Deben resolverse por una pericia arbitral los conflictos entre comprador y vendedor por los vicios o defectos de las cosas vendidas

Partes: Audiovisual Systems Sociedad Anónima c/ Honorato Daniel Osvaldo s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 28-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108804-AR | MJJ108804 | MJJ108804

Los conflictos suscitados entre comprador y vendedor por los vicios o defectos de las cosas vendidas, deben ser determinados por una pericia arbitral.

Sumario:

1.-El art. 476 del CCom. enfáticamente prescribe que ‘…Los vicios o defectos que se atribuyan a las cosas vendidas., serán siempre determinadas por peritos arbitradores, no mediando estipulación contraria.’. De tal suerte, toda contestación que se suscite entre comprador y vendedor respecto de vicios, defectos o diferencia de calidades debe ser determinado, salvo pacto en contrario, por una pericia arbitral

2.-La dilucidación de si el vicio que presentó la partida adquirida por la actora fue de aquellos que, en los términos del art. 472 del CCom., deben ser reclamados dentro de los tres días inmediatos a la entrega de la cosa vendida, o si por el contrario fue de aquellos que, según lo prescripto por el art. 473( ) del mismo código, admiten ser calificados como ‘internos’ o que ‘no pudieren percibirse por el reconocimiento que se haga al tiempo de la entrega’ y que, por tanto, pueden ser reclamados durante un plazo -fijado por el arbitrio judicial- no mayor a seis meses, y también debe encararse, necesariamente, a través de una pericia arbitral, tal como lo ordena el art. 476 de la Ley Mercantil.

3.-La pericia arbitral es un medio específico, insoslayable, insustituible y vinculatorio para el juez, ya que lo dispuesto por el art. 476 del CCom. implica el establecimiento de un procedimiento legal o, más bien, el establecimiento de una ‘prueba legal’, que, como tal, no puede ser reemplazada por ninguna otra, ya que ella es el camino legalmente contemplado para zanjar este tipo de controversias en materia de compraventa comercial.

4.-La previsión del art. 476 del CCom. hace ineludiblemente procedente la pericia arbitral regulada por el art. 773 del CPCCN. Así pues, siendo imperativo lo dispuesto por el art. 476 del CCom., una vez que es rechazada la cosa vendida corresponde al adquirente hacerla reconocer, sin más, por peritos arbitradores; y de mediar falta de colaboración de la otra parte, debe acudir a la vía judicial para que mediante la convocatoria a una audiencia, los contratantes acuerden el nombramiento de peritos árbitros, bajo apercibimiento de efectuarse de oficio su designación

5.-Tratándose el peritaje arbitral exigido por el art. 476 del CCom. de una ‘prueba legal’, la prueba de testigos regulada por los arts. 426 a 456 del CPCCN. no puede sustituirlo, pues dicho carácter de ‘prueba legal’ hace que ella sea impuesta al juez de tal modo que no le deja libertad de elección de otra prueba distinta, a punto tal que, incluso, no podría el magistrado valorarla en razón de la fuerza de convicción de que está dotada en concreto, sino que debe limitarse a constatar su resultado y, si este último se corresponde con el modelo previsto por la Ley, deducir el efecto jurídico que corresponda.

6.-La omisión incurrida por la actora en la producción del peritaje arbitral previsto por los arts. 476 del CCom. y regulado por el 773 del CPCCN. impide, en síntesis, determinar fehacientemente la existencia de los vicios invocados. En rigor, la omisión de la referida ‘prueba legal’ conlleva a no tener por debidamente probada la existencia de vicio alguno en las cosas vendidas por el demandado por lo que la acción debe ser rechazada por falta adecuada de la prueba del daño.

7.-Frente a la ausencia del laudo de peritos arbitradores, debe entenderse que la cosa vendida era ‘de recibo’, incumbiendo a la demandante cargar con las consecuencias de su propia conducta discrecional consistente en no haber instado la vía prevista por el art. 773 del CPCCN., toda vez que surgido el conflicto con relación a la calidad de las cosas vendidas y habiendo sido estas ya recibidas por la compradora, la carga de la debida prueba de ese extremo corresponde a la parte adquirente. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a 28 de diciembre de 2017, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “AUDIOVISUAL SYSTEMS S.A. c/ HONORATO, DANIEL OSVALDO s/ORDINARIO”, registro n° 36604/2013, procedente del JUZGADO N° 23 del fuero (SECRETARIA N° 45), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Heredia, Vassallo, Garibotto.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor Heredia dijo:

