La quiebra fundada en un cheque que posee una mancha de tinta que afecta la grafía, es improcedente

Partes: D’ Eramo Fabián Norberto c/ Banco Santander Río S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 11-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108544-AR | MJJ108544 | MJJ108544

La sanción por daño punitivo es improcedente si el actor utilizaba la cuenta bancaria para llevar adelante su giro empresario, por lo cual el vínculo jurídico habido con el banco accionado no es una relación de consumo. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-La finalidad de la actividad probatoria es crear la convicción del órgano jurisdiccional sobre la existencia o inexistencia de los hechos alegados por las partes en su correspondiente oportunidad procesal, que son motivo de discusión y que no están exentos de prueba. La carga de laprueba señala a quien corresponde evitar que falte la prueba de cierto hecho para no sufrir sus efectos perjudiciales.

2.-La carga de la prueba no significa obligación de probar, sino que implica estar a las consecuencias que la prueba se produzca o no, ya que en virtud del principio de comunidad procesal, el material probatorio incorporado, surte todos sus efectos, quienquiera que lo haya suministrado.

3.-La actividad probatoria no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada parte. Es una circunstancia de riesgo que consiste en que quién no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito, carga de la que no pudo desatenderse la accionada, ya que en el moderno derecho procesal se acabaron las reglas absolutas en la materia, por el contrario, predomina el principio de las ‘cargas probatorias dinámicas’, según la cual, se coloca en cabeza de la parte que se encuentra en mejores condiciones para producirla; no hay preceptos rígidos sino la búsqueda de la solución justa según la circunstancia del caso concreto.

4.-Para corroborar que el vínculo jurídico habido entre los justiciables pueda ser calificado como una ‘relación de consumo’ deben estar presentes los dos extremos requeridos para su configuración. Esto es: i) que la demandada pueda ser considerada ‘proveedora’; y b) que el actor, de su lado, se trate de un ‘consumidor’ o ‘usuario’ y sobre el primer extremo, no caben dudas que en líneas generales, toda entidad bancaria se coloca en el rol de proveedor en relación con sus clientes, más allá que sus productos sean adquiridos por consumidores o por sujetos que no ostenten esta última calidad (es decir, ‘no consumidores’) y a su vez, respecto del segundo requisito, la respuesta se halla mencionada expresamente en el art. 1° de la Ley 24.240 (texto según Ley 26.361 ). Así, será considerado consumidor cuando ‘adquiera o utilice bienes o servicios como destinatario final’.

5.-La noción de ‘consumidor final’, excede luego de la reforma propiciada por la Ley 26.361, el plano del elemento subjetivo. En efecto, los criterios que han informado las definiciones de consumidor final se han ordenado entre subjetivos (ratio personae) y objetivos (ratio materiae), de conformidad a si atendían a elementos que denotaban características del sujeto a ser nominado como consumidor -en el primer caso-, o si se rescataban datos de la operación económica, donde se los agrupaba entre los elementos objetivos de la definición y ello así con motivo de dos órdenes de razones; por un lado las distinciones subjetivas se fueron desvaneciendo de las normas y, por otro, las que permanecieron se interpretan no ya de manera subjetiva, sino objetivamente.

6.-El carácter de consumidor final, que se define por el destino de la adquisición, no atiende al elemento subjetivo del motivo personal que movió al individuo a consumir, sino objetivamente a la confrontación del destino del bien o servicio adquirido -también objetivamente considerado conforme su utilidad reconocida- con el área de actividad del pretendido consumidor. De este modo, si el bien o servicio adquirido está fuera de dicha área de actividad, debe presumirse que se trata de un acto de consumo, lo que no ocurre si se advierte que se está dentro de dicha área, por quedar excedida -en este último supuesto- la noción de ‘destinatario final’.

7.-El ‘consumo final’ alude a una transacción que se da fuera del marco de la actividad profesional dela persona, ya que no va a involucrar el bien o servicio adquirido en otra actividad con fines de lucro, o en otro proceso productivo. De esta forma, podemos decir que todas las operaciones jurídicas realizadas sin motivos profesionales estarían alcanzadas por la normativa tutelar.

