Procesamiento de un empleado de ANSES, en tanto se comprobó que certificó una firma de persona que no se presentó nunca a su despacho

Partes: K. S. E. s/ defraudación contra la administración pública

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

Sala/Juzgado: B

Fecha: 1-feb-2018

Cita: MJ-JU-M-109336-AR | MJJ109336 | MJJ109336

Se dicta el procesamiento de un empleado de ANSES por el delito previsto en el art. 293 del CPen. en tanto se comprobó que certificó una firma en el Formulario PS 6.4. proveniente de una persona que no se presentó en ningún momento a su despacho.

Sumario:

1.-Corresponde decretar el procesamiento del imputado por considerarlo presunto autor del delito previsto y penado por el art. 293 primera parte del CPen. Argentino, ya que ha quedado comprobada la materialidad del ilícito y la responsabilidad como empleado de ANSES, consistente en la certificación de la autenticidad de una firma falsa inserta en el Formulario PS 6.4.

2.-La maniobra investigada consistió en tener por certificada una firma en el formulario PS 6.4 beneficio cuando en realidad la persona no se habría hecho presente en el acto de certificación propiamente dicho, lo que probaría prima facie la conducta reprimible del empleado de ANSES toda vez que éste tuvo por válida una firma proveniente de una persona que no se presentó en ningún momento a su despacho, conforme exigen los procedimientos respectivos.

3.-El planteo de nulidad de la indagatoria interpuesto por la defensa no resulta procedente toda vez que, del análisis de la indagatoria misma surge que se la hacen saber y conocer detalladamente los hechos objeto de su imputación, la presunta calificación jurídica de su accionar y las pruebas que existirían en su contra y particularmente respecto a las pruebas la indagatoria expresa: ‘Asimismo se le hacen saber las pruebas existentes en su contra que son las constancias de autos, especialmente la denuncia inferida en autos, las pruebas periciales producidas y los testimonios vertidos.’

Fallo:

Mendoza, 01 de Febrero de 2018.

Y VISTOS:

Los presentes autos N° FMZ 42017148/2010/CA1, caratulados: “K. S. E. S/ DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, venidos a esta Sala “B” en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor (fs. 141/143 vta.) contra la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado Federal de San Rafael, mediante la cual dicta el procesamiento, sin prisión preventiva, de G. R. Y. R. respecto del delito previsto y reprimido por el art. 293 primera parte, en calidad de autor, y 296, 174 inc. 5) en función del art. 172; todos del Código Penal Argentino, en carácter de partícipe necesario (fs. 135/139 vta.); Y CONSIDERANDO:

I.- Que la causa se inicia con la denuncia ante la Fiscalía Federal (ver fs. 01 y vta.), por el Señor Jefe de la UDAI San Rafael de la Administración Nacional de Seguridad Social, Prof. DANIEL A. HERRERA, quien indicó que se había presentado ante la oficina de General Alvear, la Sra. CONCHA DELGADO, Elsa Hilda, DNI 92.673.149, chilena, quien manifestó que era titular de un beneficio de pensión, el nº 15545348680 y que tenía fecha de cobro el día 19/03/2010 por la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 48/100 ($12.519,48), y que cuando se había presentado el día anterior al de la denuncia al Banco Nación para cobrar, figuraba como ya percibido su haber por otra persona, en calidad de apoderada, siendo K., E., LC Nº 05.178.415 y que la misma no estaba autorizada al cobro. Que verbalmente le había manifestado al agente de ANSES que K. había sido la gestora que le había realizado el trámite de pensión.

A fs. 02/09 se agregaron copias de documentación por parte de ANSES.

Previo requerimiento Fiscal, a fs.12 y vta., el a-quo declaró la competencia para entender en los presentes, disponiendo la realización de medidas entre las cuales ordenó recibir en declaración testimonial a ELBA HILDA CONCHA DELGADO y al empleado de ANSES que certificó firma del poder (G. R. Y.).

Que, se recepcionó declaración indagatoria a E. K., ap. mat. S., en averiguación infracción a los arts. 292, primera parte, 296 y 174 inc. 5º, todos del Código Penal Argentino, la que hizo uso de su derecho de abstención (fs. 36 y vta.).

A fs. 56/60 y fs. 70/72 se agregaron los informes de las pericias caligráficas.

