Responsabilidad de la médica por el fallecimiento de la paciente por un tromboembolismo pulmonar consecuencia de una intervención previa

Partes: C. G. F. y otros c/ J. A. B. y otros s/ daños y perjuicios s/ recurso extraordinario de inconstitucionalidad

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: I

Fecha: 5-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108810-AR | MJJ108810 | MJJ108810

Responsabilidad de la médica demandada por los daños derivados del fallecimiento de la madre de los actores por un tromboembolismo pulmonar que sufrió luego de una mastoplastia de aumento y dermolipectomía. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar a la médica demandada, pues la lógica y la sana crítica conducen a considerar que, según el curso natural y ordinario de las cosas, si el Tromboembolismo pulmonar que sufrió la madre de los actores tuvo relación de causalidad con la mastoplastía de aumento y la dermolipectomía, y sus síntomas se manifestaron inmediatamente después de la misma, sin que hubiesen sido adecuada y exhaustivamente investigados, la mala praxis médica no se limita a haber evitado contribuir a que la paciente superase esa complicación, sino que la víctima sufrió tal complicación por la mala praxis de la galena, que no aplicó todas las medidas antitrombóticas recomendadas y además y pese a ello no investigó los síntomas que debieron alertarla para remitirla.

2.-En materia de responsabilidad profesional médica, el galeno debe poner a disposición del paciente todos los medios a su alcance, sus conocimientos, sus habilidades y los cuidados requeridos por el cuadro de la enfermedad, para lograr su curación o mejoría, lo que incluye un diagnóstico correcto y una terapéutica eficaz, desde el momento en que se inicia su relación hasta su extinción.

3.-La impericia, desde el punto de vista técnico-legal, es la ausencia de los conocimientos normales que toda profesión requiere cuando se trata de un médico general y los propios de la especialidad, si se trata de un especialista; la negligencia es considerada como la falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto o tarea puesta al servicio del acto médico.

Fallo:

En Mendoza, a cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 13-00689961-1/1, caratulada: “C. G. Y OTS. J° 221.239/13-00689961-1/1 “C., G. F. Y OTS. C/ J., A. B. Y OTS. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS” S/INC.”

Conforme lo decretado a fs. 117 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primero: DR. JULIO R. GÓMEZ; segundo: DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE; tercero: DR. JORGE H. NANCLARES.

ANTECEDENTES:

A fs. 20/29 se presentan los Sres. M., X. C., L. A. C. y G. F. C. por intermedio de representante conforme escrito ratificatorio y deducen recurso extraordinario de Inconstitucionalidad contra la resolución dictada por la Cuarta Cámara Civil de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 618/634 de los autos N° 221.239/13-00689961-1/1, “C., G. F. Y OTS. C/ J., A. B. Y OTS. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS “.

A fs. 42 se admite formalmente el recurso, del cual se ordena correr traslado a las contrapartes, quienes contestan a fs. 68/70, 74/82 vta., 90/95 vta. y 100/102 respectivamente.

A fs. 109/110 obra dictamen de Procuración General, en el que se aconseja rechazar el recurso interpuesto.

A fs. 116 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 117 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto?

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JULIO R. GÓMEZ, DIJO:

I.PLATAFORMA FÁCTICA.

Las actuaciones procesales relevantes para la resolución de este recurso son las siguientes:

El proceso versó acerca de la responsabilidad profesional de la demandada A. B. J., a quien se atribuye culpa médica en la causalidad de la muerte de la madre de quienes promovieron la acción, Sra. R. . G.

1- Demandaron los hijos de la fallecida por reparación de daños y perjuicios derivados del evento, a la profesional médica que practicó la cirugía, al nosocomio en el que tuvo lugar la operación, y a sus respectivas compañías aseguradoras.

Relataron que el 16 de agosto de 2011 su madre se sometió a una mastoplastía de aumento y a una dermolipectomía, cirugías estéticas mamaria y de abdomen que encomendó a la Dra. J. A tal efecto, le ordenó a la Sra. G. la realización de los exámenes pre quirúrgicos de estilo (análisis de sangre, orina, electrocardiograma) de los cuales no surgió ningún inconveniente físico, razón por la cual se fijó fecha de cirugía a realizarse en el Hospital Italiano.