1°) Audiovisual Systems S.A. promovió demanda contra Daniel Osvaldo Honorato reclamando un resarcimiento por daños y perjuicios. Al efecto, relató que en el marco de su giro comercial adquirió al demandado 150 remeras por la suma total de $ 7.260, para ser utilizadas por su personal técnico a los fines de cubrir eventos de gran envergadura. Refirió que los artículos comprados debían ser de manga corta, color negro, bordadas y estampadas con la tipografía de la empresa actora, pero que al “.recibirse el lote de remeras pudo comprobarse que.se encontraban con errores de impresión del logo de la marca de AVS, mala calidad, encogimiento de las prendas que de manera alguna se correspondían con los talles que se habían solicitado, y el estampado blanco (impresión plástica) resquebrajado, lo cual por su mala calidad hacen las remeras descartables ya que no soportan un solo lavado.”. Explicó que, por lo expuesto, los eventos para los cuales se habían adquirido las remeras “debieron cubrirse sin prenda alguna que pudiere identificar al personal.” de la empresa. Frente a ello, dijo haberle efectuado los reclamos pertinentes al accionado, de forma personal y vía telefónica, sin obtener el reemplazo de las prendas ni la devolución del dinero pagado por ellas.Reclamó, en definitiva, se condene al demandado al pago de $ 30.000, más intereses y las costas del juicio (fs. 30/34).

Daniel Osvaldo Honorato contestó demanda reconociendo la relación contractual habida con la actora, más sosteniendo haber cumplido “. su obligación de buena fe, ya que entregó la mercadería acordada, con la calidad habitual.”. Pidió el rechazo de la acción entablada, con imposición de costas a la demandante (fs. 42/43).

2°) La sentencia de primera instancia, previa aclaración de que correspondía aplicar en el caso el derecho anterior a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en razón de lo dispuesto por su art. 7°, sostuvo que había recaído sobre la actora la carga de acreditar los vicios o defectos invocados y que, de conformidad con lo previsto por el art. 476 del Código de Comercio, la existencia de tales vicios debía ser determinada por peritos arbitradores.

Bajo ese entendimiento y advirtiendo que la actora no había rendido ese específico medio probatorio, juzgó que la mercadería vendida debía entenderse como “de recibo” y, en consecuencia, rechazó la demanda, con costas (fs. 125/127).

Contra esa decisión apeló la demandante (fs. 128), quien presentó el memorial de agravios obrante a fs. 135/137, que no mereció respuesta.

3°) En su apelación, cuestiona la actora la aplicación por la juez a quo del art. 476 del Código Procesal, que transcribe.

Se trata de un innegable error de la recurrente, pues la norma referenciada por la magistrada de la instancia anterior fue el art. 476 del Código de Comercio. Por cierto, lo dispuesto por este último precepto y su doctrina interpretativa es completamente ignorado en el memorial de fs. 135/137.

Así las cosas, los argumentos vertidos por la recurrente con relación a la inaplicabilidad del art. 773 del Código Procesal y a la previsión del art. 516 del mismo cuerpo legal (fs.135 vta./136), resultan inaudibles pues no importan una crítica concreta y razonada del fallo cuestionado (arts. 265 y 266 del Código Procesal).

Podría este voto terminar aquí declarando la deserción del recurso.

Sin embargo, para dar la más amplia respuesta jurisdiccional todavía diré lo siguiente.

Sostiene la apelante que el único testimonio que ofreció (fs. 92/94) resultaría suficiente a fin de tener por acreditado lo invocado en la demanda, agregando que lo declarado por el testigo no fue refutado por el accionado (fs. 136 y vta.). Asimismo, sostiene que la sentencia de primera instancia incurrió en un exceso ritual manifiesto “. toda vez que la aplicación irracional del juicio arbitral se opone a la finalidad buscada por el mismo.” y que debería primar el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva (fs. 136 vta./137 vta.).

En punto a esto último cabe observar, ante todo, otro error de la recurrente, cual es confundir la pericia arbitral con un juicio arbitral. Son categorías próximas, pero diferentes (conf. Fenochietto, E. y Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Buenos Aires, 1987, t. 3, p. 505).

Dicho ello, juzgo que lo demás expuesto por la apelante no alcanza para conmover los fundamentos del fallo de primera instancia.

La actora no acreditó adecuadamente el presupuesto de hecho fundante de su reclamo. En efecto, no probó que el logo de las remeras fuera distinto al que dijo haber encargado. Tampoco probó que las remeras fueran de mala calidad, que se hubieran encogido al primer lavado, ni que la parte blanca del logo estuviera resquebrajada. Y nada de ello lo hizo del único modo autorizado por la ley para casos como el presente.

