Se condena al imputado por privación ilegítima de la libertad con violencia o amenazas hacia su pareja

Partes: C. E. D. s/ recurso de casación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Sala/Juzgado: II

Fecha: 12-sep-2017

Cita: MJ-JU-M-108416-AR | MJJ108416 | MJJ108416

El imputado debe ser condenado por privación ilegítima de la libertad con violencia o amenazas hacia su pareja, quien no pudo movilizarse debido al sometimiento que padecía.

Sumario:

1.-La conducta del imputado es encuadrable en el art. 142, inc. 1 , del CPen. en tanto privó ilegítimamente de la libertad a la víctima con violencia o amenazas en concurso ideal con lesiones leves, en un marco de violencia doméstica, pues es correcta la conclusión del a-quo relativa a que aquella se vio impedida de movilizarse debido al sometimiento propio de las situaciones de violencia doméstica o de género, habiendo quedado anulada su voluntad con los informes psiquiátrico y psicológico, el legajo de la Oficina de Violencia Doméstica, las copias de la historia clínica y de una denuncia penal.

2.-Es procedente rechazar el recurso de casación deducido contra la sentencia que condenó al imputado como autor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia o amenazas en concurso ideal con lesiones leves, en un marco de violencia doméstica, ya que la defensa ha planteado meras generalidades, sin hacerse cargo de refutar el contexto general en que el tribunal consideró desarrollado el vínculo con la víctima y tampoco demostró concretamente las circunstancias por las cuales fue sobreseído en denuncias anteriores y qué relevancia tenía frente a la afirmación del tribunal a quo de que pesaba sobre él una condena por un suceso similar.

3.-Debe ser rechazado el recurso de casación deducido contra la sentencia que condenó al imputado como autor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia o amenazas en concurso ideal con lesiones leves, en un marco de violencia doméstica pues el tribunal de juicio valoró fielmente el relato de la víctima, y lo vinculó con los demás elementos de prueba, lo que aportó motivos suficientes para rechazar los planteos defensivos y, en tal sentido, el razonamiento del sentenciante para evaluar la fuerza convictiva del testimonio de la damnificada, en relación con el resto de las probanzas, respeta las reglas de la lógica, la sana crítica racional y el estándar de convicción requerido en esta etapa procesal (voto del Dr. Niño).

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de septiembre de 2017, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal, integrada por los jueces Eugenio C. Sarrabayrouse, Daniel Morin y Luis Fernando Niño, asistidos por la secretaria actuante Paula Gorsd, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado en la presente causa nº CCC 31.781/2012/TO1/CNC1, caratulada “C., E. D. s/ recurso de casación”, de la que RESULTA:

I. El 28 de octubre de 2015, el ahora Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 22 de esta ciudad resolvió -en lo que aquí interesa- condenar a E. D. C. a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, porque lo consideró autor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia o amenazas en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con los artículos 29 inc. 3º, 45, 54, 89 y 142 inc. 1º, C.P. (punto I de la sentencia de fs. 417/444).

II. Contra dicha resolución el defensor particular, Ramón E.J. Arigos, interpuso recurso de casación (fs. 448/463), concedido a fs. 464/vta., y al que la Sala de Turno le otorgó el trámite previsto en el art. 465, CPPN. (fs. 471).

III. La defensa fundó sus agravios en las previsiones del art. 456, CPPN. por cuanto “.se vislumbra la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal o de la doctrina jurisprudencial, toda vez que (.) el Tribunal a quo ha incurrido en una deficiente motivación de la pieza procesal atacada.” (fs. 449).

1.En lo fundamental, planteó la arbitrariedad en la valoración de los hechos y en la motivación de la sentencia.

Sostuvo que el fallo empleó razonamientos falaces ya que sus conclusiones no se desprendían de las premisas invocadas y que prescindió de una visión de conjunto del material probatorio colectado, en tanto se desconsideraron valiosos elementos de descargo y se sobrevaloraron otros de cargo, dudosos.

En este sentido, entendió que la resolución presentaba una fundamentación aparente por basarse únicamente en la declaración de la víctima, que se contrapone al resto de los testimonios incorporados, contestes entre sí, en cuanto afirmaron que la denunciante se manejaba libremente -sin hacer referencia a sometimiento alguno-, extremo que acreditaba la versión del imputado.

En consecuencia, alegó la inobservancia de la regla del in dubio pro reo, receptada por el art. 3, CPPN, como derivación del principio de inocencia constitucionalmente protegido.

También indicó que la sentencia no hizo mérito de las denuncias previas efectuadas por L. en contra de su asistido, en relación a tres hechos por los cuales fue sobreseído, tras haber rectificado sus dichos iniciales al referir que “.en la CGT las lesiones se las auto infringió C., sin que haya existido el abuso otrora denunciado y con referencia al abuso por ella denunciado en la localidad de la costa dijo ´fue consentido por mí el sexo existente´.” (cfr. fs.460).

Destacó que el tribunal a quo no reparó en que la nombrada fue mendaz al responder acerca de si había rectificado su declaración inicial en esa causa y si había sido citada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº2, incurriendo de este modo en el delito de falso testimonio agravado.

Sumado a ello, resaltó que la Confederación General del Trabajo (en adelante C.G.T) había informado que el imputado no registraba ausencias de su trabajo durante el lapso en el que el episodio investigado habría tenido lugar, circunstancia que echaba por tierra la versión de la damnificada en cuanto a que aquel pasaba con ella las veinticuatro horas del día.

También remarcó que los testigos sustentaron el descargo de C. Dijo que S. H. relató no haber visto a L. retenida por su tío en ningún momento y que muchas de las veces que concurrieron a su domicilio se quedó a solas con ella por espacio superior a dos horas, cuando aquél salía a visitar a su hija menor. Además, desconoció haberle curado heridas, todo lo cual probaba la mendacidad de L.

Agregó que G. S. no vio circunstancias anómalas en la pareja y que la única vez que participó de un conflicto entre ellos, fue L. quien lastimó a C. en el rostro e intentaba dañar su rodado, junto a una amiga suya, en un claro estado de exaltación.

Por otra parte, sostuvo que la denunciante aludió a C. y a M. T. en distintos episodios pero ambas lo negaron; y que P. L. C., con su testimonio, también puso de resalto sus mentiras.

