Incumplimiento del servicio de fotografía para un bautismo al que el demandado nunca se presentó, a pesar de haberse facturado una seña

Partes: C. J. L. c/ P. O. L. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 24-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-108481-AR | MJJ108481 | MJJ108481

Daños y perjuicios derivados del incumplimiento del servicio de fotografía contratado para un bautismo al que el demandado nunca se presentó, a pesar de haber facturado una seña. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la acción por los daños y perjuicios de haber derivados del incumplimiento en los servicios de la casa de fotografía demandada, a quien el coactor le entregó la suma de $ 500 en concepto de seña, para que tomara fotografías del bautismo de su hija ya que el demandado se aportó la factura emitida por el demandado que constituye uno de los medios de prueba de los negocios mercantiles

2.- La factura es un elemento de prueba por excelencia del contrato de compraventa y también -por analogía- de otros contratos comerciales como los de publicidad, locación de obra o de servicios y aun cuando por sí sola – esté o no firmada por el emisor -, no compruebe el pago de las mercaderías o servicios a que se refiere, ello no importa descalificar al mentado instrumento como un elemento de prueba de los contratos comerciales en general, quedando reservado para el juez interviniente determinar la eficacia probatoria de tales instrumentos privados, según las circunstancias del caso.

3.-La expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una exposición jurídica que contenga una ‘crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas’, lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio.

Fallo:

Buenos Aires, a los 24 días de noviembre de 2017, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “C. J. L. c/ P. O. L. y otros s/ daños y perjuicios” La Dra. Beatriz A. Veron dijo:

I.- La sentencia definitiva dictada en primera instancia y obrante a fs. 89/ 95 admitió parcialmente la demanda planteada por J. L. C. por si y en representación junto a su esposa R. L. Z., de la niña M. C. contra el Sr. O. L. P., condenado al accionado al pago de la suma de $ 10.500 al coactor J. L. C. y a la menor M. C. la suma de $ 20.000, en ambos casos con más intereses y costas al demandado vencido.

El decisorio fue apelado por el accionado a fs 112/117.

Corrido el pertinente traslado de ley luce a fs.119/120 el respectivo responde de su contraria.

A fs. 123 el Ministerio Público de la Defensa adhiere al responde efectuado por la parte actora, por compartir sus fundamentos solicitando se rechace el recurso interpuesto y se confirme la sentencia apelada.

A fs.126 se dictó el llamamiento de autos, providencia que se encuentra firme, quedando de esta manera los presentes en estado de dictar sentencia.

Cabe señalar que la presente acción tiene su origen en el reclamo impetrado contra el accionado por los daños y perjuicios ocasionados en la oportunidad de haber contratado los servicios de la casa de fotografía de Foto Paleo, de propiedad del demandado, a quien el coactor le entregó la suma de $ 500 en concepto de seña, para que tomara fotografías del bautismo de su hija el día 1 de Junio de 2014 en la Parroquia Inmaculada Concepción de la calle José Cubas 3500 de Caba.

Manifestó que el día acordado, la parte demandada no se presentó, aduciendo que tuvieron que llevar a un hijo, que padece una grave enfermedad, a la ciudad de Rosario a ver al Padre Ignacio, circunstancia ésta alegada que nunca le manifestaron, de manera tal de poder contratar otro servicio, por lo que reclaman los daños ocasionados ante tal incumplimiento.

El agravio central del quejoso se funda en la atribución de responsabilidad endilgada en la sentencia de grado que acogió el reclamo sin valerse de elemento probatorio alguno y de manera absolutamente arbitral, cuestionando asimismo la cuantificación del daño moral.

II.- Como previo y antes de entrar en el tratamiento de los agravios deducidos cabe precisar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015 aprobado por la ley 26.994 contempla de manera expresa lo relativo a la “temporalidad” de la ley. Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art.7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Las consecuencias son los efectos, -de hecho o de derecho- que reconocen como causa, una situación o relación jurídica por ende atento que en los presentes obrados la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior, corresponde analizar la cuestión a la luz de la misma, así como la doctrina y jurisprudencia a ella aplicable.

III.- Sentado ello en principio corresponde establecer si resulta procedente la declaración de deserción del recurso solicitada por los accionantes, en su responde por incumplimiento de los requisitos contenidos en el art. 265 del Código Procesal.

