Tradiciones, mitos y realidades cambiarias, la unificación civil y comercial en la Argentina y otras cuestiones conexas

Autor: Arias de León, Julián – Noguera, Sebastián M.

Fecha: 1-dic-2017

Cita: MJ-DOC-12305-AR | MJD12305

 

Sumario:

I. Introducción. II. El caso como punto de partida. III. Los plenarios de muestreo.

Doctrina:

Por Julián Arias de León (*) y Sebastián M. Noguera (**)

I. INTRODUCCIÓN

Si bien ha transcurrido un tiempo, más o menos prolongado, desde la resolución del caso (1) que inicialmente hubo motivado nuestra inquietud para encarar el estudio de este aspecto puntual del derecho, y luego concretar la publicación, también fue decisiva la reciente unificación Civil y Comercial (en adelante, CCivCom), al cobrar vigencia el 1 de agosto de 2015. No menor importancia asumió la noticia de fallos más recientes que el nombrado anteriormente, porque de algún modo existe un punto de estrecha vinculación en las normas y en los principios involucrados en todos los litigios (sustanciales y procesales) lo cual intentaremos clarificar.

Como cierta porción de esos contenidos jurídicos, en su momento, provocaron intensos debates doctrinarios y judiciales, al menos desde ya hace medio siglo, oportunidad en la que ciertos «axiomas» inherentes a la regulación de la letra de cambio y el pagaré, resultaron insuficientes para decidir ciertos juicios, cuyos ribetes pusieron al desnudo graves deficiencias técnicas de nuestro sistema cambiario, dejando traslucir vacíos normativos, dando, cabida al dictado de numerosos fallos plenarios, por parte de la Cámara Nacional de Comercio (2), cuyos argumentos cobraron una generalidad semejante a los de una ley formal tanto que, pese a su antigüedad, atesoran importantes niveles de asentimiento judicial, sobre todo fuera de las propias jurisdicciones en que nacieron.

Al solo efecto de anticipar algunos de esos puntos conflictivos, sin mencionar otros ingredientes novedosos, piénsese, verbigracia, en los problemas suscitados respecto a quién corresponde la carga de la prueba de la no presentación de un pagaré al cobro (tanto en los vencimientos absolutos como en los relativos); su fuerza ejecutiva en los supuestos anteriores; el inicio del cómputo de intereses; el avance de normas del derecho del consumo que colisionan con bases dogmáticas del derecho cambiario; el consenso generalizado que no inadmite defensas personales para disputar la legitimidad de la causa, sin distinguir si realmente la contienda excede aquel límite; la diversidad de opiniones y criterios judiciales sobremuchas de estas hipótesis. Y una larga lista de etcéteras que podríamos agregar.

Esos ejemplos, que estimularon serias tensiones en los estrados judiciales, algunas más añejas que otras y otras algo más actuales, a nuestro modo de ver las cosas, son solo algunas evidencias que sugieren la necesidad de buscar «nuevos puntos de vista» en varios aspectos de nuestro sistema legal y, por supuesto, pensamos que lo mismo debería suceder en las futuras decisiones judiciales que pretendan basarse en él.

Con tal visón, hemos diseñado algunos contenidos paralelos, ligados a los interrogantes planteados al principio que, quizás, para algunos sean los de mayor interés debido a su actualidad. Incluso, superior a los aspectos cambiarios. Lo pensamos como una alternativa perfectamente viable a partir de la materia señalada porque, como fue escogida -diríamos- casi «accidentalmente», bien podría calificársela como un pretexto para ofrecer nuestros «temores» respecto del modo en que la unificación alcanzaría a proyectar escenas muy complejas, difíciles de solucionar, tanto que hasta inclusive podrían estimular el nacimiento de criterios judiciales insospechados por los legisladores, porque entre la vida y las reglas, la relación no va a ir siempre en la misma dirección, ni es posible establecer de antemano la prioridad lógica y cronológica de la experiencia sobre los significados. A veces ocurre lo contrario a lo que cabría esperar, y son las estipulaciones del legislador las que producen realidades nuevas (3).

Como hay mares de distintas tintas escritas al respecto, quizás la cuestión pueda verse un tanto cargante, aunque en realidad no creemos que sea totalmente así. En las antípodas, parece muy oportuno dedicar un poco más de atención al tema porque, según nuestro modo de ver las cosas, estamos siendo testigos de un hecho institucional «único». Si se lo quiere calificar de alguna forma exagerada hasta podríamos decir:«histórico». En consideración al destino pues, en cierta manera, nos permite observar el proceso de transición legislativa en «carne propia», sin necesidad de recurrir a ninguna fuente «indirecta», siendo de primera mano la que se halla a nuestra disposición: el propio presente que nos nutre y poder manifestarnos al respecto.

En los fundamentos de la Ley 26.994 , se ven proyectados algunos de esos nuevos puntos de vista, que incluso se han utilizado como estructuras argumentales de la unificación legislativa (4), lo cual parece un dato que será relevante a la hora de interpretar dificultades jurídicas. En ella (la unificación), hay normas de contenidos ya sedimentados (5), otras con factores repensados (6) y varias más, que alojan primicias emparentadas con algunas facciones de este trabajo (7), de ahí la idea acerca de que el contexto actual para ocuparnos de repasar estos temas, tal vez, sea irrepetible como para perder la oportunidad de opinar al respecto, «in situ».