Por último, las armas a las que se hizo referencia como medio de amedrentamiento no fueron halladas y los testimonios recibidos dieron cuenta de que debía dejarlas en su lugar de trabajo al retirarse.

2. Amén de lo expuesto, destacó que se violó el principio de inocencia al ponerse a cargo del imputado la prueba de su ajenidad al hecho.Argumentó que no es correcto fundar la sentencia, aunque sea parcialmente, en los defectos de su descargo.

IV. En el término de oficina previsto por los arts. 465, cuarto párrafo y 466, CPPN, la parte recurrente no hizo presentación alguna.

V. A la audiencia prevista por el art. 468, CPPN, celebrada el 12 de octubre de 2016, compareció únicamente la fiscal María Luisa Piqué en representación del Ministerio Público Fiscal -conforme lo establecido en la Resolución 1999 de ese órgano, del 11 de julio de 2016- , como parte no recurrente, de lo que se dejó debida constancia (fs. 479).

Por su parte, la defensa presentó un escrito a fs. 478, en el que informó al tribunal que no concurriría a dicho acto procesal ni haría presentación alguna por estimar que el recurso presentado cumplía con el requisito de fundamentación suficiente para dirimir la cuestión.

En la audiencia, la acusadora pública señaló que ante la inasistencia de la parte recurrente presente se centraría sólo en la falta de prueba invocada por la defensa, esto es, que la sentencia se basaba en el testimonio único de la víctima.

En este sentido, argumentó que sin perjuicio de que el relato de L. resultaba ser sólido en tanto fue sostenido en las múltiples ocasiones en las que fue citada, cumpliendo con los estándares fijados por esta Sala en el precedente “T.”1 y sin perjuicio de la discusión existente en torno al testimonio único dentro del sistema de la sana crítica racional, lo cierto es que la condena no se basó en esa única prueba, por lo que no estábamos ante un caso de dichos encontrados.

En este sentido, las lesiones estaban acreditadas y la temporalidad coincidía con la declaración de la denunciante -ya que fue examinada el 26 de agosto de 2016, y se estimó que la data de aquellas era de entre 15 y 25 días.Además, su mecánica era compatible con la relatada por L., en tanto presentaba un corte en el cuero cabelludo y ella dijo que fue golpeada en la cabeza con una lámpara de sal.

Además, R., ex pareja del imputado con la que L. no tenía vínculo, ratificó un tramo de la privación de la libertad denunciada al manifestar que aquél se presentó en su casa y ella se negó a abrirle la puerta. También aludió a situaciones de violencia que padeció en manos de él y que la llevaron a pedir una restricción perimetral.

Agregó que en la causa había tres informes psicológicos efectuados por distintos profesionales de la salud que dieron cuenta de que el relato de la denunciante era creíble y no fabulaba. La licenciada Matossian de la Oficina de Violencia Doméstica sostuvo que se trataba de un caso de riesgo altísimo, conclusión ratificada en el debate. La médica Castelao, del Cuerpo Médico Forense, al examinarla un año después del hecho, llegó a la misma conclusión. Ambas sostuvieorn que la personalidad de L. presentaba rasgos propios de una víctima de género. Por último, en la historia clínica del Hospital Durand se asentaron las situaciones de violencia que L. narró antes de que ocurriera este episodio.

Remarcó que la defensa adujo que la víctima fue mendaz a la vez que se centró en sus problemas psiquiátricos. Sin embargo, la fiscal se preguntó cuán hábil tenía que ser una persona para engañar a tres profesionales de la salud.

Señaló que el tribunal a quo también tuvo en cuenta la denuncia previa y la posterior como parte del contexto de violencia. Con respecto de la primera, aclaró que fue sobreseído pero que era un indicio de la conflictiva de pareja. Además, ese sobreseimiento se había sustentado en la retractación de L., circunstancia que suele suceder en este tipo de episodios, en tanto no se habían reunido otros elementos de cargo.En cuanto a la restante, remarcó que, si bien no se encontraba firme, culminó con el dictado de una sentencia condenatoria por parte del Tribunal en lo Criminal Nº 7 de Lomas de Zamora, por considerarlo autor del delito de privación ilegítima de la libertad. Se trata de un episodio similar al aquí investigado y por lo tanto acredita el contexto y hace verosímil el relato de la damnificada.

En cuanto a los testimonios de los familiares de C. que su defensa resalta, destacó la sombra de duda que se cierne sobre el relato de S. H., quien si bien reconoció que ambos fueron a su casa dijo que no observó que L. estuviera lastimada ni notó actitudes extrañas, por cuanto las lesiones se encuentran acreditadas y, por la data probada, en ese momento ya era visible. De este modo, al ser sobrina del imputado, podría tener alguna subjetividad.

También hizo referencia a un oficio de la C.G.T. que señalaba que C. no faltó a su lugar de trabajo durante el lapso cubierto por la imputación, lo que coincidiría con su descargo. Sin embargo, se agregó otra respuesta de esta entidad en la que se afirma que no hay un sistema de fichaje, o sea que en caso de no haberse solicitado una licencia oficial, sus eventuales ausencias pudieron no haber quedado registradas formalmente. Ello, sin perjuicio de que L. relató que, por momentos, su ex pareja se iba y la dejaba con su sobrina, por lo que tampoco estas versiones son incompatibles.

Para finalizar, la fiscal Piqué agregó que la valoración del tribunal de la instancia anterior resultaba acorde con lo dispuesto en el art. 16 inc. i, ley 26.485, en cuanto consagra el derecho de toda mujer en este tipo de procesos, a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados teniendo en cuenta las circunstancias en las que se desarrollan los actos de violencia.Esto no implica relajar los estándares probatorios sino tener en cuenta que son sucesos que en general ocurren en la intimidad y que los eventuales testigos no suelen ser personas ajenas, como ocurre, quizá, con un episodio acaecido en la vía pública.

Esta regla, según la Corte Suprema en el precedente “Ortega” implica un derecho federal, por lo que su inobservancia suscita cuestión federal para el ministerio público al que representa.

En consecuencia, solicitó que se rechace el recurso de casación deducido y se confirme la sentencia cuestionada.

