Para un debido proceso, es necesario la entrevista personal del magistrado con el sujeto cuya capacidad jurídica se procura restringir

Partes: S. B. A. s/ determinación de la capacidad

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 4-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108620-AR | MJJ108620 | MJJ108620

La entrevista personal del magistrado con el sujeto cuya capacidad jurídica se procura restringir, forma parte de las garantías personales que es preciso preservar en resguardo del debido proceso adjetivo, sin entrevista, no hay sentencia válida.

Sumario:

1.-Corresponde devolver las actuaciones al juez de grado a fin de que adecue el procedimiento de limitación de la capacidad a los términos de los arts. 626 y 633 del CPCCN. y 35 y 37 del CCivCom. de la Nación, para lo cual deberá mantener una entrevista personal con el causante y efectuar una nueva evaluación a través de un cuerpo médico integrado por tres médicos psiquiatras o legistas ya que el suscripto únicamente por una psicóloga y una trabajadora social no resulta suficiente a los fines previstos en las normas citadas.

2.-El art. 37 ‘in fine’ del CCivCom. de la Nación, señala que a los fines de dictar sentencia en los procesos de limitación de la capacidad es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario, asimismo el art. 626 inc. 3 del CPCCN. establece que la pericia en la que se basará la sentencia de restricción de capacidad deberá ser confeccionada por tres médicos psiquiatras o legistas.

3.-Según lo previsto por el art. 35 del CCivCom. de la Nación la magistrada interviniente en los procesos de limitación de la capacidad es quien debe mantener una entrevista personal con el interesado, dicha disposición busca garantizar en todos los casos ‘la inmediatez con el interesado durante el proceso’ y el nuevo código impide expresamente la posibilidad de que el juez dicte sentencia sin tener previamente, como mínimo, una audiencia con la persona.

Fallo:

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

I.-De conformidad con lo prescripto en el art. 626 inc. 3 del Código Procesal la pericia en la que se basará la sentencia de restricción de capacidad deberá ser confeccionada por tres médicos psiquiatras o legistas.

Por su parte, el art. 37 “in fine” del Código Civil y Comercial de la Nación, señala que a los fines de dictar sentencia en los procesos de limitación de la capacidad “(.) es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario”. De acuerdo con esta perspectiva, tratándose el informe de una prueba necesaria, “(.) sin perjuicio de las demás evaluaciones que el juez estime necesario llevar a cabo en el marco del proceso de acuerdo a las particularidades del caso, en el art. 8° de la ley 26.657 aparece una pauta orientadora: “se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes” (Olmo, Juan Pablo “Salud Mental y Discapacidad.

Análisis del Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994” Ed. Dunken 2015.

En el caso, a fs. 202 fue designado el Cuerpo Médico Forense a efectos de realizar dicho examen médico, pero su intervención fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia a fs. 260.

En virtud de ello a fs. 276 fue designada la Dirección de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de cumplir con lo dispuesto a fs. 202.

Finalmente a fs.366/378, se agrega un informe interdisciplinario, suscripto únicamente por una psicóloga y una trabajadora social, no resultando suficiente a los fines previstos en las normas citadas.

Si a ello se suma que dicho informe fue realizado hace poco más de cuatro años (el día 12 de noviembre de 2013), entiende el Tribunal, que previo a resolver lo que en derecho corresponda, deberá realizarse una nueva evaluación, la que deberá ser elaborada al menos por un médico psiquiatra, un psicólogo y un profesional de otro área.

II.- Por otro lado, se observa que con el informe socioambiental realizado por la trabajadora social del Juzgado a fs. 440/441 se ha tenido por cumplida la entrevista personal que la Sra. Juez debía mantener con el interesado.

Ahora bien, según lo previsto por el art. 35 del Código Civil y Comercial de la Nación es la magistrada interviniente quien debe mantener una entrevista personal con el interesado. Dicha disposición busca garantizar en todos los casos “la inmediatez con el interesado durante el proceso”.

El nuevo código impide expresamente la posibilidad de que el juez dicte sentencia sin tener previamente, como mínimo, una audiencia con la persona.

Según se ha resuelto, a partir de la sanción de la ley 26.657, se ha rediseñado en nuestro ordenamiento el abordaje de la problemática de la salud mental, inspirándose en criterios que propenden a una mayor humanización de los procesos que le atañen, lo que determina reforzar la exigencia del contacto personal del juez con el afectado a la hora de valorar tanto el tratamiento terapéutico, como las garantías de la persona frente al sistema judicial. En definitiva, el principio de progresividad de los derechos humanos (art. 29 inc. b de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 52 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, entre otros) lleva a postular que la nueva legislación deba siempre interpretarse como ampliatoria de los derechos y garantías y nunca vulneratoria o regresiva.De ahí que quepa afirmar que ya no pertenece sólo a la órbita de las exigencias legales al magistrado lo que lleva a propender a que se cumpla la audiencia de conocimiento personal del padeciente, sino que el derecho de éste al trato personalizado y humanitario, así como la garantía de acceso directo al órgano de decisión, constituyen factores decisivos que también se orientan en esta línea (CNCiv, Sala B, “Z. M. s/ art. 152 ter, Código Civil”, 28/05/2013).

De ahí que se haya sostenido que la entrevista personal del magistrado con el sujeto cuya capacidad jurídica se procura restringir, forma parte de las garantías personales que es preciso preservar en resguardo del debido proceso adjetivo. Sin entrevista, no hay sentencia válida, sin ésta, no hay revisión por la Alzada. La humanización llega a tal punto que transforma el contacto personal en requisito sin el cual no hay un pronunciamiento válido (María Isabel Benvante, “El juicio de incapacidad y las reglas procesales adecuadas. Una deuda pendiente”, DFyP 2013 (septiembre), 249 – Sup. Doctrina Judicial Procesal 2013 (diciembre), 15).

En función de lo anterior y oída la Sra. Defensora de Menores de Cámara en su dictamen de fs. 522, el Tribunal RESUELVE: Devolver las actuaciones al juzgado de grado a efectos de que se adecue el procedimiento a los términos del art. 626 y 633 del Código Procesal de la Nación y 35 y 37 del Código Civil y Comercial de la Nación para lo cual: 1) Se deberá efectuar una nueva evaluación que deberá ser elaborada por, al menos, un/a medico/a psiquiatra, un psicólogo y un profesional de otro área; 2) La magistrada interviniente deberá mantener una entrevista personal con el Sr. B. A. S. a efectos de cumplir de forma adecuada con el art. 35 del CCCN. REGISTRESE y NOTIFIQUESE a la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Cámara mediante cédula electrónica a confeccionarse por Secretaría. Cumplido, comuníquese al CIJ (Ac. 15/2013 y 24/2013). Vuelvan las presentes actuaciones a la instancia de origen, encomendándose ordenar las notificaciones que correspondan.

JOSE BENITO FAJRE

LILIANA E. ABREUT DE BEGHER

CLAUDIO M. KIPER

JUECES DE CÁMARA