Vale la pena, entonces, detenerse en los asuntos y, a partir de allí, especular sobre aquello que juzgamos relevante examinar. Así, por un lado, podremos ir anticipando eventuales tensiones normativas, al igual que otro tipo de escollos interpretativos, propios de todo sistema jurídico positivo, e intentar aportar pequeñas reflexiones que ayuden a lograr soluciones justas.Y por el otro, referirnos a temas poco frecuentes cuyo análisis, a veces, resulta embarazoso encarar por diversas razones que, en cierta manera, podrían relacionarse con la problemática que estamos trabajando, tal vez, porque algunas de las dificultades que analizaremos -aunque parezca mentira-, podrían derivar del déficit educativo.

Desde este último bisel, la reforma podría servir para adecuar numerosos contenidos estructurales de los programas universitarios, procurando optimizar el resultado de la formación académica, en todos sus niveles, puesto que el efecto nocivo en la educación universitaria nos preocupa, y en demasía, dado que el asunto no permanece en una simple ignominia hipotética.

De la universidad salen los abogados, los jueces y los demás funcionarios que asumen la ingente carga de disipar conflictos, tarea estatal de medios y resultados, cuyas repercusiones y efectos sociales constituyen exigencias elementales para el desarrollo armónico de la vida en sociedad, lo que a nuestro criterio corresponde gestionarse constantemente aspirando conservar la pluralidad de intereses (8) que cohabitan en el seno de toda comunidad, y si no están a la cota adecuada de atenderlos técnicamente, difícilmente puedan cumplir su rol como exigen los tiempos que corren conspirando contra la finalidad que deben procurar.

En dicho marco, además, se puede aprovechar -¿por qué no?- para recalcar lo que pensamos acerca de la influencia que lo teórico mantiene con lo práctico, al igual que la moral con el derecho. Y lo mismo en las situaciones inversas, en cuanto ambos aspectos procuran disociarse. Lo vemos importante porque nos parece el origen de numerosos problemas del hombre (9).

II. EL CASO COMO PUNTO DE PARTIDA

Veamos los detalles sucedidos en el proceso puntual del que hablamos al principio. Es conveniente revisarlos para que el lector obtenga detalles que serán de utilidad a medida que se avance en la lectura, y además como referencia para juzgar nuestras actuales opiniones.

Los hechos pueden sintetizarse del siguiente modo.Mediante un proceso ejecutivo, se intentó el cobro de cinco pagarés que poseían vencimiento absoluto (7 de diciembre de 2007), con la particularidad de que sus firmas estaban certificadas públicamente al momento de su emisión.

Con varios meses de posterioridad a su día fijo de vencimiento, el ejecutado recibió una intimación extrajudicial mediante carta documento, que respondió mediante otra misiva dirigida hacia el supuesto tenedor de los títulos, en la cual se lo invitaba a exhibir los instrumentos en una escribanía en día y hora señalados específicamente.

Ante tal escenario, el supuesto tenedor de los pagarés concurrió con mucha antelación a la oficina del notario y, por su voluntad, requirió certificación de los documentos. Luego de ello, a la hora prevista en la carta de respuesta, fueron exhibidas las copias certificadas, no los originales.

De todo lo acontecido, se dejó constancia en un acta notarial labrada por el mismo notario y suscripta por todos los intervinientes. De esos sucesos surgieron elementos de prueba que fueron anunciados y agregados en el juicio ejecutivo en cuestión, dado que aportaban datos determinantes difíciles de conocer y, sobre todo, de acreditar dentro del acotado marco cognitivo del juicio ejecutivo.

El valor probatorio de las copias certificadas agregadas por la propia ejecutante y también del acta en cuestión, eran elementos objetivos en los cuales se reflejaba que ninguno de los pagarés contaba con beneficiario designado a más de cuatro meses de su fecha de vencimiento.

Con posterioridad a estos acontecimientos extrajudiciales, fue entablada la demanda, pero en lugar de haberla promovido el aparente poseedor de los títulos, lo hizo otro sujeto, distinto a quien se sindicó originariamente como legítimo tenedor en la primigenia intimación, con el detalle de que aquel era quien patrocinaba en la ejecución (10).

Con este panorama, se planteó una excepción de inhabilidad de título que resultó desechada.Para así decidir, se señaló que la defensa opuesta se basaba en cuestiones de hecho referentes a la causa de la obligación y, por lo tanto, era imposible que pudiera prosperar en razón de la prohibición legal que impide tratar aquellas cuestiones en el acotado marco de conocimiento que campea en los juicios ejecutivos (11).

Precisamente, en el parafraseo de los argumentos de aquella sentencia, seg ún pensamos, están presentes los gérmenes que informan el nudo gordiano que componen ciertos mitos, tradiciones y realidades, procesales y cambiarias, que quizás deban repensarse. El modo en que ello será hecho, de momento es una incógnita, no obstante hay ciertas pistas en la reforma a las que quizá deberíamos no perder de vista y agudizar los sentidos para profundizar los aspectos positivos en el derrotero de nuestro desarrollo como sociedad.

