Criminalización o despenalización del aborto: Un proyecto de ley inconstitucional para suplir las deficiencias del Estado en materia de salud pública y educación sexual

Autor: Suárez, Paulo I.

Fecha: 25-jul-2018
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Cita: MJ-DOC-13633-AR | MJD13633
Sumario:

I. Breve referencia histórica sobre la criminalización del aborto. II. Planteo de la problemática en torno al aborto. Los denominados «abortos clandestinos» y la tasa de mortalidad materna. III. Tutela del derecho a la vida antes del nacimiento. La reforma constitucional del año 1994. El delito de aborto en el Código Penal Argentino. IV. El proyecto de reforma: interrupción voluntaria del embarazo. V. Inconstitucionalidad del proyecto de ley.

Doctrina:

Por Paulo I. Suárez (*)

I. BREVE REFERENCIA HISTÓRICA SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO

El debate en torno a la criminalización primaria, o no, del aborto no es nuevo ni mucho menos reciente, y en su contexto y desarrollo puede apreciarse la existencia de diversas posturas, opiniones o ideas de distinta naturaleza, como son las de índole religiosa, moral, jurídica, médica, política, de salud pública, entre otras, y que han dado lugar a diferentes y disímiles respuestas frente a esta temática.

La historia de la legislación penal es un ejemplo claro de ello, pues demuestra que la reacción estatal ante esta delicada cuestión no ha sido unánime, sino que, muy por el contrario, ha variado a lo largo del tiempo.

En efecto, un análisis histórico permite apreciar que el aborto no fue motivo de castigo en los pueblos de la Antigüedad, ni tampoco en la Roma pagana de los primeros siglos y hasta bien entrada la República, donde predominó el principio estoico de que «el fruto de la concepción es parte de las entrañas de la madre» (en latín, «partus antequan edatur mulleris parts est vel viscerum»). Cronológicamente, la sanción punitiva del aborto aparece de la mano del cristianismo y a partir de su notable influencia en las políticas de los Estados (1).

En España, la antigua legislación llegó a castigar con pena de muerte esta práctica, y con diferentes sanciones menos graves penalizó el suministro de sustancias abortivas, siguiéndose por mucho tiempo la tesis de la animación fetal para regular la penalidad hasta que, con la sanción del Código Penal de 1822, se deja a un lado este sistema y aparecen descriptas las figuras del aborto con consentimiento de la mujer y sin su consentimiento. La codificación posterior, principalmente el Código Penal de 1944 prohibió no solamente todo tipo de práctica abortiva, sino también el suministro de métodos tendientes a evitar el embarazo.En el año 1985, se impuso un sistema de «prohibición relativa» del aborto, estableciéndose su castigo como principio general y admitiendo ciertas y determinadas excepciones (Ley Orgánica 9), declarando así la impunidad del aborto cuando hubiere grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, cuando el embarazo fuere producto de una violación o cuando exista presunción de que el feto nacerá con graves taras físicas o mentales. En la actualidad, por Ley Orgánica 2/10 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se estableció el denominado «sistema del plazo», por intermedio del cual se permite el aborto dentro de las primeras catorce -14- semanas de gestación (2).

En nuestro país, si bien con diferentes variantes y matices, el aborto estuvo castigado en todos los precedentes legislativos, introduciendo la Comisión del Senado, siguiendo los lineamientos del Anteproyecto Suizo de 1916, las formas de impunidad denominadas aborto terapéutico y aborto eugenésico, que se mantienen hasta el día de hoy en el Código Penal Argentino (art. 86, 2.° párr., incs. 1 y 2 del CP).

Pareciera que, como lo ha demostrado la sociología criminal contemporánea, la criminalización o impunidad de las conductas humanas depende más de una decisión político-ideológica que de un pretendido carácter ontológico de ciertos comportamientos.

No obstante ello, nadie puede ignorar que los avances científicos en esta materia nos permiten echar luz respecto de situaciones relativas al feto o persona por nacer que eran desconocidas con anterioridad, sobre todo en lo que respecta a su desarrollo en cada etapa gestacional.