La expresión de agravios supone la existencia de dos elementos: el perjuicio que se infiere a la parte quejosa, aspecto endógeno con sus consecuencias, y que dicho perjuicio, para llegar al ámbito conceptual de agravio, provenga de errores de la sentencia, los que deben ser indicados claramente.

Reiteradamente hemos sostenido que el recurso de apelación no implica una pretensión distinta o autónoma con respecto a la pretensión originaria, sino una eventual derivación de ésta que constituye el objeto, la que ya no se puede modificar en sus elementos. Se ha declarado que únicamente es fundado cuando en razón de su contenido sustancial es apropiado para la obtención de una resolución que reforme, modifique, amplíe o anule el pronunciamiento impugnado. Caso contrario, debe declararse desierto el recurso (C.N.Civ., esta Sala, 1/10/09, expte. Nº 2.575/2004 “Cugliari, Antonio Carlos Humberto c/ BankBoston N.A. s/ cancelación de hipoteca”. Idem., 23/6/2010, expte.Nº 59.366/2004 “Berdier, Tristán Marcelo c/ Snitovsky, Luis y otro s/ daños y perjuicios”).

Este Tribunal ha sostenido que es imprescindible a los efectos de abrir la posibilidad revisora de la Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que tornan injusta la solución adoptada por el magistrado de la instancia anterior, para lo cual debe aportar consistentes razonamientos contrapuestos a los invocados en la sentencia, que demuestren argumentalmente el error de juzgamiento que se le atribuye. La expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, ya que ésta no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales o las quejas que no dedujo (Conf. CNCiv., esta Sala, 24/9/09, Expte. Nº 89.532/2006, “M. R. E c/ F, R A”; Idem, 18/2/2010 expte. Nº 100.658/2000 “Coronel, Juan Carlos y otros c/ Cerzosimo, Claudio Fabián y otros s/ daños y perjuicios” Ídem. Id, 15/7/2010, expte. Nº 72.250/2002 “Celi, Walter Benjamín y otro c/ Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios” entre muchos otros).

La expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una exposición jurídica que contenga una “crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas”. Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio.

Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto “Códigos Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado”, t. III, p. 351, Abeledo Perrot, 1988; CNCiv., esta Sala, 1/10/2009 Expte.Nº 2.575/2004, “Cugliari, Antonio Carlos Humberto c/ BankBoston N.A. s/ cancelación de hipoteca”).

Este Tribunal se ha guiado siempre por un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el art. 265 de la ley adjetiva, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la antes citada norma con la garantía de defensa en juicio, de raigambre constitucional.

De allí entonces, que el criterio de apreciación al respecto debe ser amplio, atendiendo a que, por lo demás, los agravios no requieren formulaciones sacramentales, alcanzando así la suficiencia requerida por la ley procesal cuando contienen en alguna medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que se ha incurrido o que se atribuye a la sentencia y se refuten las consideraciones o fundamentos en que se sustenta para, de esta manera, descalificarla por la injusticia de lo resuelto. (Conf. C.N.Civ. esta sala, 11/5/2010, expte. Nº 75.058/2000,”Peralta, Carlos Raúl y otros c/ Coronel Vega, Carlos Javier y otros s/ daños y perjuicios” Ídem 21/12/2010, expte. 108.705/2005, “Comte Olivares Juan Carlos c/ Rekz Miguel Omar y otros s/ daños y perjuicios” entre otros muchos). Ahora bien, no obstante tal amplitud en la apreciación de la técnica recursiva, existe un mínimo por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la ley de forma, no resultando legalmente viable discutir el criterio judicial sin apoyar la oposición en basamento idóneo o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista (conf. C. N. Civ., esta Sala, 17/12/2009, expte. Nº 62.375/2006 “Enser, Luis Alberto c/ Empresa de Transporte General Tomás Guido S.A.C.I.F. y otros”; id; 14/08/2009, expte. Nº 70.098/98 “Agrozonda S. A.c/ Jara de Perazzo, Susana Ventura y otros s/ escrituración” y expte. Nº 60.974/99,”Agrozonda S. A. c/ Santurbide S. A. y otros s/ daños y perjuicios” ; id; 21/12/2009, Expte. Nº 43.055/99, “Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros”).