La idea original del trabajo era mucho más modesta. Nuestra perspectiva actual pretende mayor amplitud que la inquietud inicial proveniente del mero enfoque casuístico. Adecuadamente, deberíamos decir que es distinta, tal vez transitoria, en cuanto a algunas opiniones, y más variada que la originaria. Así es porque partimos desde lo individual para luego poder centrarnos en los detalles cambiarios, procesales, comparar el régimen derogado con el actual, etc., y posteriormente dirigirnos a diversos aspectos de nuestro sistema comercial -ahora civil y comercial-, e incursionar en otras aristas que, si bien no corresponden estrictamente a materia cambiaria, ni tampoco exclusivamente al otrora «derecho comercial», guardan indudable correspondencia debido a las posibilidades de incidir sobre ellas.

Es menester adelantar al lector que no hablaremos como tópico protagónico en este artículo, sobre abusos de firma en blanco, la violación del pacto de llenado, las alteraciones documentales, etc., en la forma en que tradicionalmente se encaran en doctrina y jurisprudencia.No es ningún objetivo que particularmente nos preocupe -claro está-, y lo hacemos notar por si el lector creyera que los problemas que se van a examinar posteriormente surgen únicamente de estas situaciones patológicas.

Cierto es que aquellos inconvenientes prácticos ocurren diariamente y también que ellos resultan sistemáticamente desechados en el plano judicial, para lo cual, en líneas generales, el resorte argumental de los magistrados se apoya en la limitación cognitiva que define la fisonomía del proceso ejecutivo.

Las discrepancias que aquí presentaremos por supuesto que estarán relacionadas a todos esos contenidos, pero desde enfoques diferentes, más paradójicos que las hipótesis previstas en aquellas normas (art. 11 y art. 88 Decreto Ley 5965/63), pero solo forman un pequeño aspecto de los sistemas y subsistemas legales que pretenderemos relacionar. En esto último, efectivamente, se apoyarán los aspectos que atañen a todos los asuntos, dado que ellos encuentran puntos de estrecho contacto en función del ámbito procesal en que se dé la discusión.

Es tradicional entre nosotros, la postura respecto de que las motivaciones vinculadas con la causa de la obligación no pueden servir de sustento a excepción alguna en el juicio ejecutivo, por escapar su discusión, de los márgenes de conocimiento posibles en este tipo de proceso (12). Cabe dejar en claro que, de ordinario, tal negativa no supone una negación del derecho de defensa ejercido desde dicha clase de planteos, sino por el contrario, situarlos en un ámbito más efectivo a su consideración.

Es decir, en un proceso ordinario posterior, donde la amplitud de debate permite conocer exhaustivamente los hechos invocados (13). Tal es la regla, lógica consecuencia de la naturaleza propia del proceso.Pero no puede dicho limitado ámbito cognoscitivo, llevar a no admitir en ningún caso excepciones no formales, ni menos aún al rechazo mecánico de cualquier planteo causal o personal sin siquiera ponderar si es posible su discusión en la vía.

En definitiva, el punto propuesto alude a determinar si la existencia de un hecho o elemento que pudiera ser extintivo del mismo (14), visible o deducible fácilmente, aunque estrictamente no se refiera a «las formas extrínsecas del título». (En realidad es una de las cuestiones que intentaremos delimitar conceptualmente, para luego ubicar sus implicancias teóricas en el plano de la praxis judicial), podría servir como defensa para oponerse a la ejecución, sin que ello sea equiparable a discutir la legitimidad de la causa de la obligación.

Dicho de otro modo, lo que pretendemos comparar es si una excepción de inhabilidad de título podría ventilarse en el marco de un proceso ejecutivo sin contravenir la restricción legal del art. 513, inc. 4, del CPCC, de Misiones, (homónima de la dispuesta en el art. 544, inc. 4 , del CPCCN), ni la sustantiva del art. 18 del DL. Y posteriormente intentar determinar si ambas limitaciones son análogas, o bien si resultan paralelas e independientes, cada una con distintos grados de operatividad jurídica, según el marco procesal en el que ello se discuta.

Las hipótesis anteriores, sus delimitaciones conceptuales, y la búsqueda de su confirmación, o su caso, lo inverso, nos permitirán discurrir en interesantes conjeturas que, tal vez, puedan reportar utilidad práctica en algún litigio puntual. Al menos, pretendemos que así sea.

Advertimos que lo apuntado anteriormente deberá ser examinado y juzgado teniendo en cuenta que, al momento en el que la sentencia del caso principal fue dictada era importante determinar si en el Decr.Ley 5965/63 existía la solución normativa específica para la contienda, procurando comprender que, ahora, al momento de escribir estas líneas, tiene particular interés enlazar algunas conclusiones, de aquel entonces, a las actuales normas del CCivCom que podrían referirse al tema, para meditar si hay un mejor enfoque o tratamiento legislativo.

III. LOS PLENARIOS DE MUESTREO

Más allá de cualquier postura subjetiva, la idea del trabajo no se dirige, ni aspira, de ninguna manera, a lograr el consenso y aplauso del «auditorio». Para nada, pues como suele decirse de un periódico, en ellos habitualmente se escribe para el olvido e indiferencia del escritor, pero no para sus ideas, sobre todo si ellas son estimables al progreso armónico de la sociedad.