Me explico.

Como lo ha expuesto esta Sala en anteriores oportunidades (véanse mis votos en los autos “Mendoza Hnos. S.R.L. c/ Alusud Argentina S.R.L. s/ ordinario” , sentencia del 11/5/2011 y en los autos “Gisler Rodolfo Ernesto c/ Carlos Termini S.R.L. y otro s/ ordinario”, sentencia del 9/10/2014), el art.476 del Código de Comercio enfáticamente prescribe que “.Los vicios o defectos que se atribuyan a las cosas vendidas., serán siempre determinadas por peritos arbitradores, no mediando estipulación contraria.”.

De tal suerte, toda contestación que se suscite entre comprador y vendedor respecto de vicios, defectos o diferencia de calidades debe ser determinado, salvo pacto en contrario, por una pericia arbitral (conf. CNCom. Sala C, 29/6/1984, “Corupel S.A. c/ Laboratorios Promeco S.A.”). Así también, la dilucidación de si el vicio que presentó la partida adquirida por la actora (puntualmente, en lo que refiere a que la parte blanca del logo estaba resquebrajada) fue de aquellos que, en los términos del art. 472 del Código de Comercio, deben ser reclamados dentro de los tres días inmediatos a la entrega de la cosa vendida, o si por el contrario fue de aquellos que, según lo prescripto por el art. 473 del mismo código, admiten ser calificados como “internos” o que “no pudieren percibirse por el reconocimiento que se haga al tiempo de la entrega” y que, por tanto, pueden ser reclamados durante un plazo -fijado por el arbitrio judicial- no mayor a seis meses, y también debe encararse, necesariamente, a través de una pericia arbitral, tal como lo ordena el art. 476 de la ley mercantil.

Tal pericia arbitral es un medio específico, insoslayable, insustituible y vinculatorio para el juez (conf. CNCom. Sala C, 11/6/1984, “Zumos S.R.L. c/ Ro-Dia S.R.L.”; íd. Sala C, 28/7/1989, “Rolling Forms c/ Diseco S.A. s/ sumario”). En otras palabras, la designación de peritos arbitradores es ineludible (conf. CNCom. Sala A, 14/2/1985, “Molduper S.C. c/ Flamex Talamoni S.A.”; íd. Sala C, 4/6/1984, “Associated Metals & Minerals Co. c/ Gurmendi S.A.”), ya que lo dispuesto por el art. 476 del Código de Comercio implica el establecimiento de un procedimiento legal (conf. CNCom. Sala C, 28/7/89, “Rolling Forms c/ Diseco S.A.s/ sumario”) o, más bien, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta cámara, el establecimiento de una “prueba legal” (conf. CNCom. Sala B, 13/12/1984, “Aserradero Martín Fierro S.A. c/ Marchand S.R.L.”; íd. Sala B, 23/8/1990, “Delty S.A. c/ Fun S.A. s/ ordinario”), que, como tal, no puede ser reemplazada por ninguna otra, ya que ella es el camino legalmente contemplado para zanjar este tipo de controversias en materia de compraventa comercial (conf. CNCom. Sala B, 29/12/2008, “Establecimiento Rural Indígena S.A. c/ Cavero, Oscar s/ ordinario”; íd. Sala D, 5/12/1995, “Directo S.R.L. c/ Proserquim S.A.”; íd. sala E, 5/3/1991, “Dubano S.A. c/ M.K. Química S.R.L. s/ ordinario”; íd. Sala E, 6/5/1994, “Rodolfo y Roberto Tucci S.R.L. c/ Romeo”; íd. Sala E, 28/2/2000, “Planolux S.A. c/ Vaplas S.A. s/ ordinario” ).

En tal sentido, la previsión del art. 476 del Código de Comercio hace ineludiblemente procedente la pericia arbitral regulada por el art. 773 del Código Procesal (conf. CNCom. Sala B, 23/8/1990, “Delty S.A. c/ Fun S.A. s/ ordinario”; íd. Sala C, 24/4/1997, “Estructuras Magdalena S.A. c/ Corporación Cementera Argentina S.A. s/ pericia arbitral”; íd. Sala C, 28/7/89, “Rolling Forms c/ Diseco S.A. s/ sumario”), cuya producción no puede ser reemplazada por la declaración de testigos (conf. CNCom. Sala B, 13/12/1984, “Aserradero Martín Fierro S.A. c/ Marchand S.R.L.”; íd. Sala B, 27/2/1987, “Fornax S.R.L. c/ Carlos A. Palo S.R.L.”; íd. Sala B, 23/8/1990, “Delty S.A. c/ Fun S.A. s/ ordinario”) a contrario de lo pretendido por la demandante.

