Es responsable el empleador por los daños sufridos por un trabajador que operaba una máquina roladora que le tomó el guante y luego su mano

Partes: Flores Marcelo Alejandro c/ División Agrícola Sociedad Anónima y otro s/ daños y perjuicios – acción de inconstitucionalidad

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto

Fecha: 11-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-110330-AR | MJJ110330 | MJJ110330

El empleador resulta responsable en los términos del art. 1113 por los daños sufridos por un trabajador que operaba una máquina roladora que le tomó el guante y luego su mano derecha.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar al empleador por los daños sufridos por el trabajador, pues operar una máquina roladora de chapas implica una potenciación del riesgo, que puede producir un evento dañoso, ya que se trata de una cosa riesgosa, y además se acreditó el nexo existente entre ‘cosa’ y ‘sujeto’ en tanto la máquina roladora le toma el guante de trabajo y se lo chupa, tomándole prácticamente toda su mano derecha.

2.-A los efectos de la operatividad de la directiva del art. 1113 del CCiv., con la inversión probatoria consiguiente, es preciso acreditar previamente que el daño se produjo por las cosas de propiedad del empleador o de las que él se sirve o tiene a su cuidado, en cuyo caso se presume la culpa, exonerándose si acredita que él no la tuvo (cosa no peligrosa), o demostrando la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debe responder o cuando demuestra que la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presunta.

3.-La compensación pecuniaria por el sufrimiento espiritual sufridos por las lesiones ocasionadas por las patologías y las minusvalías que acompañaran al trabajador damnificado toda su vida, es de naturaleza resarcitoria y no debe guardar necesariamente una proporción, equivalencia, razonable o no con el daño patrimonial sufrido. La indemnización por daño moral resulta viable aún en los supuestos de responsabilidad objetiva por riesgo o vicio e la cosa fundada en el art. 1113 del CCiv.

Fallo:

En la ciudad de Venado Tuerto, a los 11 días de Diciembre del 2017, se reunieron en acuerdo los Sres. Miembros de la Cámara de Apelación en lo

Civil, Comercial y Laboral, de Venado Tuerto, Doctores Héctor M. López, Juan Ignacio Prola, y Roxana Mambelli, esta última por vacancia jubilatoria del Dr. Carlos Alberto Chasco, con el fin de dictar sentencia en los caratulados “FLORES, MARCELO ALEJANDRO c/ DIVISIÓN AGRÍCOLA S.A y/ O. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. Nro. 208/13), venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Nro. 8, en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Melincué estableciéndose al efecto plantear las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida?

Segunda: ¿Es ella justa?

Tercera: ¿Qué resolución corresponde dictar?

Correspondiendo votar en primer término al Sr. Vocal Dr. Héctor M. López., a esta primera cuestión dijo:

El recurso de nulidad interpuesto (fs. 407) no ha sido sustentado en esta instancia. Tampoco se advierte la existencia de vicios o irregularidades procesales declarables de oficio y, a todo evento, las quejas de la recurrente son canalizables por el recurso de apelación ya que denuncia la existencia de supuestos errores in iudicando y no in procedendo, sumado a ello que la nulidad es estricta y restrictiva.

Así me expido (arts. 112, 128, 360 y 361 del C.P.C.C.)

A la misma cuestión el señor vocal Dr. Juan Ignacio Prola, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo: Que adhiere a los fundamentos expuestos por el Sr. Vocal Dr. Héctor M. López, y vota de la misma manera.

Concedida la palabra a la señora vocal Dra. Roxana Mambelli, a quien correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: Que advirtiendo la existencia de dos votos concordantes, invoca la aplicabilidad al caso del art. 26 de la L.O.P.J., absteniéndose de emitir opinión.

A la segunda cuestión el Sr. Vocal Dr. López dijo:

1.La Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Melincué dictó la sentencia Nro 1368/12 (fs. 390/406 y vto) mediante la cual: Hizo lugar a la demanda y condenó a la demandada a abonar al actor en el término de cinco días la suma de $ 690.000,00, con más un interés igual a la tasa promedio entre activa y pasiva sumada del B.N.A., desde la fecha del fallo y hasta su efectivo pago. Le impuso las costas del proceso.