De ahí surgen el «atrevimiento» y la «preocupación» por confeccionar un tratamiento que arroje algún tipo de utilidad. Desde esta arista, intentaremos efectuar la exposición, en lo posible, de un modo coloquial, pero siempre procurando mantener incólume los aspectos básicos de cualquier investigación que pretenda seriedad «científica» (15).

Lo primero (atrevimiento), por disfrutar la potencial circunstancia de ofrecer asistencia a los auténticos protagonistas de toda investigación académica: los lectores. Descifradores de problemas reales; nadie más. Y lo segundo (preocupación), porque cualquier género de publicación especializada que aspire a un mínimo de seriedad acreditada debería, al menos teóricamente, resultar «neutra», por lo menos en la exposición de la temática central, para no influir en el criterio del lector con adelantos conclusivos que tiñen la valía que esperamos proporcionar a la labor (16).

Desde este último ángulo, nuestro propósito es efectuar el retrato de un caso, desde la perspectiva de litigantes de tiempo completo (que aún posee final abierto), tan peculiar, que ya insumió una década de incesantes y variados planteos ante los estrados judiciales, algunos incluso sin respuestas definitivas.Creemos que será de provecho para quienes ejercen la profesión y la judicatura, e inclusive para que algunos espíritus críticos presenten otras respuestas (17).

En fin, lo que corresponde es estimular sus reflexiones. Para lograrlo en breve retornaremos al punto de partida adyacente que hemos de examinar: las «sentencias» plenarias elegidas.

Antes de ocuparnos de ellas, es oportuno puntear un dato, aunque por el momento puedan verlo como una mera cuestión de interés estadístico (sobre el final, entenderán que es mucho más). En efecto, en Misiones, como en muchas otras provincias, no existen decisiones plenarias de ninguna naturaleza. Al menos, ninguna de las que a la fecha tengamos noticias formales, y menos acerca de altercados «procesal-cambiarios».

Así como imaginamos que lo mismo sucede en muchas otras localidades, también creemos indiscutible la prominencia que ciertas jurisdicciones provinciales mantienen sobre otras en la elaboración de esta especial clase de fallos. Por supuesto es, a nuestros ojos, una realidad irrebatible.

De ser verdad el señalamiento previo, los motivos no serían uniformes, pues podrían obedecer a diversos factores. Por ejemplo: la «calidad» científica y técnica de sus integrantes (jueces, secretarios, etc.); la «edad» de cada Poder Judicial provincial; el nivel de «desarrollo profesional» en cada zona; y seguramente numerosos ingredientes que de momento no vienen al caso. Sea como sea, lo cierto es que en las provincias más jóvenes, tanto como en las de menor desarrollo económico, o demográfico (no es una constante exacta, pero sí bastante fiel a lo que pudimos constatar de nuestras investigaciones), no abundan esta índole de disposiciones (18).

– Tal vez por las insuficiencias de desarrollo antes mencionadas (como asimismo por otro tipo de razones que puedan no tener relación con ninguna clase de carencias), en estos lugares es frecuente tropezar con numerosas sentencias que, normalmente, utilizan plenarios como único apoyo racional de sus fundamentos.Son los plenarios «ajenos» (19). Hecho curioso, aunque no necesariamente reprochable, no obstante, lo trataremos como un punto de especial consideración por motivos ya dichos (el peso de ellos y su fuerza vinculantes) a lo cual, más adelante, se agregarán otros para llegar a hilvanar nuestras posteriores conclusiones.

Pues bien, avoquémonos a lo dicho. El análisis se hará únicamente sobre tres (3) plenarios de acuerdo con el formato de la primera parte del presente artículo, ellos son: «Caja de Crédito de los Centros Comerciales c. Bagnat, Carlos A.», en adelante «Caja de Crédito» y «Kairus, José c. Romero, Héctor y otro», en adelante «Kairuz» y el último es el plenario «Cía. Financiara Riomar S. A. c/ Calvo Claudio A. y otra», en adelante «Riomar».

El fragmento que utilizaremos en primer términ o corresponde a «Caja de Crédito», dictado en agosto de 1984. La mayoría de la Cámara, integrada por los doctores Quintana Terán, Anaya, Caviglione Fraga, Alberti, Milberg, Rivera y Bengolea, dijo en aquella oportunidad lo siguiente:

«1. La cuestión propuesta a este acuerdo plenario versa sobre la carga de la prueba de la presentación de los pagarés caracterizados por ser vencederos “a la vista” e incluir dispensa del protesto.

Debe señalarse, inicialmente, que será limitada la utilidad de una decisión plenaria sobre aspectos relativos a la carga probatoria, pues si bien puede ser sostenido que dicha carga, de entre las varias que aparecen durante el proceso, deriva de la naturaleza de la relación sustancial sobre la cual verse el debate judicial, cierta doctrina tan autorizada como esa prédica que la carga probatoria depende de la estructura concreta del debate provocado en cada juicio por las manifestaciones iniciales del pretensor y del defendido.Si la solución atinada fuera la recordada últimamente, y puesto que la decisión plenaria es necesariamente anterior a los juicios donde habrá de ser aplicada, su fuerza vinculante dependerá de la estructura de dichos pleitos determinada por las arguciones de las partes».

Como se indica en las tres primeras líneas, la consigna era concerniente a un punto probatorio -presentación o no presentación del título-, cuestión muy significativa, no solo en función de sus efectos económicos, sino también en consideración del instrumento cambiario al que alude, pues pensamos que se trata del más utilizado en nuestro medio (pagaré) (20).

