Empresa de medicina prepaga debe cubrir el 100% de la concurrencia del menor discapacitado a un colegio privado y de equinoterapia

Partes: A. J. M. y otro c/ Swiss Medical s/ amparo contra actos de particulares

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

Fecha: 22-may-2018

Cita: MJ-JU-M-111213-AR | MJJ111213 | MJJ111213

La empresa de medicina prepaga deberá cubrir el 100% de la concurrencia del menor discapacitado reclamante a un colegio privado y de equinoterapia.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que acogió la acción de amparo, ordenando a la empresa de medicina prepaga la cobertura del 100% de la concurrencia del menor discapacitado reclamante a un colegio privado, y a la cobertura de equinoterapia, pues no se trata de satisfacer el deseo de atender a las preferencias de un paciente respecto de calidades en centros asistenciales o educativos, sino de instar una cobertura debida y eficaz, respecto de las necesidades esenciales que hacen a la salud, educación y calidad de vida de una persona con discapacidad.

2.-Del plexo normativo surge con claridad la efectiva protección que debe tener este derecho fundamental de la persona, que implica no sólo la ausencia de daño a la salud por parte de terceros, sino también la obligación de quienes se encuentran compelidos a ello – y con especialísimo énfasis los agentes del servicio de salud – de tomar acciones positivas en su resguardo.

3.-Surge probada la existencia de arbitrariedad manifiesta en el accionar de la prestadora, exhibiendo a partir de sus demoras y negativas el daño sugerido por la amparista en su salud y calidad de vida, al limitar -desde la renuencia formal exhibida- sus posibilidades de educación con asistencia terapéutica especial.

Fallo:

En la ciudad de Mar del Plata, a los 22 días del mes de mayo de dos mil dieciocho, avocados los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata al análisis de estos autos caratulados: “A., J. M. Y OTRO c/ SWISS MEDICAL s/AMPARO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES”. Expediente FMP 2404/2014, provenientes del Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 2 de la ciudad de Azul. El orden de votación es el siguiente: Dr. Eduardo P. Jiménez, Dr. Alejandro O. Tazza.

El Dr. Jiménez dijo:

I): Que a fs.220 y vta., con agravios expresados a fs.222/33 vta., se presenta la requerida en Autos, apelando la sentencia de fs. 216/19 vta., en cuanto acoge íntegramente la demanda promovida, imponiéndole las costas del proceso.

Se agravia de que el Aquo hubiese condenado a su parte a la cobertura del 100% de la concurrencia del menor discapacitado reclamante a un colegio privado, y a la cobertura de equinoterapia, lo que afecta su estado patrimonial y no responde a la preceptiva de la ley vigente.

Sugiere que no ha acreditado la demandante la existencia de entidades estatales que brinden tal cobertura en el marco de la normativa en vigor, ya que de este modo el afiliado se auto excluye del sistema público de salud y educación.

Cita jurisprudencia en apoyo de su postura, y refiere luego el segundo agravio, señalando que la sentencia atacada violenta también el principio de la división de poderes, ya que al Poder Judicial se le encuentra vedado legislar, como – propone – lo ha hecho el Aquo.

Aduce asimismo la pasividad del demandante en el trámite de Autos, y recurre la imposición de costas de que fuera objeto en sentencia.

Finalmente, apela de los honorarios regulados al letrado de la actora en sentencia, por considerarlos altos.

II): Sustanciados que fueron los agravios vertidos (ver fs. 234), se rechaza el responde por extemporáneo (fs.240), disponiéndose allí (3ª párrafo) la elevación de los obrados a ésta Alzada a fin de que se provea aquello que corresponda.

Finalmente, y sin que resten gestiones procesales pendientes de producción en la causa, se llama a fs. 242, AUTOS PARA DICTAR SENTENCIA, lo que a la fecha se encuentra firme y consentido para los contendientes.

III): Previo a comenzar con el desarrollo de las cuestiones propuestas a revisión por parte de esta Alzada, he de señalar que sólo atenderé en el presente voto aquellos planteos que sean considerados esenciales a los fines de la resolución del litigio. Cabe aquí recordar, por ello, que los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los pedidos de las partes recurrentes, pues basta que lo hagan respecto de aquellos considerados esenciales y decisivos para el fallo de la causa.

