La lesión subjetiva: Aspectos sustanciales y procesales a la luz del actual Código Civil y Comercial de la Nación. Primera parte.

Autor: Martínez Paz, Facundo

Fecha: 18-dic-2017

Cita: MJ-DOC-12329-AR | MJD12329

Sumario:

I. La lesión subjetiva: Aspectos sustanciales y procesales a la luz del actual Código Civil y Comercial. II. Antecedentes históricos. III. Recepción y evolución de la lesión en el derecho nacional. IV. Naturaleza jurídica. V. Elementos. VI. Prescripción.

Doctrina:

Por Facundo Martínez Paz (*)

RESUMEN

Pocos institutos jurídicos han logrado generar el grado de controversias que ha provocado la lesión subjetiva en los hombres de Derecho, lo que se debe a la carga ideológica que la rodea y subyace, y, fundamentalmente, a las consecuencias que su aplicación puede generar en los negocios jurídicos.

Lo dicho permite explicar por qué, desde sus orígenes, la misma ha ido adoptando una multiplicidad de formas y estructuras; y, en nuestro derecho nacional, ha pasado de ser una figura tajantemente rechazada, a tener un artículo que verse exclusivamente sobre ella.

En el presente trabajo, nos adentramos en el análisis de los aspectos sustanciales y procesales de este intrincado, pero apasionante instituto, en el entendimiento de que la lesión, utilizada con cautela, configura una de las más importantes y eficaces herramientas que el ordenamiento jurídico exhibe para la defensa de la equidad y la justicia.

I. LA LESIÓN SUBJETIVA: ASPECTOS SUSTANCIALES Y PROCESALES A LA LUZ DEL ACTUAL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

«Finalmente, dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores, o todas nuestras imprudencias. El consentimiento libre, prestado sin dolo, error ni violencia y con las solemnidades requeridas por las leyes, debe hacer irrevocables los contratos».

La frase, que innegablemente genera en el lector una inmediata reacción interna de aprobación o de rechazo, es aquella con la que Vélez Sarsfield concluía la extensa nota al art. 943 de su Código Civil (CCiv) (1), en la que exponía los fundamentos que, de acuerdo con su legítimo entender, justificaban el rechazo del instituto que se analizará a continuación, en dicho cuerpo normativo.

La elección de la aludida cita como apertura del presente artículo, responde a la pretensión de encontrar y resaltar la pasión despertada por la misma en uno u otro sentido.Ello, por cuanto entendemos que el análisis de la lesión como instituto jurídico debe partir del consenso de que, por sus implicancias prácticas y por los principios que la rodean y subyacen, su rechazo o acogimiento, y el alcance dado al hacerlo, patentizan la ideología jurídica, económica, social y hasta quizás política, de la sociedad en la que la misma es (o no) receptada.

Lo dicho logra explicar la ferviente defensa que hacen de ella sus partidarios y la vehemencia de la oposición de sus detractores, que le dan la riqueza e importancia que la figura inviste, y que ha llevado a calificada doctrina a catalogarla como «el termómetro más eficaz para el conocimiento de los procesos jurídicos, ideológicos y sociales de las comunidades» (2).

Haciendo una primera aproximación a su conceptualización, es dable afirmar que el vocablo «lesión», en su acepción como instituto del derecho civil, refiere al perjuicio de índole económica sufrido por una de las partes de un acto bilateral oneroso como consecuencia de una significativa o evidente desproporción en las prestaciones recíprocas que surgen de él.

Esta variante, también denominada lesión «enorme» o «enormísima», que merita únicamente criterios objetivos, fue la primera versión de esta figura, receptada ya en el propio derecho romano. Se evidencia que, a los fines de su conformación, solamente es requerido que exista una diferencia manifiesta entre lo debido recíprocamente por las partes.

Posteriormente, surgió la lesión en su versión subjetiva, en la que ya no solamente se requiere que medie tal desproporción, sino que también se exige, de manera expresa, que ella tenga su origen y causa en el aprovechamiento de una de las partes de una situación de inferioridad de la otra.

Tal como se desarrollará en párrafos posteriores, el «problema de la lesión» como lo conceptualizó el Dr.Moisset de Espanés en el Prefacio de la obra cúspide del estudio de esta figura (3), nos enfrenta a un verdadero dilema de principios, sobre el cual debemos tomar partido.

Es que a medida que nos adentramos en su estudio, es fácil advertir dos marcadas posiciones en torno a este instituto:

1. En primer orden, encontramos a quienes defienden fervientemente la autonomía de la voluntad afirmando que todas las personas se encuentran en un perfecto plano de igualdad, por lo que su voluntad, libremente expresada en el negocio jurídico, es absoluta y no puede ser luego desconocida, negada ni eliminada bajo ninguna circunstancia. En esta lógica, descartan la posibilidad de anular cualquier tipo de negocio jurídico mediante la figura de la lesión.