La misma, afirmaron, se practicó en la fecha y hora establecidas sin ningún inconveniente y fue dada de alta al día siguiente. El 18 de agosto, la paciente concurrió al consultorio particular de la Dra. J. para control, en la oportunidad le manifestó que no podía orinar, que tenía fuertes dolores en el pecho, que le costaba mucho respirar con normalidad y había comenzado con episodios de tos.

Expusieron que frente a tales síntomas la médica le indicó tomar mucha agua para orinar, y a lo demás respondió que obedecía a su carácter de fumadora y a que la faja que le había colocado estaba muy ajustada. Le recetó un analgésico y un protector gástrico para tolerarlo.

Continuaron su relato manifestando que luego de esa consulta la Dra. J. no volvió a ver a la paciente, sino que a partir de ese día la atendió y recetó telefónicamente comisionando a una enfermera (Sra.S. M.T.) para que la asistiera en su domicilio diariamente para efectuarle las curaciones. Señalaron que al incremento de la tos y los dolores, la médica le recetó telefónicamente un jarabe para la tos y un analgésico. Con el transcurso de los días, la dificultad respiratoria de la madre de los actores iba en franco incremento, pese a lo cual la profesional se limitaba a contestarle que continuara con el jarabe, sin atenderla en su consultorio. La situación continuó hasta que el 29 de agosto de 2011, a las 6:35hs. aproximadamente, la Sra. G. se cayó en la cocina de su casa, perdiendo el conocimiento por un instante. La sentaron en una silla. Presentaba síntomas similares a una baja de presión. Llamaron a la ambulancia, intertanto tenía ataques en que se ponía tensa, como que le faltaba el aire, se le trababa la mandíbula, emitía sonidos de dolor y luego se relajaba. Al llegar la ambulancia los galenos le colocaron máscara de oxígeno y la trasladaron de urgencia al Hospital Central, donde falleció al poco tiempo de llegar por tromboembolismo pulmonar.

Endilgaron responsabilidad a la demandada por error de diagnóstico y abandono de persona durante el post operatorio, y responsabilizaron al Hospital Italiano en función de la obligación de seguridad objetiva incumplida en el caso. Reclamaron la suma total de $ 897.645 en concepto de gastos médicos, daño moral y pérdida de chance de ayuda futura.

2- La Dra. J.citó en garantía a Triunfo Seguros. El Hospital Italiano (Finamed S.A.) a Noble S.A. Ambas aseguradoras comparecieron y aceptaron la citación en la medida del seguro contratado.

Tanto la Dra. J. como su aseguradora contestaron demanda alegando inexistencia de relación causal entre su actuación y la muerte de la paciente, pues conforme la autopsia, el tromboembolismo pulmonar agudo y miocardio con signos focales de hipoxia tisular aguda, era una patología súbita, que descartaba que pudiera tener 15 días de evolución.Recalcaron que la galena asistió a la paciente en todo momento y personalmente tanto el día 18 como asimismo el 24 de agosto, cumpliendo en un todo con su labor profesional durante el postoperatorio, lapso durante el cual nunca existió indicio alguno que hiciera sospechar la producción del trombo. También impugnaron los rubros y montos reclamados.

3- El nosocomio demandado, y a su turno su citada en garantía, plantearon la falta de legitimación sustancial pasiva, por cuanto el hospital sólo había brindado los servicios de hotelería, y no existía relación de dependencia con la Dra. J., quien se había limitado a alquilarle el quirófano para practicar sus cirugías. Agregaron que el establecimiento sólo proporcionó la infraestructura para que la cirugía se llevara a cabo, y que la misma se realizó sin complicaciones que llevaran al deceso de la paciente, el cual tampoco guardaba relación con complicaciones inherentes al uso de dichas instalaciones, tales como un proceso infeccioso. Explicaron que el Hospital Italiano sólo fue el lugar donde circunstancialmente se realizó la operación, y en todo momento la actora estuvo bajo la atención, supervisión y monitoreo de su cirujana, realizándose además el control post operatorio en su consultorio particular.