Dicho resolutorio ha sido apelado por la demandada, concediéndolo el aquo en relación y con efectos suspensivos (fs. 408), elevándose a posterior los autos a esta alzada.

Corrido el traslado a los apelantes expresan agravios, la accionada (fs.428/437 y vto.) procediendo la actora a responderlos (fs. 439/445 yvto.).

Luego del tramite reseñado se convocan los autos a la Sala, con notificación de los litigantes (fs. 504),quedando los presentes en estado de ser revisados por este Tribunal.

El relato de los antecedentes de la causa no ha sido objetado por las partes, por lo tanto hago pertinente remisión al fallo en este aspecto.

En su memorial recursivo la demandada expresó sus agravios por las siguientes cuestiones: a) Lo agravia la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 inciso 1 de la Ley 24.557. Cita jurisprudencia; b) Lo agravia la prescindencia del encuadre normativo y procesal de la demanda y análisis proteccionista sin sustento en el régimen aplicable. Cita jurisprudencia; c) Lo agravia las afirmaciones dogmáticas que prescinden del régimen jurídico aplicable y omisión de valoración de pruebas conducentes a la solución del litigio.La máquina roladora no es cosa riesgosa o viciosa; d) Lo agravia que contradiga constancias de la causa en cuanto a la prueba de tacha del testigo Vallejo y demás consideraciones que formula sobre esa tacha; e) Se agravia por cuanto se denuncia un hecho nuevo, que no es sino una burda maniobra para revocar lo afirmado en la demanda en cuanto a que el día 12.12.03, el testigo Vallejos, que fuera tachado estuvo presente y no ausente como afirmó en la demanda, utilizando un certificado psicológico del testigo, en cuanto a que padece estados alterados de confusión mental. Cita jurisprudencia de esta Cámara y Otras; f) Lo agravia la valoración que efectúa de la confesional del actor; g) Lo agravia el fallo del a.quo en cuanto a las contradicciones en las que incurre el fallo con las constancias de la causa. Analiza los testimonios de Vallejos y Montes de Oca. Cita jurisprudencia. Analiza los informes periciales de los peritos Vivas y Manzi; h) Reitera sus agravios sobre el razonamiento defectuoso y contradictorio con las constancias de la causa; i) Se agravia de los montos de condena.

La actora (fs. 439/445 y vto.) procede a rebatir puntualmente cada una de las críticas de la demandada.

Sostiene la actora, con relación a los agravios de la demandada, que sus agravios carecen de suficiencia técnica, conforme lo exige el art. 118 y cts. del C.P.L.

3. Para un correcto enfoque y a fin de dar una respuesta ordenada y lógica al agravio de las partes, comenzaré el análisis a partir de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39 inc. 1) en cuestión de la Ley 24557, y respecto de ellos, no habrá de computarse en función de su derogación sufrida a partir del art.17 de la Ley 26.773.

Bien, continuando con el tratamiento de los agravios, de las actuaciones motivantes de la presente convocatoria, surge que el el daño incapacitante del actor se produjo inicialmente en ocasión de encontrarse rolando chapas y es en esa ocasión que la máquina roladora le toma el guante de trabajo y se lo chupa, tomándole prácticamente toda su mano derecha y demás (vid. fs. 36)

Bien, a mi sentir, entiendo que estamos frente a una cosa riesgosa, que provocó la dolencia del actor.

Analizando una nómina básica de cosas riesgosas de las que no se puede predicar que la doctrina y jurisprudencia nacional sostiene, como regla general, que el concepto de cosa peligrosa involucra a las cosas que se hallan movidas por una fuerza sobre la que el hombre no tenga control absoluto; los mecanismos que multiplican la fuerza humana; las cosas que, en combinación con otras cosas o con los accidentes de la naturaleza, provocan daños y las cosas que modifican el medio ambiente natural, produciendo humo, olor, luminosidad, humedad, ruidos, vibraciones, radiaciones (v. Bustamante Alsina, J. Daño causado con la cosa o por la cosa?”, L.L. 1989A506 y ss.).