II. PLANTEO DE LA PROBLEMÁTICA EN TORNO AL ABORTO.LOS DENOMINADOS «ABORTOS CLANDESTINOS» Y LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA

Continuando con el hilo del desarrollo, corresponde señalar que esta delicada materia ha tomado en los últimos meses notable relevancia y actualidad en nuestro país debido al tratamiento legislativo de un proyecto de ley destinado a regular la «interrupción voluntaria del embarazo» y, con ello, efectuar diversas modificaciones al Código Penal Argentino, buscando que se sancione por el Congreso de la Nación Argentina una ley que adopta un «sistema del plazo» similar al español, el que permitiría a la mujer encinta decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce (14) semanas del proceso gestacional inclusive, declarando así su no punibilidad durante este lapso temporal, mientras que criminaliza la conducta de terceros y la de la propia mujer que realicen prácticas abortivas a partir de la semana quince (15) de embarazo.

Así las cosas, previo a continuar con el análisis jurídico y criminológico de la cuestión, como también antes de efectuar una toma de postura al respecto, corresponde ubicar la cuestión medular en torno a la cual gira la problemática del aborto en nuestro país, que se desprende ya no solo de los fundamentos propios del proyecto de ley en tratamiento, sino que se puede observar a simple vista en los diversos «slogans» levantados por quienes se expresan a favor de la despenalización, los cuales rezan así: «derecho al aborto legal, seguro y gratuito», «aborto legal para no morir» y otros similares.Las utilización de estas declamaciones («seguro», «gratuito», «para no morir») tienen su origen y fundamento en una realidad evidenciada por diversas estadísticas proporcionadas tanto por organismos nacionales como internacionales y que consiste específicamente en que decenas de mujeres, generalmente adolescentes y pertenecientes a los estratos sociales pobres e indigentes, al carecer de los recursos económicos para acceder al sistema de salud privada y «contratar» un profesional de la medicina que interrumpa su embarazo sin poner en peligro su vida o su salud, acuden a los denominados «abortos clandestinos»; es decir, lugares improvisados donde se realizan prácticas abortivas, generalmente de tipo quirúrgico, por parte de sujetos que carecen de los conocimientos médicos mínimos y que no presentan las condiciones de seguridad e higiene necesarios para interrumpir un embarazo de forma segura, lo que genera decenas de muertes al año en nuestro país.

Se estima de este modo que prácticamente casi un tercio (26,7%) de las muertes maternas se deben a complicaciones derivadas de abortos practicados clandestinamente.

Ante esta situación fáctica, que nadie niega y a la que no cabe restarle gravedad e importancia, la sanción del Proyecto de Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo posibilitaría acceder al sistema de salud público y, por ende, gratuito, a fin de interrumpir un embarazo en gestación de modo tal que dicha práctica se efectúe de modo seguro y sin riesgo para la vida o la salud de la mujer encinta, reduciendo así la principal causa de mortalidad materna.

Ante ello, el interrogante que debemos plantearnos consiste en lo siguiente: «¿resulta ajustado a derecho sacrificar una vida, en este caso la del feto o persona por nacer, con el objeto de solucionar una cuestión de salud pública, como lo es disminuir la principal causa de mortalidad materna?».

III. TUTELA DEL DERECHO A LA VIDA ANTES DEL NACIMIENTO. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL AÑO 1994. EL DELITO DE ABORTO EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO

1.El bien jurídico tutelado por las figuras penales que tipifican el delito de aborto

Jurídicamente y en términos genéricos, se entiende por aborto la acción humana de matar a un feto, muerte que puede ser causada por la propia madre o por un tercero, con o sin expulsión del seno materno (3).

De este modo, por intermedio del proceso de criminalización primaria, los arts. 85 , 86 , 87 y 88 del Código Penal Argentino protegen jurídico-penalmente y en cuanto bien jurídico tutelado «la vida del feto». Siguiendo a la doctrina penal prácticamente unánime, el bien jurídico protegido por las distintas figuras de aborto es la vida del feto.