2. Por otra parte, quizás en reacción a los abusos y excesos que la postura anterior ha dado lugar -apreciación que adelanta nuestra perspectiva-, surgen aquellos autores que descartan que, en los hechos, exista la igualdad que en ella se enarbola. Señalan, en cambio, que esa supuesta libertad jurídica no es más que una afirmación falaz y una idea mucho más utópica que real, cuasidemagógica, que no encuentra reflejo alguno en la realidad cotidiana. Consecuentemente, realzan la importancia de la lesión como figura tutora de la equidad y la justicia.

Si debemos escoger una posición, nos volcamos decididamente por esta última.

En la presente monografía, se analizarán los pormenores de este instituto en el derecho nacional, focalizando en sus aspectos sustanciales y procesales.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A lo largo de la historia, la lesión ha ido adoptando distintas formas, y sus caracteres y elementos estructurantes han ido mutando, de acuerdo con la filosofía jurídica imperante en la época y las concepciones sociopolíticas preponderantes en la sociedad en la que ha sido -o no- receptada.Si bien existen remotas nociones de esta figura en el derecho babilónico y el Código de Hammurabi, parece más conveniente comenzar destacando, por la enorme importancia que ha tenido como fuente de derecho y su influencia en la estructuración de nuestro ordenamiento jurídico, que la lesión fue receptada por el propio derecho romano, en su vertiente netamente objetiva.

Trasciende las intenciones de este trabajo el hacer un detallado y minucioso análisis de la evolución histórica del instituto a los largo de los tiempos, pero sí es dable destacar que ya en el siglo III d. de C., las constituciones de los emperadores romanos Diocleciano y Maximiliano concedieron al vendedor de un inmueble, la facultad de rescindir el contrato si la propiedad hubiese sido enajenada por menos de la mitad de su valor. Puede afirmarse que este es el primer antecedente legislativo concreto de la lesión como la conocemos, y puntualmente de la denominada lesión objetiva o «enorme». Posteriormente, con la invasión bárbara, la figura cayó en desuso, hasta que Justiniano la receptó nuevamente en su «Corpus Iuris Civili» (4).

Las críticas a esta versión netamente objetiva de la figura son fácilmente advertibles, pues al no tenerse en cuenta más que la desproporción matemática entre el valor real o «justo» de la cosa y el precio pagado por ella, podría dar lugar a grandes abusos. Y ha sido esta la plataforma de la cual han surgido una enorme cantidad de detracciones a la figura.

Soslayando siglos de historia que poco agregaron a la caracterización de la lesión, resulta necesario y prácticamente obligatorio detenerse a analizar la recepción de este instituto en el derecho francés y en el denominado «Código de Napoleón», por la fundamental influencia que este tuvo en nuestro codificador.

Una de las grandes controversias que se suscitó entre los redactores de este Código Civil francés giró en torno a esta figura, por las implicancias prácticas y, sobre todo, ideológicas que, como se insinuó anteriormente, subyacen a ella.Luego de intensos debates entre los gestores del Código, de ideas contrapuestas respecto de la lesión, se adopta la salomónica solución de conceder al vendedor de un inmueble, la posibilidad de accionar por lesión cuando el perjuicio ascienda a siete duodécimas partes del precio de la cosa (art. 1674); es decir, cuando el precio pagado fuera inferior a dicha medida.

Se evidencia que la figura atiende exclusivamente al elemento objetivo de la desproporción de las prestaciones (lesión objetiva o enorme), estableciendo una curiosa medida de perjuicio (7/12) que debe sufrir el vendedor lesionado para poder ejercer la acción. El elemento subjetivo, que sí exigiría luego el BGB alemán de 1900, aún no estaba presente en esta concepción del instituto o, al menos, no de manera expresa.

Para comprender el porqué del debate que giraba en torno a la lesión, es importante recordar que el Código napoleónico, buscando sistematizar todo el derecho vigente en un único cuerpo normativo, tuvo como pilares fundamentales los tres principios consagrados por la Revolución Francesa: «libertad, igualdad y fraternidad».

Los dos primeros, libertad e igualdad, exigían defender con firmeza la autodeterminación del individuo y la necesidad de hacerlo responsable de sus actos, y es esta la razón que auspiciaba con tanta fuerza la dogmática desplegada en torno a la autonomía de la voluntad. En esta lógica, sería contradictorio afirmar, por un lado, que los hombres son todos libres; y, al mismo tiempo, limitar y hasta suprimir la libertad y voluntad humana plasmada en un contrato, a través de la figura de la lesión.Ello revela, a su vez, por qué se receptó una versión meramente objetiva de la misma, que pasa por alto la situación de inferioridad de una de las partes y el aprovechamiento (y consecuente superioridad) de la otra, que deben mediar para configurar la lesión subjetiva, porque, de lo contrario, la tan enarbolada «igualdad» también se vería gravemente comprometida.

Optamos por trazar un corte en la reseña de la evolución histórica de la figura al toparnos con el año 1869, en el que se fue aprobando, a libro cerrado, el Código Civil de la República Argentina -en adelante CCiv-, y pasar a examinar, justamente, la lesión en el marco de nuestra legislación nacional.

III. RECEPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA LESIÓN EN EL DERECHO NACIONAL

Supera ampliamente las fronteras de este trabajo analizar cuáles eran las concepciones económicas, sociales y políticas que, reflejadas en el derecho, imperaban en la República en el siglo XIX, las que quizás serían de gran utilidad para comprender por qué la lesión no fue incluida en el texto del Código Civil de Vélez Sarsfield, siquiera en su versión objetiva.

Pero sí es necesario resaltar que, al tiempo en que nuestro codificador redactó su obra maestra, imperaba, tanto en el plano nacional como internacional, el liberalismo como filosofía política, social y económica, prevaleciendo la idea de que cada uno es libre de hacer lo que desee. El auge del principio de «laisser faire, laisser passer», predominante en el plano económico, se vio reflejado en el derecho, y puntualmente en la faz contractual, consagrando una autonomía de la voluntad prácticamente ilimitada, plasmada en la máxima «pacta sunt servanda» (5).

Estas ideas, naturalmente, influyeron fuertemente a Vélez Sarsfield, y este fue fiel a sus convicciones al momento de redactar el Código Civil.

El rechazo del codificador hacia la recepción de la lesión fue categórico, y en la nota al art.58 de ese mismo cuerpo normativo, tajantemente afirmó lo siguiente: «. en la época actual, las lesiones no pueden admitirse en los contratos».

No puede alegarse que la razón de tal reprobación fue el desconocimiento de la figura, puesto que no solamente se trataba de un instituto largamente difundido ya en esa época, sino que, además, el autor, en la extensa nota al art. 943 ya referenciada, demuestra conocer íntegramente los pormenores de ella, y explicita detalladamente allí las razones que sustentaron su decisión.

En dicha nota, Vélez Sarsfield planteó como inconveniente -y, al parecer, fundamento suficiente-, la falta de un «principio uniforme» para establecer la teoría de la lesión en el derecho comparado, enumerando la manera en que había sido receptada en las diversas legislaciones, de la que surge claramente la falta de una regla general y pacíficamente aceptada para determinar cuándo se configura, cuándo puede renunciarse a ella, y lo atinente al ejercicio de las acciones que de ella derivan.

La decisión es criticable, no solamente por simplista, sino porque existe una gran cantidad de institutos del derecho civil que han sido receptados de maneras completamente disímiles en el resto de las legislaciones a nivel mundial, e igualmente fueron incluidas en el articulado del Código Civil.

Es que rechazar una figura de la importancia y difusión como la que ya en ese entonces tenía la lesión (Vélez comienza su nota al art. 943 afirmando que esa ha sido asentada «en casi todos los códigos y escritos de derecho»), por la lisa y llana razón de no haber sido consagrada uniformemente en el derecho comparado parece, cuanto menos, básico y hasta insustancial; más asimilable a una excusa que a un verdadero fundamento, y más propio de un alumno de grado que de un jurista de la talla de quien fue el primer codificador de la nación en el plano civil.Por ello es que sorprende y decepciona tanto la lectura de la referida nota, porque a simple vista exhibe fundamentos completamente descartables, tachables de demagógicos, que no logran justificar, ni aun en parte, la conclusión que pretenden respaldar. Pero, acto seguido, son justamente estos mismos argumentos los que, por su estrechez y por provenir los mismos de un autor de la talla de Vélez Sarsfield, obligadamente conducen a dudar si habrán sido ellos, y no otros, los que verdaderamente motivaron su decisión.

Y tal duda inquisitiva hace cumbre en la última frase de la referida nota, citada al comenzar este trabajo, donde el autor finalmente deja entrever la real convicción que lo condujo a la exclusión de la lesión del cuerpo normativo, que no es otra que las que ya habían expuesto los detractores de la figura en los debates en torno a la sanción del Código francés: la seguridad jurídica.

Y he aquí el quid del debate en torno a esta figura, hoy quizás superado (al menos en parte), pero ciertamente no así en la época de la sanción de nuestro Código Civil: ¿Qué es lo que debe primar, qué es lo que el Derecho y el ordenamiento jurídico deben priorizar y, consecuentemente, proteger con mayor firmeza: la seguridad jurídica o la equidad? ¿La autonomía de la voluntad o la buena fe?

Se observa así, que la lesión parece estar signada por un movimiento pendular, en el que en un extremo se sitúa la seguridad jurídica y la libertad absoluta de la voluntad; y, en el otro, la equidad y buena fe, y «según predominen concepciones individualistas o socializantes, la figura de la lesión será rechazada o ensalzada» (6).

Es por ello que, al juzgar a Vélez, no puede caerse en la comodidad y natural tentación de hacerlo bajo los parámetros, ideologías y hasta paradigmas jurídicos actuales, puesto que ello sería, cuanto menos, injusto y desacertado.La cautela debe primar en el análisis de su obra, máxime tratándose de instituciones verdaderamente controversiales como la de marras.