En este sentido, ha sido nuestra Corte Suprema de Justicia quien ha sentado la doctrina según la cual los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (ver LL 144 p. 611, 27.641-S; LL 145 p. 346; LL 148 p. 692, 29.625-S; Fallos 296:445; 297:333 entre otros) Aclarado lo anterior, y entrando ahora en el análisis de la primera cuestión planteada por la requerida recurrente, creo oportuno resaltar que se ha acreditado en autos que el niño MBA, es afiliado a la empresa proveedora de servicios de salud, que gira bajo la denominación de SWISS MEDICAL SA., con afiliación vigente a la fecha (ver expresos reconocimientos en informe circunstanciado). Ello me exime de recabar mayor probanza respecto del punto (Cfr. CNCiv. Sala “F”, 24/9/82 “Editorial Máquinas y Equipos SRL c/ Artes Gráficas Aranel SCA” LL.1983-B-346).

Asimismo creo oportuno destacar que el niño reclamante resulta ser una persona con discapacidad, al padecer de Retraso Global del Neuro-desarrollo (ver certificación de discapacidad vigente, obrante a fs. 4, y constancias médicas de fs. 6/9).- En ese contexto, es la propia prestadora quien reconoce al presentar el informe, y aún luego al fundar sus agravios, que le incumbe la cobertura del requerimiento de escolaridad efectuado por la amparista, aunque señala que esa obligación solo surge para aquellos beneficiarios con oferta educacional estatal adecuadas a las características de su discapacidad, y aduce que el amparista debió acreditar que existía a tal fin, oferta de escuela pública con esas prestaciones en la ciudad, con lo que no procede la cobertura que aquí se reclama.

Dicho lo que antecede, resalto en primer lugar, que no será analizada aquí una eventual pretensión que implique el deseo de atender a las preferencias de un paciente, respecto de calidades en centros asistenciales o educativos.

Se trata – en cambio – de instar una cobertura debida y eficaz, respecto de las necesidades esenciales que hacen a la salud, educación y calidad de vida de una persona con discapacidad, si es que se constata una omisión arbitraria respecto de la adecuada tutela con relación al padecimiento y dificultades en el aprendizaje que le aquejan.

Ahora bien, y con relación al derecho a la salud de éste niño con discapacidad que se dice conculcado, entiendo que no se trata aquí de considerar que el derecho a la vida, o aún el derecho a la salud o educación preferente del afiliado aquí involucrado pudiesen ser considerados como “derechos naturales der la persona, preexistentes a toda legislación positiva”, sino que se encuentran expresa o implícitamente regulados por el texto fundamental, en particular con lo dispuesto por el Art. 33 CN.Así, expresaba Sarmiento, al fundar esa norma en 1860, que “no pudiendo enumerarse en las declaraciones previas de una Constitución todos los derechos adquiridos por el hombre, se establecen los principales, consignando el hecho de que aquellos no enumerados quedan siempre vigentes y se reserva al pueblo” (Cfr. De mi autoría “Los Derechos Implícitos de la tercera generación: una nueva categoría expansiva en materia de Derechos Humanos” en “ED” del 6/5/1996, pág. 2 y ss.), pero también por lo dispuesto en el Art. 75 inciso 22 CN.- Bien ha señalado en éste sentido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “(.) no puede aceptarse que por sobre los derechos de los habitantes de la Nación que reconoce expresamente la Constitución, puedan prevalecer derechos supuestamente naturales, pues ello implicaría dejar librada la aplicación de la Constitución, no ya siquiera a restricciones impuestas por el Congreso, sino a la primacía de las ideas de los jueces sobre normas de la Ley Fundamental” (Cfr. CSJN, Autos “Servini de Cubría” del 8/9/1992, “LL” 1992-E, pág. 1149 y ss., en voto del Dr. Augusto Belluscio).

Rescato también que en el fallo en cuestión, se rechazó que pudiera propugnarse constitucionalmente que existan disposiciones en el sistema constitucional, “per se” prevalentes sobre otras (Cfr. CSJN Fallos 300:1080; 301:460; 304:794; 307:518), señalándose en éste sentido, que “(.) sería absurdo entender que los constituyentes enunciaran una serie de derechos entre los cuales hubiese una escala de valores, de tal modo que unos prevaleciesen sobre otros, anulándolos. Por el contrario, es en la coordinación donde debe hallarse el verdadero criterio hermenéutico, de manera que todos subsistan en armónica coherencia (Cfr.CSJN Fallos 259:403; 272:231; 308:789, el resaltado me pertenece).

En tal contexto, y ya aclarado lo que antecede, bueno es resaltar una vez más, que el “derecho a la preservación de la salud”, y a la educación especial que dan fundamento al reclamo de Autos y a la sentencia aquí puesta en crisis, si bien no se encuentran explícitamente consagrado en nuestra Constitución Nacional – con salvedad a lo establecido por el artículo 42 respecto de los consumidores y usuarios -, desde siempre ha sido considerado como uno de aquellos que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, es decir, integrante de la categoría de los denominados “derechos implícitos” de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 33 de la Constitución Nacional).

Así lo ha reconocido históricamente la doctrina más destacada (vgr. Humberto Quiroga Lavié), para quien este derecho se encuentra implícito en la soberanía de un pueblo que necesita fortalecerse en el crecimiento físico y espiritual de sus integrantes (“Derecho Constitucional”, Ed. Depalma, pág. 159).

A mayor abundamiento, cabe destacar que goza hoy día de jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22, específicamente a través del artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para.d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.

Resalto además, aquí, que la obligación de garantizar el derecho a la salud ha sido – en subsidio – asumida por el Estado Argentino para con sus habitantes, y en este contexto no puede dejar de mencionarse que a las normas indicadas en el párrafo que antecede debe interpretárselas conjuntamente con lo establecido en el inciso 23 del artículo 75 de la CN., que hace especial referencia a la necesidad de adoptar – como competencia del Congreso de la Nación – “medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos.”.

Es decir que del plexo normativo descripto surge con claridad la efectiva protección que debe tener e ste derecho fundamental de la persona, que implica no sólo la ausencia de daño a la salud por parte de terceros, sino también la obligación de quienes se encuentran compelidos a ello – y con especialísimo énfasis los agentes del servicio de salud – de tomar acciones positivas en su resguardo.

En el contexto narrado, es claro que la alegación de la necesidad de cumplimiento de ciertos recaudos formales para proceder a la cobertura debida, deberá implicar en todos los casos, pero particularmente en estos supuestos, enfatizar y no medrar la obligación de obtención de recursos disponibles a fin de atender a las necesidades de la peticionante.

Es que realmente, la propia Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos impedidos del sistema, el derecho a la subvención de sus necesidades especiales.

Resalto aquí, que siendo la justicia uno de los valores fundamentales que todo ordenamiento jurídico debe perseguir, su realización constituye misión primordial de la actividad de cualquier Estado (Cfr. Arts. 1, 2 y ccs.de la CADH), y al consagrarse la realización efectiva del derecho a la jurisdicción, se pretende facilitar a los justiciables al acceso a un proceso no desnaturalizado que pueda cumplir con su misión de satisfacer las pretensiones que en él se formulen (Cfr. Cross & Harris “Precedent in English Law” Ed. Clarendon Law Series, 4° Edición Oxford University Press, 1991).

Tal se lo ha sostenido en doctrina, resalto aquí que no queremos democracias incompletas, si por tales entendemos las que se aferran exclusivamente a la primitiva constitucionalización de los derechos humanos de primera generación, y rechazan, descartan, niegan y violan los derechos humanos económicos, sociales y culturales (Cfr. García Minella, Gabriela “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protección en los instrumentos internacionales: del Estado de Bienestar al Estado de Incertidumbre” , con cita a Bobbio, Norberto “El Futuro de la Democracia” Edit. Fondo de Cultura Económica, México, 1994, pág. 27. En LL. Revista Universitaria Año IV, N ° 4, del mes de agosto del 2002, pág.3 y ss.).

He de resaltar, en consecuencia de lo expuesto, que los agravios vertidos por la recurrente no logran conmover los fundamentos de la sentencia apelada, a partir de la cual se tiene por acreditado que el niño amparista de Autos, peticiona aquí por la cobertura de las necesidades básicas de salud y educación preferente, en razón de su grado de discapacidad, debidamente acreditada en éste expediente.

Respecto de la cobertura requerida, lo cierto es que la prestadora se niega a cubrir el 100% del arancel correspondiente al acompañante terapéutico que le asiste en sus clases en el jardín de infantes y posteriormente, nivel inicial en el Colegio de la Sierra, al que concurre desde el año 2012 y hasta la fecha, y que oportunamente fuera indicado por su médico de cabecera, práctica a la cual el niño se ha habituado y adaptado correctamente (ver al respecto informes escolares y médicos agregados con el escrito de promoción).

La prestadora requerida alega que no corresponde la cobertura de la institución escolar solicitada, atento que esa parte detenta tal obligación solo respecto de aquellos beneficiarios que no cuenten con oferta educacional estatal adecuada a las características de la discapacidad que detenta el afiliado, y existiendo efectivamente ésa oferta en la ciudad, estima que no procede la cobertura reclamada en Autos.

Además, señala que no surge de Autos que el niño reclamante deba concurrir al Colegio en cuestión, por indicación médica expresa.

Ahora bien, a diferencia de lo señalado por el recurrente en su pieza de agravio, con el Informe agregado a fs. 05/06, y luego fs. 07/08, se destacan los avances constatados en el niño desde que su educación se asocia e integra.

Además, es a fs. 05/06 el médico tratante del niño afiliado quien aconseja la integración en el mentado colegio.

Igualmente, una licenciada en terapia ocupacional y una psicopedagoga adunan tal recomendación (fs.07/08). Finalmente, el plan de trabajo agregado a fs.41/48 da cuenta de la seriedad del proceso encarado.

En tal contexto, es del caso resaltar que la Ley 24.901, mantiene el espíritu de fomentar la integración social y educativa de la persona con discapacidad en tanto sea posible, tomando todos los recaudos necesarios en función de lo que dicha integración implica (Cfr. Rosales, Pablo, Op. cit. Pag. 123).

A ello cabe agregar la vigencia real y efectiva de la prerrogativa que la propia constitución, en su Art. 75 inciso 19 pone en cabeza de los progenitores, en el sentido de especificar la participación de la familia, enderezada a la promoción de los valores democráticos “(.) y la igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna” (Así lo he expuesto en mi “Derecho Constitucional Argentino, EDIAR, T ° II, pag.501), lo que ese enfatiza en éste caso, en que el promoviente en cuestión padece de una doble vulnerabilidad, ya que es niño, y discapacitado, que la propia Constitución manda a mitigar, a partir de la generación de acciones positivas en su favor (Art. Art. 75 inc. 22 y 23 CN).

Teniendo aquí particularmente en cuenta que el niño amparista ya se encuentra concurriendo al instituto educativo en cuestión, que sólo si la obra social obligada acredita documentadamente, y con aval de su auditoría médica, que una institución educativa de la ciudad incluida en sus prestadoras se encuentra en iguales condiciones que la elegida por los progenitores de MBA de brindarle el marco educativo asistido que requiere, con la calidad y contención que brinda aquella, podría proveerse al cambio en términos constitucionalmente viables.

Recuerdo aquí, que la entidad asistencial requerida se halla obligada también por lo dispuesto en los Art. 33, 75 inciso 22, 23, 43, y ccs.CN.

En tal contexto, estimo que la omisión de cobertura al 100%, requerida por la amparista, conspira con la debida tutela a la salud e integridad personal que le es debida a ese niño discapacitado.

Resalto de todos modos, como esencial en éste punto, que la razón social prestadora de servicios de salud actuante, y como antes se lo señaló, tiene a su cargo la ejecución de cometidos públicos o de interés público, y debe cumplirlos acabadamente.

Por otra parte, y con relación a la prestación de equinoterapia dispuesta en sentencia en el Centro de Recreación ecuestre La Paloma, los informes agregados a la causa muestran a la institución prestadora, como seria y competente a tal fin (ver fs. 24/26).

Lo antes dicho, me lleva a señalar que dadas las circunstancias narradas, se acreditó en Autos la existencia de arbitrariedad manifiesta, en el accionar de la prestadora, exhibiendo a partir de sus demoras y negativas, la amenaza aludida calidad de actual o inminente y consecuencia de ello, el daño sugerido por la amparista en su salud y calidad de vida, al limitar – desde la renuencia formal exhibida – sus posibilidades de educación con asistencia terapéutica especial, apareció como grave e irreparable, por otra vía que no sea la del amparo.

Es que más allá de otras circunstancias narradas en el libelo de promoción, es claro que la sola omisión en la provisión de todos, o algunos de los cuidados de salud y educación requeridos por el niño M. B. A., – lo que ha sido acreditado en Autos -, implica un peligro serio, cierto y grave para su salud, educación especial y su recuperación y calidad de vida, con decidida aptitud para violentar sus derechos constitucionales, en particular su integridad personal (Art.5 CADH), frente a lo que considero que es la presente una herramienta de tutela inmediata y urgente idónea para revertir en debido tiempo y forma, en caso de corresponder, la conducta denunciada.

No olvido lo sostenido, en el sentido que “Las diferentes necesidades especiales con las que se enfrentan las personas con discapacidad las han ubicado en una posición que, lejos de permitirles su desarrollo personal en base a sus capacidades remanentes, las ha sometido a su anulación, emparentada con su dominación” (Cfr. Isabel Ferreira “Derechos Humanos y Discapacidad” en Suplemento LEXIS NEXIS sobre discapacidad del 4/4/2002, pag. 18/19).

Es que los Magistrados no podemos soslayar, en las causas que son sometidas a nuestra competencia y jurisdicción, la realización de la justicia, en su cabal sentido. llo así, toda vez que al estar comprometida la salud y el normal desarrollo educativo de los menores de edad, además de la atención que necesitan de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda; siendo que la consideración primordial del interés del niño, que la Convención sobre los Derechos del Niño impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a ellos, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de aquellos llamados al juzgamientos de los casos. (Cfr. CSJN, “N., L. M. y otra c/ Swiss Medical Group S.A.” 21/08/2003, Fallos: 326:2906 ).

No puedo olvidar aquí que esta decisión pone sobre el tapete y en juego, la valoración del denominado “interés superior del niño” con relación al cuidado de su salud (Art. 6.1, 6.2, 23, 24 y 26 CIDN; Art. 25.1 DUDH; 12 PIDES y C; Art. 1 y 3 Ley 23.660; Art.1, 2 y 3 Ley 23.661).

Y en éste contexto, coincido con quienes destacan que toda cuestión de índole formal, o aún sustancial que se oponga o pueda de algún modo obstaculizar el abordaje de cuestiones referentes a conflictos donde se encuentra involucrado el interés superior del niño, deben ser zanjadas en favor de éste último (Cfr. Lloveras, Nora y Monjo, Sebastián “El interés de los niños, niñas y adolescentes de cara al formalismo y ritualismo procesal: inadmisibilidad y procedencia” en “Revista de Derecho de Familia” Edit. Abeledo-Perrot, 2012-II, pág. 253; íd Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia de San Salvador, del 17/06/2011, Ref. N º 2/A/SS2/11-1).

Esta idea se ve reforzada con las disposi ciones legales, convencionales y constitucionales que indican, como se lo ha sostenido en los votos precedentes, que ante todo, debe preservarse el interés por la tutela del derecho, y no quedarse en un análisis de las puras formas procesales o de fondo, pues al final, estas son solo un medio que debe favorecer toda discusión sobre la reivindicación o denegatoria de derechos; en suma, el acceso a la justicia reclamada, que también constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento, por parte de instituciones y personas.

Es en éste específico contexto, que propugno que el derecho a la vida, calidad de vida, a la salud y particularmente educación con asistencias especiales que asiste al niño reclamante, debe ser privilegiado frente a las razones esgrimidas por SWISS MEDICAL S.A., actuando el principio del interés superior de éste niño peticionante.

Indudablemente, no es posible olvidar aquí, que el paradigma propiciado por el sistema constitucional Argentino, luego de operada la reforma constitucional de 1994, parte de la cosmovisión del niño como “sujeto” titular de derechos; de los mismos derechos de los que somos titulares los adultos, con más un “plus” de derechos específicos que se le otorgan, por su condición de persona en desarrollo, máxime cuando aquí se ventilan cuestiones relacionadascon su vida, su salud, y en suma, su calidad de vida.

Desde tal cuadro interpretativo, se ha conceptualizado con acierto al interés superior del niño, como aquel que representa “(.) su reconocimiento como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo” agregando luego que “(.) esto significa que resultará en su interés toda acción o medida que tienda a respetar de manera efectiva, la mayor cantidad de derechos involucrados. Esta directriz cumple una función correctora e integradora de las normas legales, constituyéndose en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y en criterio para la intervención institución destinada a proteger al niño” (Cfr. Grossman, Cecilia “El Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las Relaciones de Familia” “LL” 1993-B-1095 y ss.).

Es que como bien lo sostuvo Alessandro Baratta, “(.) si es verdad que los derechos humanos de la niñez representan el objetivo de la acción de transformación de la sociedad, la lucha por el cambio y por la aplicación de la ley (.) ello significa no solo llevar adelante el proceso formal de las enunciaciones normativas, sino también construir instrumentos adecuados de transformación social” (Cfr. Del autor citado “Infancia y Democracia, Derecho a tener Derecho” t. IV UNICEF-IIN, Montevideo, 1998).

