Es inhábil el certificado de deuda expedido por una ART que sólo contiene la firma de un ‘apoderado’ sin indicación de cargo

Partes: Galeno A.R.T. Sociedad Anónima c/ Cerámicas Juan Stefani Sociedad Anónima s/ ejecutivo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 27-feb-2018

Cita: MJ-JU-M-110055-AR | MJJ110055 | MJJ110055

Es inhábil el certificado de deuda expedido por una aseguradora de riesgos del trabajo que sólo contiene la firma de un ‘apoderado’ sin indicación de cargo, responsabilidad o representación suficiente.

Sumario:

1.-Es procedente rechazar la ejecución promovida con base en un certificado de deuda expedido por una aseguradora de riesgos del trabajo ya que si bien el art. 46, inc. 3 , de la Ley 24.557 no precisa quién o quiénes deben firmar tal documento, la sola y genérica mención de un ‘apoderado’ sin indicación de su cargo, responsabilidad o representación suficiente impide considerar al instrumento como un título hábil en los términos del art. 523 del CPCCN.

2.-Un título autónomo como es el certificado de deuda expedido por una aseguradora de riesgos del trabajo, suscripto en debida forma, constituye un instrumento autónomo que se basta a sí mismo, sin necesidad de complemento alguno, por cuanto el saldo que se determine por cuotas, recargos e intereses adeudados así como las multas, contribuciones a cargo de los empleadores privados autoasegurados, no requiere que haya sido conformado expresa o tácitamente por estos últimos.

3.-La creación de títulos unilaterales, como es el certificado de deuda expedido por una aseguradora de riesgos del trabajo, autorizado por el art. 46, inc. 3, de la Ley 24.557 reposa en la necesidad de generar un instrumento de ejecución forzosa con todas las características que le son propias y se apoya en la presunción de seriedad, idoneidad y profesionalidad del ente emisor.

4.-La circunstancia de que el ejecutado no haya deducido la excepción de ‘inhabilidad de título’ prevista en el art. 544, inc. 4 , del CPCCN. no impide al tribunal rechazar la ejecución porque a los jueces les está permitido encuadrar legalmente los hechos cuando se encuentran debidamente probados (iura novit curia).

Fallo:

Buenos Aires, 27 de febrero de 2018.

1. La ejecutante apeló el pronunciamiento dictado en fs. 60/61, por medio del cual la jueza de primera instancia rechazó la ejecución promovida en fs. 13/15.

Los fundamentos del recurso de fs. 62 fueron expuestos en fs. 68/70 y respondidos en fs. 72/74.

2. La recurrente se agravia, suscintamente, porque considera que la ejecutada no planteó una excepción admisible en esta clase de juicios y que, aún de ser ello así, el título ejecutado (cuya legitimidad no fue cuestionada) aparece como extrínsecamente correcto, sustentando de manera idónea la acción entablada. Añade que, eventualmente, debió abrirse a prueba la causa, tal como fuera solicitado por su parte en fs. 55, punto III°.

3. Tiene reiteradamente dicho este Tribunal que en los procesos ejecutivos como el presente, el conocimiento se limita al examen de las formas extrínsecas del título. Por tal motivo, la apertura a prueba constituye facultad privativa del juez de la causa (art. 549. Cpr.), quien válidamente puede prescindir de esa indagación si, como en el caso, los elementos aportados al expediente revisten entidad suficiente para dirimirla (esta Sala, 28.9.11, “Banco Santander Río S.A. c/ Font, Alejandro Carlos y otro s/ ejecutivo”; 28.12.10, “Zayat, Manuel c/ Spampinato, Ángel Fabián y otro s/ ejecutivo”; 26.6.09, “Alturria, Alberto c/ Zillo, Guillermina Carmen s/ ejecutivo”; 12.3.08, “Cooperativa de Crédito San Jorge Ltda. c/ Pont Lezica s/ ejecutivo”, entre otros; conf. Palacio, Derecho Procesal Civil; T. VII, página 490, n° 1103; Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado; T. 2, art. 549 y citas de la nota n° 11, página 769).

Sobre tales lineamientos, júzgase que no existe reproche alguno que formular a la magistrada de primer grado en cuanto prescindió de la apertura a prueba por estimar que los elementos obrantes en la causa resultaban suficientes para decidir la materia propuesta (v. fs. 60:4°).