Más allá de las opiniones e íntimas convicciones sobre el acierto o yerro del codificador, abstractas a esta altura por estar completamente derogado el articulado original de tal Código, basta con afirmar que Vélez Sarsfield contaba con elementos que respaldaban su decisión de excluir la figura de la lesión del cuerpo normativo de su autoría, sobre todo porque en su época (más de dos siglos atrás), se entendía que la libertad individual -sin límites de ninguna índole- era el modo más acertado para alcanzar el tan ansiado progreso, tanto económico como científico.

Prueba de ello fue la pacífica aceptación de la decisión del codificador por los doctrinarios de aquellos tiempos (v. gr., Segovia, Machado, Llerena), quienes no criticaron -como es fácil hacer hoy en día, doscientos años después- tal rechazo.

Fue así que este instituto permaneció durante décadas fuera del ámbito normativo del derecho nacional.

Será recién en 1916, en el Congreso de Ciencias Sociales realizado en la ciudad de Tucumán, que los catedráticos nacionales de la época expresarán su preocupación por el abordaje de la problemática del aprovechamiento de una parte sobre la otra al contratar, sobre todo en lo que respecta a los intereses, reflejado en el instituto de la «usura», íntimamente ligado a la figura de la lesión.

Cabe inferir que el despertar de esta inquietud no fue azaroso, sino que respondió puntualmente a la sanción del BGB alemán, y la recepción de la lesión en su vertiente subjetiva en el art.138, cuyas ideas parecen haber ido decantando paulatinamente en la doctrina nacional.

Si bien Biblioni omitió incluirla en su Anteproyecto de reforma del Código en 1926, la jurisprudencia nacional empezó lentamente a declarar la invalidez de negocios jurídicos en los que las prestaciones recíprocas de las partes eran completamente desproporcionadas, con basamento en la transgresión a la regla moral del art. 953 del CCiv.

Finalmente, en 1968, con la promulgación de la Ley 17.711, se receptó expresamente la lesión subjetiva-objetiva en el art. 954 del CCiv, párr. 2.°, con una redacción bastante similar a la que hoy exhibe el art. 332 del actual CCivCom.

La inclusión de esta figura en el articulado del Código fue una de las reformas más alabadas por la doctrina, que exigía la recepción legal positiva de una figura ya consolidada en la jurisprudencia.

El aludido art. 954 establecía lo siguiente:

«Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación».

»También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación».

»Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones».

»Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda.Solo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción se operará a los cinco años de otorgado el acto».

»El accionante tiene la opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si este fuera ofrecido por el demandado al contestar la demanda».

No han sido menores las críticas que recibió la redacción del referido artículo en sus cuarenta y siete años de vigencia, las cuales se irán poniendo de manifiesto a medida que vayamos analizando la figura, pero aun con sus falencias la lesión ha sido un arma fundamental para la protección de la equidad y de la noción de justicia.

Llegamos así al año 2015, en el que el flamante Código Civil y Comercial -en adelante, CCivCom- fue sancionado. La lesión ha sido receptada en el art. 332, que reza:

«Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación».

»Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones».

Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda».

»El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si este es ofrecido por el demandado al contestar la demanda».

»Solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción».

Seguidamente, se analizarán los aspectos -tanto sustanciales como procesales- de esta interesante figu ra.

IV.NATURALEZA JURÍDICA

Lamentablemente, por razones de espacio, no podemos detenernos a hacer un abordaje de las diferentes teorías que surgieron en la doctrina nacional respecto de la naturaleza jurídica de la lesión; sobre todo, por tratarse de una discusión superada.

Nos limitaremos a afirmar, entonces, que hoy la doctrina pacíficamente admite que la lesión es un «vicio propio de los actos jurídicos». Subsisten, no obstante ello, controversias que giran mayormente en torno al fundamento que provoca dicha situación (7).

V. ELEMENTOS

Tal como surge de la letra del primer párrafo del art. 332 del CCivCom, son tres los elementos fundamentales que concurren a formar la lesión subjetiva en nuestro ordenamiento jurídico: dos de carácter subjetivo -el primero relacionado con el afectado o lesionado (situación de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia), y el segundo relativo al lesionante (explotación de dicho estado de inferioridad)-; y uno de carácter objetivo (ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación resultante de la convergencia de los dos elementos subjetivos aludidos).

Inmediatamente, luego de la sanción de la Ley 17.711 y la recepción legal expresa de la lesión, los primeros comentaristas de tal articulado, señalaban la concurrencia de únicamente dos elementos: uno objetivo y otro subjetivo, en el que aglomeraban, erróneamente, la situación de inferioridad del lesionado y su aprovechamiento por parte del lesionante.

No se trata de un punto menor ni meramente catedrático. Por el contrario, las implicancias de tal interpretación son enormes. Adviértase, que tal solución importaría hacer extensiva la presunción del aprovechamiento, plasmado en el párr. 2.° del art.332, a la situación de inferioridad de la víctima, por tratarse de un único elemento, lo que naturalmente conduciría a los Tribunales a afirmar que quien interpone la acción y alega la lesión, debe tan solo probar el evidente desequilibrio de las prestaciones, y el otro elemento se presume, y ello implicaría, en los hechos, retornar a la tan criticada lesión enorme del derecho romano (8).