Efectuada la deliberación establecida en el art. 469, CPPN, el tribunal arribó a un acuerdo en los términos que a continuación se exponen.

CONSIDERANDO:

El juez Eugenio C. Sarrabayrouse dijo:

1. Tal como se resumió en el inicio (punto I), los jueces de la anterior instancia condenaron a E. D. C. por considerarlo autor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia o amenazas, en concurso ideal con lesiones leves (fs. 417/444).

Tuvieron por probado “.que E. D. C. privó de la libertad mediante violencia y amenazas a E. R. L., desde el 3 hasta el 7 de agosto de 2012.

(se aclara que por un error material, debió decir “17”).

“Para ello, cuando las partes se encontraban en el domicilio sito en la Av. N. X, piso 1º depto. B de esta ciudad, comenzaron a pelear hasta que finalmente C. golpeó a la damnificada con una lámpara de sal, lo que provocó su desmayo, circunstancia que aprovechó para atarla y luego cuando se despertó le propinó golpes de puño en el estómago mientras le decía que era una `puta´, que estaba jugando con él y que si no estaba con él, no iba a estar con nadie.

“Durante los primeros días en los que la tuvo cautiva, C. la golpeó en reiteradas oportunidades, provocándole lesiones consistentes en cortes y contusiones en el rostro y cabeza y luego se trasladaron al domicilio de la ex esposa del imputado – L. R. – sito en la calle P.X, provincia de Buenos Aires, pero allí no pudieron quedarse por lo que luego fueron a un hotel y durante las tardes se quedaban en la casa de la sobrina del imputado.

“Esta situación tuvo lugar hasta el 16 de agosto de 2012, fecha en la que volvieron al departamento de la Avenida N. y al día siguiente -17 de agosto- la damnificada le pidió a C. si podía ir a ver a sus hijos, a lo que C. accedió, comprometiéndose la damnificada a retornar al domicilio, cosa que nunca hizo” (fs. 431 vta.).

2. La decisión se basó en las pruebas que a continuación se enumeran. i. El testimonio de la denunciante, E. R. L. (fs. 394 vta./396); ii. Las declaraciones de los testigos Miriam Noemí Matossian -Trabajadora Social de la Oficina de Violencia Doméstica- (fs. 397/vta.), la licenciada Silvia Castelao (fs. 393/394 vta.), M. L. R. (fs. 396/vta.), C. V. C. (fs. 397 vta.), P. C. (fs. 398), S. H. (fs. 398/vta.); M. M. G. S. (fs. 396 vta./397) y J. D. (fs. 398). iii. Los demás elementos de prueba incorporados por lectura o exhibidos durante el debate (fs. 398 vta.). a. El legajo Nº 6334/12 de la Oficina de Violencia Doméstica (fs. 1/22 bis), dentro del cual se incluye: a) la declaración de L. (fs. 6/8), b) el informe interdisciplinario sobre situación de riesgo (fs. 9/10), c) la presentación anterior de la denunciante, del 11 de abril de 2012 (fs. 12/17), d) el informe médico elaborado por el galeno Roberto Oscar Foyo el 26 de agosto de 2012 (fs. 21/vta.). b. Lo informado por la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina (fs. 68/82), por NOSIS (fs. 83/86), por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (fs. 98), por la Policía Federal Argentina (fs. 99/100), por el RENAR (fs. 144) y por Telefónica (fs. 155). c. La constancia actuarial de fs. 191. d.Las copias de la historia clínica de L. en el Hospital Durand de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 238/250). e. Los dictámenes psiquiátrico y psicológico practicados por el Cuerpo Médico Forense con respecto a la denunciante (fs. 43/47 y 124/132, respectivamente). f. La prueba incorporada como instrucción suplementaria y que se compone de: a) peritajes psicológico y psiquiátrico del imputado realizados por el Cuerpo Médico Forense (fs. 343/351); b) la historia clínica de la señora L. en el Hospital Alvear; c) informes requeridos al Sindicato de Camioneros (fs. 335 y 369). g. Las copias de fs. 34/35, correspondientes al sobreseimiento dictado en el marco de la causa nº 12.394/2012. h. Las vistas fotográficas de fs. 21/vta. i. Las copias certificadas de la I.P.P. Nº 07-03-004130-13 de la U.F.I. Descentralizada de Esteban Echeverría, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

3. Para analizar si el hecho ocurrió y cuál era la participación de C. el a quo valoró los elementos de prueba recién enumerados, y luego efectuó consideraciones relativas al concepto de “violencia de género” para determinar si este caso se adecuaba a ese término.

Así, se citó la Guía Práctica para la Incorporación del Enfoque de Género en el Trabajo Legislativo, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se sostuvo que “El término “género” no es un sinónimo ni un equivalente de “mujer”: refiere a un sistema de relaciones sociales que involucra u afecta a mujeres y hombres. Género es el distinto significado social que tiene el hecho de ser mujer y hombre en una cultura determinada; el conjunto de características sociales, culturales, políticas, jurídicas y económicas asignadas socialmente en función del sexo de nacimiento.En la mayoría de las sociedades, este sistema sexo-género ha desarrollado relaciones de desigualdad, exclusión y discriminación contra las mujeres en la mayor parte de las esferas de la vida. Esto se traduce en menos oportunidades, menor acceso y control de los recursos y una menor valoración y reconocimiento a sus actividades y a sí mismas” (fs. 437 vta.).

Asimismo, el a quo destacó que la República Argentina “.reconoció esta problemática relacionada con la desigualdad de género y a raíz del artículo 75 inciso 22 le otorgó jerarquía constitucional a los instrumentos que protegen los Derechos Humanos, entre ellos a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Esta convención tenía por objeto erradicar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, dado que su persistencia vulnera el principio de igualdad y respeto a la dignidad humana.

“Para reforzar la mentada convención en el año 1994 se firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará). En la misma los Estados partes convinieron adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, ya que se ha tomado consciencia de la discriminación que sufren las mujeres, centrando todos los esfuerzos para modificar los patrones socio-culturares y finalmente obtener la igualdad de sexos. La Argentina ratificó dicho instrumento a través de la Ley 24.632.

