El fallo Marando de la CSJN, ¿es un límite a la facultad de los magistrados?

Autor: Olmos, Félix A.

Fecha: 13-dic-2017

Cita: MJ-DOC-12290-AR | MJD12290

Sumario:

I. Introducción. II. Antecedentes. III. Los precedentes citados por la Sala 7. IV. El problema no resuelto. V. El fallo de la Corte. VI. Conclusión.

Doctrina:

Por Félix A. Olmos (*)

I. INTRODUCCIÓN

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto el fallo dictado por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y ordenó dictar un nuevo fallo en la causa «Marando, Catalina Graciela c/ QBE Argentina ART S. A. s/ Accidente-Ley Especial» (1).

La resolución del máximo Tribunal ha sido leída como un límite a la discrecionalidad de los magistrados al momento de establecer indemnizaciones por infortunios laborales dentro del régimen especial de Riesgos del Trabajo, acotando el margen de maniobra de los jueces laborales a la hora de fijar indemnizaciones por accidentes de trabajo.

II. ANTECEDENTES

La esposa y la hija de un empleado fallecido, en un accidente de trabajo en los términos del art. 6 de la Ley 24.557, demandaron a QBE Argentina ART S. A. por el cobro de la indemnización correspondiente al art. 15, apdo. 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 (LRT). En dicha oportunidad, plantearon la inconstitucionalidad del pago de esa indemnización a través de una renta periódica, reclamando el pago adicional establecido en el art. 11 de la LRT.

El Tribunal de origen, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.° 71, hizo lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad art. 18 de la LRT en tanto imponía el pago de la indemnización a través de la renta periódica, en el entendimiento de que la misma no compensaba ni reparaba adecuadamente la muerte del damnificado, no respetaba el principio protectorio, e impedía a los derechohabientes la libre disponibilidad del importe depositado por la ART. Impuso asimismo, a pesar de no haber sido solicitado por las actoras, las mejoras introducidas por la Ley 26.773 , entendiendo que tales mejoras resultaban operativas al caso, se tornaren operativas en el caso, ordenando la aplicación del RIPTE a la indemnización.En consecuencia, la señora jueza de Primera Instancia condenó a la accionada a abonar, en un pago único, la suma de $1.699.425,70 que incluía la suma establecida en el art. 15 de la LRT, más la suma adicional contemplada en el art. 11 del mismo cuerpo legal.

Apelada la Sentencia, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, modificó la Sentencia, reduciendo la indemnización fijada, sosteniendo que aplicaría la doctrina establecida en el caso Espósito, por razones de economía procesal y para evitar demoras que afectasen a las actoras en la percepción del crédito. Analizando el importe de condena tarifado, consideró que lesionaba el derecho de reparación justa y conculcaba los principios constitucionales (protectorio y de razonabilidad) y, apelando a la doctrina de los fallos de la CSJN en las causas «Lucca de Hoz» (2) y «Ascua» (3) , determinó una mejora de ese importe teniendo en cuenta la diversidad de los datos y parámetros en estudio, entre los que se encontraban la edad del trabajador al momento del accidente y el salario de la época, por lo que condenaron a la aseguradora de riesgos del trabajo demandada a abonar la suma de $820.000 apartándose, abiertamente, de la solución normativa expresa.

III. LOS PRECEDENTES CITADOS POR LA SALA 7

En su Sentencia la Sala 7 analiza, en primer lugar, la aplicación de la Ley 26.773 a la causa. Señala el preopinante que si bien ha sostenido inveteradamente la aplicación inmediata de la disposición más favorable al trabajador, por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional y las consecuentes demoras en la percepción del crédito de naturaleza alimentaria anunció la aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos «E. D. L. c/ Provincia ART S. A. s/ Accidente-Ley Especial» del 7/6/2016).

