¿Corresponde regular honorarios provisorios a los peritos en las medidas de aseguramiento de pruebas antes de iniciar el juicio principal?

Autor: Borzone, Leandro A. N.

Fecha: 23-oct-2017

Cita: MJ-DOC-12266-AR | MJD12266

Doctrina:

Por Leandro A. N. Borzone

El interrogante planteado se vincula con una situación que advierto de manera frecuente y es la del actor que de manera previa al juicio de daños y perjuicios, inicia una medida de aseguramiento de pruebas tendente, por ejemplo a requerir una pericia médica o mecánica, la cual pretenderá usar en un juicio posterior y la posibilidad de regular honorarios provisorios al perito.

En primer lugar cabe remarcar que «el perito no es parte en un juicio sino que es un auxiliar de la Justicia que no las representa de ningún modo y además no tiene interés alguno en el proceso ni en la causa. Su actividad se basa en los fundados conocimientos científicos, artísticos o prácticos que posee y los comunica al juez en virtud de comprobaciones o deducciones de los hechos sometidos a su examen»(1)

Bajo ese contexto, la pericia tiene una doble vertiente: a) verificar e informar sobre hechos que requieren conocimientos especiales que escapan a la cultura común del juez y de las personas, explicando sus causas y efectos; b) suministrar las reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del juez sobre tales hechos e ilustrarla con la finalidad de que el juez pueda apreciarlos correctamente (2).

Sentado lo antedicho, y siendo el perito un auxiliar de la justicia es indudable que tiene derecho al cobro de honorarios por la labor desarrollada.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, resolvieron que el perito puede dirigir su pretensión de cobro de honorarios contra cualquiera de las partes. Así sentenciaron que el perito «con prescindencia del resultado del litigio y de la condena en costas, puede perseguir el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes, sin perjuicio del derecho de repetición que pudiere corresponder.» (3)

«A excepción de la circunstancia prevista en el CPC, art.198 , la labor de los peritos debe ser retribuida en su totalidad por cualquiera de las partes, sin tener en cuenta el resultado del juicio y con independencia de lo que se resuelva al respecto del régimen de costas; ello, sin perjuicio de la repetición entre las mismas según cuál haya sido la imposición de costas» (4)

Contra esta tesitura, se alzó el Dr. Alvarado Velloso sosteniendo que las costas comunes o las generadas de manera oficiosa, no son solidarias si no simplemente mancomunadas (5).

De cualquier modo, la interpretación vigente en nuestra provincia es la mencionada con anterioridad, conforme a la cual los honorarios regulados a los peritos gozan de lo que se conoce comúnmente como bifrontalidad, esto es, que pueden ser cobrados por los mismos tanto respecto del que resultare perdidoso, y consecuentemente cargue con las costas, como del vencedor, el cual podrá repetir los mismos de su contrario (6).

Sentado lo antedicho, el perito puede solicitar la regulación de honorarios. Tal supuesto es receptado por el artículo art. 255 del CPCC, cuando regula «Los abogados, procuradores, contadores, partidores, tasadores y demás personas que hubiesen intervenido en los juicios pueden solicitar la regulación de sus honorarios desde el llamamiento de los autos para sentencia y antes si su intervención hubiera terminado. La solicitud deberá expresar concretamente los trabajos a regular. El juez de primera instancia o el presidente de los tribunales colegiados practicarán dichas regulaciones. El interesado disconforme deberá interponer conjuntamente los recursos de reposición y apelación subsidiaria en primera instancia y sólo el de revocatoria para ante el tribunal, en la segunda».

Ahora bien, como expuse anteriormente, la duda se origina cuando la pericia se practicó en una medida de aseguramiento de pruebas previa al inicio del proceso de daños en el marco del juicio oral. Es decir, qué pasa cuando el perito dentro del expediente de aseguramiento de pruebas confecciona su dictamen y solicita la regulación de honorarios? ¿Corresponde la misma?¿Cuándo es el momento oportuno para regular honorarios a los peritos? ¿Se puede regular honorarios de manera provisoria?

En una oportunidad se sostuvo que «Si bien no existen normas que prohíban la regulación provisoria de los honorarios de los peritos, tampoco las hay que establezcan lo contrario, es decir, que impongan la obligación de regular. Es por ello que la oportunidad esté reservada al criterio y apreciación de los jueces» (7). En igual sentido se dijo que, «La oportunidad de regulación de honorarios de los peritos intervinientes en juicio no puede someterse a pautas fijas, ya que no existe norma legal alguna que impida practicarla una vez concluida la tarea encomendada, aún antes de la sentencia» (8).

Es decir, no existe norma legal que impida fijar el honorario del perito una vez concluida la tarea encomendada, siendo por ello facultad propia de los jueces de la causa la determinación del momento en que esa regulación debe practicarse.

También se resolvió que si bien en principio las regulaciones de honorarios deben practicarse en oportunidad del dictado de la sentencia definitiva, tratándose de los emolumentos de los peritos resulta aconsejable apartarse de tal postura y proceder a su fijación en la medida en que hayan cumplido su cometido y atendiendo a las pautas regulatorias determinadas legislativamente (9).

Es decir, conforme a este criterio, el Juez podría regular honorarios de manera provisoria a los peritos por su labor desarrollada en el expediente de aseguramiento de pruebas, claro ello está, con las limitaciones previstas por el artículo 9 de la Ley 6767 (mitad de la suma demandada) y al 30% de la escala por ser una medida de aseguramiento de pruebas (Art. 7 inc. 3 ).