8.-Resulta determinante el hecho que el accionante reconoció expresamente que la cuenta bancaria era utilizada para llevar adelante su giro empresario y de allí que, a la luz de lo dispuesto por los arts. 1, 2 y 3 de la Ley 24.240 y sus modificatorias, el vínculo jurídico habido entre los justiciables no puede ser confundido con una relación de consumo, ni al actor como un consumidor final en los términos de la norma.

9.-En tanto resulta inaplicable el régimen tuitivo de defensa del consumidor, la multa impuesta en los términos del art. 52 bis de la Ley 24.240, debe ser rechazada. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de Diciembre del año 2017, reunidas las Señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdo, fueron traídos para conocer los autos caratulados: ” D ERAMO FABIÁN NORBERTO contra BANCO SANTANDER RÍO S.A. sobre ORDINARIO” (EXPTE. N° 29661/2015) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Matilde E. Ballerini, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ana I. Piaggi.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Señora Juez de Cámara Dra. Matilde E. Ballerini dijo:

I. El Sr. Fabián Norberto D’eramo promovió demanda contra el Banco Santander Río S.A. solicitando se lo condene al pago de cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos con cuarenta y tres centavos ($53.465,43) con más sus intereses por los daños y perjuicios que alegó haber padecido como consecuencia del cierre de una cuenta bancaria que poseía en la entidad accionada. Asimismo, solicitó la imposición de una multa en concepto de daño punitivo.

La sentencia de fs. 288/298 -a cuyos resultandos me remito a fin de evitar innecesarias repeticiones- admitió parcialmente la demanda y condenó al Banco Santander Río S.A. a abonarle al actor la suma de noventa y seis mil trescientos treinta y cinco pesos con treinta y dos centavos ($96.335,32) con más intereses y costas.

Para así resolver el Sr. Juez de Primera Instancia juzgó que, en la medida que el banco accionado no logró demostrar la causal oportunamente invocada para justificar el cierre de la cuenta bancaria de titularidad del Sr.D’eramo, debía responder por los perjuicios que le ocasionara.

En punto al importe reclamado por un supuesto débito que habría efectuado la defendida, desestimó la pretensión por no haber impugnado en tiempo propio el resumen bancario correspondiente.

En cambio, en virtud de lo informado por la experta contable y las declaraciones testimoniales rendidas, admitió laindemnización solicitada en concepto de lucro cesante y estableció prudencialmente su importe en la suma de $26.335.32 con más sus intereses calculados desde la fecha de celebración de la mediación previa obligatoria y hasta su efectivo pago.

También reconoció la suma de $20.000 (a la fecha de la sentencia) en concepto de daño moral, por considerar que las molestias ocasionadas al accionante como consecuencia del injustificado cierre de su cuenta bancaria resultaban aptas para ocasionarle padecimientos y angustias que debían ser resarcidas.

Por último, juzgó que la conducta desplegada por la defendida, al momento de disponer el cierre de la cuenta así como durante el trámite de este proceso, ameritaban la imposición de una multa en concepto de daño punitivo, fijando la misma en la suma de $50.000 al día del dictado de la sentencia.

II. Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambas partes.

El banco demandado expresó agravios a fs. 314/319, siendo contestados por su contraparte a fs. 321/322.

Sus críticas transitan, en sustancia, por los siguientes carriles: a) que el anterior sentenciante hubiera considerado que resultó injustificado el cierre de la cuenta del accionante; b) la fecha en que entendió que se procedió al mismo; y c) las indemnizaciones concedidas en concepto de daño moral, lucro cesante y la multa por daño punitivo.

En la medida que el actor no fundó su recurso, a fs. 324 fue declarado desierto.

III. En forma previa al análisis de su primera queja, conviene resaltar que los justiciables no han controvertido que el Sr.D’eramo era titular de una cuenta única en la entidad demandada y que ésta fue cerrada por decisión de aquélla.