4- Las pruebas relevantes fueron:

-Absolución de posiciones de la Dra. J. Aclaró que en el cuarto día post operatorio la paciente la llamó por teléfono consultándole sobre cómo debía ingerir la medicación, comentándole que estaba con flemas y un poco de tos -ese día corría viento zonda- lo que le ocasionaba dolor por la índole de la cirugía, y por eso le preguntó si podía tomar algo para la tos, frente a lo cual le indicó nebulizaciones y un jarabe que pudo haber sido bromexina, no recuerda bien, pero no recordaba haberle recetado analgésico (Dolten).

-Testimonial de la enfermera S. M. T. Relató que ha trabajado con la Dra.J.durante catorce años aproximadamente, teniendo a su cargo todo el control de enfermería, es decir signos vitales y curación de heridas quirúrgicas. Vio a la Sra. G. en dos o tres oportunidades. Nunca escuchó tener tos a la paciente. Ella le decía que quería expectorar las flemas, y cuando hacía fuerza para toser le dolían las heridas. Preguntada sobre la frecuencia con que efectuó los controles de signos vitales y curaciones a la Sra. G.a, contestó que todos los días en su domicilio. Afirmó que no hubo en su evolución ninguna complicación. Que vio algunas veces al novio de la paciente, pero ella le manifestaba que no tenía ayuda, incluso una vez nadie le abrió la puerta porque la Sra. G. le llamó para saber si era ella la que estaba golpeando la puerta. Otro día la encontró llorando porque se había peleado con el novio y le pidió a la hija que les trajera el mate, y estuvieron charlando más de una hora. A los días la encontró muy bien, se había bañado, se había peinado, estaba muy linda. Se había reconciliado con el novio. Que la última vez que la vio no recuerda bien si fue una semana antes de su fallecimiento, lunes o miércoles. Y el domingo al llegar a su casa el hijo estaba andando en bicicleta y le dijo que su mamá estaba durmiendo la siesta, por lo que le dejó la orden para que se la diera. Que era muy fumadora, pero no fumaba porque no tenía permitido fumar luego de la operación ni una semana antes.

-Testimonial del Dr. O. S.: Fue el primer ayudante en la cirugía de la Sra. G. Afirma que la misma no tuvo ninguna complicación.Aclaró que la dermolipectomía no implicaba en ningún momento la penetración de la cavidad abdominal, o sea que no era profunda, al igual que en el caso de las mamas, pues las prótesis se colocaron debajo de la glándula, sin penetrar la cavidad torácica ni atravesar los planos musculares torácicos. Su participación se limitó al momento de la cirugía ignorando cualquier circunstancia anterior o posterior a la misma.

-Testimonial de la Dra. N. N.: Fue la médica anestesista durante la cirugía. Informó que se le hizo anestesia locorregional conforme protocolo quirúrgico que reconoció, explicando que es un tipo de anestesia que se realiza con anestésicos locales con el paciente despierto y va dirigido a los nervios que inervan la zona quirúrgica. Afirmó que ese tipo de anestesia tenía beneficios por la rápida recuperación y por favor ecer la deambulación temprana. La operación fue satisfactoria.