“El riesgo es la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar un daño. Crea riesgo quien con sus cosas, multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad. De ahí que no toda cosa sea en sí una cosa riesgosa. Por ej., el daño producido por una caldera debe serle imputado al propietario pues se trata de una cosa que multiplica, aumenta o potencia la posibilidad de que un daño se produzca en su fábrica; la caldera de una empresa consume seguridad; no es lo mismo un lugar con una caldera que sin ella. (Kemelmajer de Carlucci, Aida – Parrellada, Carlos – La responsabilidad por el empleo de las cosas – Responsabilidad Civil/9 Ed. Hammurabi p.389).

Operar una máquina roladora de chapas implica una potenciación del riesgo, que pueda producir un evento dañoso.

Bien, ante la conclusión de que estamos, conforme las circunstancias señaladas frente a una cosa riesgosa, circunstancia que por sí sola resulta insuficiente para atribuir responsabilidad, se impone analizar el nexo existente entre “cosa” y “sujeto” a los fines de concluir si corresponde que los resultados dañosos provocados por la la primera, pueden ser atribuidos al segundo.

En tal cometido, entiendo que debe determinarse si existen o no elementos de prueba que acrediten el mencionado nexo entre cosa y sujeto, ora como dueño, ora como guardián.

No existe controversia respecto de la titularidad del Establecimiento de División Agrícola S.A., con administración y planta industrial que se encuentra ubicado frente a la Ruta Nacional Nro. 33, de la ciudad de Firmat (Avda. 9 de Julio Nro. 2147. Tampoco existe controversia que la firma mencionada tiene el deber de custodia y de seguridad técnica sobre los medios de locomoción y trabajo rural de los que se vale. “La noción de guardián es bifrontal porque el Código atiende a dos pautas: servirse de la cosa y tenerla bajo su cuidado: Servirse de la cosa entraña un concepto económico; se sirve de ella quien le saca un beneficio, quien la aprovecha.

Tenerla bajo el cuidado evoca el control, la dirección, las facultades de mando.

Para ser guardián se requieren los siguientes recaudos: a) Tenencia material de la cosa. Esta tenencia puede ejercerse por sí o por medio de un tercero; b) Poder fáctico de vigilancia. Gobierno, control o aprovechamiento económico de la cosa; y c) Ejercicio autónomo e independiente del poder” (Kemelmajer de Carlucci, Aida – Parrelada, Carlos – La responsabilidad por el empleo de las cosas – Responsabilidad Civil/9 Ed. Hammurabi p. 393/394).

Recordemos también que, “a los efectos de la operatividad de la directiva del art.1113 de Código Civil, con la inversión probatoria consiguiente, es preciso acreditar previamente que el daño se produjo por las cosas de propiedad del empleador o de las que el se sirve o tiene a su cuidado, en cuyo caso se presume la culpa, exonerándose si acredita que el no la tuvo (cosa no peligrosa), o demostrando la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debe responder o cuando demuestra que la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presunta” (C.N.TRABAJO,SALA VIII,marzo 31995 “Minutti c/Neumáticos Goodyear S.A. y otro,D.T. 1995B.p.1747).

La mayoría de la doctrina judicial admite la responsabilidad del dueño o guardián, aunque la intervención de la cosa haya sido pasiva. La misma, entre otras, ha sido receptada en algunos fallos de la C.S.J.N. y por mayoría en el plenario Nro. 266 de la Cámara nacional de Apelaciones del Trabajo.