Hoy, en cambio, dicha interpretación ha sido plenamente superada, y tanto la doctrina como la jurisprudencia afirman de manera unánime que son tres los elementos que configuran la lesión.

Generalmente, el orden de enumeración de estos elementos suele ser diferente, y se coloca al elemento objetivo en un primer lugar para luego referirse a los subjetivos. Sin embargo, entendemos que, desde una perspectiva temporal, lo primero que existe es el estado de inferioridad del lesionado; luego tal situación es aprovechada por un tercero -lesionante-; y es recién producto de dicha explotación que se da la ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. De allí la elección de sistematizar su estudio en este orden.

Tratándose de tres elementos bien diferenciados, a continuación se desglosa el análisis de ellos:

1. Estado o situación de inferioridad del lesionado

Como ya mencionamos, el primero de los elementos subjetivos de la lesión refiere al afectado. El art. 332 exige que la víctima se encuentre, al momento de celebración del acto impugnado, en una situación de inferioridad, más precisamente inmerso en una situación de necesidad, debilidad psíquica (9) o inexperiencia.

Compartimos la opinión de la doctrina mayoritaria, respecto a que la redacción de la norma no da lugar a otras situaciones o circunstancias más que las tres que enumera: necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia.Se trata, en consecuencia, de una enumeración taxativa, que no permite la procedencia de la acción basado en situaciones análogas (10).

Sin embargo, entendemos que no debe perderse de vista la amplitud de los supuestos plasmados en la norma, y hacerse una interpretación amplia y flexible (aunque no extensiva) de los conceptos, para impedir que el formalismo legal y el rigorismo de los términos empleados por la ley dejen desolados a quienes han sufrido una injusticia, cuya protección es, justamente, el norte de la figura.

En virtud de esta interpretación amplia, consideramos innecesario amplificar el catálogo de situaciones de inferioridad que darían lugar a la lesión, como han planteado autores de renombre (11) y como lo establecía el Proyecto de Código Civil de 1998 en su art. 327.

Entendemos que una correcta y flexible interpretación de los tres supuestos que prevé la norma, permitiría encuadrar las situaciones que tales autores y el aludido proyecto (12) pretendían consagrar legalmente de manera expresa, sin poner en jaque la seguridad jurídica, la que quizás se vería comprometida en demasía si se receptara legalmente una excesiva nómina de situaciones que auspiciaran la interposición de la acción.

A continuación, se analizan sucintamente cada una de las tres situaciones de la víctima previstas por el artículo:

A. Necesidad

Se la ha conceptualizado como la falta o escasez de cosas necesarias para la conservación de la vida en un sentido amplio (13). El término incluye, no solo situaciones económicas o materiales penosas, sino también la desesperación moral o espiritual, o situaciones de peligro. Puede ser que la misma recaiga sobre la persona, quien celebra el negocio o sobre su grupo familiar íntimo o afectivo, y puede ser actual o inminente.

Entendemos que, para configurar este elemento, la necesidad de la víctima debe ser verdaderamente gravosa, agobiante o sofocante.Por lo tanto, no cualquier necesidad logra encuadrarse en este supuesto legal, sino solo aquella que, por su gravedad, ha sido la causa real y efectiva que ha empujado a la víctima a celebrar el acto lesivo.

Si bien no es exigible que medie un estado de indigencia, sí es necesario que el afectado se halle en una situación tal que no puede optar linealmente por rechazar el negocio, sino que se ve prácticamente compelido a aceptarlo (no en el sentido de violencia o intimidación, sino a raíz de la sofocante situación o peligro que lo conmina), aunque de él resulte un perjuicio pecuniario (14). En este sentido, Lorenzetti describe a la «necesidad» como una amenaza, y exige expresamente que, para que se configure este elemento, la misma tiene que tener aptitud o idoneidad para determinar al lesionado a celebrar el negocio (15).

Es importante destacar, finalmente, que este elemento no debe confundirse con otra figura jurídica, conceptualmente distinta, como es el «estado de necesidad» receptada en el art. 1718, inc. c , del CCivCom, que si bien refiere a supuestos de hecho medianamente similares, tiene características estructurantes diferentes.

B. Debilidad psíquica

El CCivCom sustituye el criticado término «ligereza», cuya inclusión provenía de una errónea traducción del BGB alemán (16), por «debilidad psíquica».

El término no aparece en ninguna otra parte del Código, por lo que resulta complejo establecer sus alcances, sobre todo debido a la radical modificación que el reciente Código ha efectuado respecto de la capacidad jurídica para obrar.

No obstante ello, resulta innegable que el mismo refiere a estados de hecho caracterizados por una situación de fragilidad o de inferioridad psíquica, que conducen indefectiblemente a la persona a celebrar un negocio que le es perjudicial, atento no poder comprender sus alcances y efectos (17).

No se exige, para configurar este elemento, que el lesionado haya sido declarado incapaz en sede judicial, en los términos del art. 32 y ss. del CCivCom.De hecho, en tal caso, el acto sería nulo a tenor de lo dispuesto por los arts. 44 y 45 , sin necesidad de tener que probar los elementos configurantes de la lesión.