Se trata así de «preservar la vida intrauterina», protección que no solo surge del Código Penal, sino que la misma ha sido objeto de expreso reconocimiento y resguardo constitucional a partir de la reforma del año 1994 que, al otorgar jerarquía constitucional a diversos Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, ha establecido que la tutela de la vida humana debe hacerse desde el momento de la concepción (art. 75, inc. 22 , de la CN).

En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) dispone en su art. 4.1 lo siguiente: «Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción».

Ello así, la cuestión que se suscita consiste en determinar a partir de cuándo estamos en presencia de una vida humana merecedora de tutela penal.Sobre esta cuestión, se han esbozado dos teorías, una de ellas denominada «teoría de la fecundación» y otra llamada «teoría de la anidación». Según la primera de ellas, la vida humana comienza desde el momento en que el óvulo es fecundado por el gameto masculino; mientras que según la teoría de la anidación, el comienzo de la vida humana como objeto de protección penal principia desde el instante en que el óvulo fecundado queda fijado o anidado en el útero materno, fenómeno que se produce aproximadamente a los catorce días a contar desde la fecundación (4).

Razones de seguridad jurídica y de política criminal nos llevan a sostener la aplicación de la teoría de la anidación pues, resulta prácticamente imposible determinar de modo exacto el momento de la fecundación del óvulo (5).

Queda fijado de este modo el objeto de tutela penal de las figuras delictivas que tipifican las diferentes modalidades del aborto punible, es decir, la protección de la vida del feto desde el momento de la anidación del óvulo fecundado en el útero materno.

2. Las figuras delictivas del aborto punible en el Código Penal vigente. Los supuestos de aborto no punible

A continuación, efectuaremos una somera referencia a las figuras delictivas que criminalizan el delito de aborto en el Código Penal vigente, como también a los supuestos en que dicha práctica se declara no punible, para luego referirnos a las modificaciones que pretenden introducirse en esta materia.

3. Las figuras delictivas del aborto punible

En primer lugar, el art. 85 del Código Penal, incluido dentro del Título I (Delitos contra las Personas); Capítulo I (Delitos contra la Vida), contempla las modalidades básicas del aborto causado por un tercero, con o sin el consentimiento de la mujer encinta, y la agravante por el resultado de muerte de esta última.

A. Aborto sin consentimiento de la mujer: el art. 85, inc.1, del CP contempla la figura del aborto causado por un tercero sin consentimiento de la mujer encinta, sancionándolo con pena de prisión de tres (3) a diez (10) años.

En este sentido, resulta autor de este delito quien lleva adelante la «acción típica del delito de aborto», consistente en matar a un feto dentro del seno materno o como consecuencia de su provocada expulsión cuando por sus características -inmadurez- tal ha sido el medio seleccionado para matarlo o cuando su expulsión se produce por un procedimiento que implica darle muerte, sin contar para ello con el consentimiento de la mujer (6).

La gravedad de la conminación punitiva surge del hecho de que no solo se tutela la vida del feto, sino también la de la madre y su libertad, la que es sometida sin su consentimiento a los riesgos que las maniobras abortivas implican.

B. Aborto con consentimiento de la mujer

Por su parte, el inc. 2 del art. 85 del CP citado reprime la hipótesis de aborto causado por un tercero, pero esta vez contando con el consentimiento de la mujer, estableciendo en este supuesto una escala penal reducida y sancionando tal accionar con pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años.

En este caso, tal como se verá más adelante, no solo resulta punible la acción del tercero que realiza las prácticas abortivas, sino también, por aplicación del art. 88 del CP, la conducta de la propia madre que presta su consentimiento a tales fines y efectos; ello con los alcances y limitaciones que se explicitarán infra.

– Agravante por el resultado de muerte de la mujer

En ambas hipótesis delictivas, es decir, en los casos de aborto realizado sin contar el autor con el consentimiento de la mujer como también en el supuesto de que exista dicho consentimiento, la figura básica encuentra agravada la penalidad en su máximo si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.

En el caso del art. 85, inc.1, del CP, el máximo de la escala penal es de quince -15- años de prisión, mientras que en el supuesto del inc. 2, el máximo se eleva a los seis -6- años de prisión.

Debe señalarse que el resultado de muerte de la mujer encinta aparece aquí como un «resultado preterintencional», que debe ser consecuencia objetiva del aborto y «subjetivamente no estar comprendido en el dolo del autor».