Al momento de resolver la situación procesal de E. K. se dictó su sobreseimiento, en relación al delito de infracción al art. 292 del CP; disponiéndose su procesamiento por considerarla autora presunta responsable, de los delitos previstos y penados por los arts. 296, y 174 inc. 5º) del CP, en la modalidad de utilización de documentación falsa o adulterada y defraudación a la administración pública, todo ello en concurso real.

Asimismo se dispuso citar a prestar declaración indagatoria a G. R. Y. en averiguación infracción a los arts. 293, 1ra. parte, -en calidad de autor- y 296, 174 inc 5º, en función del art. 172 -en carácter de partícipe necesario- todos del CP (fs. 75/82 vta.).

Que llamado a prestar declaración indagatoria, YLLANES optó por dar su versión de los hechos, explicando su intervención en el hecho, todo a lo cual se da por reproducido en honor a la brevedad (fs. 85/87 vta.).

A fs. 114/129 se agregó pericia caligráfica, la cual concluye que las firmas insertas en el formulario dubitado no fueron plasmadas por el encausado YLLANES.

II.- Que se presentó la representante de la Defensora Pública Oficial solicitando el SOBRESEIMIENTO de su defendido G. R. Y. (fs.132/133 vta.), resolviendo el a-quo no hacer lugar al pedido, disponiendo el procesamiento del nombrado por los delitos por los que fuera oportunamente indagado (fs. 135/139 vta.).

Contra dicho interlocutorio, la Sra. Defensora Oficial interpone recurso de apelación motivado (art. 438 CPPN), solicitando se revoque dicha resolución, por entender que no se encuentra probado que su defendido haya cometido el ilícito que se le endilga (fs. 141/143 vta.).

Entiende que no obran en autos testimonios ni prueba que acrediten su efectiva ocurrencia. Manifiesta que el a-quo ni siquiera citó a declaración testimonial al Sr. Gustavo Moreno- jefe de su asistido- quien autorizó la conducta del mismo, según habría manifestado el Sr. Yllanes en su declaración indagatoria.

Asimismo, aclara que la pericia caligráfica del formulario PS 6.4 de ANSES, arrojó resultado negativo respecto de la firma de su defendido, demostrando que no tuvo participación alguna en la inserción de la firma de la Sra. Concha. Expresa que como empelado de ANSES, solo completó los campos vacíos del poder, extrayendo los datos de la documentación que acompañó la Sra. K.

Agrega que, si bien la firma de la Sra. Concha había sido completada fuera de las oficinas de ANSES, su defendido consultó con sus superiores quienes accedieron a otorgar el poder igualmente.

Seguidamente, expone que no fue su asistido quien hizo uso del documento adulterado, por lo que no puede verse configurado el delito `previsto por el art. 296 del CP.

Finalmente, invoca el principio “in dubio pro reo” ante la orfandad probatoria y cuestiona el monto del embargo, solicitando el sobreseimiento del imputado.

III.- Concedido el recurso de apelación (fs. 144), y elevado el expediente a la alzada (fs. 145), se presenta la defensa del imputado haciendo remisión a los argumentos manifestados al momento de interponerse el recurso (fs. 150 y vta.).

IV.- Seguidamente informa el Sr. Fiscal General ante esta Cámara, solicitando la confirmación del interlocutorio en crisis (fs.151/153 vta.).

En primer lugar, entiende que los elementos valorados por el Magistrado, atento al estadio procesal por el que transita la causa, constituyen prueba de convicción suficiente para sostener fundadamente, la responsabilidad penal del imputado.

En cuanto a la nulidad de la declaración indagatoria, entiende que el criterio valorativo actual no se centra en la mera regularidad del acto, sino en consideración al concreto destino de la actividad reglada por la ley procesal, en miras a los fines del proceso.

Por último, respecto del monto del embargo entiende que se encuentra ajustado a derecho en tanto guarda relación con los eventuales perjuicios que surgiría de los ilícitos investigados y de las responsabilidades pecuniarias emergentes del proceso.

V.- Analizadas las constancias de autos, así como los argumentos expuestos tanto por la Sra. Defensora como el representante del Ministerio Público Fiscal, este Tribunal pasará a analizar la calificación endilgada al imputado.

Primeramente, cabe aclarar que en el auto venido en crisis, el a-quo realiza un acertado análisis de las circunstancias que rodearon el hecho, ponderando todos los elementos de cargo colectados por la instrucción, llegando a la conclusión fundada, de que existen elementos de convicción suficientes para ordenar el procesamiento del encausado.