Así pues, siendo imperativo lo dispuesto por el art.476 del Código de Comercio, una vez que es rechazada la cosa vendida corresponde al adquirente hacerla reconocer, sin más, por peritos arbitradores; y de mediar falta de colaboración de la otra parte, debe acudir a la vía judicial para que mediante la convocatoria a una audiencia, los contratantes acuerden el nombramiento de peritos árbitros, bajo apercibimiento de efectuarse de oficio su designación (conf. Anaya, J., La olvidada per icia arbitral, ED 134-605; Colombo, C. y Kiper, C., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado, Buenos Aires, 2006, t. VI, p. 767; CNCom. Sala E, 27/2/1990, “Donato, Vicente c/ Papelera San Justo”, ED 140-745).

4°) En el caso sub lite lejos ha estado la parte actora de proceder de acuerdo a lo previsto por el art. 476 del Código de Comercio, ajustando su conducta al curso de acción precedentemente indicado.

En efecto, dicha parte no solo no ha instado en momento alguno, ni judicial ni extrajudicialmente, el peritaje arbitral regulado por el art. 773 del Código Procesal, sino que ha pretendido acreditar el vicio de las cosas vendidas a través de una vía notoriamente improcedente, cual es la prueba testimonial (conf. Rouillón, A. y Alonso, D., Código de Comercio, comentado y anotado, Buenos Aires, 2005, t. I, p. 629, n° 7; Garo, F., Tratado de las compraventas comerciales y marítimas, Buenos Aires, 1945, t. I, p. 500, n° 420).

Es que, tratándose el peritaje arbitral exigido por el art. 476 del Código de Comercio de una “prueba legal”, la prueba de testigos regulada por los arts. 426 a 456 del Código Procesal no puede sustituirlo, pues dicho carácter de “prueba legal” hace que ella sea impuesta al juez de tal modo que no le deja libertad de elección de otra prueba distinta (conf. Carnelutti, F., La prueba civil, Buenos Aires, 1955, ps.215/216), a punto tal que, incluso, no podría el magistrado valorarla en razón de la fuerza de convicción de que está dotada en concreto, sino que debe limitarse a constatar su resultado y, si este último se corresponde con el modelo previsto por la ley, deducir el efecto jurídico que corresponda (conf. Liebman, E., Manual de derecho procesal civil, Buenos Aires, 1980, p. 288, n° 171; Couture, E., Fundamentos del derecho procesal civil, Buenos Aires, 1958, p. 268, n° 170).

5°) La omisión incurrida por la actora en la producción del peritaje arbitral previsto por los arts. 476 del Código de Comercio y regulado por el 773 del Código Procesal impide, en síntesis, determinar fehacientemente la existencia de los vicios invocados.

En rigor, la omisión de la referida “prueba legal” conlleva a no tener por debidamente probada la existencia de vicio alguno en las cosas vendidas por el demandado por lo que la acción debe ser rechazada por falta adecuada de la prueba del daño.

Es que, frente a la ausencia del laudo de peritos arbitradores, debe entenderse -como lo hizo la sentencia apelada- que la cosa vendida era “de recibo” (conf. CNCom. Sala A, 14/2/1985, “Molduper S.C. c/ Flamex Talamoni S.A.”), incumbiendo a la demandante cargar con las consecuencias de su propia conducta discrecional consistente en no haber instado la vía prevista por el art. 773 del Código Procesal, toda vez que surgido el conflicto con relación a la calidad de las cosas vendidas y habiendo sido estas ya recibidas por la compradora, la carga de la debida prueba de ese extremo corresponde a la parte adquirente (conf. CNCom. Sala C, 4/6/1984, “Associated Metals & Minerals Co.c/ Gurmendi S.A.”).

6°) Lo expuesto precedentemente evidencia que lo resuelto por la sentencia apelada lejos ha estado de reflejar, contrariamente a lo señalado en el memorial, una renuncia a la verdad jurídica objetiva, o bien consagrado un exceso ritual manifiesto.