“Dicho instrumento internacional establece en su artículo 1° que `se entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado”. Y el artículo 2° indica que “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a.que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra´.

“Así con respecto a los deberes del Estado dicha convención establece en su artículo 7° que los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:. f . establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.” (fs. 437 vta./438).

Asimismo, los jueces citaron una decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, causa nº 14.243, “Amitrano, Atilio Claudio s/ recurso de casación (fs. 438/vta.) Luego, mencionaron la sanción de la ley 26.485 de `Protección Integral a las mujeres para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales´, con el objetivo de hacer frente a esta clase de situaciones y adecuar el orden jurídico interno a los parámetros internacionales (fs. 438 vta.).

Tras ello, analizaron de manera general el concepto de “violencia doméstica” y sus diversas fases:”acumulación de tensión”, “estado agudo de golpes”, “invalidación del hombre”, “responsabilidad de la mujer”, “luna de mi el o conducta arrepentida” (fs. 439 / 440/vta.).

También se explicaron las situaciones de dependencia que se producen en este tipo de casos (fs. 440) y se caracterizó la denominada “cultura del maltrato”.

A partir de este marco teórico, el a quo entendió que los informes forenses reunidos determinaban que la situación de L. encuadraba dentro de los denominados casos de “violencia doméstica”, extremo que no podía ser soslayado ya que, de lo contrario, resultaba incomprensible la manera en que se comportó la denunciante a lo largo de su relación con el imputado. Enfatizaron que su testimonio no podía ser valorado aisladamente y fuera de este contexto.

En este sentido, citaron el informe de fs. 124/132, en cuanto a que L. presenta “.una organización psíquica de base precaria y hábilmente conformada con rasgos de labilidad emocional, inmadurez, sentimientos depresivos signos de inseguridad y ansiedad”.”la examinada ha transitado en su devenir vital por múltiples situaciones adversas y contextos disruptivos que han conformado una organización psíquica cuyos aspectos afectivos, conductuales y vinculares resultan inmaduros y endebles. Se constatan déficits de antígua data, en la integración yoica y proclividad a entablar y reeditar vínculos disfuncionales, patológicos y patologizantes. La propia inestabilidad psíquica, la presencia de angustia y ansiedad, la llevan a una búsqueda de adosarse a otro, pudiendo conformar entrampes vinculares de difícil resolución” (cfr. fs. 440 vta.de la sentencia).

Además, los jueces tuvieron especialmente en cuenta que el testimonio de la víctima se mantuvo incólume en las distintas oportunidades en las que declaró -incluyendo los peritajes que se le practicaron-, a pesar del tiempo transcurrido, y que fue catalogado como verosímil por parte de la trabajadora social Miriam Noemí Matossian de la Oficina de Violencia Doméstica y de la licenciada Silvia Castelao del Cuerpo Médico Forense.

Agregaron que la personalidad violenta del imputado estaba ratificada además por los dichos de su ex pareja -M. L. R. – y que tampoco se podía desconocer la sentencia de condena dictada en la causa de la I.P.P. Nº 07-03-004130-13 de la U.F.I. descentralizada de Esteban Echeverría, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, iniciada contra C. en noviembre de 2013 por un episodio de similares características al presente caso, cometido en perjuicio de L., aunque no se encontraba firme.

Además, los jueces resaltaron que los testimonios de C. V. y P. C. (hija y hermana del imputado, respectivamente), y S. H. (sobrina) debían ser valorados con las reservas del caso habida cuenta de que, sin perjuicio de la prohibición probatoria prevista en el art. 242, CPPN (aplicable a las dos primeras), se trataba de vínculos muy cercanos que la ley siempre intenta proteger.

Sobre el particular, destacaron que si bien C. C., hija del imputado, había dicho que la relación entre sus padres era “.normal como toda familia (.) que nunca vio agresividad entre ellos, tenían desacuerdos como toda familia (.)” (fs. 441), su madre, M. L. R., la desmintió al referir que C. la golpeaba fuertemente y que a raíz de ello solicitó oportunamente una restricción perimetral.

Por último y en cuanto al informe brindado por el Sindicato de Camioneros de fs. 369, en donde se indicó que C. no registraba ausencias durante el lapso en el que el hecho habría tenido lugar, los jueces indicaron que la propia L.dijo que había oportunidades en las que se quedaba con la sobrina del imputado, por lo que aquél podría haber aprovechado esos momentos para cumplir con sus obligaciones laborales. A ello se sumaba que conforme surgía del oficio de fs. 335, en aquella entidad no existía un sistema de fichaje que acreditara el ingreso y la salida del personal. De este modo, si no había una solicitud de licencia oficial, las ausencias laborales no quedaban registradas.

En definitiva, y a través de estos distintos elementos, se consideró que el caso encuadraba en un supuesto de violencia doméstica que había afectado la libertad y la integridad física de L.

4. Los agravios de la defensa contra la valoración de la prueba Tal como se desprende del resumen efectuado en el punto III, la parte recurrente entendió que la sentencia era arbitraria, pues a su criterio se sustentó únicamente en el testimonio de la damnificada -a quien consideró mendaz-, y que el tribunal no había valorado todos los elementos reunidos, esto es, sentenció sin ponderar las pruebas de descargo que favorecían la situación de C.

El examen de los agravios remite a las consideraciones que en distintos precedentes se han efectuado con respecto a la valoración de la prueba en general, los límites del recurso de casación, el principio in dubio pro reo, el significado del estándar de la duda razonable, y la ponderación del testimonio único en los casos de abusos sexuales y de violencia de género o doméstica.

Así, en el precedente “E.” se establecieron los criterios generales que gobiernan la valoración de la prueba, vinculados con la inmediación y la necesidad de que aquélla constituya un proceso intersubjetivo, verificable, que permita reconstruir los pasos que dio el juez para llegar a la decisión del caso.En cuanto a los límites de la revision de la sentencia de condena, en otros precedentes (“B.”, por citar alguno) se indicó que en el recurso de casación debían revisarse todos aquellos agravios que resultaran verosímiles. Asimismo, y en cuanto al alcance del principio in dubio pro reo y el estándar de la duda razonable, en los precedentes “T.”, “M.” y “C. C.”, entre muchos otros, se estableció que duda razonable significa duda razonada, o mejor, duda justificada razonablemente, donde “razonable” equivale a carente de arbitrariedad. La consistencia de la duda no se justifica en sí misma sino contrastándola con los argumentos proclives a la condena; y, a la inversa, la contundencia de la hipótesis condenatoria tampoco se mide en sí, sino según su capacidad para desbaratar la presunción de inocencia y la propuesta absolutoria.