Por lo que, como primera conclusión, no procede el agravio relativo a la falta de fundamentación y valoración de las pruebas que efectivamente se arrimaron a este proceso.

Ahora bien, dicho esto corresponde adentrarnos en la primera figura que se le imputa a YLLANES, ésta es, la prevista por el art. 293, 1ra.

Parte, del CP.

Respecto de las pruebas agregadas a la causa y teniendo en cuenta la etapa procesal por la que se transita, ha quedado comprobada prima facie la materialidad del ilícito y la presunta responsabilidad del empleado de ANSES, Sr. G. R. Y., consistente en la certificación de la autenticidad de una firma falsa inserta en el Formulario PS 6.4, quedando atrapado su accionar en la figura prevista por el art.293 CP que reprime a quien “. insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.”.

Que el planteo de nulidad de la indagatoria interpuesto por la defensa no resulta procedente toda vez que, del análisis de la indagatoria misma surge que se la hacen saber y conocer detalladamente los hechos objeto de su imputación, la presunta calificación jurídica de su accionar y las pruebas que existirían en su contra. En efecto, particularmente respecto a las pruebas la indagatoria expresa: “Asimismo se le hacen saber las pruebas existentes en su contra que son las constancias de autos, especialmente la denuncia inferida en autos, las pruebas periciales producidas y los testimonios vertidos.” (v. fs. 85 y 86) Dicho ello, al cumplirse cabalmente todos los elementos propios del acto de indagatoria como tal, no se avizora perjuicio alguno que pueda dar lugar a la declaración de nulidad del acto jurisdiccional; más aún cuando el fundamento defensivo sólo se centra en una mera discrepancia con la figura endilgada.

En este sentido la jurisprudencia ha dicho que: “Las nulidades procesales son de interpretación restrictiva, siendo condición esencial para que puedan declararse que la ley prevea expresamente esa sanción, que quien la pida tenga interés jurídico en la nulidad y además que no la haya consentido expresa o tácitamente. La garantía de la defensa en juicio tiene desde antiguo carácter sustancial y por ello exige de parte de quien la invoca, la demostración del concreto perjuicio que pudo inferirle el presunto vicio de procedimiento y de la solución distinta que pudo alcanzarse en el fallo si no hubiere existido ese defecto.” (C.N.Casación Penal, Sala III, 22/06/2004, K Oscar Enríquez s/recurso de casación, c.5015, voto del Dr.Tragant).

No se advierte en el caso particular la existencia del perjuicio que exigen las nulidades procesales, por lo que debe desestimarse el presente agravio.

Que respecto ahora sí a la configuración del delito de falsedad ideológica, ésta se produce siempre que se afirme como realmente ocurridos en su presencia actos o hechos que en realidad no se llevaron a cabo o bien lo hicieron de una manera diferente.

La maniobra investigada en autos consistió en tener por certificada la firma de la Sra. Elsa Concha Delgado, en el formulario PS 6.4 beneficio Nº 15545348680, cuando en realidad la misma no se habría hecho presente en el acto de certificación propiamente dicho. Ello surgiría de la propia indagatoria del imputado, quien ante las siguientes preguntas manifestó: “PREGUNTA: En algún momento vio a la Sra. CONCHA DELGADO en oficinas de ANSES RESPONDE Que sí que la vio previamente cuando la misma fue a gestionar la pensión y por lo menos una vez más antes de los hechos, y después posteriormente cuando supo que fue a quejarse porque le habían cobrado la pensión. Que cuando hizo la gestión fue sola.

Que la oficina de ANSES es grande y no le consta haberla visto con KRAWCYK. Que el día en que se firmó el poder nunca vio a la Sra. CONCHA DELGADO. En este estado aclara el dicente que el día en que se firmó el poder, la Sra. KRAWCYK vino sola y le manifestó que CONCHA no podía venir porque la misma estaba trabajando.” (v. fs. 87)

Ello probaría prima facie la conducta reprimible del empleado de ANSES toda vez que éste tuvo por válida una firma proveniente de una persona que no se presentó en ningún momento a su despacho, conforme exigen los procedimientos respectivos. A lo que se le debe sumar la prueba existente de la pericia caligráfica obrante a fs.60 en la cual se concluye que la firma dubitada atribuida a Elsa Concha Delgado, no pertenece a su puño y letra.