4.Sentado ello, señálase que la creación de títulos unilaterales, como es el certificado de deuda expedido por una aseguradora de riesgos del trabajo (A.R.T.), autorizado por la ley 24.557: 46-3°, reposa en la necesidad de generar un instrumento de ejecución forzosa con todas las características que le son propias y se apoya en la presunción de seriedad, idoneidad y profesionalidad del ente emisor. Un título de esta naturaleza, suscripto en debida forma, constituye un instrumento autónomo que se basta a sí mismo, sin necesidad de complemento alguno, por cuanto el saldo que se determine por cuotas, recargos e intereses adeudados a la A.R.T. así como las multas, contribuciones a cargo de los empleadores privados autoasegurados, no requiere que haya sido conformado expresa o tácitamente por estos últimos (CNCom., Sala A, 31.5.07, “Prevención A.R.T. S.A. c/ Vanar S.A. s/ ejecutivo”).

Sobre tales premisas destácase que el título copiado en fs. 11, que detalla los distintos cargos supuestamente adeudados, contiene una sola firma atribuida a un “apoderado” (Claudio Cazala), cuya autorización y habilidad para suscribirlo no fue debidamente explicitada al promoverse la presente ejecución.

Cierto es que la norma antes mencionada (ley 24.557: 46-3°) no precisa quién o quiénes deben firmar tal documento (como sí lo hace, por ejemplo, el art. 1440 in fine del CCivyCom. para los certificados de saldo deudor en cuenta corriente), mas también lo es que la sola y genérica mención de un “apoderado” sin indicación de su cargo, responsabilidad o representación suficiente impide considerar al instrumento copiado en fs. 11 como un título hábil en los términos del art. 523 del Cpr.

Al respecto, esta Sala ha considerado -por ejemplo y en sentido afín al precedente citado por la propia recurrente en fs. 69, último párrafo- que el certificado de una A.R.T.que contiene la firma del gerente de operaciones y del responsable del área administrativa es suficiente para procurar el cobro del crédito en el cauce de un juicio ejecutivo (esta Sala, 1.11.13, “A.R.T. Liderar S.A. c/HPS Servicios S.A. s/ejecutivo”; 3.4.09, “A.R.T. Interacción S.A. c/ CYM Ascensores S.R.L. s/ ejecutivo”). Y si bien podría llegar a admitirse la suscripción del título en cuestión por otras personas cuyas facultades se hallen debidamente demostradas al promoverse la ejecución, se concuerda con la magistrada anterior en cuanto a que la sola alusión al carácter de “apoderado” del firmante del mencionado instrumento (v. fs. 61) impide admitir la acción aquí instaurada. Máxime considerando que de la constancia incorporada en fs. 67 (acompañada recién al presentarse el memorial de agravios en esta instancia) surge que con fecha 27.10.15 se designó vicepresidente de la ejecutante a “Claudio Fernando Cazalá” (supuesto apoderado suscriptor del certificado de fs. 11) cuando, en rigor, el título ejecutado fue librado con anterioridad (esto es, el 13.5.15).

Desde luego, la Sala no desconoce que la ejecutada no dedujo expresamente la excepción de “inhabilidad de título” prevista en el art. 544:4° del Cpr., mas tampoco ignora que a los jueces les está permitido encuadrar legalmente los hechos cuando se encuentran debidamente probados (iura novit curia) ni que, en el caso, se resistió la idoneidad del documento para promover la ejecución (v. fs. 50vta. y 51, primer y tercer párrafos, respectivamente).

5. Atento a la razonabilidad argumental de las posturas asumidas por las partes y las particularidades del caso, las costas de esta instancia -al igual que las de primer grado- serán distribuidas en el orden causado (arts. 68:2° y 69, Cpr.; esta Sala, 13.2.13, “Frigorífico Buenos Aires SAICAIF s/quiebra s/concurso especial por Rzepnikowski, Lucía”; 12.9.13, “Trenes de Buenos Aires S.A. s/concurso preventivo s/incidente de apelación art. 250, Cpr.”).

6. Por todo ello, la Sala RESUELVE:

Desestimar la apelación interpuesta; con costas por su orden.

7. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13) y notifíquese electrónicamente. Fecho, devuélvase la acusa, confiándose a la jueza a quo las diligencias ulteriores (art. 36:1o, Cpr.).

Juan R. Garibotto

Pablo D. Frick

Prosecretario de Cámara

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

NOTA: En la fecha se cumplió con la notificación electrónica ordenada precedentemente.

Eduardo A. Blanco Figueroa

Prosecretario Administrativo