A fin de justificar su proceder, el Banco Santander Río S.A. argumentó (y reitera en su expresión de agravios) que oportunamente intimó al accionante a que acompañara cierta documentación para respaldar las operaciones que se registraban en su cuenta.

Relató que, en la medida que el cliente nunca cumplió dicho requerimiento, no le quedó otra opción que proceder en la forma en que lo hiciera.

Entiendo que el agravio no debe prosperar. Es que, más allá del indudable esfuerzo dialéctico del apelante, no puede obviarse que -tal como indicó el Sr. Juez a quo-, el banco accionado no acreditó la autenticidad de la carta documento por medio de la cual habría solicitado la documentación mencionada bajo apercibimiento de proceder al cierre de la cuenta (ver copia a fs. 153).

Véase que, ante el expreso desconocimiento por parte del actor de dicha misiva, la defendida debió ofrecer la correspondiente prueba informativa al correo para corroborar la veracidad de la misma y su efectiva notificación.

Lo expuesto me induce a recordar que la finalidad de la actividad probatoria es crear la convicción del órgano jurisdiccional sobre la existencia o inexistencia de los hechos alegados por las partes en su correspondiente oportunidad procesal, que son motivo de discusión y que no están exentos de prueba. La carga de laprueba señala a quien corresponde evitar que falte la prueba de cierto hecho para no sufrir sus efectos perjudiciales. La carga no significa obligación de probar, sino que implica estar a las consecuencias que la prueba se produzca o no, ya que en virtud del principio de comunidad procesal, el material probatorio incorporado, surte todos sus efectos, quienquiera que lo haya suministrado (conf. Devis Echandía, “Teoría general de la prueba judicial”, T. I, pág. 426, Buenos Aires, 1970; Sentis Melendo, Santiago, “Teoría y práctica del proceso” T. III, pág.200, Buenos Aires, 1956).

La actividad probatoria no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada parte. Es una circunstancia de riesgo que consiste en que quién no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito (Couture, Eduardo, “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, p. 242, Buenos Aires, 1958; en igual sentido, CNCom. Sala A, en autos “Giudice, Carlos c/ Astilleros Corrientes S.A.” del 25/04/1995). Carga de la que no pudo desatenderse la accionada, ya que en el moderno Derecho procesal se acabaron las reglas absolutas en la materia, por el contrario, predomina el principio de las “cargas probatorias dinámicas”, según la cual, se coloca en cabeza de la parte que se encuentra en mejores condiciones para producirla; no hay preceptos rígidos sino la búsqueda de la solución justa según la circunstancia del caso concreto (Peyrano Jorge, Chiappini Julio, “Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas”, Ed. 107-1005; Peyrano Jorge, “Doctrina de las cargas probatorias dinámicas” La Ley, 1991-B, 1034).

Por ello, no habiéndose demostrado la autenticidad de la carta documento en la cual la defendida habría requerido al actor la presentación de cierta documentación, forzoso es concluir que el cierre de la cuenta bancaria como consecuencia del incumplimiento de aquel supuesto requerimiento resultó injustificado.

En consecuencia, se rechaza el agravio.

IV. A continuación, la apelante criticó que el anterior sentenciante concluyera que el cierre de la cuenta operó a principios del mes de marzo del 2015 y no el 23/04/2015 como sostuvo su parte al contestar la demanda.

Cuestionó que se hubiera dado mayor eficacia probatoria a los testimonios ofrecidos por el actor por sobre lo informado por la experta contable en su informe pericial.

No comparto lo expuesto por la recurrente. En primer lugar, cabe señalar que el Sr. Juez a quo no “desprestigió” la tarea de la perito contadora designada en autos.Por el contrario, luego de repasar las diversas pruebas aportadas en autos, concluyó que el banco demandado únicamente habría suministrado cierta información que surgía de su propio sistema informático para procurar demostrar la fecha exacta en que se procedió al cierre de la cuenta de titularidad del actor.

Por ello, comparto lo expuesto en el pronunciamiento recurrido respecto a que, en todo caso, la apelante debió procurar aportar mayores elementos probatorios que dieran sustento a su postura.