Del otro -Kairuz (21)-, al contrario, nos enfocamos en los aspectos cambiarios, más allá de las diferencias de cada tipo de vencimiento (absoluto en Kairuz y relativo en Caja de Crédito). Dicho esto, cabe ir directo al grano.

En primer lugar, se pronunció Quintana Terán. Sintetizando lo que es de nuestro interés concreto a esta instancia de la lectura, corresponde aclarar que ello versaba al momento en que la mora debía entenderse configurada.

Según los puntos propuestos, en lo cardinal, se dijo lo siguiente:

«Sentado lo anterior (22), debo adelantar desde ahora mi opinión en el sentido de que en el pagaré con cláusula “sin protesto” y a fecha determinada la mora se configura por el solo vencimiento del plazo fijado, y que la prueba de la presentación del documento al cobro en los términos prescriptos queda suplida por una presunción legal favorable al portador; sin perjuicio del derecho del obligado de desvirtuar ese extremo, si alega que la carga ha sido incumplida, mediante elementos de convicción idóneos a ese fin».

Desde otro ángulo, el Dr. Morandi dijo con respecto a esa misma cuestión lo siguiente:

«La inversión de la carga de la prueba respecto de la “inobservancia de los términos”, a que se refiere el mismo art.50, alude simplemente a la obligación del tenedor de presentar el documento “en los términos prescriptos”, esto es, en el momento, plazo, oportunidad o término, que dispone el art. 40 del decreto ley citado, o sea, el deudor no tiene que probar que el tenedor no presentó el título, porque esta prueba es imposible, pero, si el acreedor demuestra haber hecho la presentación (en el supuesto de la cláusula “sin protesto” a través de cualquier medio fehaciente), se entiende que lo fue en el plazo y momento adecuados, salvo prueba en contrario a cargo del obligado».

Y agregaba en el considerando anterior -N.º 4- lo siguiente:

«Cabe precisar, que la cláusula “sin protesto”, solo exime de la intervención en el caso de un oficial público, que, para la ley argentina, es un escribano público, a los fines de levantar una constatación de la que resulte el no cumplimiento del pago por parte del librador del pagaré (supuesto de autos), pero ella, en mi concepto, no se extiende a eximir el requisito de la “presentación”, a través del cual y, solo en su virtud, el deudor está en condiciones: en primer lugar, de determinar si el tenedor del documento es un “portador legitimado”, y, en segundo término, de pagar correctamente sin ulteriores consecuencias, exigiendo la entrega del título contra el importe de su cancelación».

En «Riomar», esencialmente se dijo que en el pagaré, la acción directa no requiere de protesto, dado que su librador ocupa el lugar de obligado directo principal por lo que el protesto, o su carencia, en nada perjudica ni afecta la ejecutividad de la acción, la que solo tiene efecto respecto de las acciones de regreso. Sobre este plenario, puntualmente, nos detendremos más adelante, en la segunda parte de este trabajo, por ahora solo diremos que lo haremos al tratar el problema de la fuerza ejecutiva en relación con el protesto, en el marco del art.60 del decreto ley, porque allí repasaremos interesantes discusiones doctrinarias ocurridas durante una jornada de derecho cambiario realizada en 1966.

Como la trascendencia de los fallos plenarios también ha sido foco de intensas disputas doctrinarias, es obvio que el rumbo de la faena no puede limitar su contenido a los meros entuertos aislados. En primer lugar, debido al peso intrínseco que reviste todo fallo plenario, que exige otro tipo de análisis, mucho más profundo que el de cualquier sentencia «singular» y en segundo, por los efectos expansivos de su proyección judicial, además de su fuerza vinculante para quienes los dictan.

En relación con lo anterior, Julio Dassen (en 1946) sostenía que los beneficios aportados por las decisiones plenarias eran mínimos en comparación a la violencia que producen en las bases de nuestra organización constitucional y en nociones tales como la cosa juzgada (23). Igual temperamento adopta Vigo, quien sostiene la existencia de otros métodos institucionales para corregir las vacilaciones o interpretaciones divergentes que quizá resulten de baja conflictividad.

Que los criterios judiciales no deben aplicarse extensivamente, y menos prescindir de los pormenores que componen la característica de cada litigio concreto es un dato básico y perderlo de vista sería equivalente a una negación efectuada por parte del Poder Judicial sobre sí mismo. Si se comparte la idea anterior, es forzoso reconocer que por más semejanza pretendida entre dos o más litigios, jamás serán religiosamente iguales. Y así como la ley es un buen instrumento de organización, en el cual imperan premisas deónticas impuestas en abstracto (en términos más simples: preceptos generales, dado que su esencia pertenece al campo de organización social masiva), entonces también debería admitirse como verdad que la naturaleza característica del Poder Judicial es correlativamente inversa a la primera.

En síntesis, aunque sea casi imposible comprobarlo empíricamente, no creemos descabellado aceptar que ningún caso resulta absolutamente igual a otro.Esto es lo que pareciera no estar muy claro en ambos lados del mostrador; pensamiento depreciado que, en alguna medida, podría influir en la permanencia de tanta litigiosidad (24).