– Pericias a cargo de médico cirujano general y a cargo de médico cirujano plástico (Dr. H. B. en ambas pericias). En el caso, la dermolipectomía se realizó mediante la confección de un colgajo dermo-epidérmico con resección de sobrante. En el caso, no hay constancias sobre uso de lipoaspirador ni de complicaciones durante la operación. El tromboembolismo se produce generalmente por desprendimiento de un trombo originado en la circulación venosa de miembros inferiores. En un post operatorio, existe posibilidad de producción de un trombo hasta el mes según la literatura. Su producción puede ser súbita o de formación paulatina. Las medidas de prevención de trombo que se dispusieron para la paciente fueron posición semisentada, drenaje de lecho quirúrgico y movilización precoz, que son de rutina. Se le dio de alta sin indicios de sospecha de tromboembolismo pulmonar (TEP). Toda cirugía implica la posibilidad de formación de un trombo en el post operatorio. Su síntoma de alarma es la disnea. La documentación aportada al expediente refiere tos pero no se hace referencia a la disnea.La actuación ante la sospecha de trombosis exige como primera medida la internación y medicación anticoagulante. No hay datos fehacientes sobre la frecuencia con que ocurre en una cirugía esta complicación. El tromboembolismo es la principal causa de muerte en la dermolipectomía por liposucción. La evolución de un trombo es disnea, falla cardíaca y muerte. Para el mismo son factores de riesgo: tiempo quirúrgico prolongado, obesidad, anticonceptivos, sedentarismo, várices y factores particulares relacionados con elementos de la sangre. Como dato de interés, el perito informa que no se aportó en el expediente documentación que permitiese inferir que la paciente fue heparinizada. Según el informe de la necropsia la fisiopatología del trombo sufrido por la occisa consistió en el enclave de un coágulo fibrino-hemático en la arteria pulmonar. No hay referencias sobre la etiopatogenia, ni el estado clínico de la circulación venosa de los miembros inferiores. La documentación aportada no es suficiente para afirmar que el trombo sufrido por la Sra. G. fue totalmente ajeno a la cirugía realizada por la demandada. Tampoco para informar si hubo controles suficientes y adecuados.

A las observaciones formuladas por las partes, contestó: En el caso no se tomaron todas las medidas antitrombóticas: hay otras como compresión botas mecánicas intermitente con medias elásticas de compresión; suministro de heparina a las 12 horas post-opertorias. Tampoco consta por escrito si la demandada se aseguró de que la paciente cumpliera con las medidas que al efecto dispuso. El método quirúrgico dermolipectomía no libera embolos grasos. En el caso de la actora, la tos podía orientar a pensar en una trombosis pulmonar pero también puede haber tenido origen en el estado clínico de los pulmones, por tratarse de una fumadora. Es obvio que la etiología de la tos se debió a la trombosis. No se consigna en la documentación aportada taquipnea, taquicardia ni dolor torácico por lo que confirma como signo de alarma la disnea.En el caso, el trombo no fue progesivo según necropsia, sino repentino. Las complicaciones en el tipo de cirugía practicada son: desequilibrios en el medio interno durante la anestesia, hemorragias masivas en el lecho quirúrgico y los imprevistos biológicos. Consta en la orden médica obrante a fs. 5 que la demandada solicitó cinco sesiones de kinesioterapia el 26/08/11, y que vio a la paciente el 18 y el 24 de agosto.

-Pericia a cargo de médico cardiólogo (Dr. P.): No se advierten en la historia clínica que surgieran complicaciones durante la cirugía. Sí surge que el consentimiento informado fue cumplido como acto administrativo pero no como acto médico. Las condiciones de alta de la paciente eran buenas y no se consignaron indicios de TEP. Aclara que la historia clínica se encuentra incompleta y en algunas partes ilegible y desprolija. Por ejemplo, no están asentados los antecedentes personales ni heredo familiares; tampoco dice nada sobre factores de riesgo de un TEP en la paciente. La evolución posterior a la cirugía también está asentada en forma escueta. No se verifica que la profesional haya efectuado un examen clínico a la paciente. No se describe el aparato respiratorio ni cardiovascular. Sólo se menciona “intenso dolor”; “se retiran drenajes”. No se especifican las características del dolor ni su localización. En un 50% de los casos el TEP es clínicamente asintomático. Se produce como consecuencia de la migración hasta el árbol arterial pulmonar de un trombo procedente del territorio venoso, generalmente del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores. El fallecimiento de la paciente por TEP NO fue ajeno a la cirugía practicada. Presentó un cuadro clínico dramático con fallecimiento fulminante por embolia pulmonar masiva. Uno de los riesgos que debe considerarse para los pacientes de cirugía estética de abdomen como posibilidad remota, es la formación de coágulos de sangre internos.Cualquier cirugía con anestesia general de más de 30 minutos conlleva un riesgo levemente elevado de causar la formación de coágulos. En el presente caso, y con la información disponible, la cirugía fue el factor más relevante que influyó en el desarrollo del TEP. Al contestar las observaciones, señala que la ASAP (Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos) considera a la abdominoplastía por sí sola una cirugía de alto riesgo, y ha elaborado guías para la prevención de la trombosis venosa profunda y TEP.