Continuando con el tratamiento de los agravios, cabe a priori recordar que según la doctrina de l a Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la acción por daños emergentes de las relaciones laborales fundadas en los arts. 1113 del C.C. los perjuicios no pueden dejar de asociarse con las tareas que cumplía el trabajador, no pudiendo desecharse una pretensión sin el debido examen de las labores desarrolladas y de las circunstancias en que se cumplieron (FALLOS 312434), y que al determinar el derecho que pueda asistir al trabajador, no es admisible distinguir si el daño fue producido por las cosas o en ocasión de realizar con ellas tareas propias de la actividad. Ello implicaría un apartamiento del concepto jurídico que cabe asignar a aquel concepto en el contexto del art.1113. El daño no puede dejar de asociarse con las tareas que cumplió el trabajador, si es propio de ellas (FALLOS 3111694).

Para proteger el mundo del trabajo, el ordenamiento jurídico discurre por dos canales:1.Preventivo (Ley 19587 y 75 L.C.T.) y 2.Reparador (reparación objetiva por la ley de accidentes, reparación integral por el art.1113 C.C y concordantes y reparación por incumplimiento del deber de seguridad con fundamento en el art. 75 L.C.T. basado en la responsabilidad contractual. (D.T. 1995A.P.530).

Habiéndose llegado a la situación de reparar un infortunio laboral y optado el actor por reclamar a través el derecho común, el empleador esta obligado a resarcirlos en cuanto se acredite que ha actuado con culpa, es decir, no ha adoptado los medios apropiados en razón de la situación fáctica, a fin de satisfacer su deber de seguridad (art.1109); o que el hecho le es imputable a uno de sus “dependientes” que ha obrado dentro el ámbitos de su incumbencia (art.1113, 1er.párrafo), o que el siniestro se ha producido a través de una cosa de la que se sirve o tiene a su cuidado (art.1113 cit.). En esta última situación, debe acreditarse que el hecho se ha producido por riesgo o vicio de la cosa. Si el infortunio se ha debido a alguna de estas dos circunstancias, la ley le imputa responsabilidad, de la que solo se puede liberar total o parcialmente mediante la acreditación de que el hecho se ha debido a “culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder” o que la “cosa ha sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián” (art.1113 2do.párrafo) (VAZQUEZ VIALARD, ANTONIO “Accidentes y enfermedades del trabajador Responsabilidad por infortunios del trabajo reclamados por via civil.Concepto de cosa” T 94 Pàg.200).

No habiéndose probado la existencia de alguna causal de eximición, la conclusión del fallo, criticado, resulta ajustada a derecho.

Continuando con el tratamiento de los agravios, del demandado, he de recordar que los jueces no se encuentran constreñidos a analizar toda la prueba sino aquella que resulte conducente a la solución del litigio.

En tal sentido se ha dicho “En la labor de la valoración probatoria, el juez no está obligado a la evaluación analítica de todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, sino que le corresponde una valoración sintética que sirva de fundamento racional a la conclusión” (Dr. Martínez, Hernán J. – Recurso de Inconstitucionalidad en la Provincia de Santa Fe Ed. Zeus S.R.L. p. 77).

Por lo demás no cabe descalificar los testimonios no cuestionados por la contraria, pues nadie permite (o debería permitir) que los testigos que depongan mientan o distorsionen la verdad, cuando se ven puesto en juegos sus propios intereses para permanecer neutral, ante una declaración que se aparte de la verdad; menos aún cuando el supuesto perjudicado no atacó el testimonio en la sede donde se produjo.

Por ello, a mi sentir, resulta adecuada la prueba testimonial para probar los hechos alegados, en tanto se den las siguientes circunstancias: a) declaraciones concordantes con las de los demás testigos; b) no lograr demostrar la inidoneidad del testigo; c) apreciar veraces los dichos de los testigos conforme con las reglas de la sana crítica impuestas por el art. 224 del C.P.C.C.; no aducir concretamente falsedad o inexactitud de las declaraciones; y d) ser testigos necesarios para la dilucidación de la causa.

Una pauta fundamental que el juez debe seguir consiste en la determinación del grado de convicción que le ofrece el testimonio en función de la mayor o menor verosimilitud de los hechos que expone, así como también a la mayor o menor facilidad con que pueden percibirse y recordarse (conf.Palacio, “Derecho Procesal Civil”, Lexis N° 2507/004573).