1.Fallo Espósito

En este precedente, nuestro máximo Tribunal sentó doctrina respecto de la aplicación de la ley en relación del tiempo estableciendo que el reajuste de las indemnizaciones dispuesto por Ley 26.773 sería solo aplicable a las reparaciones de daños derivados de accidentes laborales ocurridos a partir de su entrada en vigencia (4). Sostuvo que la propia Ley 26.773 estableció pautas precisas para determinar a qué accidentes o enfermedades laborales correspondería aplicarles las nuevas disposiciones legales en materia de prestaciones dinerarias, razón por la cual, ante la existencia de estas pautas legales específicas, quedó excluida la posibilidad de acudir a las reglas generales de la legislación civil sobre aplicación temporal de las leyes. Cita el fallo Lucca de Hoz, señalando que el Tribunal se remitió a los fundamentos del dictamen de la Procuradora Fiscal que había argumentado que dicho decreto «no estaba vigente al momento de ocurridos los hechos que dieron motivo al reclamo, por lo tanto la compensación económica debía determinarse conforme a la ley vigente al momento en que ese derecho se concreta, con independencia de la efectiva promoción del pleito que persigue el reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el ámbito jurídico, ya que sostener lo contrario conllevaría la aplicación retroactiva de la ley nueva a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser sancionada.

En «Espósito» descarta la aplicación retroactiva del Decr. 1278/00 , pero que al determinarse una suma resultante no equitativa para reparar la muerte en un accidente de trabajo de la víctima, ordenó resguardar el sentido «reparador» en concreto, y que es el verdadero meollo del pronunciamiento, es decir apartarse de la tarifa cuando ella no resulta acorde con la equidad y la justicia (5).

2.El precedente «Lucca de Hoz»

La Corte dejó sin efecto el fallo pronunciado por la Sala de la CNAT, donde se cuestionaba la indemnización calculada en función de la normativa vigente al momento del accidente (año 1999). Se trataba de un trabajador de 46 años, fallecido 11 años antes, con un salario exiguo y por ende una indemnización también exigua. Al momento de resolver la Corte, ya se había producido el dictado del Decr. 1278/2010, prodigándose mejoras al régimen. En este caso, los supremos resolvieron la admisión del planteo, advirtiendo que la indemnización reconocida no reparaba integralmente a la viuda afectando la dignidad de la persona y el derecho de propiedad, la inconstitucionalidad del pago en renta con fundamento en el precedente «Milone», no se debía limitar solamente a la forma de pago, sino que debió evaluarse, si la indemnización consagraba una reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparador en concreto. Achacó también a la resolución que debíó ponderar, conforme el precedente «Arostegui», la doctrina constitucional de la Corte de que el valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres.

3.El precedente «Ascua»

Mediante esta sentencia, la Corte dejó sin efecto un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde se trataba la reparación de un accidente ocurrido en el año 1991 durante la vigencia de la Ley 9688.

En el mes de marzo de 1991, el actor sufrió un accidente, al caerse desde 9 metros de altura mientras trabajaba, estableciéndose en sede administrativa que el infortunio le había ocasionado una incapacidad del 70%, lo cual, según la tarifa prevista en el inc. c del art. 8 de la Ley 9688 de accidentes de trabajo superaba el tope impuesto por el 2.° párr. del inc. a del mismo artículo, que era de 260 veces el salario mínimo vital y móvil por entonces vigente ($97). Ello dio lugar al reclamo judicial de diferencias indemnizatorias, fundado en que la aplicación del mencionado tope comportaba una reducción del resarcimiento lesiva de derechos de raigambre constitucional. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el fallo de primera instancia, rechazando el reclamo. Argumentó el Tribunal colegiado que a. no se había probado que la fijación del monto indemnizatorio sobre la base de dicha remuneración mínima configurara la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar, y b. el simple cotejo de la indemnización que al actor le habría correspondido, según se aplicase o no el tope impugnado, no resultaba un argumento eficaz que alcance para fundamentar la inconstitucionalidad.

La Sentencia del Superior Tribunal, en su consid. 5, recuerda que el art. 14 bis de la Constitución Nacional (CN) enuncia el llamado «principio protectorio», destinado a comprender todos los aspectos del universo del derecho al trabajo. Destacó que el mentado principio, en el terreno de las condiciones en las cuales se desarrolla la labor, deben ser «dignas y equitativas», debiendo las leyes asegurar su sentido y contenido.El carácter digno de las condiciones laborales, solo es predicable, entre otras circunstancias, en un trabajo seguro, es decir, respetuoso del derecho fundamental de la persona a la salud y seguridad en el empleo. Estos derechos fundamentales también incluyen el respeto a la integridad física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo.

Recuerda la sentencia, en su consid. 6, que diversos instrumentos internacionales conducen a conclusiones análogas y enuncian el derecho del empleado tanto a condiciones de trabajo «equitativas y satisfactorias» (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23.1 ) o «dignas» (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 14), cuanto a la protección en los supuestos de incapacidad, enf ermedad o invalidez (arts. 25.1 y 16 , respectivamente)

Concluyó que la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes o enfermedades laborales bajo un régimen tarifado, no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima.

