Los vicios redhibitorios no existen si un mecánico de confianza de la actora había determinado que el auto no estaba en buenas condiciones

Partes: Espíndola Mariana del Carmen c/ González Diego Andrés y otros s/ vicios redhibitorios

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: 12da

Fecha: 20-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-109624-AR | MJJ109624 | MJJ109624

Rechazo de la demanda por vicios redhibitorios si la actora había hecho revisar el automóvil por un mecánico de su confianza y sabía que no estaba en buenas condiciones.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por vicios redhibitorios interpuesta, pues de las probanzas arrimadas surge que la actora no sólo ‘debía’ conocer el vicio del vehículo, sino que efectivamente tenía conocimiento del mismo, o al menos de que el rodado no estaba en buenas condiciones generales como para ser adquirido al precio que su parte abonó.

2.-Cabe acoger la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el coaccionado, pues el mismo es demandado en razón de haber sido quien ‘ofreció’ el vehículo a la accionante, pero entre tal accionado y la actora no hubo relación contractual alguna; así, además del hecho de que el automóvil se encontraba en el lubricentro de su propiedad, no ha aportado la accionante probanza alguna que acredite que el codemandado ha sido intermediario en la operación.

3.-Es deber del magistrado, antes de entrar a resolver el asunto sometido a su decisión, merituar si quien pretende el reconocimiento de un derecho dentro del proceso es quien se encuentra habilitado específicamente por la Ley para deducir su pretensión; se trata de una actividad del órgano jurisdiccional que procede de oficio con total independencia de la actividad desplegada por las partes durante la tramitación del proceso.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Y VISTOS: Los presentes autos: “ESPÍNDOLA, Mariana del Carmen c/GONZALEZ, Diego Andrés y Otros s/Vicios Redhibitorios” Expte. N°: 1032/14, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 12da. Nominación de Rosario, de los que resulta;

La parte actora Sra. Mariana del Carmen Espíndola, por apoderado -según Poder Especial obrante a fs. 1-, promueve formal Demanda por Vicios Redhibitorios contra los Sres. Diego Andrés González y César Saravia.

Expone que en fecha 10 de Mayo de 2014 su parte adquiere un vehículo automotor marca Renault modelo Kangoo EXP Confort 1.9 AA, Dominio GMQ-510, número de chasis 8A1FC0J158L889451, año 2007, en el “Lubricentro Nico”, explotado por el demandado César Saravia, destacando que en dicho lubricentro el Sr. Saravia ofrece vehículos para la venta, utilizando el espacio físico del lugar para la exhibición de los rodados.

Menciona que el automotor mencionado, si bien fue ofrecido por el Sr. Saravia, pertenecía al co-demandado Sr. Diego Andrés González.

Postula que ambos demandados, al momento de realizar la compraventa del vehículo y aprovechándose del desconocimiento de su parte, declararon que el rodado se encontraba en perfectas condiciones mecánicas y que podía ser utilizado sin preocupación alguna, manifestando que inclusive estaba listo para realizar viajes de larga distancia en cualquier momento, con el riesgo para la integridad física que en la realidad de los hechos implicaba para su familia.

Indica que tomando en cuenta que el vehículo era usado, y que carecía de un conocimiento acabado sobre mecánica, diligentemente volvió a concurrir al lubricentro del demandado Saravia acompañada de un mecánico para que la asesore, quien le manifestó que el vehículo “gasea” un poco pero que no parecía ser nada grave, y que por lo que se podía ver y oír el automotor se encontraba en buenas condiciones generales.

Precisa que el Sr.Saravia -empeñado en llevar a cabo el negocio- le ofreció probar el vehículo, el cual al parecer y en un primer momento aparentaba un buen funcionamiento general, con la carrocería y el interior del rodado en buenas condiciones, por lo que aparentaba haber sido bien cuidado por el propietario.

Puntualiza que cuando se encontraba convencida del “buen” estado del automotor procedió a realizar la operación, documentándola mediante un Boleto de Compraventa, el cual se extendió a nombre de la pareja de la actora Sr. Sergio Aranda.

Explica que en dicho boleto consta la entrega de $ 61.000,00 (Pesos Sesenta y Un mil) al contado, los que se entregaron al Sr. Cesar Saravia.

Esgrime que ya manifestando su mala fe los demandados hacen constar en el Boleto de Compraventa el nombre del padre del Sr. Saravia, a pesar de que fue este último quién lo firmó.