En este sentido, estaba a su alcance ofrecer la producción de una pericia sobre sus sistemas informáticos que permitiera acreditar la veracidad de los datos que emanaban de ellos y que fueran suministrados a la experta contable.

Máxime que, en oposición, la actora ofreció diversos testimonios que dieron cuenta de los problemas que detectaron en la cuenta del actor desde marzo de 2015, así como también produjo prueba informativa que resultó coincidente con lo expuesto por dichos testigos (ver fs. 225/225vta, 227vta, 228, 230, 231, 232/232vta, 234vta, 237/237vta, y 238vta).

En consecuencia, se rechaza el agravio.

V. Por último, procederé al estudio de las críticas referidas tendientes a cuestionar las indemnizaciones otorgadas.

i) Respecto al lucro cesante, la apelante se agravió porque el Magistrado de la anterior instancia, pese a señalar que no se habría acreditado la existencia de ganancias frustradas, igualmente admitió la indemnización.

Valorada la prueba a la luz del principio de la sana crítica que informa el art. 386 CPr, juzgo que no asiste razón a la demandada.

La pérdida de clientes como consecuencia de los contratiempos padecidos por el cierre de la cuenta bancaria con que operaba el actor fueron satisfactoriamente acreditados con los diversos testimonios brindados en autos (ver fs. 227/227vta, 232/233), así como con la prueba informativa dirigida a las empresas -que otrora contrataran los servicios del Sr. D’eramo (ver fs. 228, fs. 229, fs. 230 y fs. 231) y la pericia contable (ver respuesta al punto h) del actor a fs.259vta).

Y si bien es correcto que, a partir de lo informado por la experta contable en su informe pericial (ver respuesta punto e) del cuestionario del actor a fs. 259/259vta), no es posible determinar con precisión cuál era la ganancia neta que obtenía el accionante, el ordenamiento procesal autoriza al Magistrad o para que dentro de los parámetros de prudente discrecionalidad que deben orientar la labor judicial en estos casos y siguiendo la pauta rectora del CPr: 165, pueda suplir dicha omisión.

Por todo ello y siendo que no se han expresado críticas concretas con respecto a los parámetros utilizados por el Sr. Juez a quo para fijar la indemnización en cuestión, corresponde desestimar el agravio.

ii) En punto al daño moral, la demandada insistió con su rechazo. Adujo que el anterior sentenciante habría presumido su configuración y que no se produjo prueba que permita acreditar su existencia o cuantificarlo.

A diferencia de lo sostenido por la apelante, entiendo que en la anterior instancia no se presumió la configuración del daño. Por el contrario, como se expresó en el pronunciamiento recurrido, a partir de los contratiempos y molestias que debió soportar el accionante (cheques rechazados, pérdida de clientes, etc), se juzgó acreditado el daño en cuestión (ver especialmente fs. 296).

Consecuentemente, en tanto el monto prudencialmente concedido resulta, a criterio de esta Vocal preopinante, adecuado para resarcir el perjuicio padecido, se rechaza el agravio.

iii) Resta ingresar en la crítica referida la multa fijada en concepto de daño punitivo.

Entiendo que, con carácter previo a analizar si las faltas cometidas por la defendida pueden ser merecedoras de la multa impuesta, corresponde determinar si en la especie resulta aplicable el régimen tuitivo concedido a favor de los consumidores.

Sabido es que para corroborar que el vínculo jurídico habido entre los justiciables pueda ser calificado como una “relación de consumo” deben estar presentes los dos extremos requeridos para su configuración. Esto es:i) que la demandada pueda ser considerada “proveedora”; y b) que el actor, de su lado, se trate de un “consumidor” o “usuario”.

Sobre el primer extremo, no caben dudas que en líneas generales, toda entidad bancaria se coloca en el rol de proveedor en relación con sus clientes, más allá que sus productos sean adquiridos por “consumidores” o por sujetos que no ostenten esta última calidad (es decir, “no consumidores”).

A su vez, respecto del segundo requisito, la respuesta se halla mencionada expresamente en el art. 1° de la ley 24.240 (texto según ley 26.361). Así, será considerado consumidor cuando “adquiera o utilice bienes o servicios como destinatario final”.

