Las costas deben ser impuestas al representante legal de la actora, pues formuló una pretensión en términos imprecisos

Partes: Bowyer Ana María del Valle c/ Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia – Estado Provincial s/ laboral por accidente de trabajo

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy

Sala/Juzgado: IV laboral

Fecha: 27-feb-2018

Cita: MJ-JU-M-110553-AR | MJJ110553 | MJJ110553

 

Las costas deben ser impuestas al representante legal de la actora pues cumplió su función de manera deficiente al formular la pretensión en términos imprecisos.

 

Sumario:

1.-Corresponde que las costas sean impuestas al representante legal de la actora toda vez que el letrado formuló su pretensión de manera imprecisa llevando al a-quo a rechazar la demanda intentada, cumpliendo su función de manera deficiente.

2.-Toda vez que el éxito de la recurrente no responde al mérito ni a la eficacia del planteo del letrado de la actora, sino a la aplicación de principios de orden público, se juzga que las costas en ambas instancias sean soportadas al representante legal.

3.-La sentencia que rechazó el reclamo es arbitraria porque si bien de la forma en que fue propuesta la demanda surge que lo solicitado encuadra en el ámbito del derecho civil pero luego al analizar exhaustivamente la presentación se llega a la conclusión que también se peticionaba la indemnización prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo, el tribunal no realizó la interpretación más favorable al trabajador brindando un encuadre legal incorrecto que viola sus derechos constitucionales, pues estaba en condiciones de resolver si el caso encuadraba dentro de la Ley 24.557 .

4.-El rechazo de la demanda es arbitrario si el tribunal omitió realizar una interpretación favorable al trabajador brindando un encuadre legal correcto pese a que la demanda incurrió en contradicciones en relación al derecho aplicable.

Fallo:

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, los Señores Jueces de la Sala IV Laboral del Superior Tribunal de Justicia doctores FEDERICO FRANCISCO OTAOLA, MARIA SILVIA BERNAL y CLARA A. DE LANGHE DE FALCONE, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº LA-12.426/16 caratulado:

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD interpuesto en el Expte. Nº B-243.958/2010 (Sala II del Tribunal del Trabajo – Vocalía 4) “LABORAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO: BOWYER, ANA MARIA

DEL VALLE c/ DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA – ESTADO PROVINCIAL”, del cual, El Dr. Otaola dijo:

La Sala II del Tribunal del Trabajo, mediante sentencia de fecha 10 de noviembre del año 2015, resolvió declarar abstracto el planteo de inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo y rechazó la demanda interpuesta por ANA MARIA DEL VALLE BOWYER en contra del ESTADO PROVINCIAL. Asimismo, impuso las costas a la actora y reguló los honorarios profesionales de los peritos intervinientes.

En primer lugar, el tribunal de grado declaró en abstracto el pedido de inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1º de la Ley 24.557 argumentando que en el art. 17 de la Ley 26.773 se deroga el art. 39 incisos 1, 2 y 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, aclarando que las normas de la citada ley son aplicables al caso conforme lo resuelto por este Alto Cuerpo en la causa “Bellone c/ Mapfre”.

Asimismo, señaló que el caso sería analizado a la luz de las normas del Código de Vélez, en tanto el hecho ilícito y/o incumplimientos generadores del daño ocurrieron con anterioridad a la vigencia del nuevo código.

Luego, al tratar el fondo del asunto, consideró que la demanda instaurada no podía prosperar porque en la especie no existe motivo que justifique, en ley civil, responsabilizar a la empleadora de las consecuencias dañosas de un accidente in itinere.En efecto, entendió que el accidente ocurrió por un factor ajeno a la demandada por lo que no puede fundarse en las disposiciones del art. 1113 del Código Civil hoy derogado toda vez que no intervino en su producción una cosa riesgosa o viciosa de propiedad de la demandada ni fue por culpa de sus dependientes por los cuales debía responder. Asimismo, tampoco existió una acción u omisión del Estado Provincial, lo que impide tener por configurado un daño de conformidad a lo dispuesto por el art. 1109 de idéntica normativa legal. En síntesis, advirtió que no podían tenerse por configurados los presupuestos de responsabilidad civil -daño, ilicitud y relación de causalidad-, resultando imposible atribuirle responsabilidad alguna a la demandada.

Finalmente impuso las costas a la actora vencida y reguló los honorarios profesionales de los abogados que participaron en la causa.