Destaca que fue tanta la confianza y la buena fe de su parte que, habiendo comprado el vehículo en fecha 10 de Mayo de 2014, ya en fecha 12 de Mayo se hizo presente en el Registro de la Propiedad Automotor correspondiente a los fines de realizar la transferencia del rodado a su nombre y de esa manera concluir cordial y rápidamente lo que ella había considerado un negocio cordial y provechoso.

Enuncia que a los efectos de poder realizar el negocio la Sra. Espíndola, junto con su pareja el Sr. Aranda, debieron utilizar todos sus ahorros, así como vender una motocicleta y otro automóvil que poseían, todo ello confiando en los vendedores, viéndose traicionados al darse cuenta que los demandados se habían aprovechado de su buena fe y le habían vendido un vehículo inutilizable, al cual habían “emparchado” los problemas mecánicos sólo a los fines de realizar la venta.

Informa que los daños que le provocaron los demandados no sólo fueron económicos, sino que también repercutieron en distintos aspectos de la vida de la Sra.Espíndola, ya que le generaron serios problemas para conciliar el sueño debido a los nervios provocados por la situación en la que se vió involucrada, así como el estrés constante derivado del hecho de sentirse estafada por los demandados, ello sin contar con lo que hasta el momento ha debido gastar en repuestos y mecánicos para reparar el rodado.

Sostiene que cuando empezó a notar que el vehículo no funcionaba correctamente debido a que perdía una gran cantidad de aceite, decidió hacerlo revisar por un mecánico, para lo cual se contactó con el Sr. Roberto Miguel Sterlin, quien le informó que el vehículo tenía el motor en condiciones extremadamente malas, que no podía precisarle en el momento el costo de las reparaciones pues primero debía abrir el motor, pero que el costo seguramente iba a ser elevado.

Refiere que con el fin de resguardarse legalmente, antes de que el motor sea desarmado para determinar los problemas del mismo, decidió comunicarse con una escribana para que constate las condiciones en las que el automotor se encontraba.

Descubre que en fecha 19 de Mayo del 2014 la escribana Graciela Scalbi se contituyó en el lugar donde se encontraba estacionado el rodado y procedió a constatar el estado del mismo mediante acta que se acompaña.

Insiste que a partir del desarme del motor el mecánico le hizo notar que el mismo había sido “preparado” sólo para resistir algunos kilómetros de funcionamiento correcto, incluso le indicó que había piezas del motor que habían sido pegadas con “fast stick”, un pegamento de uso industrial pero absolutamente inapropiado para ese tipo de uso.

Comenta que debido a todos los daños que poseía el motor, la única alternativa que quedó por delante fue realizar una rectificación completa del mismo, con el enorme costo de lo que ello implica, la que fue realizada por el Sr.Roberto Miguel Sterlin, según factura original acompañada en sobre cerrado y en copia simple en los presentes.

Arguye que ante semejante noticia decidió comunicarse con los hoy demandados con el objeto de informarles la situación e intentar llegar a un arreglo respecto a ello, pero lo único que obtuvo como respuesta fueron negativas absolutas, manifestando los mismos que no tenían ninguna intención de hacerse cargo de los arreglos del vehículo.

Relata que en ese estado de cosas decidió remitirles a los accionados una CD a cada uno con un mismo contenido, la que transcribe posteriormente, remitiéndome por razones de brevedad.

Afirma que recibió respuesta sólo de parte del Sr. González, quien contestó en fecha 09 de Junio de 2014, remitiéndome nuevamente a la transcripción.

Asevera que no le quedó otra alternativa que recurrir a la mediación, y que notificados correctamente los demandados de la misma -designada para el día 29/07/2014- ninguno concurrió, obviamente a raíz de que conocían perfectamente la reprochable conducta que habían tenido para con su parte y no tenían ninguna intención de llegar a arreglo ya que esto les implicaría reconocer lo que habían hecho.

Reseña que no habiéndose presentado a la primera reunión, la mediadora fijó una segunda fecha para el día 12 de Agosto de 2014, la cual es notificada a los accionados mediante cédulas que fueron recepcionadas, y a pesar de ello tampoco se hacen presentes a dicha reunión, lo cual no deja otra alternativa que iniciar la vía judicial.Cita doctrina y jurisprudencia que entiende avalan su pretensión.

Resalta que hasta el momento ha afrontado gastos varios entre la mediación obligatoria que tuvo que transitar, repuestos y mano de obra única para reparar el motor del vehículo, aproximadamente $ 26.000,00, y que todavía se están realizando reparaciones de motorización del rodado por lo cual aún no se puede determinar precisamente cuál será el monto final a reclamar, el cual surgirá de la prueba pericial a rendirse por el perito mecánico.

