Muerte de una niña por nacer en tanto los médicos sometieron en forma totalmente innecesaria a trabajo de parto al feto y a su madre

Partes: Z. S. A. y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios – resp. profesional

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: B

Fecha: 9-feb-2018

Cita: MJ-JU-M-109501-AR | MJJ109501 | MJJ109501

Las médicas demandadas resultan responsables por los daños y perjuicios derivados de la muerte de una niña por nacer, pues se vincula causalmente con el obrar culposo de ambas, en tanto sometieron en forma totalmente innecesaria a trabajo de parto al feto y a su madre. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda por los daños y perjuicios sufridos a causa de la deficiente atención médica recibida por la actora en su embarazo que culminó con la muerte de su hija por nacer, pues la muerte del feto se produjo por ‘aspiración de líquido amniótico’ en un cuadro de ‘sufrimiento fetal’ ya que ese desenlace fatal pudo preverse en abstracto y evitarse en concreto, pues hubiese bastado que las médicas demandadas, actuando con la diligencia debida, realizaran la cesárea a tiempo, como lo expusieran los peritos del Cuerpo Médico forense en sede penal

2.-El examen de la culpa médica no puede realizarse en abstracto y, con los resultados a la vista, apreciar en forma retrospectiva todo lo que pudo haberse hecho, hay que colocarse en el lugar y el tiempo en que el médico actuó y así ubicados, preguntarnos si en el marco de esas circunstancias que rodearon la actuación fue aceptable su obrar confrontándolo con un profesional diligente, prudente, que corresponda a la categoría o clase en la que quepa encuadrar la conducta del deudor en cada caso concreto.

3.-Corresponde otorgar una indemnización por frustración de la chance de recibir ayuda futura derivado de la muerte de su hija por nacer, ya que se trataba de un feto de sexo femenino sano y es dable concluir que con su muerte, se privó a los aquí actores, que componen una familia de condición humilde de una ayuda económico futura, ello más allá de que la circunstancia de tratarse de una niña por nacer, la edad de los padres y el hecho de que tengan otro hijo- del cual también es lógico presumir que reciban ayuda en un futuro- tengan lógica incidencia en la cuantía de la indemnización.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 9 días del mes febrero de dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Z. S. A. y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ caños y perjuicios” (EXPTE. Nº 89.945/2007), respecto de la sentencia de fs. 605/626 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: PARRILLI – MIZRAHI – RAMOS FEIJOO.

A la cuestión planteada el Dr. Parrilli, dijo:

1. S. A. Z. y S. E. S., ambos por derecho propio, demandaron al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich); A. M. N.; P. J. R. y “Seguros Médicos S.A.” -ésta última en los términos del artículo 118 de la ley 17.418- por los daños y perjuicios sufridos a causa de la deficiente atención médica recibida por la primera en su embarazo que culminó con la muerte de su hija por nacer. Dijeron que en el año 2005, Z. quedó embarazada de su primera hija y comenzó a atenderse en el Hospital antes referido. Dicho embarazo transcurrió sin complicaciones y 7 de marzo de 2006, fecha estimada para el parto, sin realizar monitoreo alguno, los profesionales que atendían a la actora le indicaron que aún no había llegado el momento. El Dr. Nacach le indicó un monitoreo fetal, que se hizo el día 10 de aquél mes de marzo resultando que existía una reducción de líquido amniótico.El día 13 de marzo concurrió a nuevo control y por ecografía se advirtió nueva reducción del líquido (el 69 % de los valores normales). Señalan que, no obstante esos resultados, el referido profesional la citó para el 17/03/06, pero frente a la insistencia de la paciente solicitó control y estudio para el día 15/03/06. Aquél día, luego de realizarle la práctica indicada y sin informarle su resultado, Z. quedó internada con el objeto de inducir el parto, teniendo en cuenta continua pérdida de líquido amniótico y ausencia de dilatación. Señalaron que la actora contaba con 38 años de edad y al momento de la internación transitaba las 41ª semanas y media de embarazo, lo cual hacia que este fuera de riesgo, no obstante lo cual fue sometida a doce horas de trabajo de parto sin controles adecuados. Agregan que a las 03:20 horas del día 16 de marzo de 2006, se detectó un cuadro de bradicardia en el feto y, pese a ello, no se practicaron métodos de reanimación intrauterina hasta que se le realiza una cesárea abdominal a las 03.35 horas, muriendo su pequeña hija antes de nacer.

A su turno, tanto los médicos demandados como su aseguradora y el Gobierno local, negaron la responsabilidad que les fuera endilgada, así como la procedencia y cuantía de los daños reclamados.

2. Con sustento en el dictamen presentado por el perito médico en este expediente y en aquéllos otros obrantes en la causa “N., Ana M. y R., P. J. s/ homicidio culposo” n° 2608, que tramitara por ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30, conjugando las conclusiones de dichos expertos y sus declaraciones con las presunciones hominis desfavorables al obrar de las médicas demandadas- derivadas de las deficiencias que presenta la historia clínica- el Sr.Juez consideró probado que al no haberse realizado una cesárea, ni las maniobras de reanimación del feto -cuando se detectó la bradicardia y se preparaban para realizar la tardía cesárea- se frustró una chance cierta de que la niña sobreviviera al parto, causando daños patrimoniales y extrapatrimoniales a los padres de aquélla.

En consecuencia, decidió condenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, P. J. R. y A. M. N. -hoy sus herederos- y a Seguros Médicos S.A.-en la medida del seguro pactado-, a pagar a los actores, en forma indistinta o concurrente y dentro del plazo de 10 días, la suma de $ 395.280 ($ 197.640 para cada uno de los padres), más los respectivos intereses y costas del proceso.

3. Todas las partes se agraviaron de la sentencia. Los actores lo hicieron en el escrito de fs. 701/719, cuyo traslado (ver f. 720, pto. II) fue contestado a fs. 774/777, fs. 779/783, fs. 784/792 y fs. 793/797). Por su parte, el Gobierno local expresó los suyos a fs. 690/700, que se contestaron a fs. 754/760, mientras que los restantes demandados y la aseguradora los pusieron de manifiesto a fs. 722/738, fs. 739/752 y f. 721, recibiendo la contestación de los demandantes a fs. 762/772.