En contra del pronunciamiento, el Dr. VENANCIO LLANES en nombre y representación de la Sra. ANA MARIA DEL VALLE BOWYER, dedujo Recurso de Inconstitucionalidad por Sentencia Arbitraria (fs. 11/20 vta).

En primer lugar, el quejoso denuncia que la sentencia recurrida causa agravios a su parte por cuanto rechaza la demanda argumentando que sólo se inició la acción de daños y perjuicios derivados de la incapacidad laboral, como consecuencia del accidente “in itinere” ocurrido en fecha 12/11/08.Al respecto, afirma que no es así toda vez que se promovieron dos acciones, la primera por accidente de trabajo in itinere en el marco de la ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557, y la segunda por daños y perjuicios por la mala fe demostrada por la demandada desde el año 2006, la que concluye recién con el decreto Nº 4842-G-14 y sus consecuencias.

En el marco descripto, considera que la sentencia es arbitraria, ilegítima e inconstitucional porque se aparta, sin fundamento alguno, de lo solicitado por la demandada.

El recurrente destaca lo expuesto por su parte referente a la situación del damnificado, a la descripción del siniestro y a la indicación de dónde está la documentación médica, remarcando que su representada solicitó la intervención de un perito médico a fin de que determine la incapacidad resultante del accidente conforme la Ley de Riesgos del Trabajo.

Asimismo, resalta que también solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 39, 46, 15 inciso 2º y normas concordantes de la Ley 24.557, por lo que no caben dudas que la pretensión de su parte, referente a la valoración del accidente de trabajo, debía ser juzgada a la luz de dicha normativa legal. Advierte, que el Estado Provincial, en la oportunidad de contestar demanda, defendió la constitucionalidad de dicha ley por lo que la litis quedó trabada en esos términos.

Sostiene que, encontrándose acreditado el accidente in itinere, debía hacerse lugar a la acción por accidente de trabajo y condenar al accionado a indemnizar la incapacidad que surge de la pericia médica.

El quejoso se agravia, en segundo término, porque el a-quo, sin brindar fundamento alguno, rechazó la acción por daños y perjuicios sufridos por su parte como consecuencia del proceder malicioso y temerario del demandado.Expresa que los hechos señalados por su parte fueron acreditados en las actuaciones administrativas, en el proceso contencioso administrativo e incluso en los autos principales.

Por otro lado, advierte que la sentencia vulnera los principios “in dubio pro operario” e “iura novit curia”. Entiende que ello es así porque si su representado, en el proceso principal, invocó en forma equivocada el derecho, correspondía al juez de grado aplicar el derecho correspondiente al caso, teniendo presente los principios del derecho laboral.

En síntesis, solicita que se revoque el fallo impugnado y que en el nuevo pronunciamiento se admitan tanto la acción por accidente de trabajo en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo como así también la acción por daños y perjuicios.

Sustanciado el presente recurso, lo contesta la Dra. SOLEDAD FLORES PARRADO invocando mandato del ESTADO PROVINCIAL (fs. 29/36 vta.), y por los motivos que expone, solicita su rechazo.

Habiendo dictaminado la Sra. Fiscal General Adjunta a fs. 43/45 vta., pronunciándose por el rechazo del recurso interpuesto, y cumplimentadas las demás diligencias de estilo, la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

En primer lugar diré que en la demanda la actora incurrió en varias contradicciones respecto al derecho aplicable por lo que, consecuentemente, el objeto de dicha presentación es poco claro y ambiguo toda vez que se reclama la indemnización integral por los daños y perjuicios fundada en el derecho común como así también la indemnización tarifada contemplada en la Ley de Riesgos del Trabajo.Asimismo, frente la ambigüedad descripta advierto que el tribunal de grado debería haber solicitado a la accionante las aclaraciones necesarias respecto a la aplicación del derecho en el caso en análisis antes de disponer el traslado de la demanda en los términos del artículo 51 del CPT, lo cual hubiese evitado llegar a esta instancia recursiva colaborando con la celeridad y economía del proceso judicial.

Al respecto, cabe señalar que si bien de la forma en que fue propuesta la demanda surge que lo solicitado encuadra en el ámbito del derecho civil, luego al analizar exhaustivamente la presentación, llego a la conclusión que también se peticionaba la indemnización prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo. Por lo que considero que, para resolver la acción principal, el a-quo debió recurrir a la norma contenida en el artículo 18 del CPT, la cual contempla el principio de “Iura Novit Curia” que establece que corresponde al tribunal calificar la relación substancial en la litis y determinar las normas que la rigen aún cuando al aplicar el derecho prescinda o esté en contra de la opinión jurídica expresada por las partes.