A nuestro juicio, es prueba de lo último la existencia de tantos plenarios respecto de conflictos muy afines que, hipotéticamente, se zanjaron al aunar la interpretación. Pero si realmente hubo una solución, ¿a qué se debe la cuantía de tantas decisiones sobre situaciones tan similares? ¿Por qué persisten casi los mismos planteamientos defensivos? ¿Qué es lo que alienta la persistencia de tantas contiendas asentadas en idénticos fundamentos jurídicos?

Analizaremos, en la próxima, los criterios judiciales que hemos seleccionado «aleatoriamente», pues ello será de gran utilidad porque permitirá al lector ir anticipando hacia dónde nos queremos dirigir, aunque quizás, cuando arribe a su final, obtenga algunas sorpresas.

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(1) Cáceres Raúl Alberto c/ Aníbal Sebastián Giménez s/ Ejecutivo». Expte. N.º 3708/08. Juzgado Civil y Comercial N.º 7, Secretaría Única, Primera Circunscripción Judicial, Posadas, Misiones.

Cuando hablemos de «el caso», no aludimos únicamente al juicio ejecutivo identificado en el párrafo anterior, sino, al complejísimo contexto patrimonial que fue desatado por dicha ejecución. Para que el lector tenga idea de a qué nos referimos al hablar de «complejísimo» contexto, es pertinente sintetizarlo de esta manera: 1. El ejecutado demandó la homologación de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial en los términos de la Ley 24.522 (APE, en adelante); 2. La efectiva homologación judicial del APE, sin oposiciones del ejecutante, que había sido denunciado entre los acreedores comprendidos por los efectos del acuerdo; 3. Posterior planteo de nulidad en los términos del art. 60 de la LCQ, que aun interpuesto fuera del plazo que prevé la norma, fue acogido por parte del juzgado; 4. La consecuente quiebra indirecta debido a lo previsto por el art. 61 de la LCQ; 5. La inclusión al pasivo falencial por haberse declarado admisible su insinuación tempestiva; 6.Su posterior exclusión del pasivo, por haber prosperado la revisión interpuesta por parte del fallido, con decisión firme; 7. La actual tramitación de un recurso extraordinario local que cuestionó la sentencia de quiebra; 8. Que el APE fue el primero en la historia judicial de Misiones; 9. Que, también por primera vez en la historia judicial de Misiones, se ha solicitado la conclusión de la quiebra por avenimiento, durante este año 2017, aun no resuelta.

(2) «Caja de Crédito de los Centros Comerciales c. Bagnat, Carlos A.», 3/8/1984; «Kairus, José c. Romero, Héctor y otro», entre muchos otros.

(3) Andrea Greppi, parafraseando a Rodotá, en «Un debate sobre el Constitucionalismo», Luigi Ferrajoli, Monografías Doxa N.º 34, pág. 146, editorial Marcial Ponds, 2012.

(4) Dijo la Comisión: «… integrada por los Doctores Ricardo Luis Lorenzetti, como Presidente y Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, cumpliendo con los objetivos y plazos señalados por el decreto presidencial 191/2011 presentamos el “Anteproyecto de Códig o Civil y Comercial de la Nación” y sus Fundamentos, en los que se detalla tanto el método como los principios que inspiran nuestro trabajo, dicen: “Código de la igualdad. ‘Los textos vigentes regulan los derechos de los ciudadanos sobre la base de una igualdad abstracta, asumiendo la neutralidad respecto de las asignaciones previas del mercado. En nuestra posición, se busca la igualdad real, desarrollando una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los vulnerables’. Código basado en un paradigma no discriminatorio. En la tradición histórica, el sujeto de derechos privados ha sido el hombre. Hemos cambiado este paradigma para concebirlo en términos igualitarios, sin discriminaciones basadas en el sexo, la religión, el origen o su riqueza. En los textos proyectados aparecen la mujer, el niño, las personas con capacidades diferentes, el consumidor, las comunidades originarias, y muchos otros que no habían tenido una recepción sistemática hasta el momento».

(5) Por ejemplo: arts.9 (buena fe en el ejercicio de los derechos y no solo de los contratos), o 10 (referente al abuso de posición dominante, ampliando su operatividad con nitidez, no solo a los asuntos societarios, de defensa de la competencia, etcétera).

(6) Ejemplo: art. 1821, inc. A , admitiendo claramente las defensas causales frente al tenedor legítimo que goza de dominio perfecto a causa de un endoso pleno, o perfecto, del título.

(7) V. gr., art. 1810 , consagrando estatus formal a las garantías autoliquidables al establecer sus requisitos y condición de validez; o el art. 1816 reconociendo la libertad de creación para permitir diseños de títulos cambiarios (cartulares y no cartulares). Para ir adelantando algún dato, cabe señalar que ellos deben ser distintos de los existentes en las leyes «vigentes» en las que exista una regulación especial (las comillas en «vigentes» se deben a que -pensamos- es un vocablo ambiguo que traerá dificultades. Esperemos no estar en lo cierto al vaticinar futuras dificultades a partir del subsistema al que pertenecen dentro del CCivCom, respecto del sistema en general. Estos detalles lingüísticos podrían germinar grietas hermenéuticas ante hipotéticos supuestos, sobre los que nos detendremos más adelante. Con mayor profundidad será desarrollado en la segunda parte de este artículo, debido a la gran incidencia que, al menos desde lo teórico, tienen dentro del sistema económico.