Estima provisoriamente su reclamo, en cuanto a la reducción del precio pagado por el rodado por la acción “quanti minoris”, en el monto de $ 26.000,00, con más lo que posteriormente se determine a través de la prueba a producir, debiendo adicionarse a dicho momento los daños y perjuicios correspondientes, que surgirán de dichas probanzas.

Funda su derecho en lo establecido en materia de alimentos en el Código Civil, Constitución Nacional y toda otra normativa aplicable (sit.). Ofrece prueba. Reserva caso federal.

Citados y emplazados a estar a derecho, el co-demandado Sr. Diego Andrés González comparece a fs. 36, haciéndolo el co-accionado Sr. César Damián Saravia a fs. 40, ambos por los mismos apoderados.

Corrido el traslado de la demanda, los accionados contestan a fs. 51/53, solicitando el rechazo de la misma, con costas, e interponiendo excepción de falta de legitimación pasiva.

En su escrito de contestación, niegan todos y cada uno de los hechos que no estén expresamente reconocidos por su parte.

Luego, proceden a realizar una negativa de cada hecho en particular, remitiéndome en honor a la brevedad.

Expresan en cuanto a la excepción interpuesta que los demandados Sres. Diego Andrés González y Sr. César Damián Saravia no participaron en el acto de compraventa entre la actora y el Sr. Oscar Saravia, y por ende no son las personas habilitadas por la ley para ocupar el cargo de demandado en la presente acción-pretensión.

Postulan que el Sr.Diego González vendió al Sr. Oscar Saravia el vehículo en cuestión mediante boleto de compraventa, como se puede apreciar con la documentación acompañada por la propia actora -Boleto de Compraventa-.

Describen que no existe ningún tipo de vinculación contractual entre la actora y los demandados, y que el rodado estaba en perfecto estado de uso, conservación y en buen estado de funcionamiento.

Precisan que, además de nada tener que ver con la presente acción esgrimida por la actora en su contra, no tenían ningún tipo de conocimientos de vicios redhibitorios que la actora les achaca.

Resaltan que la propia actora hizo revisar con un idóneo el automotor, y el mismo le dijo que estaba en buen estado, y en base a ello lo adquirió, agregando que el Boleto de Compraventa suscripto refiere que la parte adquiriente conoce del estado del vehículo y lo compra en el estado en que se encuentra.

Sostienen que en el momento de efectuarse la compraventa el rodado se encontraba en buen estado de funcionamiento, y si tuvo algún problema fue posterior a la venta y cuando estaba siendo usado por la propia actora.

Corrido que fuera el pertinente traslado, la actora contesta la excepción interpuesta a fs. 57/58, solicitando se rechace la misma con costas.

Explica que tal como puede observarse en la copia de la cédula verde que fuera acompañada como documental junto con la demanda, el vehículo en cuestión pertenecía al demandado en autos Sr. Diego Andrés González, quien siendo el titular registral del vehículo al momento de realización de la compraventa tiene una responsabilidad objetiva directa.

Entiende que es un principio básico de los derechos reales y registrales el hecho de que para que se produzca la transferencia de dominio es menester que los títulos de transferencia accedan al Registro y se inscriban en él.

Enuncia que hasta tanto esto no ocurra, la responsabilidad objetiva, impuesta por la misma ley, persistirá en cabeza del titular registral, en este caso el Sr.Diego Andrés González, razón por la cual esta parte entiende que se encuentra perfectamente demandado y debe responder por los daños y perjuicios ocasionados a su parte, rechazándose por lo tanto la excepción.

Considera que siendo el dueño del vehículo el Sr. González debía conocer perfectamente los vicios del rodado que le vendía, algo que nunca informó, ocultándolo en muestra de su total mala fe al momento de celebración de la compraventa.

Indica que el Sr. César Saravia es reconocido en el ambiente en el que se desenvuelve por la intermediación en la compraventa de vehículos automotores, siendo ésta persona quien le ofreció el vehículo, al cual lo exhibía en el lubricentro de su explotación personal denominado “Lubricentro Nico”.

Ilustra que de esta manera el Sr. Saravia, sin contar con ningún tipo de habilitación para la realización de dichos negocios, utiliza el espacio físico de su lubricentro para ofrecer además como servicio la compraventa de automotores.