Como señala E. A. Donna, si la muerte de la mujer se produce con dolo (inclusive eventual), estamos en presencia del delito de homicidio respecto de la mujer en concurso real con el delito de aborto (con consentimiento o sin él, según sea el caso).

C. Autoaborto o aborto causado por la propia mujer y prestación de consentimiento para la causación del propio aborto

El art. 88 del CP diferencia dos acciones típicas que pueden ser cometidas por la propia mujer embarazada, a saber: «causar su propio aborto» y «consentir en que otro lo cause».

En ambos casos, se establece una penalidad de uno (1) a cuatro (4) años de prisión para la mujer.

Como puede apreciarse, se criminaliza aquí, a diferencia de las descripciones típicas del art. 85 del CP, la conducta desplegada por la propia mujer embarazada.

– Causación del propio aborto: en este caso, se castiga a la propia mujer encinta como «autor del delito de aborto», en aquellos supuestos en que realice personalmente sobre el feto cualquiera de las maniobras abortivas que han sido definidas como constitutivas de la acción típica de este hecho punible.

– Prestación del consentimiento: se criminaliza también el accionar de la mujer encinta consistente en «prestar su consentimiento para que otra persona realice las maniobras abortivas sobre su propio cuerpo», mas el consentimiento no es punible por sí mismo, sino que se requiere que el tercero haya consumado o tentado el delito.De otro modo, no habrá comienzo de ejecución -y con ello punibilidad de la acción- con la sola prestación del simple consentimiento por parte de la mujer, sino que se exige el comienzo de la realización de las maniobras abortivas por otro sujeto sobre el cuerpo de aquella.

4. Aborto preterintencional

El art. 87 del CP tipifica el denominado «aborto preterintencional», reprimiendo con pena de prisión de seis -6- meses a dos -2- años al sujeto que, con violencia, causare un aborto sin haber tenido el propósito o finalidad de provocarlo, siempre que el estado de gravidez le constare o fuere notorio.

Tradicionalmente, se ha entendido que se trata de un delito preterintencional, pues contiene un hecho de base ilícito y doloso, cual es ejercer violencia sobre la mujer embarazada, violencia que provoca o causa un resultado no deseado o buscado por el agente (el aborto o muerte del feto).

5. Aborto cometido por médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos

Si bien el art. 86 del CP es usualmente citado como aquel que consagra los supuestos de abortos no punibles, debe señalarse que su primer párrafo sanciona con las penas del art. 85 del CP e inhabilitación por el doble tiempo de la condena, a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o bien cooperaren a causarlo.

6. Modalidades del aborto no punible

El art. 86 del CP, en su segundo párrafo, declara como no punibles dos modalidades del aborto, a saber: el denominado «aborto terapéutico» y el llamado «aborto eugenésico».

-Aborto terapéutico

El denominado aborto terapéutico, previsto por el art. 86, párrafo 2.°, inc. 1, del CP, constituye una causal de justificación específica para el aborto que exige la presencia de tres -3- requisitos, a saber: a. una particular calidad del agente, que debe ser un médico diplomado; b. el consentimiento de la mujer embarazada y c.la finalidad de evitar un grave peligro para la vida o la salud de la madre que no pueda ser evitado por otros medios (7).

-Aborto eugenésico

El aborto eugenésico es aquel que se encuentra justificado y, por ende, permitido en aquellos casos en que el embarazo provenga de una violación, debiendo seguirse la postura de Sebastián Soler, Carlos Fontán Balestra y Molinario en cuanto admiten su procedencia en todo supuesto de violación (y no solo en el caso de violación o atentado al pudor de mujer idiota o demente), argumentando acertadamente en este sentido que la Comisión del Códigos del Senado hizo una referencia expresa al incluir esta causal de justificación a la autorización para abortar otorgada a las mujeres que fueron violadas durante la Segunda Guerra Mundial.

IV. EL PROYECTO DE REFORMA: INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

El proyecto de ley que ya posee media sanción en el Congreso de la Nación, como ya ha sido adelantado, propone las modificaciones al Código Penal Argentino que a continuación se detallan.

