El daño derivado de la explosión ocurrida en una fábrica militar es responsabilidad del Estado Nacional

Partes: C. L. J. A. c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: A

Fecha: 20-feb-2018

Cita: MJ-JU-M-109611-AR | MJJ109611 | MJJ109611

Responsabilidad del Estado Nacional por el daño derivado de la explosión ocurrida en una fábrica militar.

Sumario:

1.-Corresponde concluir que el Estado Nacional es responsable ante el daño derivado de la explosión ocurrida en una fábrica militar pues la actividad llevada a cabo en ella, esto es, fabricación y almacenamiento de proyectiles, objetivamente debe ser considerada de naturaleza riesgosa y potencialmente peligrosa máxime tratándose de un establecimiento ubicado en una ciudad de población considerable, con independencia si los daños tienen su origen en un acto u omisión de quienes cumplían funciones en el establecimiento, pues el Estado Nacional tiene la obligación de proveer lo atinente a la seguridad y salubridad de sus habitantes, en ejercicio del poder de policía que le compete.

2.-Para responsabilizar extracontractualmente al Estado en el ámbito del Derecho Público, prescinde analizar si los daños derivan de un comportamiento ilícito culposo o doloso, al admitir esa responsabilidad en el supuesto de daños derivados tanto de una conducta ilícita como lícita y con ello se abre el camino a una concepción objetiva de la antijuridicidad, poniendo de relieve los elementos daño e injusticia por encima del concepto clásico de culpa.

3.-Si en determinadas circunstancias todas las cosas pueden ser riesgosas, existen algunas cosas que son mas peligrosas en sí mismas, por su naturaleza y por ende implican más riesgo, tal es el caso de explosivos, elementos inflamables, sustancias radioactivas, por lo cual el riesgo aludido en el art. 1113 del CC. (hoy arts. 1757 y 1758 del CCivCom. de la Nación), puede descubrirse aún antes de todo daño, pues es un concepto que se determina en abstracto, sin atender a cómo sucedió en la realidad el suceso.

4.-Los actores tienen derecho a percibir una indemnización por el daño moral derivado de la explosión de una fábrica militar en la ciudad en la cual vivían pues el hecho tuvo suficiente entidad como para perturbar su tranquilidad y ritmo normal de vida, traduciéndose en un modo de estar diferente de aquél en el que se encontraban antes de los hechos, afectándose así bienes personalísimos que el ordenamiento jurídico valora dentro de la categoría jurídica de daño moral y que como tales, son dignos de reparación patrimonial.

Fallo:

En la Ciudad de Córdoba a veinte días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, reunida en Acuerdo la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “C., L. J. A. Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO – DAñOS Y PERJUICIOS” (Expte. FCB 51030016/2004/CA2) venidos a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la representación legal del Estado Nacional en contra de la Resolución de fecha 18 de abril de 2017, dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, a través de la cual decidió hacer lugar a la demanda entablada por los señores L. J. A. C. y E. M. P. por derecho propio y en nombre y representación de sus hijos menores de edad F. J. C., N. A. C., N. E. C. y S. L. C. -hoy mayores- en contra del Estado Nacional Argentino – Dirección General de Fabricaciones Militares y condenó a la vencida al pago de la suma de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000) en concepto de daño moral. Asimismo, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 de la Ley 24.624 acusada por los accionantes. Con costas en un 95% a la demandada y el 5% restante a la actora, conforme lo dispuesto en el art. 71 CPCCN.- Puestos los autos a resolución de la Sala los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: IGNACIO M.

VELEZ FUNES – EDUARDO AVALOS – GRACIELA S. MONTESI.-

El señor Juez de Cámara, doctor IGNACIO M.VELEZ FUNES, dijo:

I.- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la representación legal del Estado Nacional en contra de la Resolución de fecha 18 de abril de 2017, dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, a través de la cual decidió hacer lugar a la demanda entablada por los señores L. J. A. C. y E. M. P. por derecho propio y en nombre y representación de sus hijos menores de edad F. J. C., N. A. C., N. E. C. y S. L. C. -hoy mayores- en contra del Estado Nacional Argentino – Dirección General de Fabricaciones Militares y condenó a la vencida al pago de la suma de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000) en concepto de daño moral. Asimismo, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 de la Ley 24.624 acusada por los accionantes. Con costas en un 95% a la demandada y el 5% restante a la actora, conforme lo dispuesto en el art. 71 CPCCN (ver fs. 212/222, fs. 223 y fs. 225).

II.- Manifiesta la parte actora al fundamentar su recurso que le agravia lo decidido por el Juez en cuanto a los montos fijados en concepto de daño moral. Sostiene que incongruentemente consideró razonable disminuir los montos reclamados en la demanda sin dar ningún tipo de fundamento que justifique dicha decisión. Por ello, solicita que se deje sin efecto lo decidido y se proceda a hacer lugar al monto total reclamado en la demanda.