Asimismo, en el caso “J. P.” (entre muchos otros), se dijo que en nuestro sistema es posible condenar, bajo ciertas prescripciones, con la declaración de un testigo, tal como también lo estableció en Alemania el Tribunal Supremo Federal (BGH). De esta manera, las complicaciones probatorias que presentan los casos de violencia de género, de violencia contra la mujer o los abusos sexuales, no deben significar la abrogación de los principios básicos que informan el proceso penal ni la imposibilidad absoluta de condenar: aquí también la hipótesis acusatoria debe comprobarse más allá de toda duda razonable.

Por lo demás, este es el sentido que debe otorgarse a los arts. 16 inc.i y 31, Ley 26.485. En definitiva, no se trata de modificar el estándar de prueba que rige este y todos los casos penales sino de extremar las medidas para realizar una investigación completa y profunda de cada caso, acompañada de una valoración integral de todos los elementos colectados para establecer las peculiaridades que presenta cada uno de ellos.

5. De acuerdo con el resumen efectuado, la crítica principal del recurrente se centra en la valoración del testimonio de L.(véase punto III, 1). A partir de estas críticas, la defensa busca demostrar que no solamente fue mendaz, sino que nunca estuvo efectivamente privada de su libertad. Por lo tanto, el análisis de este testimonio y su vinculación con el resto de las pruebas, definirá la suerte del recurso intentado. a. En primer término, la defensa afirmó que C. había sido sobreseído en las restantes causas iniciadas a raíz de denuncias anteriores de L., pues ella se había rectificado. Agregó que durante el debate, la presunta víctima negó al tribunal aquella retractación, con lo cual había cometido el delito de falso testimonio agravado.

El recurrente no brinda ningún punto de apoyo a esta afirmación: no indica expresamente qué sentencia de sobreseimiento menciona ni los motivos en los que ésta se fundó, atento a las distintas hipótesis contempladas en los códigos procesales para tornar viable una absolución anticipada. Por el contrario, se limita a una mención genérica, sin indicar las constancias precisas de la causa a las que se refiere y a los momentos del debate que narra. Por lo demás, no se advierte ni tampoco funda adecuadamente por qué razón L. habría cometido el delito “.de falso testimonio agravado.”. Pese a estas falencias y en aras de garantizar la revisión amplia de la sentencia de condena, se intentará reconstruir lo sucedido, y así establecer las circunstancias que motivaron tal sobreseimiento para determinar si de ellas puede desprenderse algún elemento que afecte la credibilidad o la exactitud del testimonio de L., como pretende la defensa.

La cuestión fue abordada por la fiscal María Luisa Piqué en la audiencia a la cual, según se consignó, el recurrente consideró innecesario asistir (cfr. punto V y escrito de fs. 478), perdiendo así la oportunidad de debatir adecuadamente el punto. De acuerdo con la representante del Ministerio Público Fiscal, la desvinculación de C.en esas otras denuncias se sustentó en la retractación de L., circunstancia que, apuntó, suele suceder en este tipo de episodios, en tanto no se habían reunido otros elementos de cargo.

Así, a fs. 35 puede leerse que “(.) se colige de lo manifestado por E. R. L. en su ampliación de declaración testimonial antes reseñada, que los hechos pesquisados en la presente encuesta no habrían sucedido tal como primigeniamente fueron introducidos al sumario (.) No puede soslayarse, por último, que la propia L. especificó a fs. 58/59 su intención de no proseguir con la presente causa.”. Se destaca que su incorporación al sumario se desprende del proveído de prueba al que remite el acta de debate a fs. 398 vta., en cuanto dispone que: “con respecto a la petición de que remitan la causa del Juzgado de Instrucción nº 2, estése a las copia s que obran a fs. 34/35 donde se desprende el resultado final de la causa 12.394/2012” (fs. 325 vta.).

Por otro lado, y en consonancia con lo volcado en la resolución citada, L. declaró en el debate que estos desistimientos se debieron a que “.él le hizo retirar la denuncia.” (acta de debate, fs. 395 vta./396).

En este sentido, Julieta Di Corleto, destaca que “.la declaración de la víctima debe analizarse teniendo en cuenta si entre ella y su agresor existe o existió una relación asimétrica de poder.En este examen no puede faltar la información sobre posibles contactos entre la víctima y su victimario, o sobre la existencia de amenazas o manipulaciones que alteren el relato; o incluso sobre las consecuencias generadas por la denuncia en el plano económico, afectivo o familiar (.)”. Asimismo, con respecto a la retractación, señala que “.la actuación de la víctima durante el proceso penal no siempre es uniforme y en ello influye la dependencia económica, social y psicológica, o incluso la falta de respuesta o el maltrato de la justicia, de allí la alta tasa de abandono de los procesos (.)”. Ahora bien, según se ha visto, el tribunal a quo dedicó largos párrafos y brindó variados argumentos, tanto normativos, como sociológicos y psicológicos, por los cuales entendía que en el caso los sucesos juzgados se habían producido en un contexto de violencia doméstica o de género. Desde esta perspectiva, cobra relevancia la dependencia emocional y económica de L. con respecto de C., acreditada correctamente por el a quo mediante el informe brindado por la licenciada Castelao, que no ha sido cuestionado por la defensa. Según esta profesional, L. le refirió que “.volvía (con C.) porque sentía como que lo necesitaba porque me sentía sola porque mi familia me había dado vuelta la cara (.)” (fs. 128).

Por otro lado, la defensa hace lo que critica que habría hecho la sentencia: analiza parcialmente la prueba. En este sentido, el tribunal a quo también tuvo en cuenta que C. fue condenado en el marco de la IPP nº 07-03-004130-13 de la U.F.I. Descentralizada de Esteban Echeverría, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, por un hecho de similares características al que aquí se investiga, cometido un año después y también en perjuicio de L.Por lo tanto, una crítica global de la sentencia debió cuestionar la valoración de aquella otra, que se enmarca dentro del cuadro descripto y afirmado por el tribunal de la instancia anterior.