Detalla que fue dicha persona quien llevó adelante toda la operación, y en una muestra de total mala fe pretendió desligarse de responsabilidad, haciendo figurar en el boleto de compraventa el nombre de su padre Oscar Saravia, a pesar de que quien realmente lo firmó fue el mismo César Saravia.

Abierta la causa a prueba a fs. 61, la actora la ofrece a fs. 65, haciéndolo la accionada a fs. 68.

Proveídos los ofrecimientos de prueba -vid. fs. 71-, a fs. 82/83 y fs. 87 obran actas de audiencia donde se procede a su producción.

A fs. 79 se realiza el sorteo de perito mecánico, quien acepta el cargo a fs. 90 y presenta pericial mecánica a fs. 92/97

Clausurado el período probatorio y corrido el traslado a las partes para alegar, la accionante lo acompaña a fs. 104/105 y la demandada a fs. 107.

Llamados autos para sentencia a fs. 114, encontrándose el decreto firme, éstos obrados han quedado en estado de dictar definitiva.

Y CONSIDERANDO:1. Trabada la litis en los términos expuestos, corresponderá analizar los hechos y el derecho aplicable en la especie.

La actora pretende con la presente acción se condene a la parte demandada Sres. Diego González y César Saravia al pago de la suma de $ 26.000,00 en concepto de vicios redhibitorios sobre el vehículo descripto supra, con más el daño moral que estime este tribunal.

La parte accionada contesta oponiendo al progreso de la presente excepción de falta de legitimación pasiva, sosteniendo que los derechos sobre el vehículo fueron adquiridos del Sr. Ramón Saravia, padre de uno de los demandados, quien fuera el que firmó el boleto de compraventa.

2. Cuestión Premilinar – Legislación aplicable: Corresponderá determinar -en primer término- la ley aplicable en el caso en estudio, atento a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyCN) aprobado por Ley N° 26.994, circunstancia sobreviniente que conlleva un conflicto de derecho transitorio que se produce cuando un hecho, acto o relación jurídica se prolonga en el tiempo durante la vigencia de dos o más normas; estamos ante hechos, relaciones o situaciones in fieri -que no se agotan instantáneamente- que duran en el tiempo o que su realización, ejecución, liquidación o consumación demandan tiempo, por lo que al inicio (al concertarse o al nacer) caen bajo el imperio de una norma y al realizarse las prestaciones (o agotarse las consecuencias o efectos de aquellas relaciones o situaciones jurídicas, de la o las siguientes o sucesivas) caen en otras.

Señala la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci que no es tan importante la distinción entre situación y relación jurídica (porque ambas se rigen por las mismas reglas), sino las fases en las que éstas se encuentran al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley, citando a Roubier, quien sostuvo que toda situación jurídica pasa por dos fases:una dinámica que corresponde al momento de su constitución y de su extinción y una fase estática que se abre cuando esa situación produce sus efectos, aclarando que el uso de las expresiones dinámica y estática no es demasiado clara.

Sentado ello, advierte este sentenciante que en la especie se traba la litis el 4 de Febrero de 2015, debiéndose aplicár las reglas que versan sobre esta materia en el Código Civil Velezano vigente atento a que los hechos enunciados en dicha traba son los que determinan la aplicación de la ley vigente al momento del hecho; en cambio, “los efectos o consecuencias aún no producidos, caen bajo la nueva ley por aplicación inmediata, sin retroactividad”, así como los que no se hubiesen consumado, latentes o en curso de cumplimiento, (como ser en materia de quantum de las indemnizaciones, si correspondieren, y sus correlativos intereses), cuando la nueva ley anula o modifica, acrece o disminuye los efectos en curso in fieri de las relaciones o situaciones jurídicas, sólo en lo que respecta a las consecuencias no agotadas y que se agotarán con el cumplimiento de esta sentencia y los que se producen después de su entrada en vigor.

” Cabe entonces analizar si tanto la actora como la accionada se encuentran legitimadas para entender en el proceso.

Tradicionalmente se ha definido la legitimación ad causam como la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley le concede la acción -legitimación activa- y la identidad de la persona del demandado contra la cual la acción es concedida -legitimación pasiva-.

Esta relación de identidad lógica entre el efectivo titular de la acción y la persona que concretamente la ejercita, se expresa acabadamente a través de la noción de cualidad, que indica un modo de ser del derecho de acción:la relación en que se encuentran uno o más sujetos con la acción intentada.