Seguidamente se agravia por la imposición de costas ordenada en su contra, fruto del rechazo de su planteo de inconstitucionalidad del art. 21 de la Ley 24.624.Manifiesta en tal sentido que se opone totalmente a soportar el porcentaje de costas impuesto en su cargo (5%). Fundamenta su postura alegando que al momento de interponer la demanda los actores creyeron que el pedido de inconstitucionalidad era un remedio que les serviría para salir de la consolidación, es decir, la actora se creía con derecho a cobrar en efectivo los daños padecidos y en tal caso poder ejecutar el crédito. Que al tiempo de las explosiones era imposible saber cual iba ser el criterio del Tribunal respecto del hecho que dio lugar a su reclamo. Así, pone de resalto que es injusto que los ciudadanos de Río Tercero por pedir la invalidez de una norma que al momento del hecho era totalmente posible, en la actualidad tengan que soportar las costas, por lo que pide se revoque la sentencia en ese punto.

Se agravia también con respecto lo decidido en cuanto a la base de cálculo para la regulación de los honorarios profesionales, toda vez que el Juez arbitrariamente ordena un cambio de criterio respecto a la determinación de los mismos en base al capital de condena, sin incluir los intereses. Critica que para tal decisión haya citado el fallo “Enap” de la Corte Suprema de Justicia ya que el mismo es un juicio declarativo sin contenido económico, no correspondiendo por tanto su aplicación. Agrega, que aplicar dicho precedente en este caso resulta arbitrario porque se está ante un proceso con un trámite de 20 años y que atento a los vaivenes económicos por los que pasó nuestro país, pretender regular los honorarios sobre capital histórico constituye una violación a los derechos del abogado trabajador, denostando así la labor profesional del letrado.Alega también que a la semana de dictar la sentencia hoy cuestionada, el Magistrado en otra causa de igual naturaleza que la presente esto es, daños y perjuicios, vuelve a cambiar postura teniendo en cuenta el criterio fijado por esta Cámara Federal de Apelaciones en los autos “Medina, Francisco Darío c/ Estado Nacional (P.F.A.) s/Suplementos Fuerzas Armadas y de Seguridad” del 30/11/2016, donde entendió que la base de cálculo en materia de honorarios se integra por el “monto del juicio” que se completa con sus “intereses” correspondientes. Por tal motivo pide se adecuen los honorarios regulados conforme el criterio antes aludido (fs. 231/234vta.).

Por su parte, el Estado Nacional al fundar su recurso de apelación se queja de la responsabilidad que se le atribuye por los hechos acaecidos en noviembre de 1995. Niega que el dictado de los Decretos N° 691/95 y 992/95 impliquen haber asumido responsabilidad en los hechos, sino que reparar los daños y asistir a los damnificados implicó sólo asumir su rol frente a la situación que atravesaba la ciudadanía en su conjunto, luego del hecho catastrófico ocurrido en aquel tiempo. Asimismo, manifiesta su desacuerdo con la decisión de poner en cabeza del Estado la exclusiva responsabilidad por los daños causados por las explosiones en virtud del art. 1113 del anterior Código Civil, sin haber considerado si las mismas derivaron o no de un acto u omisión de quienes se desempeñaban al frente de la referida institución.

Se agravia también por el rubro reconocido – daño moral- toda vez que a su entender hay falta de sustento entre lo resuelto y los elementos citados en la resolución como fundamentos para justificar la procedencia del mismo. Asimismo, sostiene que la prueba rendida y valorada por el Juez es insuficiente ya que sólo puso énfasis en la confesional de los actores y la testimonial rendida en autos.Alega que de las testimoniales no surge con precisión y certeza lo ocurrido y vivido por los actores según lo expresaron en su demanda. Además de ello sostiene que las mismas no debieron ser incorporadas ni valoradas toda vez que por resolución de fecha 22 de diciembre de 2001 se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 61, es decir, todos los actos en los que intervino la doctora Rinaudo. En efecto, sostiene que al quedar incluido dentro de esa foliatura el Oficio Judicial a través del cual se incorporaron las testimoniales, inevitablemente quedan alcanzadas las mismas por la nulidad. Refuerza su postura desarrollando la teoría del árbol envenenado. Por tal razón entonces, entiende que al ser nulas de nulidad absoluta las audiencias testimoniales, debe rechazarse la demanda toda vez que nada ha acreditado la actora para hacer procedentemente su pretensión.

Finalmente se agravia de la imposición de costas ordenada sosteniendo que el 95% dispuesto a su cargo resulta excesivo por lo que pide que se dejen sin efecto y el porcentaje a fijarse a la actora sea mayor, morigerándose en consecuencia las estipuladas a su cargo. Manifiesta que la inconstitucionalidad del art. 21 de la ley 24.624, rechazado por el Sentenciante, fue un planteo que ha sido mantenido por la actora hasta las últimas consecuencias generando así un desgaste jurisdiccional innecesario que debe ser soportado con costas.