En definitiva, como ya se expresara, la valoración de la prueba testimonial constituye una facultad propia de los magistrados, quienes pueden inclinarse hacia aquellas declaraciones que les merecen mayor fe para iluminar los hechos de que se trate.

“Corresponde al Juez establecer el grado de credibilidad y de eficacia probatoria que le merezcan los testimonios, conforme a los principios de la sana crítica y en las condiciones intrínsecas y extrínsecas de cada uno.” (Peyrano, Jorge W. Vazquez Ferreyra, Roberto A. Chaumet, Mario – Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe – Análisis Doctrinario y Jurisprudencial Tomo 1 Ed. Juris p. 592)

Los testimonios cuestionados fueron brindados en forma espontánea y sin contradicciones. Además no se advierte que las declaraciones hayan sido tendenciosas, agregando u omitiendo datos que pudieran perjudicar o favorecer a alguna de las partes. Todo ello me lleva a admitir sus dichos en los términos del artículo 224 del Código Procesal, habiéndose dicho al respecto que “Queda al moderado juicio del sentenciante destacar cuando un declarante tiene la suficiente rectitud moral capaz de mantener la objetividad de sus respuestas testimoniales” (Trib. Coleg. De Resp. Extracontr. Nro. 4, Santa Fe, 14/05/93. Bustaber, Bernardo y Otra c/ Butarelli, Adriana R. s/ Indemnización de Daños y Perjuicios. Zeus, Tomo 68, J217) Ingresando en los agravios vinculados a la tacha del testigo Vallejos resulta oportuno al momento enjuiciar una conceptuación controvertida, repasar el objeto a valorar, por lo tanto entiendo, conviene recordar la definición, (o definiciones), de la tacha. “., son las causas que invalidan o disminuyen el valor de las declaraciones (de los testigos) y que las partes hacen presente al juez para que las aprecie al sentenciar” (Fernández, Raymundo, “Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Capital de la Nación Argentina, concordado y comentado (Buenos Aires 1932 pag. 195, Citado por Jorge W. Peyrano en Táctica Procesal – Ediciones Jurídicas pag.89).

“El sistema de tachas ha sido sustituido actualmente por el de la impugnación a la persona del testigo. Es lo que se denomina incidente de idoneidad o inidoneidad.

El C.P.L., siguiendo a la ley civil (art. 221) mantiene la regulación de las tachas y faculta a las partes a “tachar” a los testigos aún a los propios alegando y probando que son inhábiles para el acto o existen hechos indicios que hace presumir que su declaración no será imparcial”. (Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe – Dr. Nicolas J. R. Vitantonio – Dra. María Carolina Eguren pag. 99).

En la especie motivó la reacción incidental a priori (fs. 203 vto./204) de la demandada, sostenida en esta instancia, la circunstancia de que el testigo Avelino Martin Vallejos tuvo la intención de favorecer al actor y haber cometido falso testimonio, cuya única noticia en la causa, en orden al supuesto delito no resulta sino de su propia afirmación.

A ello aduno, para finalizar, el criterio jurisprudencial dominante de la interpretación restrictiva al que se encuentran sometidas las tachas.

“Las tachas son las causas que, dirigidas a los testigos,invalidan o disminuyen el valor de sus declaraciones y que las partes hacen presente al Juez para que las aprecie al sentenciar; siendo el criterio recibido jurisprudencialmente el de la interpretación restrictiva de las mismas.” (Nuestra Corte Provincial in re “Goris, Carlos Jorge c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción” (Expte. 3593).

Respecto de la cuestión que realiza sobre la calificación errónea de hecho nuevo, más allá de la denominación que le pueda haber dado en la providencia la Juez, y que derivó en la ampliación de los puntos de pericial psicológica, no ha sido objeto de impugnaciones por parte de la recurrente habiendo precluído la posibilidad de hacerlo en esta instancia, no obstante lo cual, por imperio de lo establecido en el art. 193 del C.P.C.C., aplicable por remisión del art. 128 de la ley 7945, actual art.145 del C.P.L. .”El Juez podrá disponer de oficio o a solicitud de parte, que se amplíe el dictamen, observando las reglas prescriptas en el art. 187″, por tanto debe rechazarse el agravio en este aspecto.

