La CNRT debe reintegrar la suma cobrada en concepto de multa pues ha reconocido que la sanción fue aplicada por error

Partes: FJW S.A. de Transporte c/ CNRT s/ secretaria transporte – Ley 21844

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 1-feb-2018

Cita: MJ-JU-M-109005-AR | MJJ109005 | MJJ109005

 

La CNRT debe reintegrar a la firma actora la suma cobrada en concepto de multa pues ha reconocido que la sanción fue aplicada por error.

 

Sumario:

1.-Corresponde declarar la nulidad de la disposición que impuso la sanción y ordenar el reintegro de la suma abonada por la parte actora, toda vez que la infracción imputada, consistente en el transporte de carga peligrosa sin cumplir con la reglamentación a tal efecto, pues el organismo demandado reconoce haber incurrido en un error al sancionarla, pues no se han configurado las infracciones sindicadas en el acto administrativo aquí impugnado.

2.-Se juzga que se ha violado el procedimiento esencial legalmente previsto provocando una clara afectación al derecho de defensa y al debido proceso adjetivo, configurando una hipótesis de nulidad absoluta, no subsanable por la eventual fiscalización judicial del acto administrativo impugnado, por no haber existido comunicación formal alguna a la empresa, pues quien fue notificado del Acta de Comprobación fue el conductor del vehículo; máxime siendo que no hay constancia fehaciente que permita afirmar con certeza que la empresa actora haya podido tener conocimiento de los cargos formulados en tiempo oportuno para ejercer su defensa.

Fallo:

Buenos Aires, 1 de febrero de 2018.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que, por presentación de fs. 2/5vta., FJW S.A.T. interpone recurso de apelación directa contra la Disposición S.I.F.A.M. Nº 4853 de fecha 29/09/2016. Solicita su revocación con expresa imposición de costas y, asimismo, que se ordene la devolución de la suma de $31.080 -abonados en concepto de multa- con más los intereses corridos desde la fecha del depósito hasta su efectiva percepción.

Y, al efecto, sustancialmente postula: (a) que el gendarme actuante procedió a incautar los discos del tacógrafo sin otorgar recibo ni firma en el Acta de Comprobación P Nº 00031255; que los discos del tacógrafo son de propiedad de la empresa, constituyen un elementos de control para el seguro de responsabilidad y también para el control de personal de conducción y su requisa puede hacerse por una orden judicial en situaciones de emergencia en que se justifica este excepcional proceder; que la aseveración de supuestas “deficiencias” es falsa; que el tacógrafo se encontraba instalado y funcionando; (b) que se incurrió en dos contradicciones: se afirma que el conductor adopta en caso de accidente, avería u otro hecho que provoque la inmovilización del vehículo las medidas de seguridad y protección indicadas en la Ficha de Intervención y tres líneas debajo se afirma que la unidad está desprovista de equipamientos para situaciones de emergencia y, por otra parte, se imputa la realización del transporte con más de una unidad remolcada cuando en la misma Acta solamente se hace constar dos vehículos (un tractor y un semirremolque); (c) que el vehículo no fue retenido y continuó su viaje, prueba que no había ninguna infracción; (d) que el Acta de Comprobación y su anexo no constituyen una concesión de vista (art.23 del decreto nº 253/95), imputación de cargos, citación a producir descargos o a allanarse a los mismos solicitando una quita del 60% de las penas, porque no están notificados a la empresa; que, si bien es cierto que las Actas de Comprobación pueden hacer plena prueba, ello está sujeto a las siguientes condiciones: que se otorgue el plazo de cinco días para allanarse o producir descargos y que sean suficientemente notificadas al imputado; que en el Acta de Comprobación se notifica al chofer de la unidad y no a la empresa siendo que la empresa es la que resultaría responsable de las supuestas infracciones y, por otra parte, la unidad se dirigía a la República de Chile y no a la sede de la compañía y que el instructor sumariante incumplió con las obligaciones que le impone el art. 15 del decreto nº 253/95.

II.- Que, sustanciado el recurso de apelación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte lo contesta a fs. 46/53 y, al respecto y en cuanto aquí interesa, manifestó: (a) que debe dejarse sin efecto la multa impuesta de tres unidades de gasoil por incumplir lo previsto en el art. 44 -por transportar mercancías peligrosas en vehículos desprovistos de equipamiento para situaciones de emergencia o de equipamiento de protección individual recomendado para el producto transportado- debido a que el inspector actuante consignó, para dicha inconducta, la palabra “NO”, correspondiendo marcar -según se consigna en el acta- la situación que efectivamente corresponda, es decir que si la conducta tipificada era comprobada debía -contrariamente a lo que sucedió- indicar o tachar la palabra “SI”; (b) que idéntica situación se presenta con la sanción de multa de 10 unidades de gasoil por incumplir lo previsto en el art.43 -por realizar transporte de cargas peligrosas que se efectuare en unidades de transporte con más de un remolque o semirremolque-, ya que el inspector actuante, frente al supuesto previsto para la conducta tipificada consignó la palabra “NO”, cuando de comprobarse la irregularidad debía haber tildado la palabra “SI” y; (c) que fue efectivamente constatada la tercera infracción relativa a los discos del tacógrafo.