Es deber del magistrado, antes de entrar a resolver el asunto sometido a su decisión, merituar si quien pretende el reconocimiento de un derecho dentro del proceso es quien se encuentra habilitado específicamente por la ley para deducir su pretensión. Se trata de una actividad del órgano jurisdiccional que procede de oficio con total independencia de la actividad desplegada por las partes durante la tramitación del proceso.

En este sentido señala Arazi que “la calidad o legitimación para obrar es un requisito que el juez debe examinar previamente a la entrada en la pura sustancia del asunto. No opuesta la excepción, igualmente el juez tiene que examinar de oficio el tema porque se trata de una típica cuestión de derecho”.

Al progreso de los presentes la parte demandada interpone excepción de falta de legitimación pasiva para ambos accionados, sosteniendo que no fueron quienes contrataron con la hoy accionante, correspondiendo decidir sobre su procedencia por separado.

La falta de legitimación para obrar procede cuando el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades, con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso.

En efecto, mediante la misma, se controvierte la existencia de la legitimatio ad causam, o sea, que quien demanda o aquél contra quién se demanda, no revisten la condición de personas idóneas por la ley para discutir el objeto sobre que versa el litigio.

En relación al co-demandado Sr. César Saravia, se deduce que el mismo es demandado en los presentes en razón de haber sido quien “ofreció” el vehículo a la accionante -según sus dichos-.

Al respecto conviene destacar que entre tal accionado y la actora no hubo relación contractual alguna, situación reconocida incluso por la Sra. Espíndola.A mayor abundamiento, además del hecho de que el automóvil se encontraba en el lubricentro de su propiedad, no ha aportado la accionante probanza alguna que acredite que el Sr. Cesar Saravia ha sido intermediario en la operación, por lo que corresponderá admitir la excepción interpuesta en relación a dicho co-demandado.

Con respecto al co-accionado Sr. Diego Andrés González, he de precisar que el mismo era titular registral del vehículo al momento de la adquisición del mismo por la actora, y fue él quien otorgó la transferencia del vehículo a favor de la Sra. Espindola. En este sentido, y siendo que la inscripción registral tiene efecto constitutivo -es decir, aún habiendo título de venta y tradición, estos no bastan para transmitir el derecho real, con lo que antes de la inscripción no se opera la transmisión del dominio-, con ello queda consentida la calidad de dueño del hoy accionado con respecto al vehículo al momento de la adquisición por parte de la actora.

Conforme lo expresado, corresponderá rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva con respecto al co-demandado Sr. Diego Andrés González, procediendo la acción contra éste en los presentes.

“Adentrándonos en el análisis de la cuestión de fo ndo, de las constancias de autos se desprende -atento el expreso reconocimiento de las partes- que la actora ha adquirido el vehículo descripto supra, siendo el mismo transferido a su favor.

La misma solicita se le abone el monto de $ 26.000,00 -en valor aproximado- en virtud de poseer el automotor adquirido vicios redhibitorios, que aduce estaban ocultos al momento de efectuar la compra.

Los vicios redhibitorios son los defectos ocultos de la cosa, existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan impropia para su destino, si de tal modo disminuyen el uso de ella que de haberlos conocido el adquiriente, no la habría adquirido, o habría dado menos por ella (Conf. art.2164 Código Civil).

De allí que el vicio, en orden a ser posible un posterior reclamo monetario por su existencia, no debe haber sido conocido por el adquirente al tiempo de la adquisición del bien.

Al respecto el mismo Código Civil Velezano dispone en su art. 2170 que “El enajenante está también libre de la responsabilidad de los vicios redhibitorios si el adquiriente los conocía o debía conocerlos por su profesión u oficio”.

Es así, puesto que para que proceda la acción debe tratarse de un adquiriente de buena fe (art. 1198), que actúe diligentemente de acuerdo a sus condiciones personales.

“El adquiriente que debía haber conocido los defectos no puede alegar el error para librarse de responsabilidad pues ha obrado negligentemente, y la culpa inhibe el funcionamiento de la teoría del error pues impide que el mismo sea excusable.”.

Así las cosas, de los elementos probatorios aportados a la causa se desprende que la actora en un primer momento -en su escrito de demanda- describe haber hecho revisar el vehículo por un mecánico de su confianza para que la asesore en la compra, expresando que dicho mecánico le manifestó que el vehículo “gasea” un poco pero que no parecía ser nada grave y que por lo que se podía ver y oír el automotor se encontraba en buenas condiciones generales -vid. fs. 26 vta.-.