Se queja asimismo de la regulación de honorarios efectuada tanto a los letrados de la parte actora, como a los regulados a sus letrados.Así, entiende que los de la accionante que representan el porcentaje más alto de la escala fijada en la ley arancelaria, son para casos donde se ha conseguido un éxito total en los rubros reclamados y que el Juez no tuvo en cuenta todo lo acontecido con la producción de pruebas, lo cual repercute negativamente en los estipendios profesionales.

En lo que respecta a los honorarios de sus letrados sostiene que debe ordenarse una nueva regulación que contemple la efectiva labor por ellos cumplida, teniendo en cuenta que han controlado la prueba ofrecida por la actora y han producido correctamente la ofrecida al contestar demanda. Por tal motivo piden una nueva regulación. Hace reserva del caso federal (fs. 235/244vta.).

Corridos los traslados de ley, ambas partes, actora y Estado Nacional, contestan agravios, solicitando por los argumentos allí expuestos y a los cuales me remito en honor a la brevedad, el rechazo de los respectivos recursos de apelación interpuestos, con costas (fs. 246/248vta. y fs. 249/257vta.).

III.- En primer lugar, corresponde señalar que el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley de Responsabilidad Estatal N° 26.944 (B.O. 8/8/2014), vigente desde el 16/8/2014, con posterioridad a la traba de la litis. El art. 1° prescribe que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa, que las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado en manera directa ni subsidiaria como así también, que la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Por su parte el art.3 establece los requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad o inactividad ilegítima por los daños y perjuicios que se deriven de caso s futuros o fuerza mayor (salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial) y cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder.

En lo que concierne a la cuestión debatida en los presentes, esta ley viene a receptar la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a lo largo de los años, sin que sus preceptos -en relación al caso bajo examen-, modifique en modo alguno la jurisprudencia de esta Sala en relación a la responsabilidad del Estado con motivo de las explosiones ocurridas en la Fábrica Militar de Río III en el año 1995, como así también, el alcance de dicha responsabilidad extracontractual en relación a los rubros reclamados, toda vez que los extremos antes señalados ya fueron tenidos en cuenta por este Tribunal a través de los diversos precedentes dictados, a los que se remiten en honor a la brevedad, por lo que la nueva disposición legal al respecto no altera, o en nada modifica lo decidido en esta instancia.

IV.- Previo a ingresar al tratamiento de los cuestionamientos planteados, corresponde efectuar ciertas aclaraciones que son de utilidad para la solución final del presente conflicto. En primer lugar debo señalar que conforme surge de las constancias de autos la doctora Ana Rinaudo no tiene a su cargo la representación legal de los actores toda vez que la misma fue asumida por el doctor Raúl Moresco en el año 2011, habiendo actuado con anterioridad sólo como gestora sin acreditar en tiempo poder suficiente para continuar con la representación, lo que motivó la nulidad de sus actuaciones (fs. 108/110 y fs.208/210).

Adviértase que, esta situación ya fue tenida en cuenta por esta Cámara Federal en la Resolución del 13/5/2015 en la cual, al analizar las actuaciones de la patrocinante, ante el pedido de nulidad formulado por el Estado, expresamente destacó “.ya no posee en la actualidad representación alguna de los actores en ningún carácter.”. En igual sentido también, lo puso de manifiesto la propia letrada en el escrito presentado con fecha 3/9/15, donde consignó “. no obstante no tener representación en los presentes autos .”, no advirtiéndose con posterioridad acto procesal alguno que cambie la situación legal de la abogada en cuestión (fs. 196 y fs. 202/203).

Sin embargo, compareció con fecha 25/04/2017 y 26/5/2017 e interpuso recurso de apelación y expresó agravios en contra de la Sentencia que resolvió la presente controversia, cuestionando los montos reconocidos por daño moral, las costas y la base de regulación de los honorarios, todo lo cual, en virtud de lo antes señalado sólo puede ser entendido por derecho propio y en contra de lo relativo a sus honorarios profesionales ya que -como se señaló- no está a su cargo la defensa de los intereses de los accionantes de esta causa. En consecuencia, la única queja que será objeto de tratamiento por este Tribunal, será la atinente a los estipendios profesionales de la doctora Ana Rinaudo, que hacen a un interés netamente personal de la misma.

Además de ello, los escritos antes citados tampoco pueden ser considerados ya que han sido presentados en calidad de patrocinante y no tienen la firma de los actores, con lo cual no se ha dado cumplimiento a lo establecido en los arts. 47 y 48 del código de procedimiento, situación que no puede avalarse (fs. 225 y fs.231/234vta.).