III.- Que, preliminarmente, es oportuno recordar que el Tribunal no está obligado a seguir a los recurrentes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “Torre, Hugo c/ CPACF”, del 8/2/07; “Marroquín de Urquiola Ignacio Francisco c/ EN-Mº del Interior Prefectura Naval Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, del 19/7/07; “Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN- PFA y otro s/ daños y perjuicios”, del 11/10/07; “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento” , del 29/5/98; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986” , del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc. Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar autónoma” , del 21/10/10, entre otros).

IV.- Que, ahora bien, cabe destacar que la propia demandada reconoce -en la réplica al recurso de autos- que ha incurrido en un error al haber sancionado a F.J.W. S.A.T. -por Disposición SI.F.A.M. Nº 4853/2016- con una multa de tres unidades de gasoil por incumplimiento al art. 44 y con una multa de diez unidades de gasoil por incumplimiento al art. 43.Nótese que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte manifiesta que debe dejarse sin efecto dichas sanciones debido a que -en el caso- no se han configurado las infracciones sindicadas en el acto administrativo aquí impugnado.

V.- Que, a continuación y en lo concerniente a la restante sanción aplicada -esto es, una multa de siete unidades de gasoil, por incumplir lo previsto en el art. 42 por realizar transporte de cargas peligrosas en vehículos cuyo elemento registrador de operaciones se encuentre en mal funcionamiento-, corresponde atender al planteo de nulidad formulado -por F.J.W. S.A.T.- respecto del Acta de Comprobación Nº P – 00031255 -cuya copia luce glosada a fs. 15/16-.

Y, al efecto, se debe advertir que no puede válidamente considerarse como “notificación suficiente”, en los términos del art. 25 del régimen de penalidades por infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de transporte por automotor de jurisdicción nacional -aprobado por decreto nº 253/95-, la firma del chofer en el anexo del Acta de Comprobación Nº P – 00031255, respecto de lo cual no hay constancia fehaciente de que haya sido subsanada por el instructor del sumario -esto es, haberle corrido vista de las actuaciones a la empresa apelante-, negándosele de ese modo, el derecho de defensa y a ofrecer pruebas -nótese que las copias remitidas por la C.N.R.T. contienen una pretendida cédula de notificación de vista de cargos dirigida a la empresa empero sin constancia de haber sido efectivamente notificada a la aquí actora además de que consigna la fecha 28/09/2016 y el acto administrativo sancionatorio se dictó al día siguiente (confr. fs. 21/23, fs. 72/73 y fs. 83/84- (conf. esta Cámara, Sala I, causa nº 7811/2014, “Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ CNRT s/ recurso directo de organismo externo”, del 28/04/2015).

Cabe insistir en que pesaba sobre la C.N.R.T.la obligación de dirigir la comunicación de la infracción presuntamente cometida -notificando la existencia del Acta o, en su defecto, la instrucción del sumario- a la empresa actora (conf. precedente de la Sala I de esta Alzada, citado ut supra). En tales condiciones, es evidente que no ha existido comunicación formal alguna al recurrente y que quien fue notificado del Acta de Comprobación fue el conductor del vehículo, sin que exista una constancia fehaciente que permita afirmar con certeza que F.J.W. S.A.T. haya podido tener conocimiento de los cargos formulados en tiempo oportuno para ejercer su defensa. Por ello, se concluye en que, en el caso, se ha violado el procedimiento esencial legalmente previsto provocando una clara afectación al derecho de defensa y al debido proceso adjetivo, configurando una hipótesis de nulidad absoluta, no subsanable por la eventual fiscalización judicial del acto administrativo impugnado.

VI. Que, ello así y en atención a lo demás solicitado por la parte actora y en la medida en que en las presentes actuaciones consta el pago total de las sanciones de multa impuestas por el acto administrativo aquí apelado (confr. fs. 7/8), corresponde ordenar que la parte demandada reintegre -a la recurrente- la suma abonada, con más los intereses correspondientes desde la fecha del depósito calculados a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina (confr. art. 10 del decreto 941/91 y art. 8, segundo párrafo, del decreto nº 529/91), capitalizable mensualmente, hasta su efectivo pago. En virtud, entonces, de las consideraciones formuladas en la presente, SE RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación directa interpuesto en autos por F.J.W. S.A.T. y, en consecuencia, declarar la nulidad de la Disposición SI.F.A.M. Nº 4853/2016, ordenando el reintegro de la suma abonada por la parte actora en los términos del considerando VI de la presente; con costas a la parte demandada (conf. art.68, primer párrafo, del Código Procesal).

Teniendo presente la naturaleza y resultado del litigio, la calidad y eficacia de la gestión profesional, la etapa cumplida y la circunstancia de que la Sala ha declarado reiteradamente que los emolumentos que corresponde fijar a los profesionales y auxiliares de la justicia deben traducir -aún en los juicios de monto exiguo e inclusive sin monto- una justa retribución de las tareas desplegadas compatible con la dignidad en el ejercicio profesional, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte actora -Dres. Mario Romero y Federico Carlos Romero- en la suma de pesos.-$.- en conjunto (arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo.

Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días corridos de notificados (art. 49 de la Ley de Arancel).

En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa de Asignaciones de la Secretaría General de la Cámara. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite.

Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívense.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO G FERNANDEZ