Hay múltiples novedades que, creemos, traerán variedad de interrogantes en la práctica, y harán vibrar anales jurisprudenciales donde reposan ideas tradicionales y ciertos mitos, muy arraigados. Celebramos que sea así, en cuanto sirva al progreso y bienestar del hombre. Nos parece saludable y desde luego un tema trascendental.

(8) Individuales, individuales homogéneos de interés colectivo, colectivos y los que, en el futuro, podamos ir divisando para organizarlos como corresponden.

(9) Pensando en voz alta para los filósofos:¿tal vez basados en la distinción del ser y el deber ser?

(10) Aclaramos en atención a destacar que el documento no circuló por endoso de ninguna especie, salvo, sí, la hipótesis que admite la ley cuando autoriza efectuar la simple entrega física del título sin formalizar el endoso en términos que impliquen responsabilidad en tales términos.

(11) La sentencia fue apelada, aunque el recurso no llegó a ser resuelto por efecto de la errónea aplicación de las instituciones concursales en el marco de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Lamentablemente, la Cámara de Apelaciones nunca pudo pronunciarse al respecto por causa de innumerables desaciertos jurídicos (procesales y sustanciales) producidos entre la interposición del recurso, la presentación de la demanda con la solicitud del Acuerdo Preventivo Extrajudicial y la sentencia de quiebra indirecta.

Así fue, dado que el ejecutado logró homologar el APE, devenido en quiebra indirecta por el planteo de nulidad realizado por el ejecutante del caso en cuestión. Dato tangencial es que su insinuación tempestiva al pasivo falencial fue admitida, pero posteriormente arrojó un feliz final para el «apeísta» en la etapa de revisión. (Para quienes puedan necesitar información acerca de casuísticas muy raras, tanto como de un penoso y largo derrotero recursos extraordinarios, con finales aún abiertos, pueden consultar: «Noticias sobre el plazo semestral de caducidad para plantear la nulidad del acuerdo homologado». Fecha: 23/5/2013. Cita: MJ-DOC-6287-AR | MJD6287 ).

Se dijo en la expresión de agravios que los puntos por determinar, para resolver el recurso eran los siguientes:

«… si un título valor (un pagaré en la especie ejecutada) puede ser válidamente presentado al cobro en blanco y si esto puede perdurar en forma indefinida en el tiempo. Una vez determinado esto, recién debemos preguntarnos si el instrumento incompleto o en blanco puede ser completado luego de la fecha de su vencimiento válidamente a los fines de intentar su ejecución.La pregunta que nos hacemos tiene muchísima importancia dado que de su respuesta dependerá quién es el legitimado, tanto sustancialmente como procesalmente habilitado por la ley que rige el título para exigir su pago».

»El nombre del beneficiario no se halla entre los requisitos que se denominan naturales, es decir aquellos que pueden ser suplidos por imperio de la propia ley. Es decir que, a falta de uno de los requisitos esenciales, no estamos en presencia de un instrumento que goce de la protección que brinda su ley de creación y circulación».

»Claro que se preguntará la Cámara, pero ¿estos documentos ahora están completos? Sí, y es cierto, pero el problema legal pasa justamente por determinar que al momento de su vencimiento no lo estaban».

(12) Entre muchas otras, destacamos en este sentido: CNCiv., sala D, 8/4/1980, en autos «Viviendas Cenit Argentino S. A. c. Groppo, Eduardo y otro».

(13) CNCom, sala A, 6/4/1981, en autos «Banco Oddone S. A. c. Chaco Refrescos S. C. A.».

(14) En doctrina, se ha sostenido lo siguiente: «…en el fallo puede hacerse mérito a hechos constitutivos, modificativos o extintivos; pero solo en tanto ellos se hubieren producido durante la sustanciación del juicio, no cuando sean anteriores a dicha sustanciación y no hayan sido al trabarse la relación procesal». (FALCÓN, Enrique M.: Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. 3, p. 570, 1.ª ed. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2006).

Más recientemente, se dijo en el plano judicial lo siguiente: «Aunque no se trate de hechos aducidos por las partes en los escritos introductorios del proceso o en etapas posteriores en que se admite su alegación, el pronunciamiento judicial puede ponderar hechos ocurridos durante la sustanciación del juicio que guarden vinculación con la cuestión que se ventila y que tengan por virtud consolidar, transformar o extinguir el derecho. Así pues, de lo contrario, se obligaría a transitar nuevos caminos litigiosos, contrariando elementales razones de economía y celeridad procesal». (Véase «Sinardi Ariel Omar c/ Fiat Auto Argentina S. A.y otro s/ ordinario», Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, 23-2-2016. MJ-JU-M-97360-AR | MJJ97360, ).

(15) Las comillas utilizadas en «seriedad científica» tienen un sentido propio, muy subjetivo, sobre lo que pensamos del sistema educativo instalado en nuestro país, en general, pero puntualmente del nivel universitario.

(16) Recién después, arriesgar opiniones, o «predicciones», reconociendo no ser dueños de ninguna verdad, porque tampoco lo somos de aquello que creemos describir con objetividad respecto de la realidad que previamente fue observada a efectos del trabajo.