En definitiva, la defensa se ha limitado a plantear meras generalidades, sin hacerse cargo de refutar el contexto general en que el tribunal consideró desarrollado el vínculo C. – L. Tampoco demostró concretamente las circunstancias por las cuales fue sobreseído C. en denuncias anteriores y qué relevancia tenía frente a la afirmación del tribunal a quo de que pesaba sobre él una condena por un suceso similar.

Lo dicho conduce a desechar este planteo del recurrente. b. El segundo cuestionamiento de la defensa dirigido al testimonio de L. se basa en que el Sindicato de Camioneros informó que C. no registró ausencias en su lugar de trabajo durante el lapso que habría durado la privación de la libertad imputada. Según la defensa, L. habría afirmado que el imputado permaneció todo el tiempo junto a ella.

Sin embargo, la recurrente no se ha hecho cargo de lo dicho en la propia sentencia, donde se lee “(.) en primer lugar la misma L. expresó que había oportunidades en las que se quedaba con la sobrina del imputado, por lo que en esos momentos el imputado pudo haber aprovechado para ir a cumplir con sus obligaciones laborales. Más allá de eso, conforme se desprende del oficio, no existe un sistema de fichaje en el cual quede acreditado el horario de entradas o salida laboral por lo que si el imputado no solicitó licencia oficial dicha circunstancia no queda acreditada” (fs. 441/vta.). Como puede apreciarse, la defensa sólo no ha rebatido estos argumentos sino que tergiversó lo dicho por L.: en ningún momento afirmó que C. había estado todo el tiempo con ella.

Lo expuesto conduce también a rechazar este reparo de la defensa. c. El tercer planteo dirigido a menguar la credibilidad del testimonio de L. refiere que C. y M. T.desconocieron haber participado de los episodios que aquella narró, circunstancia que habría sido resaltada por P. C. en el debate.

Cabe destacar que M. T. no declaró en el debate ni se incorporó ninguna declaración de ella, por lo que no puede decirse, como lo hace la defensa en su recurso, que haya desconocido las afirmaciones efectuadas por L. respecto de su presentación ante el domicilio del imputado.

Por su parte, D. C. T., sobrina del imputado, dijo que vio a la damnificada únicamente dos veces en su vida y que desconocía los pormenores de su relación con su tío. En particular, adujo que nunca visitó su domicilio y que tenían escasa relación ya que vivían lejos el uno del otro (fs. 190/vta., incorporado por lectura al debate).

El tribunal a quo en este punto, señaló que el vínculo cercano entre el imputado y la testigo -que la ley siempre tiende a proteger- relativizaba la contundencia de su contenido. Sin embargo, la defensa nada ha dicho sobre esta valoración acertada, en tanto no efectuó ninguna alusión ni planteo referido al vínculo entre ambos y su influencia en la valoracion de la declaración de D. C. T. que infirió el tribunal.

Por otro lado, la defensa nada menciona con respecto a la explicación de L. sobre el punto: el imputado había convocado a D. C. T. para curarle la herida que le había provocado en la cabeza porque era enfermera. Esta circunstancia concuerda con lo dicho en el debate por la madre de D., P. C., quien afirmó que aquélla era la profesión de su hija (cfr. fs. 398).

Por lo demás, este testimonio aislado y con las características reseñadas (sobrina del imputado) carece de la entidad que pretende darle la defensa, lo que conduce también a su rechazo. d. En cuarto lugar, la defensa señaló que S. H. refirió no haber visto a la nombrada retenida por su tío y que incluso en algunas ocasiones se quedaron a solas.También negó haberle curado herida alguna.

Además, la defensa agregó que los restantes testigos fueron contestes entre sí en cuanto a que L. se manejaba libremente, sin hacer referencia a ningún sometimiento, con lo cual su credibilidad quedaba seriamente comprometida.

Con relación al primer cuestionamiento, si bien es cierto que S. H. negó haberle efectuado curaciones a L., lo cierto es que la defensa omite analizar lo que efectivamente manifestó la testigo: conforme se desprende del registro audiovisual glosado a fs. 406, afirmó que durante los días que pasó junto a la nombrada en su casa, era el imputado quien se encargaba de atender su herida. Lo dicho resulta suficiente para rechazar el planteo.

En cuanto al segundo aspecto, esto es, que el resto de los testigos comprometen la veracidad del relato de L. cabe destacar que la conducta atribuida a C. por el a quo se compone de dos tramos: uno, ocurrido en el interior de su domicilio durante los primeros cuatro días del hecho que comenzó a ejecutarse el 4 de agosto de 2012. Aquí L. no pudo precisar exactamente su duración pues, según reconstruyó el tribunal de mérito, durante ese período estuvo atada de pies y manos en el interior de la habitación, con las persianas bajas, de modo que no podía distinguir los días de las noches (fs. 395 vta.). El segundo, cubrió el momento en que se desplazaron hasta Monte Grande y luego a un hotel, hasta el 16 de agosto de 2012; ese día, fueron al departamento de Avenida N.; después, el 17 de agosto, L. le pidió a C. si podía ver a sus hijos, a lo que el imputado la autorizó, bajo el compromiso incumplido de retornar a ese domicilio.

Con respecto al primer tramo y tras los cuestionamientos basados en los testimonios de C. T. y P. C. (que ya fueron analizados) la defensa solo se remitió a la declaración de G. S.-portero del edificio en el que se comenzó a ejecutar el hecho- para sustentar la alegada mendacidad de L., pero sin considerar y criticar el resto de los elementos considerados por el a quo, ni demostrar la manera en que este relato aislado debía conducir a una conclusión diferente o fundar una duda razonable.

Asimismo, y de manera general, la defensa nada dice acerca del informe glosado a fs. 21, incorporado por lectura y valorado por el tribunal a quo, del que se desprende que L. presentaba una lesión de las siguientes características “1. En región paritoccipal izquierda, cicatriz eritematosa compatible con reparación dermoepidérmica por herida contusa (.)”, cuya mecánica de producción -choque o golpe con o contra cuerpo duro y romo- se condice con su relato en cuanto a que fue golpeada con una lámpara de sal en la cabeza y tratada su herida con pegamento.