Que entonces, la falsedad de la firma de la perjudicada pensionada inserta en el formulario, sumada a la conducta reprochable del imputado de certificar una firma en contra de todo procedimiento que habilite tal acto, constituyen los elementos objetivos y subjetivos del tipo previsto por el art. 293 del C.P.

En relación a ello, no resulta válido el fundamento expuesto por la defensa en torno a que el empleado “pidió permiso a sus jefes superiores para otorgar el poder”, toda vez que en su calidad de miembro de la Administración Nacional de la Seguridad Social y especialmente en su función de “certificador” de poderes a los fines del cobro de las jubilaciones y pensiones, debió poner en marcha todos los mecanismos necesarios a fin de lograr un juicio de certeza acerca de la verdadera identidad de las pates del acto.

No obstante ello, le asiste razón a la recurrente en cuanto debió citarse a declarar a jefe superior del aquí imputado, quien le habría “autorizado” a efectuar el trámite sin los recaudos pertinentes, Sr. Gustavo Moreno.

Tal medida será recomendada al Juzgado de Origen, a los fines de profundizar la investigación en curso y la responsabilidad que a cada uno de los imputados le corresponda.

Seguidamente, también se atribuye al imputado la figura prevista por el art. 296 y art. 174 inc. 5º, en función del art.172, en calidad de partícipe necesario.

La figura prevista en el artículo 296 del Código Penal (uso de un documento o certificado falso o adulterado) exige para ser típica, además del conocimiento positivo de la falsedad documental , una acción definida tendiente a vulnerar el bien jurídico tutelado por la norma – la fe pública-, esto es hacer valer el instrumento, o usar el mismo, como si tuviera eficacia jurídica, en razón de que la simple tenencia no es punible.

El dolo exigido por dicha pauta legal se limita al conocimiento de que el documento es falso y la voluntad de usarlo a pesar de ello, pues el momento decisivo del delito es aquel en que la obra del falsificador va a cumplir su función específica. La presente figura se refiere a los casos en que la acción del sujeto consiste única y exclusivamente en el uso doloso, con prescindencia de la vinculación subjetiva entre el autor de la falsedad y el autor del uso (confr. Soler, “Derecho Penal Argentino”, Tomo V, pág. 356, Ed. Tea, Buenos Aires, 1978).

Por otro lado, el art. 174, inc. 5, del C.P. reprime al que “.cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”. La disposición alcanza, no solamente a la estafa, sino también a otras defraudaciones, pues la previsión específica no responde a la modalidad defraudatoria, ni tiene como fundamento la calidad del sujeto activo o pasivo, sino a la naturaleza del ofendido por el delito, es decir, en razón de la titularidad del bien jurídico del objeto (Núñez, L.L., t. 74, pág. 566, Nº VI). Los bienes objeto de la defraudación pueden pertenecer al Estado Nacional, a las provincias, a los municipios o a las entidades autónomas o autárquicas; es decir, a toda entidad dotada de personalidad de Derecho Público (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, t. 223, pág. 25) y es la titularidad de éstos el motivo de la agravante (Creus, Derecho Penal. Parte especial, t.1, pág. 518; Estrella – Godoy Lemos, Código Penal. Parte especial, t. 2, pág. 556).- En el presente caso, no se avizora claramente el dolo en el imputado, en el entendimiento efectuado precedentemente. Es que, si bien pudo haber facilitado- no obrando con la debida diligencia- el otorgamiento del poder y el posterior uso por parte de la gestora K., no surge expresamente el conocimiento positivo de su falsedad ni tampoco que haya participado en la intención de usarlo como documento falso.

Esta Sala es del criterio de que debe proceder en estos casos el dictado de falta de mérito ya que, ni de las pruebas agregadas a la causa ni de ningún otro de los elementos convictivos incorporados surge, con claridad suficiente, que el imputado haya tenido conocimiento positivo de la ilicitud del documento, siendo que no se han incorporado, hasta el momento, nuevos elementos que desvirtúen esta presunción.

Consecuentemente, se está en presencia de indicios insuficientes que impiden, por el momento, el dictado del procesamiento del imputado en orden al ilícito que se le enrostra. Tampoco se puede sostener que los elementos de cargo colectados permitan el cierre definitivo e irrevocable del proceso (art. 342 C.P.P.N.) a favor del encartado ya que, el grado de certeza que requiere el dictado de sobreseimiento no puede, por el momento, razonablemente afirmarse en la presente causa.