A nuestro entender, la amplitud del término permitiría englobar un extenso espectro de situaciones en las que uno de los contratantes se halle en un estado psíquico o mental que importe una clara desventaja frente a la otra (v. gr., personas recientemente afectadas por vivencias traumáticas -aceptación de indemnización irrisoria a los pocos días de la muerte de un hijo, por ejemplo-, sujetos bajo la influencia y efecto de drogas al momento de contratar, ancianos de muy avanzada edad sin asesoramiento especializado, por mencionar algunos supuestos) que no necesariamente tienen un basamento o raigambre patológico, y pueden ser tanto permanentes como transitorios.

C. Inexperiencia

Se habla de «inexperiencia» cuando el sujeto afectado no ha podido apreciar debidamente las características, proyecciones y alcances del acto lesivo, en virtud de la falta de conocimientos que se adquieren por el uso y la práctica (18).

Casos paradigmáticos que la doctrina utiliza para patentizar esta situación de inferioridad son aquellas personas que, por su juventud o bajo nivel sociocultural, no han tenido capacidad para comprender cabalmente el negocio que están celebrando ni sus efectos.

Hoy en día, en una sociedad de consumo como en la que vivimos, no puede soslayarse la innegable disparidad creciente entre consumidores y proveedores, lo que obliga a flexibilizar y ampliar el término, permitiendo la inclusión de aquellos supuestos en los cuales el usuario ha celebrado el negocio lesivo, justamente, a raíz de su falta de experiencia en la materia.La más calificada doctrina ha dicho que, mediante la inclusión de la «inexperiencia» como elemento de la lesión, «se ha querido caracterizar la situación de desigualdad que existe entre las partes, que va a ser aprovechada por el más fuerte, capaz, inteligente o conocedor, en detrimento del más débil o inexperimentado» (19).

Entendemos que, al igual que lo que sucede con la «necesidad», no cualquier «inexperiencia» alcanza, por sí sola, a configurar este elemento subjetivo, sino solo aquella que ha sido la causa o razón determinante que ha conducido al afectado a celebrar el negocio lesivo.

La lesión no busca suplir la negligencia o imprudencia de aquel que actúa de manera irreflexiva ni intempestiva, y mucho menos enmendar errores inexcusables de quienes obraron con libertad, intención y discernimiento.

2. Explotación o aprovechamiento

El segundo elemento subjetivo se relaciona con el lesionante o demandado y refiere al «aprovechamiento o explotación» por parte de este de la situación de inferioridad del afectado, del cual obtiene la ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada.Es el elemento que relaciona los otros dos componentes de la lesión, y el más característico de la figura.

Para que pueda hablarse de aprovechamiento, es necesario que el explotador haya tenido conocimiento de la situación de inferioridad del afectado o que la misma sea verdaderamente ostensible, y que el lesionante haya sido consciente de la explotación que estaba realizando, lo que denota la mala fe que debe mediar en su accionar y que justifica el instituto.

No se exige que haya existido una aserción de lo que es falso o disminución de lo verdadero, ni artificios, astucias o maquinaciones a tal fin (20). Con criterio se ha dicho que «el agente, a diferencia de lo que ocurre en caso de dolo, no genera la situación de inferioridad, sino que se adueña de ella, la explota y se aprovecha de esas condiciones anormales» (21).

Es decir, que no se exige un obrar doloso por parte del lesionante para que se configure la explotación referida, pero el dolo no obsta la configuración de la lesión (22).

No obstante ello, consideramos que de configurarse ambos -obrar doloso y lesión de manera concomitante- el Juez debe declarar la nulidad por dolo y no por lesión, por ser esta la solución que mayores ventajas trae aparejada para el accionante (no se aplica la atenuación de responsabilidad -art. 1742 -, la responsabilidad por previsibilidad contractual se analiza al momento del incumplimiento -art. 1728 -, etcétera).

3. Ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación

El tercer elemento configurante de la lesión, de carácter objetivo, refiere a los beneficios patrimoniales obtenidos por el lesionante mediante la explotación de la situación de inferioridad del lesionado.A diferencia de otras legislaciones, que establecen parámetros rígidos y aritméticos para la determinación de la existencia de esta ventaja patrimonial, el codificador nacional no ha establecido ni indicado en qué medida una diferencia entre las prestaciones que surgen de un negocio configuraría una ventaja de este tipo (evidentemente desproporcionada). En cambio, con acierto a nuestro entender, ha dejado librada tal determinación al prudente arbitrio judicial, contemplando las circunstancias de cada caso en particular.

Ahora bien, es fundamental recalcar, que no toda desproporción de prestaciones logra configurar este elemento, sino que, para lograrlo, la misma debe ser «evidente» o «notable» (23), en sentido de grande, grave (24), o «chocante» (25), es decir, que sea ostensible, advertible a simple vista.

Brebbia, al analizar la figura, pone en jaque el carácter netamente objetivo de este elemento, aduciendo que puede ocurrir que la presunta víctima haya obtenido ventajas inmateriales a través del negocio, y que la desproporción esté justificada, precisamente, por tal circunstancia (26).