También la data de la lesión coincide con el relato de L., en tanto el examen se practicó el 26 de agosto de 2012 y se consignó que las lesiones se produjeron entre 15 y 25 días antes, período que cubre el primer tramo al que se hizo referencia.

Por otro lado, el tribunal a quo señaló que L. durante el debate declaró haber sido inmovilizada por C. sólo durante el primer tramo de la acción, mientras que el tiempo restante hizo referencia al miedo que sentía por la situación padecida y las amenazas acerca de que si lo denunciaba la mataría tanto a ella como a sus hijos. e. En realidad, como se anticipó, todos los planteos de la defensa se orientan a cuestionar, implícitamente, si el tipo penal previsto en el art. 142, inc. 1º, CP, incluye aquellos casos en los cuales la víctima no se encuentra físicamente retenida ni obstaculizada para movilizarse, sino impedida de hacerlo debido al sometimiento propio de las situaciones de violencia doméstica o de género, que el tribunal a quo consideró probada.La cuestión asume relevancia para analizar lo que se ha denominado segundo tramo del hecho, esto es, el lapso que comprende el traslado a Monte Grande hasta el regreso al departamento de N., el 16 de agosto de 2012.

La figura en cuestión protege la libertad corporal. Se ha dicho al respecto que “(.) no es indispensable una privación absoluta de la libertad ambulatoria, bastando que ésta se vea restringida o condicionada en los límites queridos por la voluntad del sujeto activo”11. Del mismo modo, “.no es preciso que la víctima esté atada, amarrada o encerrada. Oderigo sostiene que el derecho a la autodeterminación se ve afectado aún cuando exista la posibilidad de autoliberación, con tal de que la víctima no pueda vencer fácilmente el obstáculo impuesto por el sujeto activo o que necesite hacer lo que éste último le impone”12.

Es así, entonces, que adquiere relevancia la modalidad vincular establecida en el caso, esto es, el llamado “círculo de la violencia” que el tribunal a quo explicó detallada y pormenorizadamente en la sentencia y que la defensa no cuestionó.

En este sentido, resulta ilustrativo el informe forense referido a la situación L., valorado por el a quo. Del mismo surge que “.{s}e constatan déficits de antigua data, en la integración yoica y proclividad a entablar y reeditar vínculos disfuncionales, patológicos y patologizantes. La propia inestabilidad psíquica, la presencia de angustia y ansiedad, la llevan a una búsqueda de adosarse a otro, pudiendo conformar entrampes vinculares de difícil resolución” (fs. 139). Se concluyó que L.se hallaba en una situación crítica por encontrarse exacerbado el conflicto psíquico lo cual, según informó la licenciada Castelao en el debate, implica que “la persona está sometida a una situación crítica, que está fallando su mecanismo adaptativo, está sobrecargada de una cantidad de demandas estimulares tanto intra psíquicas como propias del ambiente entonces esa persona empieza a tener fallas en su adaptación, el origen es por un conjunto de factores de vulnerabilidad, personales, emocionales (.)” (fs. 394).

Además, el tribunal de mérito consideró probada la personalidad violenta de C. mediante el testimonio de su ex pareja, M. L. R., en tanto adujo que “(.) fue golpeada mucho tiempo. Sí, fue fuertemente golpeada. Nunca lo denunció porque pensó que en algún momento iba a cambiar. La última vez sí porque ya se había hecho muy horrible la situación, con testigos, e hizo la perimetral para que no se acerque.” (fs. 396). El testimonio de la hija del imputado, como acertadamente consideró el tribunal de mérito, no modifica esta valoración, habida cuenta su vínculo con el imputado y la prohibición probatoria prevista en el art. 242, CPPN. En este aspecto, cabe remitirse a lo resuelto en el caso “C.” donde se estableció que el punto central para dirimir la comprobación de una privación ilegítima de la libertad en este tipo de casos, es la situación de dominación física y mental en que se encontraba el imputado con respecto a la víctima. Es que si se admite que la coacción puede ser un medio para consumar la privación de la libertad, en tanto `.ejerce su influencia impeditiva a modo de barrera psíquica que condiciona la libertad de decisión del sujeto para trasladarse.´, no basta con afirmar que L. “no estaba retenida” si se ha probado la existencia de un contexto de ejercicio de violencia continua contra ella, de tal modo que no podía ejercer su libertad locomotiva.

Del mismo modo, en el caso “R.J.M.s/ privación ilegítima de la libertad”, la Sala III de esta Cámara argumentó que “resulta absolutamente razonable concluir, tal como lo hizo el a quo, que la damnificada “vive en un círculo de miedo, de constantes temores y hasta de percibir como inminente la muerte de ella o de algún ser querido en caso de no acceder a las demandas del sujeto golpeador, [por lo cual] no puede considerarse desde el punto de vista jurídico que su voluntad sea libre, y por el contrario su ámbito de autodeterminación se encuentra viciado. Y en este caso, sus decisiones fueron producto de ese estado de grave y profundo temor que, en consecuencia, impidió que lo que haya decidido fuera fruto de su voluntad, y en cambio se tornara viciada por la intimidación y el constante estado de amenazas y latente situación de una inminente muerte o grave atentado contra su integridad física o la de sus familiares, o su propia hija de escasos meses de edad (.) resulta claro que la circunstancia de que la víctima haya sido obligada a realizar desplazamientos parciales, fuera del lugar de encierro material, no torna atípica a la conducta del señor R., tal como lo postula la defensa. De adverso, ha quedado acreditado en la sentencia impugnada, el estado de intenso temor que la señora J. poseía al momento de realizar esos desplazamientos, y que únicamente los cumplió en razón de las imposiciones coactivas que le efectuó el señor R., formuladas además dentro de un contexto que poseía un evidente significado jurídico de ejercicio de violencia contra la mujer, conforme con los términos acuñados en la denominada “Convención de Belem do Pará” (incorporada al ordenamiento jurídico interno con la jerarquía normativa que el artículo 31 de la Constitución Nacional otorga a los “tratados con las potencias extranjeras”).