Lo expuesto denota que subsisten dudas que hacen aconsejable el dictado de la falta de mérito del art. 309 del Código Procesal Penal de la Nación, a favor del Sr. Ponce.

Al respecto, el Dr. Raúl Washington Ábalos ha dicho: “.para dictar auto de falta de mérito, el Juez no cuenta con elementos que le permitan afirmar la existencia del hecho delictuoso, o la autoría y responsabilidad del imputado. Basta con que el Juez dude. Que los elementos que hacen a la vía de la incriminación se vean controvertidos por los elementos contrarios.O, que la probabilidad negativa de la autoría y responsabilidad, o de la existencia del hecho se presenten a través de las prueba. La falta de mérito no cierra el proceso, sólo declara que no hay mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer, por ello, deja abierta la instrucción por el término establecido en la Ley para continuar investigando.” (“Código Procesal Penal de la Nación, Tomo II, pág. 710).

Será, eventualmente, durante el Juicio Oral, el lugar propicio para desplegar plenamente los argumentos defensivos concretos respecto todas y cada una de las pruebas existentes. La inmediación propia de esa etapa permite un conocimiento acabado de los hechos investigados. De allí surgirá efectivamente la culpabilidad o inocencia de la encartada. Circunstancia que resulta a todas luces lógica ya que la amplitud probatoria propia de dicha instancia como así también el análisis de los casos en forma integral y conjunta, permiten una evaluación minuciosa del caso. Ello no hace más que perfeccionar en la práctica el derecho de defensa y agudizar las garantías constitucionales.

VI.- Por último, este Tribunal estima prudente reducir el MONTO del embargo fijado por el juez a-quo, toda vez que, atento a la nueva resolución dispuesta, el mismo resultaría excesivo.

Cabe recordar que el embargo se trata de una medida precautoria que garantiza la eventual pena pecuniaria y las responsabilidades civiles, que pueden sustituirse con otras cauciones. La determinación del monto de los embargos que corresponde imponer, está supeditada en gran medida a la magnitud de los hechos “prima facie” ilícitos investigados, el monto evadido y el grado de aporte de los imputados.

Así las cosas, se estima ajustado a derecho reducir el monto del mismo a PESOS CINCO MIL ($5.000), sobre los bienes del imputado o, en su defecto, debiendo disponerse la inhibición general de aquellos.

VII.- Que este Cuerpo concuerda con las medidas propuestas a por la defensa en torno al llamado a declaración testimonial del Sr.Gustavo Moreno, en virtud de su carácter de jefe inmediato del empleado de ANSES, Sr. G. Y.; sin perjuicio de las que el Juez “a-quo” considere oportuno llevar a cabo.

VOTO DEL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA, DR. GUSTAVO ENRIQUE CASTIÑEIRA DE DIOS:

Que por las razones expuestas, adhiero a la decisión propuesta por mi colega de Sala, Dr. Alfredo Rafael Porras.

DISIDENCIA DE LA DRA. OLGA PURA ARRABAL

I.- Que, luego de analizar las constancias de autos y los argumentos esgrimidos por las partes, me permito disentir respetuosamente con mis distinguidos colegas de Sala en cuanto a la falta de mérito dictada en favor de G. R. Y. R., en razón de las consideraciones que seguidamente se expondrán.

II.- Coincido con la decisión adoptada por el Sr. Juez de grado en relación a la situación procesal de G. R. Y. R.

Es que, conforme con lo decidido a fs. 135/139 vta. entiendo que, el Sr. Juez a quo, ha evaluado correctamente las pruebas rendidas en la causa, resolviendo el procesamiento del nombrado; teniendo en cuenta, tanto su propio testimonio obrante a fs. 21, en el cual, manifiesta que no le comprenden las generales de la ley respecto de E. K., aclarando que en relación a Concha Delgado expresa que fue conviviente de un tío suyo, pero actualmente no es conviviente, que si la conoce.

En la misma declaración testimonial, reconoce como suya la firma inserta a fs. 9 de la Carta Poder que se le exhibió en original y sello del Organismo (ANSES), asimismo declara que: “llenó la Carta Poder.que es su letra, agrega que recibe la Carta Poder solo con la firma de la Sra. Delgado, quien llevaba la Carta Poder es la Sra. Krawvzyk, con la firma antes mencionada de Delgado.”, luego señala que: “.éste trámite no se realiza de ésta manera, por lo cual el testigo consulta con el Sr.Gustavo Moreno quien estaba a cargo de la Oficina, ya que la Sra.