4. Frente a la existencia de normas sucesivas, debo aclarar que al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial y art. 1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el sistema de derecho transitorio contenido en el art. 7° del nuevo Código, como ya lo ha resuelto la Sala anteriormente (ver, mi voto en autos: “D. A. N. y otros c/ Clínica Modelo Los Cedros SA y otros s/daños y perjuicios – resp. prof.médicos y aux”. (47177/2009) del 6-8-2015), la relación jurídica que da origen a esta demanda, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil (ley 17.711) interpretado, claro está, a la luz de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país porque así lo impone una correcta hermenéutica en respeto a la supremacía constitucional.

Por otra parte, considero indispensable señalar que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros); asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador referir en la decisión todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:115; 265:252).

Por último, debo decir que en este tipo de procesos al debatirse temas propios de la ciencia médica, adquiere especial relevancia la prueba pericial, aunque – y esto es central- no puede olvidarse aquélla no reviste el carácter de prueba legal por lo que su valoración ha de serlo con arreglo a las pautas del artículo 477 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, esto es, teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, los demás elementos de convicción que la causa ofrezca y claro está, las reglas de la sana crítica que no son otra cosa que las de la lógica y la experiencia del juez de acuerdo al recto entendimiento.

5.Hechas estas aclaraciones examinaré los agravios relativos a la responsabilidad endilgada a los demandados.

El Sr. Juez incluyó el caso en el ámbito de la responsabilidad subjetiva lo cual es correcto y no ha sido objeto de agravios, por lo que el factor de atribución estará dado, en este caso, por la culpa, es decir por la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar (cfr. arts 512 y 902 del CC).

El examen de la culpa médica no puede realizarse en abstracto y, con los resultados a la vista, apreciar en forma retrospectiva todo lo que pudo haberse hecho. Hay que colocarse en el lugar y el tiempo en que el médico actuó y así ubicados, preguntarnos si en el marco de esas circunstancias que rodearon la actuación fue aceptable su obrar confrontándolo con un profesional diligente, prudente, que corresponda a la categoría o clase en la que quepa encuadrar la conducta del deudor en cada caso concreto ( cfr. P. de Leal, Rosana, “Responsabilidad civil del médico -tendencias clásicas y modernas”, capítulo II, Ed. Universidad, 1995; Vázquez Ferreyra, Roberto A., “Responsabilidad civil médica – Error en el diagnóstico patológico. Valoración de la culpa profesional.

Pérdida de la chance como daño indemnizable y otras interesantes cuestiones”, LA LEY, 1999-F, 21).

Consecuentemente, la obligación que asumen los médicos en sus prestaciones es de medios y no de resultado. Aquéllos no garantizan curar paciente, ni deben hacerlo (art. 20 incisos 1° y 2° ley 17.132).

En cuanto al hospital, tiene la obligación de prestar asistencia médica, que lleva implícita una obligación tácita de seguridad de carácter general o accesoria para la preservación de la persona de los contratantes contra los daños que puedan originarse en la ejecución del contrato (cfr. art.1198 CC).

De manera que la demostración de la referida falta de diligencia, que conllevaría también, en este caso, la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aparece como una carga ineludible para la actora que funda en tal hecho su pretensión (cfr. art. 377 del Código Procesal). Ineludible, pero no rígida pues no puede soslayarse la cooperación que debe brindar la parte que goza de facilidad probatoria, en este caso los demandados, en la búsqueda de la justicia (cfr. CSJN in re; “Plá Silvio Roberto y otros c. Clínica Bazterrica S.A. y otros”, set. del 4/9/2001).

Los actores también deberán demostrar la relación de causalidad entre el obrar de las médicas y el daño. En materia de responsabilidad médica se trata de la lamada iatrogenia que tiene lugar cuando el daño que sufre el paciente acontece por obra del agente de salud. Sin embargo, si bien toda mala praxis lleva implícita una iatrogenia, ésta no necesariamente se ha de producir por aquélla. La pa togenia o las consecuencias negativas que sufre el paciente podrán tener origen en su propia predisposición, constitución o sensibilidad: vale decir, en sus factores individuales, de manera que la intervención del galeno lo que hace es disparar o poner en marcha elementos patológicos que hasta ese momento estaban latentes en aquél. No alcanzará pues para responsabilizar al profesional cuando su conducta pueda calificarse de inculpable por haber adoptado todas las diligencias que el caso requería (ver “Diccionario de la Lengua Española”, Real Academia Española, vigésima segunda edición, p. 842).

En el caso, los actores se agravian porque el Sr.Juez limitó la responsabilidad atribuida a los demandados a una pérdida de chance ya que en sede penal se consideró que la conducta de las médicas demandadas determinó el fallecimiento de la hija de sus representados y aquéllas fueron procesadas por “homicidio culposo y en base a dicho delito, la causa se hallaba en etapa de juicio oral”. Afirman se realizó una desacertada interpretación de la pericia médica y que resulta “evidente y se encuentra indudablemente demostrado, que la criatura por nacer ha sufrido sufrimiento fetal y bradicardia mientras que se encontraba en el medio hospitalario y al cuidado de los médicos, quienes nada hicieron para preservar la vida de la niña, la que fallece justamente en virtud de dicho sufrimiento perinatal” Por su parte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires construye sus agravios argumentando que no se probó que el obrar de las médicas demandadas guarde nexo causal adecuado con la muerte del feto. Para ello se apoya en que el Sr. Juez solo condenó por la pérdida de una chance de sobrevida ya que, según dijo, la realización de la cesárea “es probable, que al menos hubiera disminuido el riesgo de fallecimiento del feto” pero que “no es posible saber si el desenlace fatal se hubiera evitado de haber sido directamente aquella la conducta elegida” Del mismo modo, los herederos de N. cuestionan la condena haciendo base en que “.resulta difícil, desde el punto de vista médico, determinar con la certeza debida cual hubiera sido el desenlace final de haber efectuado ab initio la operación cesárea.Por lo cual no surge vinculado causalmente, en forma adecuada, la supuesta no indicación de cesárea y el fallecimiento del feto; lo cual demuestra que no se ha probado la relación de causalidad adecuada necesaria como presupuesto ineludible de la responsabilidad civil.” Finalmente, la apoderada de R., afirma que hasta las 03.10 hs la frecuencia cardíaca fetal se mantuvo estable y recién a las 03.20 hs descendió a 80 latidos por minuto, horario en que se requirió la presencia de su poderdante (vid. fs. 238 causa penal), quien actuó al efecto e hizo lo que debía hacer conforme la lex artis, esto es, maniobras de reanimación y la cesárea, razón por la cual considera que no puede sostenerse que exista relación de causalidad entre el obrar de su representada y la muerte del feto.

Adelanto que estos agravios de los demandados no pueden prosperar.

En materia de responsabilidad médica, el contacto físico entre un profesional y un paciente que experimenta daños – imputatio facti-, no permite indefectiblemente imputar esos daños al profesional, pues las pruebas aportados al proceso- en especial la pericial médica-, con suma frecuencia, suscitan dudas acerca de si el obrar médico fue en verdad el que ocasionó perjuicios (cfr. Bueres Alberto J, “Responsabilidad civil de los médicos”, 3ª edición, p. 268 y en igual sentido la opinión de Mosset Irurraspe citada en la nota 29, apartado “a” de la obra antes referida).

Frente a esa complejidad que presenta la prueba de la relación de causalidad en la culpa médica, doctrina y jurisprudencia han flexibilizado o aligerado la prueba de la interconexión entre el hecho o factor eficiente y el daño a fin de que la responsabilidad médica no se torne ilusoria (ver en este sentido Bueres, op.cit, p.254, 268 y autor citado en nota 70).

En ese sentido, se ha dicho que cuando es imposible tener certeza o exactitud por la complejidad del caso el juez podrá tener por acreditada la relación de causalidad si existen elementos probatorios que permitan deducir con un grado de suficiente probabilidad, que la conducta del médico resultó idónea para producir el daño (ver en este sentido, voto del Dr. Bueres como vocal de la Sala D de esta Cámara del 29/02/96, in re, “Turón, Claudia c/ Municipalidad de Buenos Aires” ; JA, 1996-IV-386, pág. 387; Vázquez Ferreyra, Roberto; “La Prueba de la Relación Causal en la responsabilidad civil”, (hacia un alivio de la carga probatoria); JA, T. 1996-D, Sec. Doctrina, pág. 988 y sigs).

Así lo afirma el Sr. Juez cuando, en fundamentos que no son debidamente rebatidos, expresa que “la teoría de la causalidad adecuada aquilata la adecuación de la causa en función de la posibilidad o probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos. El concepto de “causalidad adecuada” implica, pues, el de regularidad, apreciada de conformidad con lo que acostumbre suceder en la vida misma” En suma, en materia de responsabilidad médica no cabe un perfil newtoniano de la causalidad y esta se diseña en términos de probabilidad (cfr. De Lorenzo, “El daño y las causas de justificación. A propósito del Proyecto de Código Civil de 1998” LA LEY, 2000-C, 975, citado por Mayo Jorge y Prevot, Juan Manuel, “La relación de causalidad. Como requisito autónomo y esencial de la responsabilidad civil”, L.L. 2010 – E, p.945).

Aplicando estos conceptos y ante los agravios de los demandados en punto a que no hay nexo causal entre su obrar y la muerte del feto, parece necesario decir que al contestar demanda ellos señalaron como factor “altamente probable” que “influyó negativamente en la vitalidad fetal” la presencia de corioamnionitis -infección del líquido amniótico y las membranas que lo contienen – (ver contestaciones de f.82 vta y 127/135). Sin embargo, el perito médico designado de oficio -al ser preguntado sobre si esa patología pudo se la causa de la muerte fetal intrautero- informó que “no fue mencionada ninguna alteración en el protocolo quirúrgico, ni en la rotura de membranas” (ver f.419,respuesta n° 33) y el día de la internación se realizó un monitoreo fetal reactivo (ver f. 419, resp. n° 36).

Descartada la causa invocada por los demandados, adquiere especial relevancia en punto a la causalidad la autopsia practicada en sede penal por el Dr. P., según la cual la muerte del feto se produjo por “aspiración de líquido amniótico” en un cuadro de “sufrimiento fetal” (ver informe histiopatológico obrante a fs. 102/103 de la causa penal y contestación del perito médico de f. 458). Aquél sufrimiento, según los médicos forenses que dictaminaron en sede penal, tuvo su origen en una compresión del cordón umbilical por pérdida de líquido amniótico, que evitaba la transmisión de oxígeno al feto (hipoxia – ver declaraciones de los médicos forenses a f. 125 y f. 128 del proceso penal).

Digo que lo expuesto es relevante en punto a la determinación de la relación causal, porque también se encuentra probado que el embarazo de Z. presentaba oligoamnios – disminución de líquido amniótico menor a percentilo tres- (ver examen físico realizado en el hospital demandado a f. 140), patología que según informara el Dr. P.puede favorecer el referido sufrimiento fetal durante el trabajo de parto (ver declaración obrante a f.128 de la causa penal) y había sido verificada, como corresponde por ecografía (ver respuesta del perito médico a f. 419 vta, p. 8) de lo cual tomaron conocimiento ambas médicas al hacerse cargo de las guardia.

En consecuencia, es dable concluir que aún cuando el sufrimiento fetal haya sido “agudo” y la muerte se produjera en pocos minutos – como argumentan los recurrentes-, ese desenlace fatal pudo preverse en abstracto y evitarse en concreto. Hubiese bastado que las médicas demandadas, actuando con la diligencia debida, realizaran la cesárea a tiempo, como lo expusieran los peritos del Cuerpo Médico forense en sede penal (ver informe del Dr. B. a f.115/119 y su declaración a f.125/127, que luego ratifica junto al forense Dr. Florencio Casavilla a f. 253/254 al afirmar que “la realización de una cesárea en forma directa, es probable, que al menos hubiera disminuido el riesgo del fallecimiento del feto o haber evitado la muerte del mismo”) y luego el perito designado de oficio en este expediente (ver f. 418, respuesta 5ª y contestación de f. 458), en conclusiones periciales que no resultan debidamente rebatidas por las impugnaciones opuestas al informe (fs. 425/426, 429/432 434/vta., 436/439 y 463/465), fueron contestadas por el experto (ver fs. 445, 455 y 458) y sólo reflejan discrepancias carentes de aval científico (cf. art.458 CPCCN).

Dicha posibilidad de que durante aquél trabajo de parto se produjera la muerte del feto en la forma en que ocurrió, descarta el agravio del Gobierno local relativo a que no existía”una contraindicación médica para el parto por vía normal” y deja en evidencia que la realización de la cesárea no era “opinable desde la óptica médica”- como sostiene dicho recurrente- sino la alternativa médica que debió seguirse ante una parturienta que, como Z., se encontraba en las 41, 5 semanas de gestación y según informaron los peritos presentaba factores de riesgo tales como su edad (38 años), era primigesta y mediante ecografía se había verificado la pérdida de líquido amniótico – oligamios- (ver respuestas “a”, “c” y “d” del perito médico a f.417).

En suma, la muerte de la niña por nacer se vincula causalmente con el obrar culposo de ambas médicas, quienes sometieron en forma totalmente innecesaria a trabajo de parto al feto y a su madre (ver contestación del perito médico designado en autos a f.417, respuesta “h” y f. 445) no obstante que el primero no se encont raba “encajado” y tenía una una presentación “alta” y “móvil” (ver f.418, respuesta 5ª del perito médico y f.419 respuesta 13ª ) y dejaron en las manos de las obstétricas el control de la parturienta pese al referido cuadro de riesgo (ver f.116 punto “b” y f. 126 de la causa penal), que requería un control estricto (ver f. 417 punto “j” del dictamen pericial) para recién, al presentarse la bradicardia, ejecutar la cesarea, tardíamente y sin éxito.

No paso por alto que según la apoderada de R.no puede responsabilizarse a su representada “de la internación de la coactora o de la conducta que se debió de tomar en dicho momento, ya que como ha quedado probao de autos la suscripta no ordenó su internación, y recién llegó a la guardia a las 20 hs” y tampoco soslayo que tal como expone, “de la declaración del Dr. B. en sede penal, y ante la pregunta de si a su criterio medió negligencia de alguno de los médicos, el mismo señaló que “a su criterio el médico a cargo de la paciente en el momento de la internación debió haber planificado y tenido una conducta obstétrica más definida y activa que no surge de la historia clínica” (vid. fs. 126 vta). Sin embargo, tales agravios- encaminados a descargar toda la responsabilidad en su litisconsorte N.- se desvanecen a poco que se repare que la asistida por la recurrente cubrió la guardia desde las 20.00 hs. (es decir, antes de que la paciente comenzara con trabajo de parto) y en ese momento “se interiorizó del estado de la totalidad de las pacientes” (v. sus propios dichos al prestar declaración indagatoria – f. 194 de la causa penal y al contestar demanda a f.205 última parte), sin adoptar la conducta debida de realizar la cesarea.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar los agravios de los demandados y su aseguradora y admir las quejas de los actores, responsabilizando a los demandados en forma íntegra y concurrente por los daños causados a raíz de la muerte de la hija de los demandantes.

6. Descartadas las quejas de los demandados respecto a la responsabilidad, examinaré los agravios de las partes sobre los distintos rubros que integran la cuenta indemnizatoria.

Luego de afirmar que la muerte del hijo concebido, al igual que la del recién nacido, es indemnizable por el responsable dentro del concepto de daño material, como frustración de la chance de ayuda futura que podría representar para sus padres, y ponderando que estos tenían 38 -S.Z.- y 35 – S.- años al momento del hecho dañoso y constituyen una familia de condición humilde, el Sr. Juez sostuvo que ambos “perdieron la chance de que esa hija, de haber nacido con vida, pudiera ayudarlos o asistirlos económicamente en la ancianidad o en la indigencia” y sobre la cuota de responsabilidad atribuible a los demandados, estimó en $ 63.000 la indemnización para cada uno de los padres por el daño material que sufrieran a causa de la muerte de su hija.

Dicha decisión motiva el agravio de los actores quienes afirman que la indemnización reconocida es meramente simbólica. En ese sentido, expresan que “la indemnización por la joven vida cercenada no se agota en la pérdida de chance futura, en tanto que quienes hemos sido padres sabemos que es justamente la constitución de la familia y la presencia de nuestros hijos lo que alimenta el mayor motor de crecimiento económico y material de la familia”.

Agregan que, otorgar una indemnización de un contenido económico insignificante como los $ 63.000 reconocidos a cada uno de los padres es lo mismo que rechazarla y configura una afrenta a los padres.

De su lado, el codemandado Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arguyó que nada se había aportado en orden al contexto económico social familiar y/o laboral de los accionantes, estimando el Juez un valor “por adivinación” (f. 698 vta., anteúlt. pfo.).

Por su parte, las médicas demandadas y la aseguradora citada en garantía cuestionaron la procedencia de la indemnización por “frustración de chance de ayuda futura a los padres” y la cuantía de tal resarcimiento. Explicaron que la pérdida de chance sólo debe indemnizarse cuando la misma alcanza un grado de probabilidad casi cercano a la certeza y que aquí la posibilidad que se alega como pérdida de chance, ayuda económica futura a sus padres, es totalmente improbable de realización.Agregaron que, “hoy, la máxima de la experiencia marca que un hijo atraviesa, más o menos ,por 12 años de instrucción básica (primara y secundaria), sumado ello, a más o menos, 7 años de facultad, en el mejor de los casos nos encontramos con una persona de 25 años de edad, sin ningún tipo de experiencia laboral que se inserta en un mercado de trabajo” y explicaron que “es muy probable que conviva con sus padres, y le sea muy difícil encontrar un trabajo, y menos probable aún, que pueda ayudar a los mismos económicamente”.

La Corte Federal ha dicho que la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes (CSJN, “Fernández, Alba Ofelia v. Ballejo, Julio Alfredo y Provincia de Buenos Aires s/sumario/daños y perjuicios”. S 11/05/1993, Fallos 316:912; “Furnier, Patricia María v. Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios”, JA, 1995-II-193. Fallos 317:100) y de igual forma se pronuncia la doctrina( cfr. Llambías, Jorge J., “La vida humana como valor económico”, JA Doc. 1974-624 y ss.; Orgaz, Alfredo, “La vida humana como valor económico”, ED 56-549).

A la luz de lo referido, lo que se valora no es la vida misma sino las consecuencias que se generan hacia otros sujetos; precisamente por el cese de la posibilidad de esta actividad creadora en el futuro- que la muerte elimina.O sea, que corresponde desentrañar la eventual privación de los beneficios actuales o futuros que la vida de la niña podía haber llegado a reportar a los actores.

Sin desconocer que se han suscitado diversas controversias -tanto en doctrina como en jurisprudencia- en lo que refiere a si corresponde o no otorgar indemnización por este concepto en los casos de personas por nacer- como el presente- o bien de niños de muy corta edad; existiendo pronunciamientos por la negativa (ver C. Apel. en lo Civil, Com. y Minería, San Juan, Sala I, 18-4-2006, RC y S 2006-1357; Tavano, María Josefina, “La indemnización del daño material y moral cuando se trata de la vida de un menor”, DJ, 2006-2-787), lo cierto es que esta Sala, con criterio que comparto- ha dicho que “el mero hecho de tratarse de una persona por nacer no significa que el daño deba considerarse como meramente hipotético o conjetural, o que la posibilidad frustrada tenga que calificarse de muy general y vaga. Por supuesto que tal conclusión no empece a evaluar que la mayor proximidad del hijo a una edad que le permitiera cooperar económicamente con sus padres otorgaría derecho a un resarcimiento numéricamente superior; en la medida que otorga mayor certeza a la pérdida de esa chance”, agregando que:”de no admitirse esta tesitura, no podría conocerse a ciencia cierta cuál sería la etapa de la vida en que -produciéndose la muerte de un hijo- debería admitirse el resarcimiento de la pérdida de la “chance”. En todo caso, esa posición restrictiva conllevaría a conceder indemnizaciones por daños materiales sólo para los supuestos en que la víctima tuviera aptitud para el trabajo, dado que recién en ese entonces se adquiriría una real certeza de pérdida patrimonial” y que si bien no puede soslayarse “la dificultad que se le presenta al judicante para establecer la índole de la actividad creadora de bienes que hubiera podido desarrollar el fenecido de haber llegado a la mayoría de edad; empero no debe perderse de vista que estamos en presencia de una “chance” y que su pérdida es un daño resarcible cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico” (cfr. esta Sala, voto del Dr.Mizrahi, in re, “N. d. M. S. C. y otro c. Solidez S.R.L. y otros ” del 20/03/2009, publicado en La Ley, cita Online: AR/JUR/9654/2009).

Por otra parte, y como se señalara en el referido precedente, de este modo se siguen los lineamientos de la Corte Federal, según la cual si lo que se persigue es resarcir “la chance” que -por su propia naturaleza- es sólo una posibilidad, no puede negarse la indemnización con el argumento de que es imposible asegurar que de la muerte vaya a resultar perjuicio, pues ello importa exigir una certidumbre extraña al concepto mismo del daño de cuya reparación se trata, cuya existencia, por otro lado, no cabe excluir, en función de la corta edad del fallecido pues, aún en casos como el sub examine, es dable admitir la frustración de una posibilidad de futura ayuda y sostén para los progenitores, expectativa legítima (art. 367 del Código Civil) y verosímil según el curso ordinario de las cosas (conf.CSJN, “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Peón, Juan Domingo y otra c/Centro Médico del Sud S.A.” , del 17/03/1998, “Fallos”, 321-488. Ver también Fallos: 303:820; 308:1160; 316:2894).

Sentado lo anterior, considerando los antecedentes tratados al evaluar la responsabilidad de las demandadas y que según surge de la autopsia practicada en sede penal (f. 94 y 137) se trataba de un feto de sexo femenino sano es dable concluir que con su muerte, se privó a los aquí actores, que componen una familia de condición humilde (ver fs. 1/3, 33/34 y 41 del incidente de beneficio de litigar sin gastos N° 14.594/08) de una ayuda económico futura, ello más allá de que la circunstancia de tratarse de una niña por nacer, la edad de los padres y el hecho de que tengan otro hijo- del cual también es lógico presumir que reciban ayuda en un futuro- tengan lógica incidencia en la cuantía de la indemnización.

Sobre la base de lo expuesto, ponderando asimismo las sumas reconocidas en casos análogos que surgen de la base de montos indemnizatorios de esta Cámara (ver caso nro.: 2753, Sala “L”, Expediente n° 608739, sentencia del 30-5- 2013, nonato, se reconocieron a cada padre $ 90.000 por valor vida y $ 100.000 por daño moral; caso nro.: 2699, Expediente n° 95806/2005, esta Sala, sentencia del 13/12/2012, se reconocieron a ambos padres $ 80.000 por valor vida y $ 100.000 por daño moral; caso nro.: 3227, Expte.: 37083/201, Sala:M, sentencia del 21/08/2017, se reconocieron a cada padre $ 168.000 por valor vida y $ 210.000 por daño moral, por el fallecimiento de una niña de dos años de edad; caso n° 3202, Sala “J”, Expte 1110015/2010, sentencia del 16-5.2017, se indemnizó a la madre con $ 150.000 por valor vida y $ 100.000 por daño moral; caso nro.: 3107, Expte.: 89980/2008, Sala “F”, sentencia del 15/07/2016, se reconoció a la madre $ 80.000 por valor vida; $ 150.000 por daño moral y $ 45.000 por daño psicológico, por la muerte de un niño de 3 años; caso nro.: 3087, sentencia esta Sala, del 28-3-2016, expediente n° 48652/2009, se reconocieron $ 250.000 y $ 150.000 por valor vida y daño moral a ambos padres ante el fallecimiento de su hija de siete años), en uso de las facultades conferidas en el art. 165 del Código Procesal, juzgo razonable fijar por esta partida la suma de $ 100.000 para cada uno de los padres.

7. El Sr. Juez de la anterior instancia rechazó la pretensión de los actores en punto a obtener una indemnización por daño psicológico, aunque reconoció el costo del tratamiento de psicoterapéutico indicado por el perito psicológo que fijo en $ 8.640 para cada uno de los demandantes pues, como ya hemos visto, solo había condenado a resarcir el 90 % de los daños sufridos, como “pérdida de chance”.

Dicha decisión se sustentó en el dictamen pericial psicológico producido en autos las depresiones neuróticas grado II – como las que presentan ambos actores – cursan con evolución favorable con la ayuda de tratamiento psicoterapéutico (fs.347/349 y 360/362).

Mientras los actores se agravian pretendiendo se les reconozca esta partida y se incrementen las sumas para cubrir los tratamientos, las médicas demandadas y la citada en garantía cuestionan “que el a quo haya otorgado a los actores la suma de $ 8.640.- (son pesos ocho mil seiscientos cuarenta), en concepto de tratamiento psicológico” pues afirman que “que en el caso de los actores no existe un daño indemnizable, ni siquiera a título de chance. Por ello es que menos aún cabe otorgar suma alguna en concepto de tratamiento psicológico” Si bien la Corte Federal ha establecido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes tanto físico como psíquicas esta incapacidad debe ser reparada, ello es en la medida que asuma la condición de permanente (Fallos: 315:2834; 321:1124 ; 322:1792 ; S.36.XXXI. “Sitja y Balbastro, Juan Ramón c/ La Rioja, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios” , sentencia del 27 de mayo de 2003).

De modo que, para la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso.

En el caso, al estar a las conclusiones que surgen de los dictamenes periciales elaborados en autos, cabe concluir que los actores, sobre quienes pesaba la carga de la prueba (cfr. art. 377 del Código Procesal) no han logrado acreditar el elemento esencial que tipifica la incapacidad sobreviniente, que es la secuela irreversible, vale decir, la merma psíquica que impide a una persona desenvolverse con la plena capacidad que tenía con anterioridad al evento dañoso (cfr. CNCivil, Sala “A”, 28/9/2012, “L., Nancy Beatríz c/ Microomnibus Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I. y otros s/ daños y perjuicios”, LL Online, cita:AR/JUR/52171/2012; ídem, 29/2/2012, “C., Federico c/ H., Ricardo y otros s/ Daños y Perjuicios”, RCyS 2012-VII, 231), por lo que cabe rechazar sus agravios sobre este punto.

Sin perjuicio de lo expuesto y de ponderar esa lesión psíquica al determinar la cuantía del daño moral, con fundamento en las ya referidas conclusiones periciales y lo resuelto en punto a la responsabilidad de los demandados, cabe resarcir a cada uno los actores íntegramente con la suma de $ 9600 que se juzga razonable para afrontar los gastos de los respectivos tratamientos que ha sido recomendado por el perito psicólogo (cfr. art. 165 del Código Procesal).

En consecuencia, se rechazan los agravios de las demandadas y citada en garantía y se hace lugar a las quejas de los actores con el alcance indicados, incrementándose la suma reconocida a cada uno de los actores para cubrir el costo del tratamiento de psicoterapia hasta $ 9.600.

8. Luego de afirmar que “concebido como toda alteración disvaliosa del espíritu (MOSSET ITURRASPE, ob. cit., t. IV, pág. 9; ZAVALA DE GONZALEZ, El concepto del daño moral, JA, 1985-I-726), el daño moral en este caso es “res ipsa loquitur”, surge de los hechos mismos y, por ende, no requiere de otras pruebas que confirmen su existencia” y recordar que “no existe dolor más grande que el que se sufre por la muerte de un hijo” (KEMELMAJER DE CARLUCCI en Belluscio – Zannoni, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 5, pág. 117), sobre todo cuando la súbita desaparición se produce en circunstancias como la analizada, donde los actores atravesaron el embarazo de su primera hija con la emoción y la ansiedad que ello acarrea, pero al momento de llegar la gesta a su término solo obtuvieron un feto muerto”, el Sr.Juez decidio “razonable acordar a los reclamantes la cantidad pretendida en la demanda de $ 140.000, la que al tener en cuenta la chance frustrada se limita a $ 126.000 para cada uno” Las razones que hacen a la procedencia de la partida no aparecen debidamente rebatidas por los demandados quienes insisten en la ausencia de un nexo causal entre el obrar de los médicos y el daño causado – cuestión que ya fue examinada y descartada – y, en el caso del Gobierno local, confunde el daño moral con el psicológico – cuestión que he aclarado en el considerando anteriorpor lo que en este aspecto el recurso resulta desierto (cfr. art. 265 y 266 del Código Procesal).

En cuanto a la cuantía del resarcimiento, mientras los actores pretenden se incremente argumentando que “.la resignación sublima al dolor pero no lo puede borrar y menos aun cuando se tiene que vivenciar la desaparición sorpresiva y traumática de su hijo en trance de nacimiento” , los demandados procuran su reducción afirmando que “no se produjo prueba alguna, dirigida a acreditar la hipotética magnitud” y que la suma determinada resulta arbitraria.

Sobre este aspecto debo decir que la entidad del sufrimiento causado no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este (Fallos: 321:1117; 323:3614 y 325:1156, entre otros).

En consecuencia, nuevamente considerando las características de los accionantes, la lesión psicológica informada por la perito (depresión neurótica grado II), el lógico impacto emocional que importa el hecho de perder a un hijo, la edad de sus progenitores, las particulares circunstancias del grupo familiar y las sumas reconocidas en casos que guardan analogía con el presente que surgen de los casos más arriba referidos y compulsados en la base de montos indemnizatorios de esta Cámara, propongo al Acuerdo que en uso de las facultades conferidas en el art.165, se eleve la suma otorgada por el Juez de grado a la suma de $ 150.000 para cada uno de los actores.

9. El Sr. Juez señaló que “el daño se produjo al momento del nacimiento sin vida de la hija de los actores (16/03/2006), oportunidad en que los responsables quedaron automáticamente incursos en mora de pleno derecho (ex lege) y de allí que la reparación se tornó de exigibilidad inmediata. Por ello, los intereses moratorios correspondientes a los rubros otorgados cuya cuantificación fue evaluada a valores históricos -con excepción del tratamiento admitido- serán liquidados desde ese día y hasta la fecha de cumplimiento de la sentencia conforme a la tasa establecida en el plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.”, agregando que “No ocurrirá lo mismo con los intereses correspondientes al costo de los tratamientos reconocidos, faceta ésta que por configurar un daño emergente futuro devengará intereses a partir de la exigibilidad de la condena, en cuyo caso se aplicará la tasa fijada en el plenario “Samudio” (f. 625 vta., pto.VIII.-).

Dicha decisión importó el agravio de las médicas demandadas y su aseguradora quienes cuestionan que “los rubros otorgados llevarán intereses a la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina desde el 16/03/06 hasta el efectivo pago, salvo para el rubro tratamiento psicológico” y explican que ello genera un enriquecimiento indebido en cabeza de los actores “ya que estando frente a deudas de valor, y fijándose las partidas indemnizatorias a valores actuales (como no puede ser de otra forma), se han tenido en cuenta entre otros factores la desvalorización monetaria, lo que genera un enriquecimiento sin causa, y que agravia concretamente a esta parte” Las quejas serán rechazadas.

Esta Sala viene sosteniendo que, para casos como el presente, debe aplicarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el momento del hecho dañoso y hasta el efectivo pago que hagan los deudores (cfr. mis votos en Expedientes n° 39488/2012 del 6-8-2015; n°. 62915/2007 del 18-12-2015; n° 113.330/2007 del 4- 8-2016 y n°47.895/2013 del 12-09-2016, entre muchos otros).

Es que, dicha tasa de interés resulta obligatoria en los términos del artículo 303 del CPCCN, precepto que esta m isma Sala considera vigente en su redacción originaria conforme lo decidido en autos: “Pérez Horacio Luis c/ Banco Sáez SA s/ ejecución de honorarios, pub. LL CITA ONLINE AR/JUR/55224/2013, del 30/08/2013.

En consecuencia, deberá aplicarse la referida tasa activa en los casos en que la misma no genera o configura un “enriquecimiento indebido”. Si así fuera e importara una situación excepcional que se apartara de la regla general establecida en el plenario “Samudio de Martínez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta SA”, debe ser probada en forma clara por el deudor en el ámbito del proceso (cf. art.377 del CPCCN), circunstancia que no se verifica en el presente.

Finalmente, debo aclarar que con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la activa antes referida, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado a los pretensores (ver art. 1740 del mismo Código). En consecuencia, he de proponer al Acuerdo rechazar los agravios y confirmar lo resuelto en la anterior instancia.

9. La sentencia hizo extensiva la condena a la citada en garantía “Seguros Médicos S.A.”, mas limitándola “en la medida del seguro pactado” (v. 626, parte dispositiva), lo cual motiva las quejas de los actores.

Según los recurrentes “hallándose desconocida la póliza, tanto en sus aspectos formales como sustanciales, incubía a la aseguradora la prueba de su autenticidad y validez, cosa que no se ha verificado en absoluto” (f. 716 vta., pfo segundo; remite a la lectura de la pieza agregada a f. 178).

Por otra parte, argumentan que debe resolverse la cuestión con sustento en normas de jerarquía superior (art. 28 y 31 CN) a fin de evitar perjuicios a terceros ajenos a la contratación, por lo que piden se declare inaplicable “la limitación no acreditada del contrato de seguro” (f. 719).

Finalmente, requieren que la suma máxima fijada en la póliza para responder sea actualizada o,en su defecto, se aplique sobre ella “la misma tasa de interés activa consagrada en la sentencia, de manera tal que la evolución económica monetaria sea equivalente a la aplicada respecto del capital de condena” (ver f.719 “in fine”).

Nada puede ser y no ser a la vez. De igual modo, no pueden los actores desconocer la autenticidad de las pólizas que amparan a las demandadas y que fueran acompañadas por la citada en garantía y, por consiguiente, los limtes y franquicias pactados en ellas (ver f.145/158, 164/167, 178, 224/237, 243/245 y 247) y simultáneamente invocar esas mismas pólizas para extender la condena a la aseguradora.

Lo cierto es que aquí hay un contrato de seguro que contiene un límite pactado y una franquicia a cargo de las demandadas y que el asegurador “responde sólo hasta el monto de la suma asegurada, salvo que la ley o el contrato dispongan diversamente” (art. 61 ley 17.418), salvedad que no se configura en el caso.

En ese marco contractual y legal, el asegurado no puede pretender quedar indemne por encima de los límites plasmados en la póliza y que él mismo acordara (cfr. art. 1197 CC) y tampoco el damnificado por el siniestro puede exigir, como lo hace el aquí recurrente, que la sentencia se ejecute a la aseguradora por encima de la suma asegurada ya que la obligación que cabe a la aseguradora tiene su génesis en el contrato de seguro, por lo que una condena que excediera los límites pactados en este último, carecería de fuente jurídica que la justifique (cfr. arts. 499, 500, 1195, 1199 CC).

En este sentido, recuerdo que esta Sala ha declarado, en casos análogos, que “la condena por daños se extiende a la aseguradora hasta el límite máximo de la cobertura acordado en la póliza, en razón de lo establecido en el art. 109 de la ley 17.418, dado que en el contrato de responsabilidad civil la suma asegurada no depende del valor de la cosa, sino de la voluntad de las partes” (cfr. in re “Del Médico, Adriana Marisa c.Chen Jian Kang y otro s/ daños y perjuicios” del 12/02/2015, publ., en La Ley AR/JUR/481/2015).

No desconozco que el derecho de las víctimas a obtener una reparación plena e integral ostenta rango constitucional, puesto que el artículo 19 de la Carta Magna establece el principio general “que ‘prohíbe a los «hombres» perjudicar los derechos de un tercero’ (.) que se encuentra ‘entrañablemente vinculado a la idea de reparación'” (Fallos: 327:3753; 335:2333), tampoco paso por alto la función social que cumple el seguro pero ello no puede llevar a obligar a la citada en garantía a reparar todos los daños ocasionados al tercero víctima sin tener en consideración las pautas del contrato que se invoca (cfr. CSJN, “Recurso de hecho deducido por La Perseverancia Seguros S.A. en la causa Buffoni, Osvaldo Omar cl Castro, Ramiro Martín si daños y perjuicios” del 8-4-2014) pues si así resultara, en procura de resarcir en forma integral al damnificado, se terminaría lesionando el derecho de propiedad y la garantía de la defensa de la aseguradora (art. 17 y 18 de la CN) al obligarle a afrontar una condena que, como ya he dicho, carecería de causa.

Dicha doctrina ha sido ratificada por la Corte Federal en su actual composición al dictar sentencia in re, “Flores, Lorena Romina c/ Giménez, Marcelino Osvaldo y otro Y OTRO s/daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte)” del 6/6/2017, publicado en Fallos 340:765.

En cuanto a la actualización de las sumas fijadas como límite resulta improcedente atento a la prohibición contenida en el art. 10 de la ley 23.928, ratificada por el art. 4 de ley 25.561, debiendo si la aseguradora responder de los intereses pertinentes y las costas por sobre el límite y en la proporción correspondiente (cfr. arts.110 y 111 de la ley 17.418, ver sentencia de la Corte Suprema de Justicia, in re “Bujan Juan Pablo cl UGOFE LSM y otros s/ daños y perjuicios” del 18-11-2015 que confirma el crierio de la resolución que tuve la oportunidad de dictar como juez del primera instancia en dicho proceso y que fuera comentado por Stiglitz, Rubén S. – Compiani, María Fabiana, “Las costas y los intereses en el contrato de seguro contra la responsabilidad civil y un excelente pronunciamiento de la Corte de la Nación, publicado en La Ley online AR/DOC/4282/2015).

Si nos apartamos del sistema legal vigente y desconocemos la literalidad de los contratos que son ley para las partes, con remisiones genéricas a la equidad o forzando los textos legales, caemos en arbitrariedad y lesionamos la seguridad jurídica.

En consecuencia, propongo al Acuerdo que en este punto se rechacen las quejas y se confirme lo resuelto en la anterior instancia.

10. El Gobierno local se agravia de la condena en costas (f. 699 vta., pto. 3.3) con el argumento de que la condena sólo receptó un porcentaje del reclamo interpuesto.

Como ya dije al examinar la responsabilidad los demandados deben responder íntegramente del daño causado y derivado del fallecimiento de la hija de los actores, por lo que el argumento invocado para cuestionar la condena en costas se desmorona y al no existir otra razón para apartarse del principio objetivo de la derrota que consagra el art. 68 del Código Procesal, se impone rechazar las quejas. Sólo a mayor abundamiento recuerdo que en casos como el presente, la imposición de las costas a los demandados vencidos responde a un criterio de justicia, a mérito que éstos no han admitido su deber de reparar al actor en ninguna suma de dinero (ver, al respecto, Kielmanovich, Jorge L., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T I, pág. 115; CNCiv, Sala A, “P. de S., R. c.S., V.”, 09/04/1981, LL, 1981-D,199; CNCiv, Sala K, “Financiera y Mandatos S.A. Cía. Financiera c. Unicampos S.A.”, 14/11/2005; CNCiv, Sala K, “Pozzi, Pedro M.”, 28/12/2006, DJ 2007-II, 42). En consecuencia, propongo al Acuerdo confirmar en este punto la sentencia recurrida.

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: 1) modificar la sentencia apelada en lo principal que decide, responsabilizando en forma integra a las demandadas y su aseguradora por los daños causados, 2) modificar la sentencia recurrida, incrementado las sumas reconocidas por valor vida, costo de tratamiento psicoterapéutico y daño moral hasta $ 100.000; $ 9.600 y $ 150.000 respectivamente, para cada uno de los actores; 3) confirmar la sentencia recurrida, que se extenderá a la aseguradora citada en garantía en la forma indicada en el considerando 9, en todo lo demás que decide y fue materia de recurso; 4) imponer las costas de Alzada a las demandadas y a la aseguradora citada en garantía al resultar sustancialmente vencidas (cf. art. 68 primer pfo. del CPCCN). Así lo voto.

Los Dres . Mizrahi y Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Parrilli, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: ROBERTO PARRILLI – MAURICIO LUIS MIZRAHI – CLAUDIO RAMOS FEIJOO -.

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° a n° del Libro de Acuerdos de esta Sala “B” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.- Buenos Aires, febrero de 2018.- Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve:1) modificar la sentencia apelada responsabilizando en forma integra a las demandadas y su aseguradora por los daños causados; 2) modificar la sentencia recurrida, incrementado las sumas reconocidas por valor vida, costo de tratamiento psicoterapéutico y daño moral hasta $ 100.000; $ 9.600 y $ 150.000 respectivamente para cada uno de los actores; 3) confirmar dicho pronunciamiento en todo lo demás que decide y fue motivo de agravios hacié ndose extensivo a la citada en garantía.

Las costas de Alzada se imponen a la demandada y citada en garantía.

Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia, se difiere la adecuación dispuesta por el art. 279 del Código Procesal respecto de las regulaciones practicadas a fs. 605/626, así como la determinación de los honorarios correspondientes a la tarea desplegada en la Alzada, hasta tanto exista liquidación definitiva aprobada.

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013).

Fecho, devuélvase.

DR. MAURICIO LUIS MIZRAHI

JUEZ DE CÁMARA

DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ

JUEZ DE CÁMARA

ROBERTO PARRILLI

JUEZ DE CAMARA