de hacerse cargo acorde a la promesa oportunamente asumida. En otros términos, J. M. O. y R. J. O.engañaron a Fabio Ángel Guerra y Susana Beatriz Marzoa, con el ardid de hacerles creer que, en su calidad de cesionario y apoderado especial, asumirían los costos adeudados por expensas al consorcio.” (cfr. fs. 180, cita de las conclusiones del Fiscal Sandro Abraldes en su requerimiento de elevación a juicio). Finalmente, indicó que las conductas asumidas por los letrados imputados había afectado los deberes de lealtad, probidad y buena fe que rigen el ejercicio de su profesión, de manera tal que se había vulnerado lo establecido en los artículos 6, inciso e) de la ley 23.187 y 10 y 19 del Código de Ética. Dio cuenta además de que tales conductas constituían faltas graves en los términos del artículo 28, inciso b), del Código de Ética de manera tal que dispuso graduar la sanción entre las previstas en los incisos c) y d) del artículo 45 de la ley 23.187, considerando asimismo que ambos profesionales se hallaban registrados en la matrícula desde hacía más de 10 años – circunstancia que constituía un agravante dado que no se trataba de “inexpertos” en el ejercicio de la profesión- y que no tenían registradas sanciones -circunstancia que constituía un atenuante-.

II.- Que, contra esa decisión, a fs. 189/192 el abogado J. M. O., interpuso el recurso de apelación previsto en el artículo 47 de la ley N° 23.187; mientras que, a fs. 195/200 hizo lo propio el abogado R. J. O. El primero de los nombrados considera que le fue reprochada una conducta que no guarda relación con su actuación como profesional de la abogacía y que, al tratarse de una situación que pertenece a su ámbito privado, el Tribunal de Disciplina se excedió en su actuación, circunscripto por la ley 23.187.Refiere a lo establecido en el artículo 1° del Código de Ética en cuanto que será aplicable “. a todo matriculado en este Colegio en el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal y/o ante Tribunales Federales, como asimismo en el supuesto contemplado en el artículo 4 párrafo segundo de la Ley 23.187”, y pone de manifiesto que de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44 de la ley 23.187, únicamente resulta aplicable respecto de los matriculados en ejercicio de su profesión de abogado en la Capital Federal y/o ante los Tribunales Federales, mas no se refiere a la actuación en el ámbito de los asuntos privados. Destaca que la valoración de su comportamiento ya fue evaluada y resuelta en sede penal, y que dicha causa culminó con el dictado de su absolución. Manifiesta que fue privado de probar, mediante testigos, que nunca se constituyó como obligado al pago de las expensas pendientes. Por su parte, el Dr. R. J. O., insiste en que debió haber sido producida la prueba ofrecida en sede penal. Ello, por cuanto considera que, al haber culminado aquella causa por un acuerdo de las partes que derivó en la absolución de los imputados, la producción de aquella en la respectiva sede penal se tornó inoficiosa, mas considera que hubiese sido de gran utilidad producirla en el marco de la presente causa. Alude que tenía interés en citar a diversos testigos, para evidenciar la diligencia y buena fe de su actuación. Sostiene que se vulneró el derecho de defensa al haber tenido por probados los hechos referidos en el auto de procesamiento, que no hace cosa juzgada y, además, al haberse omitido producir la prueba ofrecida por su parte, en el sumario administrativo. Insiste en que su intervención letrada en el juicio de ejecución de expensas, en representación de sus clientes, los señores Marzoa y Guerra, respondía a lo acordado entre ellos y el Sr. J. M. O.Es decir, sostiene que ellos conocían que él firmaría en su representación un acuerdo por el pago de expensas, pero se le impidió producir la prueba necesaria para demostrarlo. Manifiesta que los Sres. Marzoa y Guerra “entendieron” que el Sr. Rodríguez (cesionario del abogado J. M. O.) había incumplido con el pago de las cuotas correspondientes a las expensas pendientes de pago, no “por capricho”, sino por una imposibilidad económica sobreviniente, y que ello motivó que ese sujeto accediera a devolver la titularidad del inmueble a los primeros que, por su parte, debieron cumplir con el pago de las cuotas convenidas por la deuda de expensas, para evitar el remate de la propiedad.

III. Que fs. 206 y vta. dictaminó el Sr. Fiscal General sobre la admisibilidad de los recursos.

IV. Que, a fs. 215/217 vta. el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contestó el traslado del recurso interpuesto. En primer término se refiere al recurso interpuesto por el abogado R. J. O., y manifiesta que no le asist e la razón en cuanto sostiene que no puede afirmarse su responsabilidad disciplinaria sobre la base de una causa penal que culminó con su sobreseimiento. Destaca que la aplicación de una sanción en el ámbito disciplinario es independiente de lo juzgado en sede penal, toda vez que en el ámbito disciplinario y en el penal se examinan responsabilidades de distinta naturaleza. Expresa que, a contrario de lo sostenido por el apelante, el señor Rodríguez, cesionario del abogado O., fue citado en calidad de testigo en reiteradas oportunidades al domicilio denunciado por el propio R. J. O., con resultado infructuoso; por lo que no se advierte en modo alguno una afectación del derecho de defensa pues no existió privación de la prueba ofrecida sino negligencia en producirla y; además, porque considera que el contenido de la sentencia constituye, a su entender, una derivación razonada de las constancias obrantes en autos. Con relación a la apelación interpuesta por el abogado J. M.O., pone de manifiesto que la competencia del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados no se encuentra constreñida por los términos de una denuncia o comunicación, de manera tal que no existe limitación en cuanto a la amplitud de la pesquisa a fin de cumplir con el objetivo específico previsto en la ley 23.187, es decir, la preservación de la dignidad, libertad y prestigio del ejercicio profesional de los abogados inscriptos en su matrícula. Cita jurisprudencia de esta Cámara en sustento de que, tratándose precisamente de faltas éticas “.el deber de lealtad exige al abogado un particular cuidado en la realización de sus actos, a efectos de evitar que estos puedan llevar.a las partes a creer que son algo distinto o que parezcan lo que no son, sin que importe, desde el punto de vista disciplinario, que con ello pueda haberse ocasionado o no un perjuicio concreto a persona alguna, ni la invocada falta de intencionalidad” (Sala I, expediente n° 37.569/1998 caratulado “Regalado, Ramón Joaquín del Valle c/CPACF”, del 4 de noviembre de 1999). Por las razones señaladas, solicita que se rechacen los recursos interpuestos y se confirme la sanción apelada con la debida imposición de costas.