Explica que una discapacidad de carácter permanente, como la padecida por el actor repercutirá no solo en la esfera económica de la víctima, sino también en diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural y social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida. Lo que llevaría al trabajador y a su familia a una reformulación de su proyecto de vida. Por ello, el medio reparador, de ser inadecuado o insuficiente, puede añadir una nueva frustración. Finalmente, concluye que imponerle un tope legal de la reparación (art. 8, inc. a, 2.° párr., de la Ley 9688, según Ley 23.643) resultaba inconstitucional y, por ende, inaplicable para resolver la contienda.

IV. EL PROBLEMA NO RESUELTO

Desde la sanción de la Ley 24.557, se advirtió la insuficiencia del sistema para reparar los accidentes y enfermedades profesionales.Mediante diversas correcciones, se ha ido atemperando y corrigiendo, pero también se hacía evidente que las prestaciones dinerarias eran insuficientes, no constituían una reparación suficiente.

En su redacción originaria, el art. 12 de la Ley 24.557 recibió numerosos reproches en función de su contenido, esencialmente centrados en lo siguiente: a. la violación de los derechos de la víctima que importaba arraigar la base de cálculo a una referencia salarial desactualizada al momento de fijar la cuantía indemnizatoria, y b. el desconocimiento del verdadero nivel remuneratorio al imitar la consideración a los haberes sujetos a aportes y contribuciones, afectando nuevamente el cómputo indemnizatorio (6).

La insuficiencia reparadora de los módulos de cálculo de las prestaciones dinerarias previstas en la mencionada norma, son indudablemente el origen de todo el problema. Esta insuficiencia ha sido corregida por distintas normas, las cuales no han dado el mismo tratamiento a todos los trabajadores accidentados, sino que en todos los casos, se ha previsto que su aplicación restringida a los casos en que su primera manifestación invalidante fuera posterior a su sanción o publicación.

En el mes de diciembre de 2000, se dictó el Decreto de necesidad y urgencia 1278 (DNU) que modificó las tarifas en beneficio de los damnificados, elevando el tope máximo a la suma de $ 180.000, e incorporó unas prestaciones adicionales de suma fija de $ 30.000 para el caso de la incapacidad definitiva parcial mayor al 50%, de $ 40.000 para el caso de incapacidad definitiva total (superior al 66%), y de $ 50.000 para el caso de muerte (cfr. arts. 3 a 7 de dicho decreto).

En el mes de noviembre de 2009, haciendo uso de aquella facultad de mejorar las prestaciones del sistema, otorgada por el art. 11.3 de la LRT, el Poder Ejecutivo dictó el Decr.1694, que elevó las prestaciones de suma fija a $ 80.000, $ 100.000 y $ 120.000, respectivamente, suprimió los topes máximos para las prestaciones tarifadas por incapacidad definitiva o muerte y fijó un piso mínimo de $ 180.000 para los casos de incapacidad definitiva total o muerte, y un piso mínimo de $ 180.000 multiplicados por el porcentaje de la minusvalía para todos los casos de incapacidad definitiva parcial (cfr. arts. 1 a 4 de dicho decreto).

En octubre de 2012, la Ley 26.773 introdujo nuevas modificaciones entre las que podemos destacar el art. 3 , que dispuso una indemnización adicional cuando se tratara de un infortunio o enfermedad laboral, excluyendo indebidamente al accidente «in itinere», el que en caso de muerte o incapacidad total, nunca debía ser inferior a $ 70.000. Además estableció un mecanismo de actualización automática de los «pisos» indemnizatorios y de las prestaciones adicionales de pago único (índice RIPTE).

Tal como ya señalamos, estas mejoras eran dispuestas para el futuro, no alcanzando a los trabajadores que hubieran sufrido un accidente o enfermedad laboral con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia.

El art. 19 del Decr. 1278/00 dispuso que las modificaciones introducidas a la LRT, entrarían en vigencia «a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial», que ocurrió el 3 de enero de 2001. El Decr. reglamentario 410/01 indicó que dichas modificaciones serían aplicables a todas las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera a partir del 1 de marzo de 2001 (cfr. art. 8). El art. 16 el Decr. 1694 estableció que sus disposiciones entrarían en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial (6 de noviembre de 2009) y se aplicarían a las contingencias previstas en la LRT cuya primera manifestación invalidante se produjera a partir de esa fecha.Criterio mantenido en la Ley 27.348 estableció como fecha de entrada en vigencia el 24 de febrero de 2017.