Se impugna asimismo, la apreciación y valoración que hizo el Sr. Juez de grado respecto de respecto de lo dictaminado por los Peritos Vivas y Manzi, que establecieron e identificaron el nexo causal entre las tareas y las mismas fs. 276/287 y 325/336.

Sin perjuicio de que se ha dicho:” “Si el juez comparte las conclusiones del dictamen, basta con que lo exprese con claridad sin necesidad de rebatir en su sentencia las impugnaciones que le hayan opuesto las partes” (C.F.CC .Cap. 148_85 , J.A. 1986II 587,L.L. 1990A 489;4991 ,J.A. 1992I.55).

Las condiciones de labor deben ser adecuadas al bienestar físico y psíquico del trabajador. Por ello la Organización Mundial de la Salud ha definido a ésta “como un estado completo de bienestar físico, mental y social”. Labor , jornada, descansos, etc.

Es decir que todo el marco en el que se desenvuelve la actividad del obrero o empleado debe estar imbuido del principio de bienestar ya que de lo contrario, se estará permitiendo el deterioro físico, mental y social, el que en definitiva originara la enfermedad. (in re “RULLO, JUAN CARLOS c/ EXPRESO ARITO S.A.s/DEMANDA LABORAL ,EXPTE.1601993 de este Tribunal).

La accionada recurrente no ha indicado con precisión en su alegato, ni a la hora de la critica apelatoria, las falencias técnicas que imputa al dictamen, limitándose a utilizar argumentos genéricos.

De modo reiterado se ha dicho que cuando los datos o conclusiones de una pericia como en el caso de autos no son compartidas por una de las partes, es a cargo de esta la prueba de la inexactitud de lo dictaminado, siendo insuficiente las meras objeciones, es menester probar que lo dictaminado por el perito es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos que proporciona como sostén de sus afirmaciones son equivocados o mendaces” (ZEUS T 46J 118).

El agravio vertido, entonces, no logra conmover la decisión del Sr. Juez a-quo que es quien ejerce el poder jurisdiccional en grado primario ni tampoco concreta, más allá de una discrepancia, errores susceptible de reparación, en consecuencia el mismo no puede prosperar.

Continuando con el tratamiento de los agravios, me referiré al relacionado con el importe fijado como indemnización para el accionante por daño material y moral.

Sobre el particular, se reitera, que la prueba técnica realizada en la especie es la esencial para saber el tipo de dolencia y en base a la misma debe determinarse el grado de incapacidad y además, permite conocer la proporción en el que el trabajo incidió, habiendo el perito que actuara, tenido en cuenta, puntualmente este último aspecto (fs.309 ampliación de la pericial médica ).

Es entonces que conceptúo que el inferior cumple con el principio de congruencia procesal por cuya virtud debe existir conformidad entre lo demandado y lo resistido por las partes, por un lado, y la sentencia, por el otro, que debe recaer, exclusiva y necesariamente, sobre los hechos que proceden de la demanda y su contestación, así como de las peticiones, oposiciones, alegaciones y defensas formuladas en los escritos constitutivos del pleito, lo que es comprobable con la lectura de tales actos procesales.