V.- Que, en primer término corresponde destacar que resulta indiscutible que el hecho de haber sido sobreseído o absuelto en sede penal no significa que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados no tenga atribuciones para imponerle a los matriculados una sanción de naturaleza disciplinaria, toda vez que los ámbitos de responsabilidad y los bienes jurídicos respectivamente tutelados son diferentes (cfr. Artículo 43 ley 23.187 y esta Sala en las causas “O´Connor, Eduardo Horacio c/CPACF (Expte. 21368/06)” Expte. Nº 5924/10, sentencia del 18 de agosto de 2010 y “Cernello, César Augusto c/CPACF (expte.n° 16259/03)”, expediente n° 17.145/2012, del 1° de octubre de 2012).

Como resulta de los antecedentes de la causa, el Tribunal de Disciplina, al imponerles la sanción de multa, les atribuyó a los profesionales haber concertado una maniobra valiéndose de su condición de letrados, en transgresión a los deberes de lealtad, buena fe y probidad; y en claro perjuicio de los denunciantes. Les reprochó haber concertado una cesión de un inmueble a precio vil y el otorgamiento de un poder, de manera simultánea, a dos hermanos, abogados, que acordaron esa modalidad negocial en su propio beneficio y, en perjuicio de sus clientes. En tal sentido, omitieron dar aviso en el marco de la causa n° 37.198/01, caratulada “Cons. de Prop. Catamarca c/Guerra, Ángel Carlos s/ejecución de expensas”, y que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Civil n° 110, de la referida cesión y, por ende, de la nueva titularidad de la deuda por expensas y; asimismo, al haber acordado el pago de esas expensas en cuotas fijadas en dólares, a cargo de los cedentes, sin notificarlos de ese acuerdo. De manera tal que se vieron obligados a asumir el pago para evitar el remate de la propiedad. De los fundamentos de la sentencia apelada, y de las demás constancias de la causa, resulta que los profesionales oportunamente fueron denunciados en la justicia penal por los señores Marzoa y Guerra, copropietarios cedentes del inmueble sito en Catamarca 173/77, 5° piso, unidad 30, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circunstancia en virtud de la cual fueron procesados, aunque finalmente se decretó el sobreseimiento con base en el acuerdo celebrado entre los querellantes Marzoa y Guerra y los denunciados (conjuntamente con el segundo cesionario, señor Rodríguez). En dicho acuerdo, se convino la restitución del inmueble oportunamente cedido.Esa circunstancia no modifica lo expuesto en orden a la responsabilidad disciplinaria de los letrados, pues el sobreseimiento decretado en sede penal no fue el resultado de la falta de constatación de los extremos denunciados sino que se relacionó con un acuerdo entre las partes, de manera que resulta apropiado que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados haya examinado los hechos que motivaron el oportuno procesamiento penal, y los términos del acuerdo de revocación de las cesiones y restitución del inmueble en que se basó el sobreseimiento; para concluir finalmente que su conducta había sido reprochable en términos disciplinarios. Al respecto, cabe señalar que, al fundamentar los recursos interpuestos, los profesionales sancionados no hicieron referencia a la inexistencia de los hechos en los que se fundó la imputación (valerse de su condición de letrados para convertirse en; por un lado, cesionario de una propiedad a precio vil, omitir denunciar ese acto en el marco del juicio de ejecución de expensas para el cual fue apoderado uno de ellos y, finalmente convenir, el pago de la deuda en concepto de expensas a los cedentes), a fin de exponer de manera clara que su proceder en ningún momento fue susceptible de ninguna objeción de orden ético. En consecuencia, cabe concluir que en el caso Tribunal de Disciplina actuó dentro de sus facultades, y considerando además las particularidades del caso y que los apelantes no se agravian de manera concreta de la calificación como falta grave de su conducta, no se advierte que la multa impuesta respecto de cada uno de ellos resulte irrazonable.

Por las razones expuestas, SE RESUELVE:

1) Rechazar los recursos interpuestos y confirmar el pronunciamiento apelado.

2) Imponer las costas de esta instancia a los recurrentes por haber resultado vencidos (cfr. artículo 68 del CPCCN).

3) Regular los honorarios del Dr. Juan Pablo Echeverría, por su actuación en el carácter de letrado apoderado y patrocinante del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por las actuaciones cumplidas en esta instancia en pesos. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Jorge F. Alemany

Guillermo F. Treacy

Pablo Gallegos Fedriani