No compartimos tal posición. En primer lugar, porque adoptar esa postura implicaría abrir una peligrosa puerta de inseguridad jurídica, puesto que, si se subjetiviza este elemento, entraríamos en una nebulosa de incertidumbre en la cual sería excesivamente difícil corroborar si, meritando los placeres internos obtenidos por el presunto lesionado, existió o no tal desproporción, máxime si han sido dos o más los afectados. Además, al ser el accionado quien debería cargar con la prueba de la justificación de la desproporción, sería verdaderamente complejo para él -si no imposible-, acreditar la satisfacción inmaterial obtenida por el presunto lesionado.

Se evidencia, de esta manera, que la desproporción debe ser meritada desde una mirada netamente objetiva.

Asimismo, debe tratarse de una ventaja de contenido netamente económico -en sentido amplio- por lo que todo beneficio que trascienda lo pecuniario no puede ser basamento para la interposición de esta acción.

Por otra parte, a más de desproporcionada, la ventaja patrimonial debe ser injustificada.Tal como se analizará en apartados posteriores, el legislador ha liberado al actor de la prueba de este extremo mediante una presunción «iuris tantum» de su existencia, por lo que será el demandado -presunto lesionante- quien deberá acreditar, en su caso, que tal ventaja se encontraba justificada (en la intención del supuesto lesionado de realizar una liberalidad, o en la cuota de riesgo o de incertidumbre que rodeaba el negocio, por ejemplo).

Finalmente, es importante destacar, que más allá de la redacción del artículo, una interpretación congruente y acorde al espíritu y finalidad de la norma, conduce inexorablemente a afirmar que la ventaja patrimonial que configura este elemento puede ser tanto a favor del lesionante como de un tercero. De no ser así, el dañador podría sortear fácilmente la represión legal si en lugar de hacerse prometer para sí las ventajas que surjan del contrato, las hiciere a favor de un tercero.

Si bien el art. 332 no ha contemplado expresamente esta hipótesis, consideramos que es esta la interpretación que más se condice con el objeto de la figura y de la ley (27).

VI. PRESCRIPCIÓN

Uno de los aspectos que mayores controversias había generado en la doctrina luego de la sanción de la Ley 17.711, era lo atinente a la prescripción de la lesión.

Es importante recalcar, que si bien el reciente Código Civil y Comercial mantiene prácticamente sin modificaciones el contenido de la figura plasmada por el legislador en el año 1968, sí modifica sustancialmente el régimen de prescripción.

En primer lugar, y como respuesta a uno de los debates que se había suscitado en el ámbito doctrinario, el art. 332 reafirma que se trata de un plazo de prescripción y no de caducidad, como habían planteado autores de excelsa autoridad sobre el tópico, como el Dr.Moisset de Espanés (28).

Por otra parte, el nuevo cuerpo normativo enmienda el error metodológico -unánimemente criticado- de plasmar lo relativo a la prescripción dentro del mismo artículo que refiere a la lesión, y lo incluye en los arts. 2562 y 2563 , que tratan la prescripción de otras acciones de nulidad.

A su vez, siguiendo los reclamos de la doctrina, se modifica la duración del plazo, que antes era de cinco años y había sido duramente criticado por excesivo, y hoy es de dos años, tal como lo establece el art. 2562 en su primer inciso.

Interesante modificación es la que introduce el art. 2563, en lo que hace al momento a partir del cual comenzará a computarse dicho plazo. El anterior art. 954 establecía que el mismo comenzaba a correr a partir de la celebración del acto, lo que había generado la lógica crítica de que, en la mayoría de los casos, el lesionado toma conciencia del desequilibrio de prestaciones -y de la consecuente lesión- cuando debe ejecutar la obligación que sobre él recae, y, por lo tanto, debía ser ese el momento a partir del cual el plazo debería ser computado (29).

Compartimos tal crítica. Aun en desmedro de la noción de «seguridad jurídica», si se busca conceder pragmatismo a la norma, no puede soslayarse que la figura en cuestión viene a proteger a personas en un estado de inferioridad, las cuales, en la amplia mayoría de los casos, recién tomarán real dimensión de la desproporción cuando deban cumplir con su «parte» del negocio, que puede darse muchos años después de su celebración.

El art. 332 adopta dicha solución, y hoy el plazo de prescripción comienza a correr «desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado debe ser cumplida» (art. 2563, inc.e).

El artículo es claro en cuanto dispone que el plazo se cuenta desde que la prestación «debe» ser cumplida, y no desde que efectivamente fue realizada, por lo que la mora del lesionado en el cumplimiento de su obligación en nada afecta el plazo analizado.

Finalmente, no puede dejar de mencionarse sucintamente, que el art. 2537 , luego de afirmar que el plazo de prescripción aplicable es el que fijaba la ley vigente al momento de comenzar el curso de la prescripción, establece, en el párr. 2.° que, en caso de que la ley nueva fije un plazo más breve que quede atrapado dentro del plazo dispuesto en la ley anterior, este se cumple una vez transcurrido el plazo que fija la nueva ley, contado desde la fecha de su entrada en vigencia.