Con respecto a los montos establecidos en la sentencia impugnada en concepto de daño material el inferior ha tenido en cuenta el grado de incapacidad, la incidencia el factor laboral, la edad, y la imposibilidad del actor para reinsertarse en el campo laboral, ya que difícilmente pueda pasar un examen de ingreso y fundamentalmente ha tomado como parámetro el monto para los casos de incapacidad total según antecedentes de su propio Tribunal, pautas todas, que en líneas generales se atienen al criterio expuesto en numerosos pronunciamientos de esta Cámara y coincide con la doctrina de la Corte Provincial desarrollada en el caso “Carlanchiani” (J.85342), que indica que se debe tener en cuenta una línea que marca con nitidez y enunciado básico, que no hay criterios matemáticos para la determinación del “quantum” indemnizatorio ni son de aplicación los porcentajes fijados por la Ley de Accidentes de Trabajo, aunque sus montos puedan servir como pautas generales a tener en consideración por el Juzgador. Sí se deben tener en cuenta para su determinación ciertas circunstancias personales del damnificado como edad, sexo, ocupación habitual, y fundamentalmente posibilidad de reinserción laboral, ya que ninguna persona puede quedar expuesta a los vaivenes de un examen de ingreso posterior que no le permita la contratación precisamente por las secuelas incapacitantes de la patología que presenta.Por eso el juez debe mirar hacia atrás y hacia delante, evaluando las posibles consecuencias del daño, no determinando solo la disminución de aptitudes físicas de la victima, sino que la fijación del resarcimiento debe hacerse teniendo en cuenta a la persona humana en toda su integridad, con su uniforme actividad, debe computarse y repararse toda lesión sufrida, en relación a sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, etc.

En lo que hace al daño moral se tiene dicho que: “la compensación pecuniaria por el sufrimiento espiritual sufridos por las lesiones ocasionadas por las patologías y las minusvalías que acompañaran al trabajador damnificado toda su vida, es de naturaleza resarcitoria y no debe guardar necesariamente una proporción, equivalencia, razonable o no con el daño patrimonial sufrido. La indemnización por daño moral resulta viable aún en los supuestos de responsabilidad objetiva por riesgo o vicio e la cosa fundada en el art.1113 del C.C.”.

Agrego además respondiendo a critica de los apelantes, que no es necesaria prueba alguna concreta para precisar la ocurrencia del daño moral en cuanto se lo debe tener por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica (prueba “in re ipsa”), siendo el responsable del hecho dañoso a quien le incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un dolor moral, demostración ausente en la especie.

En conclusión, en mi opinión, los montos establecidos por reparación integral ha sido fundados en la prudencia (Arts.1738, 1740, 1741 y concordantes del C.C.C.N.) han sido fundados en la “prudencia” (art.1084) y la “equidad” (Art.1716) atento las circunstancias particulares del caso, no siendo producto caprichoso de la voluntad del juzgador y se corresponden con las pautas que usualmente ha aplicado este Cuerpo, que comparto, concepto que se hace extensivo a la procedente indemnización por daño moral.

En cuanto a la imposición de costas, habiendo sido receptada íntegramente la pretensión de la demanda, impera el principio objetivo del vencimiento (art. 101 del C.P.L. y C.), correspondiendo mantener la decisión de primera instancia.

A la misma cuestión el señor vocal Dr. Juan Ignacio Prola, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo:

Adhiero al voto precedente.

Concedida la palabra a la señora vocal Dra. Roxana Mambelli, a quien correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo:

Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores el pronunciamiento que corresponde dictar es: Desestimar el recurso de nulidad interpuesto por la demandada. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente. Las costas se imponen en su totalidad a la demandada. Se regulan los honorarios de los profesionales actuantes en el 50% de los fijados en la sede de origen.

Así me expido.

A la misma cuestión el señor vocal Dr. Juan Ignacio Prola, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo:

Adhiero al voto precedente.

Concedida la palabra a la señora vocal Dra. Roxana Mambelli, a quien correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo:

Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.

En mérito a los fundamentos del Acuerdo que antecede la Cámara de Apelación en lo

Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto:

RESUELVE: I. Desestimar el recurso de nulidad interpuesto por la recurrente. II. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente; III. Las costas se imponen en su totalidad a la demandada; IV.Regular los honorarios de los profesionales actuantes en el 50% de los fijados en sede inicial.

Insértese, hágase saber y bajen. (Expte. Nro. 208/13)

Dr.Héctor Matías López

Dr.Juan Ignacio Prola

Dra. Roxana Mambelli

art.26 LOPJ

Dra. Andrea Verrone