Norma Bramucci estaba de vacaciones, quien sería la Jefa de ANSES.”, agregando que, el Sr. Moreno le manifestó: “.Norma hace eso de entregar formularios en blanco a gente de su confianza, en forma habitual, por lo que le dijo que lo autorizara.”, “.que la firma inserta en la Carta Poder de la Sra. Krawzyk la realiza delante del testigo, que sería la que reza “Firma del Apoderado”. El trámite habitual es que las dos personas firmen la Carta Poder delante de un empleado de Anses, éste llena el formulario, y certifica.”.

Posteriormente, cita la declaración obrante a fs. 22 y vta. de Elsa Hilda CONCHA DELGADO quien ratificó la denuncia y declaró que, en relación a E. K. le comprenden las generales de la ley porque es “hermana de su concubino”, pero que respecto de Yllanes señala que “solo lo conoce de ANSES”.

En ese mismo acto, cuando se le exhibe la Carta Poder en original (que consta a fs. 9) manifiesta que no reconoce como suya la firma inserta en la carta poder, afirmando “.Que la denuncia la realizó en ANSES, donde habló con la Sra. Norma de Luna, donde la testigo le pregunto el porque estaba todo bloqueado, es decir, porque cobraron a nombre de ella con Poder el dinero de su pensión, la Sra. Luna le manifestó que presentara la denuncia inmediatamente, lo cual realizó. Quiere aclarar que no es amiga de la Sra. Luna que solo la conoce por su oficio. Además la testigo manifiesta que como la Sra. K. es la hermana de su concubino, le pidió que le realizara los trámites de pensión.Esta le manifestó que en el mes de Marzo del año 2010 iba a cobrar el día 19, y como la testigo no pudo ir fue a cobrar ese día, lo hizo el día lunes 22 al Banco Nación y le dijeron está bloqueado y de allí la mandaron al Banco Previsión y allí le dijeron que había cobrado la nombrada K. su pensión. De allí se dirigió al Banco Nación y el cajero del Banco Nación Marcelo Figueroa, quien fue el que le pagó a K., la llevó a la declarante a la casa de K. y le dijo que le entregara el dinero, todo esto ocurrió el día lunes 22/04/2010, a lo que le respondió que se había gastado la plata y que le había mentido con respecto a que la declarante estuviera en Chile. La dicente vio y escucho toda esta conversación.”, agregando que para ella Yllanes le dio a K. los poderes.

A fs. 52 y vta. declaró el empleado del Banco de la Nación Argentina, Aurelio FIGUEROA, quien manifestó que “.no abono suma alguna a ninguna persona, dado que en el momento de los hechos se encontraba reemplazando al tesorero del banco. Quien pago dicha suma es Germán Yllanes es cajero de la Sucursal del Banco de la Nación Argentina de General Alvear.”, agregando “.Que la jubilación en cuestión fue pagada a la apoderada de la Sra. Delgado, la Sra. K. por parte del cajero Germán Yllanes, esto se lo pagan a la nombrada porque el mismo día que cobró, la mencionada fue al Banco a hablar con el dicente y con Yllanes para que le pagaran la jubilación y presentó los papeles correspondientes, es decir, que el declarante autorizó el pago, ya que Yllanes no quería pagar dicho importe, por eso le consulto al dicente que tiene mayor cargo. Al día siguiente fue la Sra.Delgado al Banco y la enviaron a hablar con el dicente, allí el declarante le comunico que había sido pagada el día anterior a la Sra. KRAUWCZIK, luego de ello el dicente junto con la Sra. Delgado fueron a la casa de la Sra. KRAUWCZIK, para que le devolviera la plata, discutieron ambas, supuestamente de la discusión infiere que la Sra. KRAUWCZIK, le había tramitado la Jubilación a la Sra. Delgado. La Sra. KRAUWCZIK no le devolvió el dinero a la Sra. Delgado, porque no lo tenía todo, ésta manifestó que el dinero que faltaba lo utilizó para pagarle a los profesionales que le realizaron la gestión de la jubilación. Es decir que la Sra.

Delgado no recibió el dinero que era de ella. Luego de eso llevó a la Sra. Delgado al centro y se fue al Banco.”. En ese mismo acto, cuando se le pregunto “.si por Poder una persona puede cobrar la jubilación de otra.”, respondió que: “.si viene firmado por un agente de la ANSES se le da el dinero a quien lo presenta.”, a su vez cuando lo interrogan sobre si hubo alguna sanción administrativa para el Señor Germán Yllanes, contestó que no, también se le preguntó si el Gerente estuvo enterado de esta situación, y contesto que no sabe, cree que en ese momento el Gerente que estaba era César Michelle. Asimismo, declara que acompañó a la Sra. Delgado a la casa de la Sra. KRAUWCZIK, para que le devolviera la plata.

En consecuencia, coincido con el Sr.Juez a quo, en que al momento en que el causante, en su carácter de Agente de la ANSES- certificó como legítima la firma espuria, sin que haya sido en presencia del fedatario, colocando su firma y sello, y las ingresó al Sistema, logrando la obtención de este modo de la presunta legitimidad del Poder, utilizado para el cobro del beneficio de Pensión de la denunciante; por su calidad de funcionario público certificante, otorgó al Poder mencionado la calidad de documento público que merecía plena fe de su autenticidad, con plena capacidad de producir efectos jurídicos y, por ende, un perjuicio potencial el que fue real y efectivo, al llevar a error a la autoridad administrativa, que realizó el pago mencionado a quien no era apoderada, produciendo así el desapoderamiento de la víctima (Estado Nacional).

La circunstancia mencionada en forma precedente, me permite considerar “prima facie” que G. R. Y. R. al ser quien certificó como válida una firma falsa, su accionar queda enmarcado en las previsiones del art. 293 primera parte, y como partícipe necesario de los delitos previstos y penados en los arts. 174 inc. 5º) en función del art. 172, todos del Código Penal.

Es que, de las pruebas reunidas en la causa, a saber: la prueba documental agregada a fs. 2/9; las declaraciones testimoniales de: Elsa Hilda Concha (fs. 22 y vta.), Aurelio Figueroa (empleado del Banco Nación a fs. 52 y vta.), pericias caligráficas (de fs. 56/60; fs. 70/73 y fs. 114/130); resolución (fs. 75/82); la declaración indagatoria de G. R. Y. a fs. 85/87 vta. quien reconoce haber “.estampado su firma en la carta poder.”; “.que el día en que se firmó el poder, la Sra. K. vino sola.”, surge con el grado de provisoriedad requerido por esta etapa que la conducta de G. R. Y. R. encuadra en los delitos previstos y penados por los arts. 293 primera parte; art. 174 inc. 5 en función del art.172 todos del Código Penal Argentino.

En consecuencia, advierto como válido, el argumento del inferior, ya que, conforme las pruebas colectadas sumado a lo evaluado en la resolución (fs. 75/82 vta.) podemos en principio entender que YLLANES RAMIREZ certificó una firma como empleado de ANSES, UDAI de General Alvear, Mendoza y que la misma resultó ser falsa, o dicho de otro modo, quien figuraba como poderdante no fue quien estampó la misma en el cuerpo escritural, cuya función del empleado público era el debido y acabado control de lo expuesto, con la consecuencia que la documentación que autorizó fue utilizada para el cobro de una pensión, sin que ello fuese autorizado por la persona denunciante.

Así considero que, le asiste responsabilidad por el hecho que se investiga al Sr. G. R. Y. R. ya que fue quien certificó como válida una firma falsa, enmarcando dicho accionar en las previsiones de los arts. 293 primera parte, en calidad de autor y art. 174 inc. 5º en función del art. 172 todos del Código Penal Argentino, en carácter de partícipe necesario.

En consecuencia me pronuncio por confirmar el auto de procesamiento dictado por el Sr. Juez a quo en relación a G. R. Y. R. (art. 293 primera parte en calidad de autor, art. 174 inc. 5º, en función del art. 172 todos del Código Penal Argentino).

No considero que deba atribuírsele al encartado la participación necesaria por el delito previsto y reprimido por el art. 296 del C.P., es decir, en la acción de haber hecho uso de un documento, pero sí considero que debe ser procesado en su carácter de partícipe necesario de los hechos previstos y reprimidos por el art. 174 inc. 5º, en función del art. 172 todos del Código Penal Argentino.

Es que, existen en la causa elementos de convicción suficientes para dictar el procesamiento de G. R. Y. R. por los delitos previstos y reprimidos en los arts. 293 primera parte en calidad de autor y 174 inc.5º en función del art. 172, todos del Código Penal Argentino, en su carácter de partícipe necesario.