En el caso particular, como ya se consignó (punto 2) el tribunal a quo consideró probada esa anulación de la voluntad de L. con la siguiente prueba incorporada por lectura:los informes psiquiátrico y psicológico glosados, respectivamente, a fs. 43/47 y 124/128; el legajo nº 6334/12 de la Oficina de Violencia Doméstica de fs. 1/22 bis; las copias de L. en el Hospital Durand de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 238/250) y las copias certificadas de la IPP nº 07-03-004130-13 de la UFI Descentralizada de Esteban Echeverría, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, incorporadas por exhibición.

Asimismo, se basó en las declaraciones de la licenciada Castelao (fs. 393/394 vta.) y la trabajadora social de dicha oficina, Miriam Matossian (fs. 397/vta.) y, especialmente, en los dichos de la propia L. En efecto, según se lee en la sentencia, el tribunal de mérito indicó que ella dijo que durante los primeros días en los que estuvo privada de su libertad, C. “.la amenazaba de que si lo dejaba los iba a terminar matando a ella y a sus hijos” (fs. 420 vta. de la sentencia). Reconoció que durante el “Día del Niño” -cubierto por el segundo tramo de la conducta analizada- recibió un mensaje de su hermano en el que le reclamaba que no había saludado a su hijo, pese a lo cual “ella no podía decirle lo que había sucedido” (fs. 420 vta. de la sentencia). La resolución también señaló que L. dijo que “hoy en día tiene miedo porque tiene gente afuera, porque sabe que tiene contactos feos, que pueden lastimarla y una familia numerosa”, e incluso se negó a revelar el lugar en el que se había resguardado luego de ocurrido el hecho, también por temor (fs. 421 vta.).

Por último, y en cuanto al planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba fundado en que no se hallaron armas en poder del imputado, sumado a que los testigos que declararon afirmaron que debía dejarlas en su lugar de trabajo, la defensa pasa por alto que la sentencia expresamente no valoró tal circunstancia al rechazarse la agravante prevista en el art.41 bis, C.P., solicitada por el fiscal en su alegato. De tal modo este planteo carece de sustento alguno en la causa.

6. El análisis efectuado revela que en el caso no se trató de un testigo único, pues el tribunal a quo valoró una pluralidad de testimonios, peritajes, denuncias, sentencias y otras declaraciones de la misma L. Asimismo, no se advierte error alguno o quiebre lógico en la valoración efectuada y en las inferencias realizadas por el tribunal de mérito. Ello lleva a descartar la aplicación del principio in dubio pro reo reclamado por la defensa.

Es que, tal como se anticipó, la contundencia de la hipótesis acusatoria no se mide en sí misma, sino en su relación con la propuesta de absolución, lo planteado por el propio imputado y el respeto de la presunción de inocencia. Se trata de establecer cuál de las hipótesis en pugna reúne los requisitos de no refutación y mayor confirmación que sus concurrentes. Aquí, la defensa pretendió demostrar que L. fue mendaz en su declaración, sin rebatir concretamente el contexto de violencia doméstica en que se desarrollaron los hechos, ni las pruebas que acreditan las lesiones constatadas ni las fechas de producción, pasando por alto además, los vínculos familiares de algunos testigos con el imputado y su influencia en la ponderación, además de omitir una valoración global de las sentencias dictadas con respecto de C.

En definitiva, la valoración de la prueba desarrollada por el a quo luce coherente, lógica y razonable; carece de arbitrariedad y no es contradictoria; amén de no haber sido adecuadamente refutada por el recurrente.

Todo lo dicho conduce a rechazar los agravios sobre el punto, dado que las razones expuestas en la sentencia cuestionada resultan suficientes para tener por probada, más allá de toda duda razonable, la participación atribuida a C. los hechos que se consideraron probados.

7. En razón de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de C. a fs.448/463, sin costas, en virtud del derecho del imputado a que se revise su sentencia de condena (arts. 456, 465, 470 y 471 a contrario sensu, 530 y 531, CPPN).

El juez Daniel Morin dijo:

Adhiero en lo sustancial al voto del juez Sarrabayrouse.

El juez Luis Fernando Niño dijo:

I. Adhiero a las propuestas formuladas por el colega Eugenio C. Sarrabayrouse, fundadas -en especial- en el adecuado tratamiento de las pruebas realizadas por el a quo, bajo estricto apego a las reglas de la sana crítica y los principios que la informan. Asimismo, acompaño el desarrollo -por parte del vocal- de los agravios invocados por la defensa en lo atinente a la materialidad de los acontecimientos y la autoría de C.

II. En lo que incumbe a la evaluación del material probatorio -cuestionado por l a defensa- cuadra poner de relieve que el tribunal de juicio valoró fielmente el relato de la víctima, y lo vinculó con los demás elementos de prueba incorporados a la causa -enumerados en el considerando 2 del voto que lidera el acuerdo-, lo que aportó motivos suficientes para rechazar los planteos defensivos.

Así las cosas, el razonamiento llevado a cabo por el sentenciante para evaluar la fuerza convictiva del testimonio de la damnificada, en relación con el resto de las probanzas obrantes en la causa, respeta las reglas de la lógica, la sana crítica racional y el estándar de convicción requerido en esta etapa procesal.

Finalmente, la especial situación de vulnerabilidad de la víctima -en cuanto a su imposibilidad concreta de recuperar su libertad- tampoco fue suficientemente rebatida por la defensa del imputado.

III. Por lo expuesto, adhiero a la solución propuesta al pleno por el vocal preopinante. Tal el sentido de mi voto.

En virtud del acuerdo que antecede, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de E. D. C. a fs. 448/463 y, en consecuencia, CONFIRMAR el punto I de la sentencia de fs. 417/444, en todo cuanto fue materia de agravio; sin costas (arts. 456, 465, 470 y 471 a contrario sensu, 530 y 531, CPPN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (Acordada 15/13, CSJN; Lex 100) y remítase al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 22, sirviendo la presente de atenta nota de envío.-

EUGENIO C. SARRABAYROUSE

DANIEL MORIN

LUIS FERNANDO NIÑO

Ante mí:

PAULA GORSD

SECRETARIA DE CÁMARA