La noción de “consumidor final”, excede luego de la reforma propiciada por la ley 26.361, el plano del elemento subjetivo. En efecto, los criterios que han informado las definiciones de consumidor final se han ordenado entre subjetivos (ratio personae) y objetivos (ratio materiae), de conformidad a si atendían a elementos que denotaban características del sujeto a ser nominado como consumidor -en el primer caso-, o si se rescataban datos de la operación económica,donde se los agrupaba entre los elementos objetivos de la definición.

Y ello así con motivo de dos órdenes de razones; por un lado las distinciones subjetivas se fueron desvaneciendo de las normas y, por otro, las que permanecieron se interpretan no ya de manera subjetiva, sino objetivamente.

El carácter de consumidor final, que se define por el destino de la adquisición, no atiende al elemento subjetivo del motivo personal que movió al individuo a consumir, sino objetivamente a la confrontación del destino del bien o servicio adquirido -también objetivamente considerado conforme su utilidad reconocida- con el área de actividad del pretendido consumidor.

De este modo, si el bien o servicio adquirido está fuera de dicha área de actividad, debe presumirse que se trata deun acto de consumo, lo que no ocurre si se advierte que se está dentro de dicha área, por quedar excedida -en este último supuesto- la noción de “destinatario final”.

En definitiva, el “consumo final”alude a una transacción que se da fuera del marco de la actividad profesional dela persona, ya que no va a involucrar el bien o servicio adquirido en otra actividad con fines de lucro, o en otro proceso productivo. De esta forma, podemos decir que todas las operaciones jurídicas realizadas sin motivos profesionales estarían alcanzadas por la normativa tutelar (ver Picasso – Vázquez Ferreira “Ley de defensa del consumidor – comentada y anotada” T. I, págs. 28 y ss, ed. La Ley, Bs. As., 2009).

Bajo tales premisas, resulta determinante el hecho que el accionante reconoció expresamente que la cuenta bancaria era utilizada para llevar adelante su giro empresario (incluso solicitó una indemnización en concepto de lucro cesante como consecuencia de su cierre – ver fs. 133vta).

De allí que, a la luz de lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 3 de la ley 24.240 y sus modificatorias, el vínculo jurídico habido entre los justiciables no puede ser confundido con una relación de consumo, ni al actor como un consumidor final en los términos de la norma.

Ergo, en tanto resulta inaplicable el régimen tuitivo de defensa del consumidor, la multa impuesta en los términos del art. 52 bis de la ley 24.240, debe ser rechazada.

Con tal alcance, se admite el agravio.

VI. En atención al modo en que se decide, las costas de esta Instancia se imponen en el orden causado.

Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo: 1) acoger parcialmente el recurso interpuesto a fs. 301 y, en consecuencia, confirmar en lo principal que decide la sentencia dictada a fs. 288/298, modificándola exclusivamente respecto de la multa impuesta en concepto de daño punitivo, la cual se rechaza; y 2) distribuir las costas de esta instancia en el orden causado.

Así voto.

Por análogas razones, las Dras. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ana I. Piaggi adhieren a las conclusiones del voto que antecede. Con lo que se terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Jueces de Cámara.Es copia fiel del original que corre a fs. 1566/73 del Libro de Acuerdos Comercial Sala B.

RUTH OVADIA

SECRETARIA

Buenos Aires, Diciembre 11 de 2017.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que precede, se resuelve: 1) acoger parcialmente el recurso interpuesto a fs. 301 y, en consecuencia, confirmar en lo principal que decide la sentencia dictada a fs. 288/298, modificándola exclusivamente respecto de la multa impuesta en concepto de daño punitivo, la cual se rechaza; y 2) distribuir las costas de esta instancia en el orden causado. Regístrese y notifíquese por Secretaría, en su caso, conforme Acordadas N° 31/11 y 38/13 CSJN y devuélvase. Oportunamente, cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada N° 15/13 CSJN.

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

ANA I. PIAGGI

MATILDE E. BALLERINI