Por otra parte, en lo que respecta a la adhesión efectuada por el doctor Raúl Moresco a los agravios expuestos por la doctora Rinaudo en el escrito de apelación antes aludido, entiendo, que a los fines de cuestionar la Resolución de primera instancia, resulta a todas luces tardía por la fecha de presentación, ya que se llevó a cabo al contestar agravios, por lo que ello tampoco habilita entrar a considerar los planteos que cuestionan la resolución de la instancia de grado en relación a los montos relativos al rubro reconocido a los actores, todo lo cual quedó firme (fs. 246/248).

V.- Aclarado ello y previo a todo corresponde a este Juzgador avocarse al estudio de lo dispuesto por el Juez de primera instancia en relación al capital de condena por cuanto fue dispuesto en la suma de pesos Treinta y cinco mil ($35.000) sin aclarar ni establecer todo lo atinente al régimen de pago de la deuda.

Atento que la deuda correspondiente queda comprendida dentro del régimen de consolidación establecido en la Ley 25.344 -de orden público- a partir del 31 de diciembre del 1999, corresponde a este Juzgador disponer su aplicación de acuerdo al criterio Jurisprudencial aplicado por esta Cámara Federal en casos similares.

En consecuencia, al monto total de pesos Treinta y cinco mil ($35.000) dispuestos en la sentencia de fecha 18 de abril de 2017 por el señor Juez Federal de Rio Cuarto se le deberá adicionar el interés contemplado por la Tasa Pasiva Promedio que indica el B.C.R.A. entre el 03 de noviembre de 1995 (configuración del hecho dañoso), hasta el 31 de diciembre de 1999 (conforme art.13 de la Ley 25.344), con más un 2% mensual a fin de mantener incólume el contenido de la sentencia, debiendo de ahí en más estarse a la normativa vigente al respecto.

VI.- Corresponde analizar a continuación los agravios esbozados por el Estado Nacional de los cuales, por cuestiones de orden metodológico, se tratará en primer término el relativo a la responsabilidad civil de la demandada por el accidente (explosión) ocurrido en la ciudad de Río Tercero los días 3 y 24 de noviembre de 1.995. Luego de abordará el tratamiento de los restantes relativos a la procedencia del rubro daño moral mandado a pagar y su cuantificación, como así también lo que hace a los planteos de costas y honorarios.

Previo a ingresar al análisis de la presente causa, cabe señalar que este Tribunal -con distinta integración- tuvo oportunidad de expedirse en el fallo plenario de fecha 28 de agosto de 2.007 recaído en los autos: “COMBA, Néstor Alberto c/ E.N.A. (Ministerio de Economía) – Sumario” (Protocolo Plenario N° 1, F° 155/164). En dicho pronunciamiento se sostuvo que: “No corresponde suspender el dictado de sentencia civil por aplicación de las reglas de prejudicialidad penal establecidas en el art.1.101 del Código Civil en los procesos civiles en los que se reclaman daños y perjuicios iniciados con motivo de las explosiones ocurridas en la Fábrica Militar de Explosivos de la Ciudad de Río Tercero con fecha 3 y 24 de noviembre del año 1.995”. En función de ello, las consideraciones que aquí se viertan se limitarán a la eventual responsabilidad civil del Estado en el hecho de que se trata, sin que implique abrir juicio u opinión de lo que pudiera suceder en la causa penal.

Sentado lo expuesto y en relación al fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado, es dable valorar que “El derecho reparador no nace por la simple existencia del daño, sino por la conexidad o la relación directa entre la actividad del Estado por cualquiera de sus órganos y el perjuicio que se ha producido. La vieja fórmula civilista de que no hay indemnización si no existe culpabilidad, se transforma en el derecho administrativo, por la regla de que todo daño injustamente ocasionado por el Estado debe ser resarcido. El dato de injusticia proviene de la ruptura del respeto por el derecho individual” (María Graciela Reiriz, “Responsabilidad del Estado”, ed. Eudeba, Cap. II, pág. 47 -con cita a Fiorini).

En consonancia con lo apuntado la C.S.J.N. para responsabilizar extracontractualmente al Estado en el ámbito del Derecho Público, prescinde analizar si los daños derivan de un comportamiento ilícito culposo o doloso, al admitir esa responsabilidad en el supuesto de daños derivados tanto de una conducta ilícita como lícita (Fallos 245:146, 274: 432). Con ello se abre el camino a una concepción objetiva de la antijuridicidad, poniendo de relieve los elementos daño e injusticia por encima del concepto clásico de culpa.La antijuridicidad del daño es contemplada en sentido objetivo desde el punto de vista de la posición del sujeto dañado y existirá siempre que el titular del patrimonio dañado no tenga el deber jurídico de soportar el daño. Nuestro más Alto Tribunal ha señalado que para el reconocimiento legítimo de un perjuicio sufrido, no es necesario indagar en la existencia de factores subjetivos de atribución de responsabilidad, sino que debe estarse a aquel de naturaleza objetiva, que encuentra fundamento en la garantía irrenunciable para el Estado de amparar elementales derechos de sus integrantes (C.S.J.N., 20/3/03, “Mochi, Ermanno y otra c/ Buenos Aires, provincia de s/ daños y perjuicios” ).