Ahora bien, la propia actora contradice sus afirmaciones en la absolución de posiciones -fs. 82 vta.- cuando al ser preguntada “Para que diga como que es cierto que el mecánico que Ud. llevó a revisar el vehículo le dijo que estaba en buenas condiciones” la misma respondió “Es cierto que fueron a verla antes de comprarla, el mecánico dijo que a él no le cerraba, que no le convencía. Fue el mecánico con mi marido, yo no fui” (Posición N°: 7).

El mismo mecánico Sr. Alberto Leonardo Chill fue citado a testificar por la misma actora -vid. acta de fs. 82/83-, manifestando:”.le digo que levante el capot para revisar el motor, saco la tapa de aceite, veo que gasea, que tira humo, saco la varilla del aceite con el motor en marcha y tira humo, eso no es normal. Luego de ello, Sergio el marido de Mariana, me pidió un consejo, Cesar no estaba al lado, y le digo que no me convence este motor, porque como mecánico yo no lo compro para mí por el motor, él me pidió un consejo y le digo que no la compre, y a partir de ahí se terminó mi actuación, yo luego me fui. Le dije que no la comprara que el motor estaba complicado” (Posición N°: 2).

Luce acertado señalar, que la jurisprudencia ya se ha expedido desde antaño y en forma mayoritaria que, si bien el juez tiene el deber de apreciar la prueba, ello no implica la obligación de referirse en detalle a cada uno de los elementos aportados, sino de seleccionarlos a fin de fundar el fallo en los más eficientes. Es que no existe imposición de meritar todas y cada una de las pruebas arrimadas pues se halla dentro de las facultades legalmente regladas, la de preferir uno sobre otros sin siquiera hacer mención de estos últimos, cuando no resulten relevantes para dilucidar la cuestión litigiosa.”Los jueces no están obligados a ponderar una por una exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni tampoco a tratar todas las cuestiones expuestas, ni analizar los argumentos utilizados a que a su juicio no sean decisivos”.

El conjunto de coincidencias aquí analizado hace a mi convicción de que la actora, hoy reclamante en autos, no sólo “debía” conocer el vicio del vehículo, sino que efectivamente tenía conocimiento del mismo, o al menos de que el rodado no estaba en buenas condiciones generales como para ser adquirido al precio que su parte abonó. Sentado ello, carece de relevancia la ponderación de los otros elementos probatorios obrantes en autos.

Conforme lo expresado, considerando que la Sra. Espíndola tenía conocimiento de las condiciones del automotor previo al perfeccionamiento de su venta, corresponderá rechazar la acción interpuesta.

5. Costas: En principio, sólo en caso de que en el expediente haya logrado demostrarse que una de las partes ha resultado vencida con respecto a la otra, en términos objetivos, o que, en su defecto, resulta de las constancias de a autos, que sólo una de ellas dio origen a la existencia de un expediente jurisdiccional se puede considerar como contrario a la lógica que las costas devengadas, frente al silencio del judicante, deban entenderse en el sentido de que su pago no se impone en el orden causado.

En el caso de que el pleito hubiera sido innecesariamente planteado, las costas habrán de imponerse a la parte actora; por el contrario, en el caso de demostrar las que la acción fue necesaria para o tener una declaración sobre una situación jurídica que, de otra manera, hubiera quedado en situación de incertidumbre, las costas deberán cargarse a quien determinó la necesidad de ser demandado.En relación a las excepciones interpuestas, atento al resultado favorable de una y el rechazo de la otra, corresponderá la compensación de las costas generadas por las mismas, ello en concordancia con lo dispuesto en el art. 252 del CPCC en cuanto reza:”Si el resultado del pleito fuere parcialmente favorable para ambos litigantes, las cosas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en propoprción al éxito obtenido por cada uno de ellos.”.

Jurisprudencialmente se ha sostenido:”Si median vencimientos recíprocos de análoga entidad, las costas deben distribuirse en el orden causado o compensarse, correspondiendo esa decisión sólo al juez y no a las partes”.

Con respecto a la cuestión de fondo, atento el resultado del pleito, las costas del presente juicio deberán estar en su totalidad a cargo de la actora (conf. art. 251 CPCC).

Por lo expuesto;

FALLO: I) Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva del co-demandado Sr. César Saravia;

Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva respecto del co-demandado Sr. Diego Andrés González;

Rechazar la demanda interpuesta;

Costas según los precedentes considerandos (art. 251 y 252 CPCC);

Diferir la regulación de honorarios hasta tanto los profesionales actuantes acompañen copia de sus incripciones ante la AFIP;

Insértese y hágase saber.