Lo expresado en el párrafo precedente significa que, en virtud al principio mencionado, el juez se encuentra autorizado a calificar autónomamente la acción o pretensión los hechos articulados por las partes como así también los fundamentos o defensas de sus pretensiones. Este Alto Cuerpo ya se pronunció en idéntico sentido en otras causas (L.A. Nº 2, Fº 188/191, Nº 55 y L.A.Nº 58, Fº 4783/4789, Nº 1372, entre otras).

La Jurisprudencia tiene sentado al respecto que no constituye un obstáculo para la admisibilidad de la acción el Derecho erróneamente invocado por las partes sobre la relación de fondo ya que el juzgador debe aplicar el derecho que corresponda sin sujetarse a las argumentaciones de las partes (Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, fallo del 03/05/2006, “E.D.A c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de Trabajo), criterio que también debe seguirse para la resolución del presente caso.

En el marco descripto, y tal como ya se expidió esta Sala IV del Superior Tribunal de Justicia, sostengo que la sentencia impugnada es arbitraria porque el juzgador no realizó la interpretación más favorable al trabajador brindando un encuadre legal incorrecto que viola sus derechos constitucionales. Ello es así porque el a-quo, más allá de la confusa terminología en la que fue planteada la demanda, se encontraba en condiciones de resolver si el caso encuadraba dentro de la pretensión resarcitoria de la ley 24.557, toda vez que la plataforma fáctica del mismo podría estar contemplada en dicha normativa legal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en referencia a este tema, tiene sentado que los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes e incluso ante el silencio de éstas (Fallos:296:633; 298:429; 310:1535; 312:649; 313:924; 211:55, entre otros).

En síntesis, estimo que las diferencias entre ambos regímenes legales no modifican en nada la naturaleza y el alcance de la pre tensión plasmada en la demanda, la cual consiste en el reconocimiento de la incapacidad de la actora como consecuencia del accidente sufrido por la misma, cuya indemnización ha sido reclamada en forma expresa.

Por las razones brindadas considero que corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Venancio Llanes en nombre y representación de la Sra. Ana María del Valle Bowyer. En consecuencia revocar la sentencia dictada por la Sala II del Tribunal de Trabajo en fecha 10 de noviembre del 2015, y en su mérito remitir los autos al tribunal de origen a fin de que se emita nuevo pronunciamiento conforme a las pautas brindadas precedentemente. Asimismo, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios profesionales dispuesta en la sentencia recurrida y diferir la misma para la oportunidad en que exista base cierta para su cálculo.

Con respecto a las costas generadas en ambas instancias, y compartiendo el voto del Dr. González en la causa L.A. Nº 58 Nº 1372, sostengo que las mismas deben ser impuestas al representante legal de la actora toda vez que el letrado formuló su pretensión de manera imprecisa llevando al a-quo a rechazar la demanda intentada, cumpliendo su función de manera deficiente.

Es decir que el éxito de la recurrente no responde a su mérito ni a la eficacia de su planteo sino a la aplicación de principios de orden público. Asimismo, corresponde diferir la regulación de los honorarios profesionales, hasta que se determine el monto de condena y ocurra lo mismo en la causa principal.

Las Dras. MARIA SILVIA BERNAL y CLARA AURORA DE LANGHE DE FALCONE adhieren al voto que antecede.

Por ello, La Sala IV Laboral del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

1º) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. VENANCIO LLANES en nombre y representación de la Sra.ANA MARIA DEL VALLE BOWYER. En consecuencia revocar la sentencia dictada por la Sala II del Tribunal de Trabajo en fecha 10 de noviembre del 2015, y en su mérito remitir los autos al tribunal de origen a fin de que se emita nuevo pronunciamiento conforme a las pautas brindas precedentemente. Asimismo, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios profesionales dispuesta en la sentencia recurrida y diferir la misma para la oportunidad en que exista base cierta para su cálculo.

2º) Imponer las costas de ambas instancias al representante legal de la Actora (art. 107 del CPT y 24 de la L.O.P.J.).

3º) Diferir la regulación de los honorarios profesionales generados en esta instancia extraordinaria hasta que se cuente con base para su determinación y ocurra lo mismo en la instancia principal.

4º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dr. Federico Francisco Otaola; Dra. María Silvia Bernal; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone.

Ante mí: Dra. Viviana Inés Ruiz Babicz – Secretaria Relatora.