De este modo y en íntima relación con los factores de atribución objetivos, cabe señalar que en la actualidad los factores de atribución de la responsabilidad del estado más importantes y de carácter genérico que dan lugar al deber de reparar por sus comportamientos ilícitos sometidos al derecho público son la falta de servicio y el riesgo creado, para lo cual debe detenerse el análisis en el último de los nombrados. En efecto, se entiende por la cosa productora de riesgo en los términos del art. 1113, segunda parte del Código Civil (hoy arts. 1757 y 1758 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación), es aquella que en función de su naturaleza o según su modo de utilización, genera riesgos a tercero, por lo que aún una cosa inerte -la que considerada en sí misma puede no ser peligrosa- en ocasiones, en función de las circunstancias del caso, puede alcanzar ese carácter.

Ello así entonces, si en determinadas circunstancias, todas las cosas pueden ser riesgosas, existen algunas cosas que son mas peligrosas en sí mismas, por su naturaleza y por ende implican más riesgo, tal es el caso de explosivos, elementos inflamables, sustancias radioactivas. En consecuencia, el riesgo aludido en el art. 1113 C.C. (hoy arts.1757 y 1758 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación), puede descubrirse aún antes de todo daño, pues es un concepto que se determina en abstracto, sin atender a cómo sucedió en la realidad el suceso.

El daño no “prueba” el peligro, sino que: “. es el punto de partida a partir del cual se lo indaga, retroactivamente, prescindiendo del daño acaecido y acorde a las pautas señaladas que se extraen de la experiencia común.” (MOISSET ITURRASPE, Jorge – “Responsabilidad por culpa y responsabilidad por riesgo creado”, en “Estudios sobre responsabilidad por daños”, T. I, pág. 27, Ed. Rubinzal- Culzoni, Santa Fe 1980).

Tasladado ello al caso que nos ocupa, se advierte que la actividad llevada a cabo por la Fábrica Militar de Río III, esto es, fabricación de proyectiles y almacenamiento de los mismos, objetivamente debe ser considerada de naturaleza riesgosa, y potencialmente peligrosa máxime tratándose de un establecimiento ubicado en una ciudad de población considerable.

En función de ello e independientemente si los daños ocasionados con motivo de las explosiones producidas en noviembre de 1.995, tienen su origen en un acto u omisión de quienes cumplían funciones en el mencionado establecimiento, surge de manera evidente la responsabilidad objetiva del Estado Nacional, el cual tiene la obligación de proveer lo atinente a la seguridad y salubridad de sus habitantes, en ejercicio del poder de policía que le compete.

A mayor abundamiento, resulta de importancia recordar que el Estado Nacional a través del dictado de los Decretos N° 691/95 y N° 992/95, asumió el pago de resarcir los daños ocasionados a los habitantes de la ciudad de Río Tercero, todo lo cual, trasunta en un reconocimiento expreso de responsabilidad que le compete por lo ocurrido.

Asimismo, con fecha 16/9/2015 fue sancionada la Ley N° 27.179 a través de la cual se establecen indemnizaciones a los damnificados por la explosión en la Fábrica Militar de Río III, siendo promulgada la misma con fecha 5/10/2015 (B.O. 7/10/2015). Dicha ley otorga el derecho a recibir una indemnización a aquellas personas que se vieron afectadas por las explosiones acaecidas en el año 1995 y se encontraren reclamando judicialmente los daños y los perjuicios ocasionados. El artículo 8° dispone respecto a las personas que acepten la indemnización que las mismas “deberán desistir de toda acción y derecho que los asiste en los respectivos procesos judiciales y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por daños y perjuicios contra el Estado Nacional por el mismo hecho”.

En virtud de lo expuesto entonces, surge evidente la responsabilidad del Estado Nacional por las explosiones producidas en noviembre de 1995.

VII.- Determinada entonces, la responsabilidad del Estado por el hecho dañoso, corresponde abordar a continuación las quejas esbozadas en relación a la procedencia y cuantificación del daño moral peticionado.