Ahora bien, el citado 255 del CPCC consagra la facultad de pedir la regulación de honorarios al perito desde el llamamiento de autos para sentencia o antes su tarea hubiese terminado. Es decir, el momento oportuno es desde el llamamiento de autos, pudiendo hacerlo antes si su tarea terminó. Entonces, la pregunta obligada es:¿cuándo termina la tarea del perito?

La primer respuesta que se me viene a la mente es que la tarea del perito culmina con la entrega de su pericia. Sin embargo, no siempre es así. Es más, me atrevería a decir que en la mayoría de los casos, luego de presentado el dictamen las partes solicitan aclaraciones y/o ampliaciones, ya sea porque el mismo no es claro, o bien porque el experto omite o no profundiza algún punto de pericia introducido.

Es por ello que el art. 558 del CPCC establece que le incumbe al juez de trámite en oportunidad de la audiencia de vista de causa «(.) procurar que las partes, testigos, y peritos se pronuncien con amplitud respecto de todos los hechos controvertidos (.)».

De lo expuesto se advierte claramente que resulta erróneo afirmar que la labor del experto culmina con la entrega de su dictamen, sino más bien, esta finalizaría en oportunidad de la audiencia de vista de causa luego que el Tribunal y las partes le hayan requerido todas aquellas aclaraciones y explicaciones que resulten necesarias para dilucidar los puntos propuestos. Incluso, suele suceder también en algunos casos que el juzgador, echando mano al art. 20 del CPCC despache alguna medida para mejor proveer, ya sea porque considera poco claro el dictamen, o bien solicitando a determinada institución u organismo, algún informe que inexorablemente debió ser tenido en cuenta por el perito para completar su informe.

En suma, lo apuntado pone de manifiesto que no siempre la tarea del perito finaliza con el dictamen pericial, sino que, por el contrario, la labor del perito culmina luego de brindada las explicaciones en oportunidad de la audiencia del 555 CPCC , y siempre y cuando, no se despache ninguna medida para mejor proveer.

Por lo cual entiendo que resulta incorrecto regular honorarios provisorios al perito que entrega su dictamen en el proceso de aseguramiento de pruebas toda vez que por las razones apuntadas, su labor aún no se halla finiquitada.Por otro lado, si así se hiciera -y luego que se encuentre firme la regulación respectiva-, quedaría el auxiliar facultado a iniciar el juicio de apremio contra cualquiera de las dos partes por los honorarios regulados -según la interpretación de la Corte Suprema- incluso antes que se inicie el juicio principal de daños.

Y es que si el perito iniciara apremio contra una de las partes previo a la audiencia de vista de causa a la que tiene que concurrir, no se encontraría garantizada la neutralidad de éste a la hora de evacuar su consulta, por existir incompatibilidad de intereses con alguna de las partes.

Ahora bien, también cabe considerar el supuesto en que el perito elabore su dictamen dentro del aseguramiento de pruebas y luego las partes, con el dictamen producido, celebren un convenio privado y de esta forma el proceso principal nunca se inicia. ¿Qué sucede en estos casos?

Como es lógico pensar, el perito no tiene forma de enterarse si las partes celebraron o no un acuerdo privado que ponga fin al litigio. Por ende, es conveniente que el perito transcurrido un plazo prudencial, solicite al Tribunal que mediante un decreto le exija al actor que se expida respecto si desea continuar o no con el proceso principal y en caso de manifestarse por la negativa, procederá a regular los honorarios del perito. En otras palabras, sólo procede la regulación de honorarios al perito en las medidas de aseguramiento de prueba en aquellos casos en que las partes arribaron a un acuerdo privado que pone fin al conflicto originado.

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(1) PALACIO, Derecho procesal civil, T IV, p.674.

(2) PALACIO, Derecho procesal civil, T IV, p.674.

(3) Ver, C.S.J.N. (Fallos 321:532; 323:2916; entre otros) y C.S.J.S.FE, «Malvicino S.A. c/Provincia de Santa Fe s/Recu rso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción», de fecha 29/10/12

(4) CSJSF, 03-08-2005, «Ruiz c. Municip. Santo Tomé», Lexis N° 18/27003; 16-05-2007, «Mosconi c. Municip.Santa Fe», Lexis N° 18/28304; y Salas Primera, Segunda y Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en Zeus 44-R/76 y 102-J/269 y en JS 89/123, respectivamente.

(5) Alvarado Velloso, Adolfo, «Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe», Tomo II, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, Rosario, 2014, p. 1582.

(6) FIORENZA, Alejando Alberto. «Quiénes están obligados a afrontar el pago de los honorarios regulados a los peritos?», DJURIS 234, 22.09.15

(7) Superior Tribunal de Justicia, 12/6/89, autos «Gutiérrez c. Poder Ejecutivo de Misiones», cit. en Saij-Infojus, Sumario SUM0000168.

(8) Cám. Nac. De Apelac. En lo Civil y Com., 10/11/88, autos «Gómez c. Ciccone», cit. en Saij – Infojus, Sumario SUP0003721.

(9) JARMA, Aníbal E. s. Incidente de ejecución de honorarios en: Finca Río Negro – Chalican vs. Productores Cañeros de Jujuy Cooperativa Agrícola Ltda. / Cámara en lo Civil y Comercial Sala 4, San Pedro de Jujuy, Jujuy; 13-mar-2007; Rubinzal Online; RC J 63/08.

N. de la R.: Artículo publicado en Juris, Jurisprudencia Rosarina Online.