Los significativos incrementos de los montos correspondientes a la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, hacen evidente la injusticia de que un trabajador con el solo fundamento de la fecha del infortunio, perciba una reparación no ya inferior, sino insuficiente. La Ley 26.773, en su artículo primero, dispone el criterio de suficiencia respecto de la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo, suficiencia que -es obvio- no puede regir solo para el futuro. El problema central es la inflación y la insuficiencia de la tasa de interés moratoria para compensar el efecto devastador que tiene la misma sobre los créditos pendientes de percepción (7). En 1995, cuando se sancionó la ley, este problema era inexistente y ha cobrado importancia en particular a partir del año 2007, cuando el proceso inflacionario creció de manera importante. La corrección de este fenómeno no es sencilla, e intentar corregir esto importaría nuevamente utilizar alguna forma de correctivo salarial (8).

V. EL FALLO DE LA CORTE

La Corte cuestionó a la Cámara adjudicándole una contradicción, en tanto alegó que iba a aplicar los límites de «Espósito», pero luego, por considerar exigua la indemnización, fijó los resarcimientos con prescindencia de la ley.

En sus considerandos, criticó la Sentencia de Cámara por no haber declarado la inconstitucionalidad de la norma, de lo cual puede colegirse que cualquier modificación al módulo de cálculo de las prestaciones dinerarias establecido en la ley al momento de ocurrencia del accidente requiere una previa declaración de inconstitucionalidad.

Sostiene que no pueden sustentarse en referencias genéricas a tratados internacionales y principios generales del derecho, como garantías contenidos en los mismos, como fundamento de la insuficiencia.A su criterio, no son suficientes para justificar el apartamiento de las normas vigentes temporalmente al momento de ocurrencia del accidente o primera manifestación invalidante de la enfermedad.

Descalifica lo resuelto por la Cámara por no constituir una derivación razonada del derecho vigente con adecuación a las circunstancias comprobadas de la causa, sobre la base de la conocida doctrina en materia de arbitrariedad de sentencias. Declara procedente el recurso extraordinario y deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado.

VI. CONCLUSIÓN

La desigualdad de tratamiento de los trabajadores siniestrados, en cuanto a la cuantía de su reparación, en función de su primera manifestación invalidante, constituye el origen del problema. Tal como señalamos, la inflación y la insuficiencia de la tasa de interés moratoria para compensar el efecto devastador que tiene la misma sobre los créditos pendientes de percepción pulverizaban las indemnizaciones que debían percibir por los trabajadores. Esto ha llevado a los jueces a buscar nuevas tasas de interés que permitan recomponer las indemnizaciones por percibir. En el caso de la provincia de Mendoza, recientemente se ha resuelto por fallo plenario del Supremo Tribunal Provincial la aplicación de la tasa para la línea de préstamos personales del Banco de la Nación Argentina, denominados «Libre Destino» a 36 meses. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en el voto del Dr. Palermo ha señalado lo siguiente: «. en nuestra calidad de administradores de justicia, con independencia del fuero o la jerarquía que ostentemos, tenemos el deber de analizar la compatibilidad del ordenamiento normativo interno con las exigencias del plexo normativo internacional en materia de derechos humanos. Dicha responsabilidad debe ser ejercida, conforme ya ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia constante, de manera oficiosa por parte de la judicatura. (Caso «Almonacid Arellano vs. Chile». Sentencia del 26 de septiembre de 2006, Serie C N.° 154, párr.123; inter alia)» (9). En un fallo anterior, la Corte mendocina señaló que el control de constitucionalidad está dentro de la función de administrar justicia y corresponde efectuarlo al juez de oficio en la causa judicial en que actúa. Este control es una función judicial de interpretación y defensa de la Constitución, que le incumbe específicamente a los jueces (CSJN; fallos 324:3219 ,335:2333 ) (10).

Sin perjuicio de las mejoras que produce la tasa de interés, los jueces no pueden permanecer impávidos cuando observan una indemnización que no repara en forma suficiente.