En primer lugar, cabe señalar que se entiende por éste a “.toda modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste estado anímicamente perjudicial.” (PIZARRO, Ramón D. “Reflexiones en torno al daño moral y su reparación” JA del 17/9/1985). Constituye un daño autónomo cuya reparación es independiente de la configuración o no de la existencia de otros perjuicios materiales, lo que se repara es el resultado dañoso, desde la óptica del entendimiento, de la sensibilidad, de la voluntad de la persona.Dicho instituto se configura cuando se lesionan los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, que se traduce en un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso que perturba la tranquilidad y ritmo normal de vida del damnificado, sea en el ámbito privado o en el desempeño de sus actividades comerciales o laborales.

En el caso de autos, no cabe duda alguna acerca del sufrimiento y la repercusión perjudicial que debió generarse en el estado de ánimo de los accionantes a consecuencia de las explosiones acaecidas durante el mes de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero y que fueron de exclusiva responsabilidad del Estado Nacional, tal como se señaló precedentemente.

En cuanto a la prueba del mismo, cabe tener presente que si bien el agravio moral no es susceptible de prueba directa, cabe presumirlo “in re ipsa” por la índole de las ofensas recibidas o vivencias padecidas y por la personalidad del ofendido o afectado. En el presente caso se han acompañado testimonios que dan cuenta del padecimiento, angustia y zozobra padecidas por los actores a raíz de los explosiones acaecidas en el año 1995.

Sobre éste punto, el Estado Nacional critica que el Magistrado haya considerado las testimoniales rendidas toda vez que las mismas carecen de validez en virtud la declaración de nulidad de los actos procesales llevados a cabo por la doctora Ana Rinaudo, cayendo en consecuencia las audiencias testimoniales en las que intervino dicha letrada como patrocinante de los actores.

Al respecto debo señalar que en el marco de esta causa en particular, si bien es cierto que a través de la Resolución de fecha 22/12/2001 se declaró la nulidad de todo lo actuado por la doctora Rinaudo en calidad de gestora a raíz de lo dispuesto en el art.48 del CPCCN, no es menos cierto que la audiencia testimonial en sí, como acto procesal, no está cuestionada por defectos de forma sino que la queja del apelante se limita a cuestionar su incorporación y posterior consideración a los fines de la acreditación de los hechos. Sobre el punto cabe destacar en primer lugar que las audiencias de recepción de las testimoniales fueron tomadas respetándose todas las formalidades exigidas para ello, estando presente el Juez, la Secretaria de Juzgado y los patrocinantes de partes del proceso, por lo que las mismas son plenamente válidas como acto procesal.

Ahora bien, en relación al cuestionamiento sobre la incorporación de las mismas al proceso, entiendo que el planteo resulta improcedente ya que no es ésta la oportunidad procesal para realizarlo. En tal sentido, el demandado debió cuestionar el decreto a través del cual el Juez abrió la etapa probatoria e hizo lugar a las pruebas ofrecidas por las partes (decreto del 17/6/2008, notificado a la recurrente el día 22/6/2008), en pos de solicitar al Tribunal que primero se respetaran los plazos procesales a fin de la acreditación de la personería invocada por la doctora Rinaudo y luego se proceda a la apertura a prueba (fs. 75/76).

Surge de las constancias de autos, que la recurrente con posterioridad a dicho decreto, tuvo acceso al expediente en varias oportunidades y no hizo manifestación alguna en relación a la actuación de la doctora Rinaudo. Tan es así que recién planteó la nulidad de lo actuado, alegando el vencimiento del plazo de 40 días del art.48 del CPCCN, en diciembre del año 2010, es decir habiendo transcurrido con creces el plazo aludido y reitero, habiendo tenido la posibilidad de advertirlo con anterioridad.

Por otra parte, considero incoherente el actuar de la recurrente toda vez que con fecha 14/12/2010 planteó la nulidad y negligencia probatoria y posteriormente, 4 y 5 meses después compareció a las audiencias fijadas por el Juzgado Provincial de la ciudad de Río Tercero a fin de recepcionar las testimoniales que hoy cuestiona y lo que es peor, no manifestando nada en tales oportunidades sobre su planteo cuestionando la actuación de la doctora Rinaudo.

Por otra parte, cobra importancia en este punto el principio de adquisición procesal en virtud del cual ofrecida o producida la prueba, la misma se adquiere para el proceso y el Juez puede disponer libremente de ellas a fin de procurar establecer la verdad de los hechos. Por tal razón, considero que el Inferior hizo bien en considerarlas y/o ponderarlas a fin de tener por acreditados los extremos invocados por los actores al entablar demanda. En consecuencia, corresponde rechazar el agravio expuesto por la recurrente en cuanto cuestiona que el Juez haya ponderado las testimoniales rendidas en autos.