Y como bien lo ha sostenido Mónica Pinto, el criterio hermenéutico del principio “pro homine” “(.) implica que se debe acudir siempre a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos” (de la autora citada “El Principio pro homine: criterios de hermenéutica y pautas sobre la regulación de los derechos humanos” en Abregú, Martín/Courtis, Christian (Comps.) “La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los tribunales locales” Edit. Del Puerto-CELS, Buenos Aires, 1997, pág.163).

Recuerdo aquí, que como bien lo asume en el punto la requerida, y más allá de las demoras burocráticas que pudieron haber insumido el cumplimiento de la petición amparista, o las posibles ambigüedades al formular el pedido de excepción por parte del niño afiliado, en cabeza de su representación legal, esa entidad asistencial se halla obligada también por lo dispuesto en los Art. 33, 75 inciso 22, 23, 43, y ccs. CN., y en los términos de la Ley 24.901, dictada a favor de las necesidades de salud de personas con discapacidad como la amparista.

Con relación a la imposición de costas, entiendo que no cabe apararse en éste caso de la regla general, que consagra el principio objetivo de la derrota, excepcionando al mismo “(.) solo cuando el motivo que provoca el proceso constitucional resulta abstracto al tiempo de evacuar el informe” (Cfr. Gozaíni, Osvaldo “Derecho Procesal Constitucional/Amparo” Edit. Rubinzal-Culzoni, pág 507), o cuando existan circunstancias especiales que ameriten tal dispensa, lo que no acaece en los obrados de Autos.

Es que aun cuando el requerido hubiese acreditado haber efectuado un cumplimiento parcial de los requerimientos de la amparista, ello no obsta a que a partir de sus renuencias y omisiones éste niño con discapacidad se hubiese visto obligado a demandar en procura de sus derechos.

Finalmente, y en lo que respecta a la apelación de Honorarios regulados en sentencia al letrado de la promoviente, Dr.Mauricio Bascounget, en la suma de $., cabe consignar en primer lugar que si bien el 21/12/2017 se promulgó la nueva ley de honorarios profesionales nº 27.423, el presente recurso se resolverá con fundamentos en la normativa anterior (ley 21.839 y mods.).

Ello, debido a que la providencia atacada fue resuelta con esta legislación (que también se tuvo en cuenta al momento de recurrirla), configurándose entonces la cristalización de una consecuencia del accionar profesional ocurrido también durante la vigencia de la ley 21.839 y mods.

Aclarado lo anterior y valorando las labores profesionales realizadas, su extensión y resultado, como la complejidad e importancia del juicio, teniendo en cuenta el motivo, calidad jurídica del trabajo, la trascendencia del pleito, el tiempo empleado en la solución del litigio, y que las presentes actuaciones carecen de monto que pueda ser considerado como base arancelaria, en virtud de encuadrarse dentro de lo dispuesto en los arts. 6, 22 y 36 de la Ley 21.839 y mod. Ley 24.432, corresponde desestimar el recurso intentado.

IV) Por lo antes vertido, es que cabe proponer al acuerdo: 1) CONFIRMAR la sentencia de fs. 216/19 vta., en todo cuanto fue objeto de apelación y recurso. 2) IMPONER LAS COSTAS de Alzada a la parte vencida (Art. 14 de la Ley 16.986).

Tal, el sentido de mi voto.

El Dr. Tazza dijo:

Adhiero a la solución de caso que propone mi colega preopinante, por compartir los fundamentos expresados en su voto.

Mar del Plata, 22 de mayo de 2018.

VISTOS:

Estos autos caratulados: “A, J. M. Y OTRO c/ SWISS MEDICAL s/AMPARO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES”. Expediente FMP 2404/2014, provenientes del Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 2 de la ciudad de Azul y lo que surge del Acuerdo que antecede SE RESUELVE:

1) CONFIRMAR la sentencia de fs. 216/19 vta., en todo cuanto fue objeto de apelación y recurso.

2) IMPONER LAS COSTAS de Alzada a la parte vencida (Art. 14 de la Ley 16.986).

REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.

ALEJANDRO OSVALDO TAZZA

JIMENEZ EDUARDO PABLO