La simple comparación de lo que tendría que percibir conforme se aplicara o no alguna de las mejoras que se fueron sucediendo en el tiempo, hacía evidente la tremenda injusticia e insuficiencia de la reparación. Fue la Corte Nacional en el fallo «Provincia de Santa Fe c/ Nicchi», la juzgó que resultaba inconstitucional una indemni zación que no fuera «justa», puesto que indemnizar es eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento», concluyendo en dicha oportunidad así: «lo cual no se logra si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida» (Fallos: 268:112, 114 considerandos 4 y 5).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido oportunidad de precisar que «reparaciones como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de la violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial y no puede implicar un empobrecimiento de la víctima» («Hamaca Velásquez vs. Guatemala Reparaciones», Sentencia del 22/2/2002, Serie C, N.º 91, informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2002, San José 2003, pp. 107-108, párr.49/41 y sus citas). Si el trabajador sufre un daño, como consecuencia de la labor realizada al servicio de su patrono o como consecuencia de un hecho súbito y violento, con motivo o en ocasión del trabajo, siguiendo los paradigmas establecidos por la Corte Nacional, la indemnización a la cual debe acceder el trabajador debe ser «justa» es decir integral, «debe indemnizar todos los perjuicios sufridos», no debe subsistir ningún tipo de daño o perjuicio (11). Este fue evidentemente el norte de la resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, pero siguiendo los lineamientos del fallo de nuestro Superior Tribunal, debió haber declarado la inconstitucionalidad de la norma de cálculo y fundar la misma. En conclusión, las objeciones no constituyen un límite a los jueces, como indicaron los versiones periodísticas, sino formales. Por lo tanto, al momento de resolver, se deberá determinar si la indemnización cumple con la finalidad reparatoria de los daños sufridos, y en el caso de que no alcanzara dicho estándar, declarar la inconstitucionalidad fundando con mayores elementos sus conclusiones.

———-

(1) CSJN, «Marando Catalina Graciela c/ QBE Argentina ART S. A., 12/9/2017, Cita: MJ-JU-M-106544-AR | MJJ106544 . Producto: MJ.

(2) CSJN, «Lucca de Hoz Mirta Liliana c/ Taddei Eduardo y otro s/ accidente – acción civil», 17/8/2010, Cita: MJ-JU-M-57849-AR | MJJ57849 , Producto: LJ, MJ.

(3) SCJN, «Ascua Luis Ricardo c/ SOMISA s/ cobro de pesos», 10/8/2010, Cita: MJ-JU-M-57145-AR | MJJ57145 , Producto: LJ, MJ.

(4) CSJN, «Espósito Dardo Luis c/ Provincia ART S. A. s/ accidente – Ley especial, Sentencia, 7/6/2016, Cita: MJ-JU-M-98992-AR | MJJ98992 Producto: LJ,MJ.

(5) Conf. RAFFAGHELLI, Luis: «Fallo Espósito un fallo desde el análisis económico del derecho» (consultado en línea), disponible en http://luisraffaghelli.blogspot.com.ar/2016/07/fallo-esposito-un-fallo-desde-el.html.

(6) FORMARO, Juan J.: Reformas al Régimen de Riesgos del Trabajo.Análisis de la Ley 27.348 y disposiciones reglamentarios, 2.a ed., Hammurabi, p. 184.

(7) ROMUALDI, Emilio E.: La reciente jurisprudencia de la Corte y la Ley de Riesgos del Trabajo: Comentario al fallo «Marando Catalina Graciela C/ QBE Argentina Art S. A.», 25/10/2017, Cita: MJ-DOC-12263-AR | MJD12263 , Producto: LJ.

(8) Conf. ROMUALDI, Emilio E.: Vigencia temporal de la Ley de Riesgos del Trabajo. Nota al fallo «Espósito», 15/7/2016, Cita: MJ-DOC-9953-AR | MJD9953 Producto: LJ.

(9) SCJ Mza., fallo Plenario CUIJ: 13-00845768-3/1((010404-28144)), Citibank N.A en J: «28144 Lencinas, Mariano c/ Citibank N.A. P/ Despido», p/ Rec. Ext. De Insconstit-Casación, 3/11/2017.

(10) SCJ Mza, Sala II, «Galeno ART S. A. en J: Cruz, Pedro Juan c/ Mapfre ART S. A. p/ Accidente p/ Recurso ext. de Casación», Sentencia 15/5/2017.

(11) OLMOS, Félix A.: «Riesgos del Trabajo. Hacia una reparación integral sistémica», en Revista La Causa Laboral, N.º 29, agosto de 2007, p. 7.

————-

(*) Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos. Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales.