Privación de la responsabilidad parental al progenitor condenado por el homicidio calificado de quien fuera su cónyuge y madre del menor

Partes: I. G. A. c/ L. P. H. O. s/ privación responsabilidad parental

Tribunal: Tribunal Colegiado de Familia de Rosario

Sala/Juzgado: 7

Fecha: 19-feb-2018

Cita: MJ-JU-M-109013-AR | MJJ109013 | MJJ109013

Privación de la responsabilidad parental al progenitor condenado por el homicidio calificado de quien fuera su cónyuge y madre del menor, verificándose el supuesto previsto en el art. 700 bis del CCivCom.

Sumario:

1.-Corresponde privar al demandado de la responsabilidad parental respecto de su hijo, ya que se ha acreditado vínculo conforme la copia certificadas de partida de nacimiento y verificado el supuesto previsto en el inciso a) del art. 700 bis del CCivCom., ante la acreditación de la existencia de condena penal firme del progenitor del niño, por el delito de homicidio calificado por el vínculo, al haber ocasionado como autor, la muerte de su cónyuge, y progenitora del menor.

2.-Mediante Ley 27.363 se incorporó en el capítulo 9 del Título VII del CCivCom., la norma del art. 700 bis, que resulta coherente con el compromiso asumido por el Estado argentino al suscribir los convenios internacionales que tienen por objeto erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Fallo:

ROSARIO, 19 de febrero de 2018

Y VISTOS: Los presentes autos caratulados “I. G. A. c/ L. P. H. O. s/ PRIVACIÓN RESP PARENTAL”, Expt. N° xxx, que tramitan ante este Tribunal.- De los que resulta que, a fs. 4/8 comparece el Sr. G. A. I., con patrocinio letrado, e interpone demanda de privación de responsabilidad parental contra el Sr. H. O. L.n I., progenitor de su sobrino F. L. I. Postula que F. nació fruto del matrimonio entre la Sra. M. A. I. -su hermana- y el Sr. H. O. L. P. Que su hermana falleció el 27 de febrero de 2012 producto de las puñaladas propiciadas por su cónyuge, el demandado, en su vivienda en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos.

Ante ello, L. P. se encuentra condenado a prisión perpetua por el homicidio de M.A. Que se trata de un caso público y notorio que ha sido publicado en numerosos diarios. Relata que, luego del homicidio de su hermana, asumió la guarda de su sobrino F. por decisión de la Jueza Interina del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de la localidad de Chajarí, Dra. Mónica Liliana Oliveri, en autos caratulados “Coordinadora del CPPNAF, en representación del niño L.n F. – Medidas de Protección ley 9861” Expt. N° 2228/2012. Que, desde ese día, F. vive en la ciudad de Rosario, donde han fijado su centro de vida y donde tiene una vida normal llena del amor de toda su familia. Expone que, dentro de los autos caratulados “I. G. A. y otros s/ Guarda”, Expt. N° 2905/2012, en fecha 27 de febrero de 2014, se le otorgó la guarda judicial de F. con la finalidad de su cuidado y crianza, bajo el imperio de la normativa hoy derogada del Código Civil. Refiere que el demandado fue debidamente notificado de su pedido de guarda, y de la sentencia que se la otorga, y no opuso objeciones ni planteos al respecto. Que desde el homicidio de su hermana al presente, el Sr. L. P.no ha realizado intento alguno por contactarse con su hijo menor, ni por medio de sus abogados defensores ni por medio de sus hijos mayores. Todo ello configura la situación de abandono moral por parte del demandado hacia F., colocándolo en una situación de desprotección total que han cubierto con amor y constancia quienes hoy son su familia. Expresa que, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, la situación de F. ha variado y, al no permitirse ya la existencia de estas “guardas judiciales”, han decidido avanzar en la tramitación de la privación de la “patria potestad” de su progenitor, logrando la declaración en situación de adoptabilidad y solicitando oportunamente las medidas legales correspondientes a la situación del mismo. Que este pedido tiene la finalidad de que F. continúe viviendo en su casa, junto a E. -su conviviente- quien ha sido su “mamá” desde el momento en que llegaron a Rosario y ahora junto a E., su hermana. Considera que, ante la realidad de las circunstancias F. debe seguir viviendo con su familia de crianza, su familia biológica materna. Manifiesta que F. sufrió una privación total del vínculo más profundo que puede tener un ser humano: su madre, que más allá del excelente rol desempeñado por toda su familia, el vacío es inconmesurable. Que el niño vive con ellos, una familia formada por “padres” y su “hermana”, que luchan por su bienestar y están en función de las necesidades de F. Tal estabilidad fue la que le dio a F. la sensación de formar parte de su familia. Que F. “se siente hoy un I. más”, es así como dibuja a su familia, y les ha manifiestado de manera constante y consistente su voluntad de ser su hijo. Refiere que, son ante la sociedad, ante la escuela, los médicos y el mundo entero la familia de F. Todo ello sin desconocer la verdad de su vínculo fraternal con los otros hijos de la mamá de F.y su vínculo filial con la Sra. A.

Respecto del demandado, expone que se encuentra privado de su libertad, condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, en fecha 10 de diciembre de 2012. Refiere que el Sr. L. P. es una persona culta y estudiada, es médico psiquiatra. Sabe cuáles son sus derechos y obligaciones respecto de su hijo y asimismo cuenta con un equipo de abogados que le brindan asesoramiento constante. No ha ofrecido ni iniciado un régimen de alimentos, como tampoco un régimen comunicacional. Considera la parte actora, que el Sr. L. P. ha cometido “abandono calificado”, ignorando y descuidando voluntariamente a su hijo. Y que tal desamparo moral y material les dio a ellos la posibilidad de brindarle a F. un hogar y una familia llenos de amor y de cariño. Cita jurisprudencia y ofrece prueba.

Impreso trámite de ley conforme normativa vigente a dicho momento procesal, unidos por cuerda los autos conexos (“I. G. A. y otros s/ Guarda”, Expt. N° 2905/2012; e “”I. G. A. c/ L. P. H. O. s/ Aseguramiento de prueba, Expt. N° 1943/2014) citado el demandado a comparecer a estar a derecho (fs. 13), no comparece, pese a estar debidamente notificado (fs. 27/28), por lo que mediante providencia dictada el 12 de mayo de 2017 obrante a fojas 30, se declara su rebeldía, la que se notifica oportunamente, como consta a fojas 38/39. Corrido traslado de la demanda (fs. 41), notificado a fs. 44, no contesta el demandado.

A fs. 53/54 obra informe socio ambiental practicado por la Lic. en Trabajo Social Liliana Demarco, en el domicilio donde reside el actor junto al niño F. y a su grupo familiar.

A fs. 56/57 constan declaraciones testimoniales rendidas en autos por la Sra. I. F. y el Sr. R. O. N.

A fs. 61 obra acta de escucha del niño F. ante la suscripta, en presencia de la Sra. Defensora General actuante.

A fs.62/63 obra acta de audiencia celebrada por la suscripta a la que comparecieron la Sra. E. M. y el Sr. G. A. I.

Contesta la correspondiente vista la Sra. Defensora General actuante N° 1, Dra. A. Verdondoni, dictaminando favorablemente a la pretensión demandada.

A fs. 66 se agrega informe de la Psicóloga del niño F. Lilian Milicih.

A fs. 69/112 constan agregadas copia de la Sentencia N° 77 emitida por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Concordia, Acuerdo N° 78 y Resolución N° 170 oportunamente acompañadas por la parte actora, y reservada en Secretaría copia certificada del sumario penal Exp. N°2824 iniciado el 26/8/2013del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, Entre Ríos, caratulado “L. P., H. O. s/ Homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía” (fs. 113).

Cumplimentados los trámites de ley, firme y consentido el llamamiento de autos para sentencia (fs. 113/121), se encuentran los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO: Que mediante ley N°27.363 se incorporó en el capítulo 9 del Título VII del código civil y comercial de la Nación, la norma del art. 700 bis, que dispone la privación de modo automático de la Responsabilidad Parental por ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de determinados delitos: a) homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género del otro progenitor (femicidio); b) lesiones previstas en el art. 91 del Código Penal contra el otro progenitor o contra el hijo o hija respecto de quien procede la privación; y c) delitos contra la integridad sexual previstos en el art. 119 del CP contra el hijo o hija de que se trata.La norma así incorporada resulta coherente con el compromiso asumido por el Estado argentino al suscribir los convenios internacionales que tienen por objeto erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, como es el caso de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer conocida como “Convención de Belem do Para”, que dispone la obligación de los Estados de incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer (art. 7).

Asimismo, desde esta visión legislativa con perspectiva de género, se pretende tutelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de protegerlos de la violencia que, directa o indirectamente, padecen o han padecido. En efecto, como sostiene Silvia Fernandez, “la violencia importa siempre el ejercicio de cuotas desiguales de poder, pero en el caso de la violencia de género presenta un matiz diferenciado, dado por el contexto de género, que contiene y perpetúa relaciones históricas y performativas de dominación y poder [.] A su turno, estos enfoques toman en particular consideración con el objeto de su visibilización a las llamadas “víctimas colaterales”: hijos e hijas que quedaron sin sus madres como consecuencia del femicidio consumado [.] Estas víctimas invisibilizadas resultan doblemente castigadas: en primer término pierden a sus madres a manos de la acción violenta; en segundo lugar son obligadas a permanecer bajo el cuidado -ejercicio de la responsabilidad parental- del autor del femicidio de su madre [.] La vivencia del asesinato de la propia madre a manos del padre constituye un trauma severo. La situación se vuelve desoladora no sólo porque pierden a su madre sino también a su padre, quien estará ausente, por encontrarse prófugo, suicidado o preso.Es indispensable que el padre que asesinó a su madre quede privado de cualquier decisión y contacto respecto de ellas y ellos” [Privación de la responsabilidad parental y violencias.

Comentarios sobre la ley 27.363, en LL, 2017-D , 1015].

En palabras de Ursula Basset, “Esta posición empática y perceptiva respecto de la posición del niño encuentra apoyo en numerosa jurisprudencia de la Corte IDH, en la que la Corte amplifica la noción de víctima o damnificado indirecto de un ataque a los derechos humanos a un amplio número de f amiliares de la víctima directa. La Corte entiende que, dado que la identidad es concebida como un fenómeno relacional y familiar, la afectación de un miembro de la familia invariablemente afecta a los demás integrantes [.] tiene que ver con la transversalización de la aplicación del criterio del interés superior del niño. Las relaciones entre adultos y lo que ellos hagan de sus vidas comprometen el espectro de derechos de los niños. Finalmente, la relación de los padres entre sí es la base sobre la cual se apoya el desarrollo integral de la personalidad del niño” [La privación automática de la responsabilidad parental y sus presupuestos.

Reforma al Código Civil y Comercial; DFyP 2017 (agosto), 25].

De allí la extrema imposición y en forma automática ante la condena penal por delitos de grave violencia entre progenitores que describe la norma legal.

En los presentes se ha acreditado vínculo conforme la copia certificadas de partida de nacimiento a fs. 1 de autos conexos “I. G. A. s/ GUARDA” EXP. N°2905/2012, Y verificado el supuesto previsto en el inciso a) del art. 700 bis del código civil y comercial, ante la acreditación de la existencia de condena penal firme del progenitor del niño, H. O. L. P., por el delito de homicidio calificado por el vínculo, al haber ocasionado como autor, la muerte de su cónyuge, progenitora de F. L.I., por lo que corresponde sin más, atento lo dispuesto por la norma legal, declarar la privación de la responsabilidad del nombrado progenitor respecto de su hijo.

Conforme Basset, corresponde que el juez penal comunique al juez civil que prevenga, si hubiera alguna causa abierta respecto de las partes. Caso contrario, debe oficiar al Registro Civil y de Capacidad de las Personas a los efectos de inscribir la privación de la responsabilidad parental. En autos no consta que tal comunicación haya sido remitida. A mayor abundamiento, los presentes se iniciaron bajo el imperio de la normativa anterior a la referida reforma legal, por lo que se fundó en las causales especificadas en el art. 700 CCC, imprimiéndose el trámite procesal conforme la pretensión esgrimida otrora. Antes bien, con la vigencia de la nueva normativa que dispone de modo automático la privación de responsabilidad parental por condena penal firme como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo (art. 80 inc. 1° CP, art. 700 bis inc. a) CCC), comprobada la existencia de tal condena firme en autos, corresponde sin más declarar la privación de responsabilidad parental solicitada.

Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por la norma civil invocada, la base fáctica comprobada, y art. 67 LOPJ; RESUELVO: 1. Hacer lugar a la demanda, y en consecuencia privar de la Responsabilidad Parental a H. O. L. I. D.N.I. N°xxx respecto de su hijo menor de edad F. L. I. D.N.I. N° xxx, en los términos de los artículos 703 y 704 del código civil y comercial de la Nación. 2.- Oficiar al Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas respectivo, a efectos de proceder a la inscripción de lo aquí ordenado. 3.- Diferir la regulación de honorarios hasta tanto la profesional acompañe constancia de inscripción ante la AFIP debidamente actualizada. Insértese y hágase saber.

Dra. M. SILVIA ZAMANILLO ( Secretaria)

Dra. ANDREA MARIEL BRUNETTI (Jueza)