En relación con el art. 85 del CP vigente, propone su sustitución por el siguiente texto:

Art. 85: «El que causare un aborto será reprimido: 1. con prisión de tres (3) a diez (10) años si obrare sin consentimiento de la mujer o persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta quince (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer o persona gestante. Los médicos, cirujanos, parteros, farmacéuticos u otros profesionales de la salud que causaren el aborto o cooperaren a causarlo sin consentimiento de la mujer o persona gestante sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena; 2. con prisión de tres (3) meses a un (1) años si obrare con el consentimiento de la mujer o persona gestante y el aborto se produjere a partir de la semana quince (15) del proceso gestacional, siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86».

Art. 85 bis:«Será reprimida con prisión de seis (6) meses a dos (2) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará de dos (2) a cinco (5) años si, como resultado de la conducta descripta en el párrafo anterior, la mujer o persona gestante no hubiere podido acceder a un aborto en los casos legalmente autorizados».

Art. 86: «No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. En ningún caso, será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante cuando: a. el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente; b. si estuviera en riesgo la vida o la salud la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano; c. si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto».

«Artículo 88: «Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare cuando el mismo fuera realizado a partir de la semana quince (15) del proceso gestacional y no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86. La tentativa de la mujer o persona gestante no es punible. El juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso en atención a los motivos que impulsaron a la mujer o persona gestante a co meter el ilícito, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y la apreciación de otras circunstancias que pudieren acreditar la inconveniencia de aplicar la pena privativa de la libertad en el caso».

Como puede apreciarse, fuera de la propuesta legislativa de una nueva norma jurídico-penal bajo número del art.85 bis del CP, destinada a destrabar los escollos que en la práctica es usual observar aún en los casos en que el Código Penal vigente autoriza el aborto bajo las formas de aborto terapéutico y eugenésico, como asimismo la introducción de una nueva causal de justificación que declara no punible el aborto cuando se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto, lo que ha sido recogido por algunos precedentes de fallos de la CSJN (8), y de diferentes escalas penales de punibilidad que se propician, la modificación esencial que se postula consiste en establecer de modo relativamente arbitrario un lapso temporal dentro del cual la mujer encinta puede decidir libremente la interrupción de su embarazo sin incurrir en el delito de aborto y, transcurrido dicho plazo, criminalizar la conducta de terceros y aún de la propia madre que practique su propio aborto o consienta que otro lo causare.

Se adoptaría así un sistema similar al que rige en otras legislaciones, como la española, donde se hubo de optar por un «sistema del plazo», fijando el mismo en las catorce -14- semanas, inclusive, para habilitar la interrupción voluntaria del embarazo por decisión libre de la mujer encinta sin incurrir en hecho punible alguno, y criminalizar primariamente las prácticas abortivas, ya sea realizadas por terceros o por la propia madre o prestando su consentimiento a ese fin, a partir de la quinceava semana.

V. INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY

1. Consideraciones de naturaleza estrictamente jurídico-constitucionales

Es el momento ahora de recapitular algunas de las consideraciones expuestas precedentemente.

Ya hemos dicho que, ante la problemática de salud pública vinculada con la tasa de mortalidad materna derivada de las complicaciones surgidas de los abortos clandestinos, debemos preguntarnos lo siguiente:«¿resulta ajustado a derecho sacrificar una vida, en este caso la del feto o persona por nacer, con el objeto de solucionar una cuestión de salud pública, como lo es disminuir la principal causa de mortalidad materna?»

El interrogante planteado ya contiene en sí mismo una afirmación, y esta consiste en que a las catorce -14- semanas de gestación el feto o persona por nacer posee vida, debiendo considerarse que a la altura de este lapso temporal se encuentra consumada la concepción.

Hemos referido también que, a partir de la reforma constitucional del año 1994, y en función de la incorporación al bloque de constitucionalidad federal de diversos Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (art. 75, inc. 22, de la CN), el ordenamiento jurídico argentino tutela y protege la vida humana desde la concepción.