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(1) La denominación acertada es «Nota al Título I de la Sección II del Libro Segundo», pero por razones prácticas utilizaremos esta referencia.

(2) RODRÍGUEZ VILLAFAÑE, Miguel J.: «El instituto de la lesión en el derecho argentino», en Revista Notarial, N.º 825. La Plata, Col. de Escribanos de la Prov. de Buenos Aires, 1976, p. 297.

(3) MOISSET de ESPANÉS, Luis: «La Lesión en los Actos Jurídicos». Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1979, p. 16.

(4) Conf. MOISSET de ESPANÉS, Luis: op. cit., p. 29.

(5) MOISSET de ESPANÉS, Luis: «La lesión y el artículo 671 del nuevo Código Civil de Paraguay», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, ISSN, N.º 2. Madrid, Reus S. A., 2002, p. 243-263.

(6) MOISSET de ESPANÉS, Luis: «La lesión en…», op. cit., p. 15.

(7) Para un pormenorizado análisis de las diferentes tesis sobre el punto, véase STIGLITZ, Rubén S.: y PIZARRO, Ramón D.: «Lesión subjetiva. Aspectos sustanciales y procesales», en RCyS, AR/DOC/1484/2010, p. 2 y ss.

(8) Conf. MOISSET de ESPANÉS, Luis:«Los elementos de la lesión subjetiva y la presunción de aprovechamiento», en JA, Doctrina, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1974, p. 723.

(9) La norma, en realidad, habla de «debilidad síquica», pero entendemos más acertado utilizar la voz «psíquica». Así lo han hecho también otros autores al tratar esta fig ura (LORENZETTI, Ricardo L.: «Código Civil y Comercial de la Nación comentado». Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 2015, t. II, p. 347) y es, además, el término que surge de leyes que rigen la materia, como la Ley de Salud Mental 26.657 y sus decretos reglamentarios

(10) Conf. LLAMBÍAS, Jorge J.: «Código Civil Anotado». Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1979, t. II-B, p. 109; MOISSET de ESPANÉS, Luis: op. cit., p. 180; STIGLITZ, Rubén S., y PIZARRO, Ramón D.: op. cit., p. 8. En sentido contrario, por votación mayoritaria de 18 a 4, se pronunciaron las XVII Jornadas de Derecho Civil (UNL, 1999).

(11) STIGLITZ Rubén S., y PIZARRO, Ramón D.: op. cit. p. 9; ALTERINI, Atilio A.: Contratos civiles, comerciales y de consumo. Teoría general. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, p. 384.

(12) El Proyecto consagraba como situaciones de inferioridad: la condición económica, social o cultural que condujo a la incomprensión del alcance de las obligaciones, la avanzada edad, y el sometimiento de la otra a su poder resultante de la autoridad que ejerce sobre ella o de una relación de confianza.

(13) STIGLITZ, Rubén S., y PIZARRO, Ramón D.: op. cit., p. 9.

(14) Conf. CIFUENTES, Santos: Negocio Jurídico. Buenos Aires, Ed. Astrea, p. 478.

(15) LORENZETTI, Ricardo Luis: op. cit., p. 347.

(16) BREBBIA, Roberto H.: «Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial» (BUERES (dir.), y HIGHTON (coord.). Buenos Aires, Hammurabi, 1998, t. 2B, p. 611.

(17) LORENZETTI Ricardo Luis, ob. cit., p. 347.

(18) BREBBIA Roberto H.: op. cit., p.613.

(19) MOISSET de ESPANÉS Luis:«Los elementos de la lesión subjetiva y la presunción de aprovechamiento», en JA, Doctrina, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1974, p. 730.

(20) Conf. STIGLITZ, Rubén S., y PIZARRO, Ramón D.: op. cit., p. 10.

(21) LORENZETTI, Ricardo L.: op. cit., p. 348.

(22) BREBBIA, Roberto H.: op. cit., p. 607.

(23) Tal como se desarrollará al analizar la prueba de los elementos subjetivos, a estos fines, tomamos ambos adjetivos como sinónimos.

(24) Conf. MOISSET de ESPANÉS, Luis: «La Lesión y el nuevo art. 954 del Código Civil», versión desgrabada de la conferencia del 16/5/1968, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, p. 25.

(25) Esta es la calificación empleada por el BGB alemán en su art. 138

(26) BREBBIA, Roberto H.: op. cit., p. 605 y ss.

(27) Conf. MOISSET de ESPANÉS, Luis: «La Lesión y el nuevo art. 954 del Código Civil», op. cit., p. 27.

(28) MOISSET de ESPANÉS, Luis: «La lesión en los actos jurídicos», op. cit., p. 250.

(29) MOISSET de ESPANÉS, Luis: op. cit., p. 202.

(*) Abogado, UNC (Diploma al Egresado Sobresaliente). Adscripto de la cátedra de Derecho Privado VII (Derecho de Daños), UNC.