Esto es -a mi criterio- lo que ocurre en el caso de autos, donde el apelante no controvirtió adecuadamente los argumentos centrales del decisorio en cuestión; en su queja se ha limitado a suministrar diversos argumentos acerca de supuestas interpretaciones erróneas u omisiones atribuidas al sentenciante en especial, en cuanto a la valoración de la prueba, toda vez que de la documentación agregada no pude considerarse la existencia contractual alegada -ello con el fin de deslindar su responsablidad-, sin embargo sus quejas no pasan la valla de la mera disconformidad, por lo que conceptúo que la apelación debe estimarse desierta y así lo dejo propuesto al Acuerdo.

IV.- Sin perjuicio de la solución que propicio y en orden a lo dispuesto por el art. 266 del Código Procesal, se analizarán las cuestiones que no han sido eficazmente rebatidas. Cabe señalar tal como señalara el sentenciante de grado que de lo prueba producida surge que Foto Paleo es la denominación de fantasía de las actividades desarrolladas por el demandado O. L. P., quien reconoció la documentación obrante a fs, 3 y 4 (presupuesto y factura).

A fs. 3 luce el presupuesto donde consta el deta lle del evento, fecha del mismo, nombre de la menor, lugar de celebración, descripción cantidad y precio total y forma de pago 30% al contratar 30% con las muestras y saldo a retirar.

A fs.4 obra la correspondiente factura emitida por el demandado por el servicio fotográfico y por la suma de $ 500 representativa del 33,33% del total acordado en el presupuesto, monto a todas luces suficiente para perfeccionar el contrato de locación de servicios celebrado entre las partes.

Este Tribunal ha sostenido que la factura constituye uno de los medios de prueba de los negocios mercantiles, es un elemento de prueba por excelencia del contrato de compraventa y también -por analogía- de otros contratos comerciales como los de publicidad, locación de obra o de servicios y aun cuando por sí sola – esté o no firmada por el emisor -, no compruebe el pago de las mercaderías o servicios a que se refiere, ello no importa descalificar al mentado instrumento como un elemento de prueba de los contratos comerciales en general, quedando reservado para el juez interviniente determinar la eficacia probatoria de tales instrumentos privados, según las circunstancias del caso.

Ahora bien de conformidad con el entonces vigente artículo 474 del Código de Comercio, las facturas poseen óptima eficacia liquidatoria y probatoria del negocio que instrumentan, por lo que cabe, en principio, estar a sus términos dado que la presunción que de ello se deriva es de especial intensidad. (Conf CNCiv esta sala 18/10/2016 Expte Nº 98640/2013 “Tetamanti Fernando Pedro c/ Consulgroup S.A. s/ cobro de sumas de dinero” ) desprendiéndose de este documento como del presupuesto adjunto a fs. 3, la existencia del contrato que obligaba al fotógrafo a asisitir a la celebración de bautismo de la menor el día, hora y lugar convenido, y cuya incumplimiento le es jurídicamente imputable. Así las cosas, y por todo lo hasta aquí expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo:

I.- Declarar desierto el recurso interpuesto a fs. 97 y concedido a fs. 99 confirmando el pronunciamiento de grado con costas de Alzada a la actora vencida (art. 68 del Código Procesal).

Tal es mi voto La Dra.Zulema Wilde adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe. Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

Buenos Aires, noviembre de 2017.

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

I.- Declarar desierto el recurso interpuesto a fs. 97 y concedido a fs. 99 confirmando el pronunciamiento de grado con costas de Alzada a la actora vencida (art. 68 del Código Procesal).

Para conocer los honorarios regulados a fs. 95 vta y que fueran apelados a fs 97,a en atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9,10, 11, 19, 10, 37, 38 y conc. de la ley 21.839, y su modificatoria 24432, por resultar ajustados a derecho se confirman los honorarios regulados en la instancia de grado.

Por la labor realizada en la Alzada, de conformidad con las pautas del art. 14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios de la Dra M. S. B. en la suma de pesos.($.) y los del Dr R. A. P. en la suma de pesos.($.).

Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.

VERON BEATRIZ ALICIA

WILDE ZULEMA