Se adopte tanto la teoría de la fecundación o la tesis de la anidación, ninguna duda cabe de que a las catorce semanas de gestación no puede negarse válidamente que ya existe concepción del embarazo y con ello vida del feto o persona por nacer.

Entonces, desde el punto de vista estrictamente jurídico-constitucional, el proyecto de ley en examen y tratamiento por el Congreso de la Nación, de ser sancionado de modo definitivo, deviene palmariamente inconstitucional desde el momento en que, sin hesitaciones, cabe afirmar que permitir la interrupción del embarazo a dicha altura del proceso gestacional de la persona por nacer, priva a esta última, ni más ni menos, que de su derecho a la vida, lo que resulta contrario a la Constitución Nacional y a los diversos Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que poseen en la actualidad jerarquía constitucional.

A mayor abundamiento, ello tan siquiera es negado por quienes abogan por la aprobación del proyecto de ley en cuestión, en cuanto afirman lo siguiente: «… en su artículo 1ª al colocar el plazo de la catorceava semana este proyecto no pretende definir el comienzo de una vida ni justificar moralmente las interrupciones del embarazo.Delimita legalmente un área protectora de los bienes jurídicos en cuestión, dentro de plazos razonables para una gestación que no fue planificada y / o deseada». Es decir, que se reconoce al menos implícitamente el comienzo de la vida intrauterina con anterioridad a la catorceava semana de gestación, mas aducen -como fundamento de sus pretensiones desincriminatorias- la existencia de un embarazo no planificado y / o deseado por la mujer.

Fuera de los supuestos contemplados en el art. 86, párr. 2.°, incs. 1 y 2, del Código Penal vigente, y reconociendo que el postulado como nuevo art. 86 del CP solo en lo referido a los casos de abortos no punibles, resulta más claro y merecería su aprobación, léase claramente en «solo» en lo relativo a los abortos declarados no punibles bajo las causales de justificación de aborto terapéutico, eugenésico o cuando se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto, fuera de estas hipótesis el proyecto de ley en tratamiento resulta palmariamente inconstitucional.

De otro modo: habilitar la interrupción del embarazo hasta las catorce semanas de vida, inclusive, de la persona por nacer, fuera de los supuestos del aborto terapéutico, eugenésico o cuando se diagnostique fehacientemente la inviabilidad de la vida extrauterina, contraría palmariamente la Constitución Nacional.

La viabilidad de este proyecto de ley se encuentra indefectiblemente destinada al fracaso si se parte de la base del principio de supremacía constitucional, y hasta puede hacer incurrir al Estado Argentino en responsabilidad internacional por incumplimiento de los tratados internacionales oportunamente suscriptos, no habiéndose efectuado enmienda alguna a este respecto.

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(1) CHIARA DÍAZ, Carlos A.: «Código Penal y Normas Complementarias. Comentando, Concordado y Anotado», t. 3. Santa Fe, Nova Tesis Editorial Jurídica, 2011, p. 486.

(2) BUOMPADRE, Jorge E.: «De la despenalización al aborto libre. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en España», en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, UNNE, N.º 7. Buenos Aires, Dunken, 2010.

(3) Conf. D’ALESSIO, Andrés J.: Código Penal. Comentado y anotado, parte especial. Buenos Aires, La Ley, 2007, p. 40.

(4) CHIARA DÍAZ, Carlos A.: Código Penal y Normas Complementarias. Comentando, Concordado y Anotado, t. 3. Santa Fe, Nova Tesis Editorial Jurídica, 2011, p. 487.

(5) FEIJOÓ SÁNCHEZ, Bernardo: Compendio de derecho penal, parte especial, vol. 1. Madrid, R. Areces, 2003, p. 293.

(6) D’ALESSIO Andrés J.: en Código Penal. Comentado y Anotado, parte especial. Buenos Aires, La Ley, 2007, p. 49.

(7) D’ALESSIO, Andrés J.: Código Penal. Comentado y anotado, parte especial. Buenos Aires, La Ley, 2007, pp. 45 y 46.

(8) CSJN: 2001/12/07 in re «B., A.», DJ 2001-1, 945.

(*) Abogado, UBA. Especialización en Derecho Penal y Criminología, UBA. 12.17 h