(17) Desde ya que todo tratará de realizarse con la mayor objetividad que pueda conquistarse. Solo después, podrán notar algunas de nuestras opiniones, las que francamente poco importan, no obstante procuraremos señalarlo en cada ocasión puntual (generalmente, en nota al pie de página).

(18) En este punto, advertimos nuestra postura adversa al dictado de fallos plenarios, porque desnaturaliza la función del jurista, del juez y del abogado, que siempre deberían atender a cada caso en forma concreta.

En relación con la Ley Procesal de Misiones, en ella dice el art. 282 que ellos deben convocarse:

«Cuando “una misma cuestión de derecho” fue objeto de resoluciones divergentes por parte de distintas Salas de una cámara de apelaciones, “al presentarse posteriormente un caso similar, debe ser resuelto por la Cámara en pleno2, de acuerdo a las reglas previstas en el artículo 53 de la Ley IV – N.º 15 (antes, Decreto-Ley 1550/82) y lo que por Acuerdo de Cámara se reglamenta.La convocatoria a plenario debe ser dispuesta de oficio y lo así resuelto es de aplicación obligatoria para todos los integrantes de la Cámara y para los jueces inferiores de la circunscripción a que aquella pertenezca».

»Dictado un fallo plenario, por Presidencia de la Cámara, debe notificarse con remisión de copia a los jueces inferiores».

»Los fallos plenarios únicamente pueden ser revocados por otro fallo plenario dictado con posterioridad o por doctrina legal sentada por el Superior Tribunal de Justicia en ocasión de resolver en el recurso de inaplicabilidad de Ley».

»Dado este último supuesto, el Superior Tribunal de Justicia, por Secretaría, debe notificar con remisión de copia a los jueces de ambas instancias inferiores».

»En caso de omisión, debe la Cámara de Apelaciones, en ocasión de tomar conocimiento de la revocación decretada por el Superior Tribunal de Justicia, comunicar del hecho a los jueces inferiores».

(19) Lo decimos en atención a su falta de efectos vinculantes por no provenir de las cámaras de apelaciones correspondientes a esas jurisdicciones. Lo mismo sucede con Difry, Traslínea, Díaz Bessone, Aquino, Rafiki, El de los intereses de tasa activa, Excursionistas, Siman y Bonder, y podemos citar mucho s más.

(20) Coincidimos con el maestro Zabala Rodríguez, en su tomo 4, p. 479, Depalma, 1979, 1.a reimpresión.

(21) CNCom, 17/6/81. En pleno: «Kairus, José c. Romero, Héctor y otro». La Ley, 1981, C, 281.

(22) El «sentado lo anterior» correspondía a una aclaración personal del camarista en la que expresaba la ausencia de contradicción de criterios que justificaran la convocatoria del plenario.

(23) JA 1946-III-353 «Alcance de los fallos plenarios», citado en el siguiente texto. VIGO, Rodolfo L.: Interpretación Jurídica». S. l., Rubinzal Culzoni, p. 229, 1999.(24) Procesos colectivos, y otras novedades del CCivCom, son serias evidencias del crecimiento institucional del Poder Judicial, el cual, en pocas ocasiones, pero extremadamente relevantes, suele iniciar grandes cambios paradigmáticos que luego sirven al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo como alarmas de aviso respecto de «emergencias» que deben resolverse en conjunto. Lamentablemente nuestro grado de evolución cultural aun no nos permite entender que el diálogo institucional debe ir más allá de lo partidario, pero por sobre todas las cosas, no pareciera ser una preocupación política, de la política partidaria, transmitir a los habitantes de su importancia para todos.

Por eso, tenemos dicho en otro lugar lo siguiente: «Si de algo estamos seguros, es [de] que la primera cosa que deben evitar quienes ejercen la judicatura es generalizar criterios sin atender conscientemente a los hechos singulares de cada caso concreto. De no ser así, podría caerse en el error de automatizar las decisiones judiciales, lo que sería realmente nocivo. Por eso, creemos que la importancia de la resolución de este caso tiene que ser entendida en su justa medida, pues, así como no es bueno generalizar criterios en abstracto, tampoco es correcto hacer decir a la Corte cosas que no ha dicho». (La Corte Suprema de Justicia y el fallo «Pinturas y Revestimientos Aplicados S. A. s/ quiebra Noguera, Sebastián M. – Mangini, Sebastián», MJ-DOC-6759-AR | MJD6759 ).

(*) Abogado, Universidad Católica de Santa Fe. Especialista en Derechos de Autor. Máster en negocios (MBA), Universidad Siglo XXI e Instituto Ortega y Gasset, España (en curso).

(**) Abogado, Universidad Católica de Santa Fe. Especialista en Derecho Empresarial, Universidad Nacional de Misiones. Ex profesor adjunto, Universidad Católica de Santa Fe y Universidad de la Cuenca del Plata. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.

N. de los A.: Agradecen al Sr. Aníbal Sebastián Giménez, Estela Magua, a los Dres. Juan Manuel Álvarez Echagüe y Juan Cianciardo, a la Dra. Daiana Gisela Braun y, muy especialmente, al Dr. Manuel Agustín de Allende por conseguirles, de la Academia Nacional de Córdoba, dos trabajos: uno del Dr. Efraín Hugo Richard y otro del Dr. Héctor Alegría, que fueron elementales para el desarrollo del trabajo.