Abona esta decisión que adopto, el carácter provisional del auto de procesamiento, es decir, teniendo en cuenta la provisoriedad que caracteriza a la etapa por la que transita el proceso, hace que el Juez no deba tener la certeza de la existencia del ilícito, sino justificar las grandes probabilidades de que el sujeto investigado haya participado en la comisión del delito, como autor o partícipe, valiéndose para ello de los elementos de cargo y descargo que se han recabado en la investigación.

En este orden de ideas, se ha dicho que en el auto de procesamiento el Juez “.emite un juicio de probabilidad afirmativa respecto del delito, de su autor y de su responsabilidad en el evento. La probabilidad es la mayor cantidad de elementos afirmativos para creer en la hipótesis por verificar, hay una notoria superioridad entre los elementos para corroborar la hipótesis, pero sin embargo restan algunos, que aunque menores, permiten negarla. Podemos afirmar desde este punto de vista lógico que el auto de procesamiento requiere la afirmación concreta de que alguien ha violado la ley penal, y que es un paso positivo hacia la consecución del fin del proceso, que es la verdad real. Ello se logra solamente con la afirmación de la autoría y la culpabilidad, aunque sea probable y provisoria, pero afirmación al fin” (Abalos, Raúl Washington, “Derecho Procesal Penal”, tomo 3, pág. 22/23; Ediciones Jurídicas Cuyo, 1993).

Reiteradamente, este Tribunal ha sostenido que el procesamiento se dicta contra el imputado cuando existe la exteriorización fáctica de un hecho conceptualizado normativamente como delito e indicios vehementes de culpabilidad en su comisión por parte de aquél.No es una sentencia condenatoria -la cual requiere certeza- sino un auto justificado cuando de la prueba deriva un estado de sospecha fundado de que el encausado ha delinquido, no requiriendo un análisis de la totalidad de la prueba del sumario ni que la investigación se encuentre agotada (Conf., entre otros, autos nº 43.521-F-8333; nº 42. 997-F-8231; nº 45.564-F-8988 y nº 48.944-F-10.107).

Por lo expuesto considero: 1º) RECHAZAR parcialmente el recurso de apelación deducido por la Defensa de G. R. Y. R., manteniendo el procesamiento del nombrado por los delitos previstos y reprimidos por los arts. 293 del Código Penal Argentino en carácter de partícipe necesario; 2º) Confirmar el dispositivo 3º del interlocutorio obrante a fs. 135/139 y vta.; 3º) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de fs. 141/143 vta. interpuesto por la Defensa de G. R. Y. R., y en consecuencia DICTAR auto de falta de mérito a favor del nombrado por el delito previsto y reprimido por el artículo 296 del Código Penal Argentino.

En mérito a lo expuesto, por mayoría SE RESUELVE:

1º) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación de fs. 141/143 vta., interpuesto por la Defensa de G. R. Y. R., y en consecuencia, REVOCAR los puntos 2º y 3º de la resolución de fs. 135/139 vta., los cuales quedarán redactados de la siguiente manera: “2º) DECRETAR el PROCESAMIENTO de G. R. Y. R. por considerarlo presunto autor del delito previsto y penado por el art. 293 primera parte del Código Penal Argentino, en calidad de autor; 3º) TRABAR EMBARGO sobre bienes propios del incoado hasta cubrir provisionalmente la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) medida ésta que deberá practicarse por intermedio del señor Oficial de Justicia del tribunal, sirviendo la presente de mandamiento bastante (art. 51 del C.P.P.N.) En caso de resultar negativa la misma, dispóngase la INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES en contra del nombrado, debiendo oficiarse a donde corresponda para su toma de razón;” 2º) DICTAR LA FALTA DE MÉRITO a favor de G. R. Y. R. por el delito previsto y penado por el art. 296, 174 inc. 5º, en función del art. 172, todos del Código Penal Argentino, en carácter de partícipe necesario (art. 309 del C.P.P.N.)”; 3º) Téngase presente la medida sugerida en el apartado

VII.- Protocolícese. Notifíquese. Publíquese.

OLGA PURA ARRABAL

GUSTAVO CASTIÑEIRA DE DIOS

ALFREDO PORRAS

Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

NAHUEL AGUSTÍN BENTO

Secretario Federal