En virtud de ello, cabe traer a colación lo dicho por la testigo Silvia Beatriz Galliano, quien manifestó que el día de las explosiones los actores se encontraban en la ciudad de Río Tercero y que “.los vio a todos muy mal, con mucho nervio, impotencia, que no sabían que pasaba ni hacia donde iban.”. Agregó además la testigo que, como empleada municipal recuerda que iban a pedir ayuda “.por que no tenían servicios. la luz y el gas se cortaban todo el tiempo.”. Asimismo, al ser interrogada sobre si los accionantes quedaron afectados como consecuencia de las explosiones declaró “.la gente quedó muy mal, principalmente los chicos. escuchaban una sirena y salían corriendo.” (ver fs. 126/126vta.).

Por su parte, la testigo Liliana María Giorgini, al prestar declaración manifestó que “.vio a la señora P. a su esposo C.y a los cuatro hijos las dos veces, el 3 y el 24 de noviembre de 1995”; “.Que la señora estaba muy desesperada .La desesperación y no saber que hacer era lo que vivía ella y el marido, no saber donde ir con los chicos, que estaban muy asustados. Agregó además que las dos veces fueron evacuados y que el día 24 “.nos evacuamos juntos con otra gente unos días a Embalse y nos quedamos en una carpa.”. Puso de resalto también “.no tenían gas ni luz.” (fs. 36/136vta.).

En virtud de lo señalado precedentemente, cabe concluir entonces que el daño ocasionado por responsabilidad del Estado Nacional, tuvo suficiente entidad como para perturbar la tranquilidad y el ritmo normal de vida de los accionantes, traduciéndose en un modo de estar diferente de aquél en el que se encontraban antes de los hechos, afectándose así bienes personalísimos que el ordenamiento jurídico valora dentro de la categoría jurídica de daño moral y que como tales, son dignos de reparación patrimonial. En consecuencia -como en numerosos antecedentes ya resueltos por este Tribunal en el que el daño moral pretendido no deriva de muerte o de lesiones físicas incapacitantes- coincido con el Inferior en cuanto reconoció el rubro en cuestión.

Ahora bien, en lo que respecta a la cuantificación de dicho rubro, cabe tener presente que si bien queda librado a la “prudencia de los jueces”, entiendo que no puede depender de una valoración absolutamente libre, sólo reservada al subjetivismo del Juzgador, sino que debe guardar relación de coherencia con las peculiaridades que rodean cada caso sometido a análisis.En tal sentido, surge de la sentencia cuestionada que el Magistrado, en la tarea de cuantificación del rubro reconocido, ha hecho una correcta ponderación de las circunstancias particulares (objetivas y subjetivas) del caso concreto, lo cual le permitió determinar su cuantía arribando así a los montos que finalmente ordenó pagar en concepto de daño moral, pautas que comparto por coincidir con los fundamentos expuestos a tal fin. Adviértase que en autos no hay elemento de prueba aportado que acredite que los actores sufrieran lesiones, heridas o que las situaciones experimentadas en aquél tiempo hayan provocado patología alguna que amerite el sometimiento a tratamiento psicológico específico, todo lo cual indudablemente denotaría un perjuicio mayor al efectivamente sufrido por los actores y que justificaría la fijación de un importe mayor al reconocido. Asimismo, los montos fijados por el Inferior se encuentran dentro de los márgenes y parámetros de estimación fijados en numerosos juicios donde se ventiló idéntica temática a la hoy planteada. Por tales motivos, corresponde confirmar las sumas mandadas a pagar a cada accionante por dicho concepto.

VIII.- Con respecto al agravio que versa sobre la imposición de costas ordenada en la instancia de grado se advierte que en el caso traído a estudio, la acción incoada no ha prosperado en torno a la totalidad de los planteos formulados en la demanda, razón por la cual el Sentenciante entendió adecuada la distribución de costas efectuada, en atención al éxito parcial y mutuo obtenido conforme se advierte de la confrontación de lo reclamado en la demanda y lo reconocido en la sentencia de grado. Por lo tanto y atento las circunstancias particulares de la presente causa, se estima ajustada a derecho y al resultado del proceso la imposición efectuada (5 % a la actora y el 95 % restante a la demandada) de conformidad a lo dispuesto por el art.71 del C.P.C.C.N.; no encontrando este Tribunal motivos suficientes que lleven al apartamiento de lo decidido en la instancia de grado en lo que a este aspecto se refiere. En virtud de lo expuesto, no se hace lugar al agravio formulado por la accionada en relación a este tema.

IX.- En lo que respecta al agravio deducido por la demandada en relación a los honorarios regulados a los letrados de la parte actora, donde se queja del porcentaje fijado por significar tal guarismo el punto más alto de la escala contemplada en la ley, cabe señalar que si bien de la sentencia se lee que se ha fijado un equivalente al 18% respecto del capital de condena, los montos estipulados al efecto no reflejan tal porcentaje, sino uno mucho menor, con lo cual no resulta procedente la queja esbozada en este punto.