Ello es así, pues la doctrina de la verdad jurídica objetiva no cubre las negligencias del interesado en la prueba de sus derechos (conf. CNCom. Sala D, 9/10/2007, causa n° 25.181/05 “Sinces S.R.L. c/ José Cartellone Construc. Civ. S.A. – Eleprint S.A. UTE s/ ordinario”; CNFed. Civ. Com.Sala II, causa 8302 del 5/6/1980, in re “C.E.P.I.A. y C.E.P.A.”; íd. causa 1458 del 21/9/1982, “Inca Motors S.A. c/ Emaliena S.A.”; íd. causa 1807 del 18/3/1983, “Rodríguez, Camilo E. c/ Citopom S.A.”); y es jurisprudencia reiterada que no es admisible el agravio cuando la pérdida que se experimenta proviene de la discrecional conducta observada por el litigante (conf. CSJN, Fallos 256:371; 258:126; 299:259; 263:51; 266:274; 268:102; 275:218; 280:395).

De igual modo, cabe recordar que la doctrina del exceso ritual es de interpretación restrictiva (conf. Bertolino, J., El exceso ritual manifiesto, La Plata, 1979, p. 166) y su aplicación no puede ser exigida por quien incurrió en una negligencia inexcusable, tal como acontece en el caso (conf. CSJN, Fallos 301:1067; SCMendoza, Sala I, 30/6/1993,”Sindicato de Estaciones de Servicio c/ Rizzo Sileoni”, LL 1994-A, p. 308; CNCom. Sala D, 28/11/2007, “Buschiazzo Menghini Josefa Mafalda c/ Union Obrera Metalurgica de la Republica Argentina s/ ordinario”; íd., 9/10/2007, “Sinces S.R.L. c/ Jose Cartellone Construc. Civ. S.A.- Eleprint S.A. UTE s/ ordinario”; íd., 30/10/2014, “Massari Fernando Oscar s/ Sucesión y otros c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ ordinario”).

7°) El último agravio de la actora se refiere a la imposición de las costas a su cargo por el rechazo de la acción incoada.Solicita la recurrente que, en caso de ser confirmado tal rechazo, se la exima del pago de las expensas por haberse considerado con derecho suficiente para interponer la presente demanda.” (fs. 137 vta.).

Ha dicho la jurisprudencia con reiteración que la exención de costas fundada en la razón probable para litigar, debe estar avalada por elementos objetivos de apreciación, ya que quien somete una cuestión a la justicia es porque obviamente cree tener la razón de su parte, no eximiéndolo ello de pagar los gastos del contrario si el resultado del pleito le es desfavorable (conf. CNCom. Sala A, 30/6/1999, LL 2000-B, p. 409; CNCom. Sala A, 30/8/2000, LL 2000-F, p. 984). De tal suerte, la sola creencia subjetiva no es razón suficiente para eximir el pago de las costas al perdidoso (conf. CNCiv. Sala A,9/12/1998, LL 2000-A, p. 549; CNCiv. Sala E, 3/12/2003, DJ t. 2004, p. 576), siendo la cuestión de interpretación restrictiva (conf. CNCIv. Sala F, 22/6/1983, LL 1983-D, p. 146).

Una idéntica interpretación es sostenida por la doctrina especializada (conf. Fenochietto, E. y Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Buenos Aires, 1993, t. 1, p. 284; Highton, E.y Areán, B., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales – Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2004, t. 2, ps. 67/68; etc.).

En el sub lite no se aprecian reunidos los elementos objetivos necesarios para disponer por la causal invocada la exención de las costas que solicita la recurrente, pues no revestían complejidad ni eran marcadamente dudosas las cuestiones de derecho involucradas en la demanda.

Al ser así, cabe estar al criterio objetivo del vencimiento (conf.Chiovenda, G., Principios de derecho procesal civil, t. II, p. 404, Madrid,1925; Alsina, H., Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, t. II, p. 472, Buenos Aires, 1942), adoptado, como principio, en la ley procesal vigente (art.68 del Código Procesal; Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1989, t. 3, p. 85), lo que implica que el peso de las costas debe ser soportado por quien provocó una actividad jurisdiccional sin razón suficiente (conf. Fassi, S., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 1, n° 315, Buenos Aires, 1971).

El agravio, pues, no puede prosperar.

8°) Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar la apelación en examen y confirmar la sentencia de primera instancia. Sin costas de alzada por no haber mediado contradictorio (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).

Así voto.

Los señores Jueces de Cámara, doctores Vassallo y Garibotto adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Confirmar la sentencia de primera instancia.

(b) Sin imposición de costas de alzada por no haber mediado contradictorio (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).

(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

Gerardo G. Vassallo

Juan R. Garibotto

Pablo D. Heredia Julio

Federico Passarón

Secretario de Cámara