Ahora bien, en lo que hace a la queja dirigida al monto de su regulación, la que considera baja, considero que teniendo en cuenta la calidad, importancia y significación del trabajo profesional llevado a cabo en las presentes actuaciones, el monto regulado en concepto de honorarios a favor de dicha representación debe ser confirmado, por representar dicha suma ($ 4.200), una justa y equitativa retribución por la tarea desplegada. Por tal motivo, corresponde rechazar el presente agravio.

Por otra parte y en lo que respecta a la petición de que se le regulen honorarios de segunda instancia por la tarea desplegada ante esta Alzada en el trámite que dio lugar a la Resolución de fecha 13/5/2015, cabe tener presente que la demandada resultó vencedora en la Resolución antes aludida en la que se confirmó el fallo de Primera Instancia que acogió el pedido de nulidad, por ella formulado, en relación a lo actuado por la doctora Ana Rinaudo en su carácter de gestora, a partir de fs. 61, habiéndose diferido la regulación de honorarios.Su labor profesional consistió en la confección del escrito de contestación de agravios del recurso de apelación interpuesto por la letrada apelante (fs. 181/184).

A través de la sentencia que hoy es objeto de estudio se practicó la regulación de honorarios respecto del incidente de nulidad en la suma de pesos Doscientos diez ($210).

En virtud de ello, considero que corresponde fijar los honorarios profesionales de la representación legal del Estado Nacional, en la suma de pesos Cien ($ 100) en función de la regulación de primera instancia que no fue puntualmente objetada al apelar la sentencia que hoy nos ocupa (art. 14 de la Ley 21.839).

X.- Finalmente, en lo que hace al único agravio que este Tribunal considerará respecto de la doctora Ana Rinaudo (atento lo expuesto en el Considerando IV) esto es, lo relativo a sus honorarios profesionales, la letrada se queja de la base de cálculo para la regulación de sus estipendios. Al respecto cabe señalar que atento a la modificación propiciada en relación al monto de condena, corresponde efectuar en primera instancia una nueva regulación que refleje lo dispuesto en relación a la base a tener en cuenta para la estimación pertinente.

XI.- Resta así pronunciarme sobre las costas originadas ante esta Alzada las que se fijan de la siguiente manera: A) por la apelación de la doctora Ana Rinaudo, respecto de sus honorarios, se imponen en el orden causado, no correspondiendo fijar emolumentos a dicha letrada por ser su actuación por derecho propio así como tampoco a la doctora Marcela del V. Frini, por ser profesional a sueldo. B) Por la apelación en relación al fondo de la cuestión interpuesto por el Estado Nacional, se imponen en su totalidad al demandado perdidoso, en virtud de lo dispuesto en el art. 68 1era. parte del CPCCN.Los honorarios profesionales del representante legal de los accionantes, doctor Raúl Moresco, por la contestación de agravios, se fijan en un 25% de lo regulado por el Inferior, lo cual no fue objetado, no correspondiendo fijar emolumentos a la representante legal de la demandada, doctora Marcela del V. Frini, por ser profesional a sueldo de su mandante perdidosa en la Alzada (art. 2° de la ley 21.839) ASI VOTO.

Los señores Jueces de Cámara, doctor EDUARDO AVALOS y doctora GRACIELA S. MONTESI, dijeron:

Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez preopinante, doctor IGNACIO M. VELEZ FUNES, votan en idéntico sentido.

SE RESUELVE:

Por el resultado del Acuerdo que antecede; I.- Confirmar la Resolución de fecha 18 de abril de 2017 dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto en todo lo que decide y ha sido materia de agravios, de acuerdo a los fundamentos dados en la presente resolución y con la correspondiente aclaración en cuanto a los intereses señalada.

II.- Imponer las costas de la Alzada a) por la apelación de la doctora Ana Rinaudo, respecto de sus honorarios, en el orden causado, no correspondiendo fijar emolumentos a dicha letrada por ser su actuación por derecho propio; b) por la apelación en relación al fondo de la cuestión interpuesta por el Estado Nacional, en su totalidad al recurrente perdidoso, en virtud de lo dispuesto en el art. 68 1era. parte del CPCCN. Los honorarios profesionales del representante legal de los accionantes, doctor Raúl Moresco, se fijan en un .% de lo regulado por el Inferior. No corresponde fijar emolumentos a la representante legal de la demandada, doctora Marcela del V. Frini en ambos casos, por ser profesional a sueldo de su mandante (art. 2° de la ley 21.839).

III.- Fijar los honorarios de la doctora Marcela del V. Frini por su labor en la Alzada respecto del incidente de nulidad, en la suma de pesos Cien ($100) conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 21.839, atento los fundamentos dados en el presente pronunciamiento. publíquese y bajen.

IV.- Protocolícese y hágase saber.

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES

MIGUEL VILLANUEVA

EDUARDO AVALOS

GRACIELA S. MONTESI

MIGUEL H. VILLANUEVA