5- Sentencia de Primera Instancia:

El pronunciamiento rechazó la demanda contra el Hospital Italiano y su aseguradora acogiendo la defensa de falta de legitimación sustancial pasiva.

Hizo lugar parcialmente a la demanda incoada contra la Dra. J., al rechazar el rubro gastos médicos. Condenó por la suma total de $ 430.000 en concepto de pérdida de ayuda futura y daño moral, haciendo extensiva a su aseguradora la condena en la medida del seguro.

Consideró que la confección incompleta de la historia clínica y la omisión de obtener un adecuado consentimiento informado eran presunciones de culpa de la profesional, pues no permitían advertir si empleó todo su saber científico a fin de llevar adelante la práctica quirúrgica con el menor riesgo posible, y si efectuó un seguimiento personal y detallado durante el post operatorio.

Estimó a partir de los dichos de la enfermera, que durante el post operatorio la Sra. G. estaba muy dolorida y se movía poco, y ello pudo ser una de las razones determinantes para la formación del tromboembolismo.Dada la doble y compleja operación que se le realizó a la paciente, y ante las complicaciones que presentó luego (imposibilidad de orinar, dolor agudo y tos), la actitud de la demandada de mantener contacto sólo telefónicamente o por intermedio de la enfermera no resultaba acorde a lo esperado de un buen profesional, teniendo en cuenta que los riesgos de trombosis son esperables en cirugías como la llevada a cabo – tal como surge de las pericias-. Asimismo, también se acreditó que la médica no adoptó todas las medidas antitrombóticas de rutina, ni controló que las indicadas fueran cumplidas.

6- Recurso de Apelación:

Contra la sentencia de primer grado apelaron la demandada y su citada en garantía.

La Cámara revocó el pronunciamiento apelado, asignando a la galena responsabilidad, aunque no por la muerte sino por la pérdida de chance de sobrevida de la Sra. G., que estimó en un 50%.

Razonó del siguiente modo:

-Los actores, fundaron su reclamo de mala praxis en el error de diagnóstico y abandono de persona durante el post operatorio. Jamás se cuestionó su obrar médico con anterioridad a la operación, ni durante la misma, ni tampoco la forma en que se obtuvo el consentimiento informado, o cómo se confeccionó la historia clínica. Por consiguiente, son procedentes los agravios vertidos en este aspecto.

• La sentencia viola el principio de congruencia, al ponderarse como conducta reprochable la omisión de obtener un adecuado consentimiento informado. A diversa solución debe arribarse en cuanto a la historia clínica (HC), ya que la misma fue incorporada al proceso en virtud del principio de adquisición procesal y no fue desconocida por la demandada luego de haber sido secuestrada de su propio consultorio; teniendo el juez amplias facultades para ponderar este medio probatorio. En el caso, la escasez de datos de la HC impide conocer con algún grado de certeza que la paciente no reunía los factores de riesgo de un posible TEP.

– Ponderando que no se probó que la Sra. G.no tuviera algún factor de riesgo; que no se adoptaron todas las medidas antitrombóticas en el acto quirúrgico ni con posterioridad; que se le practicaron dos intervenciones en un mismo acto quirúrgico, siendo una de ellas de alto riesgo por sí sola; que el TEP sufrido por la víctima acaeció a los 13 días de la operación (o sea dentro del plazo probable para su aparición como consecuencia de una cirugía); que no se alegó ni probó que su producción obedeció a una causa distinta de la quirúrgica; la lógica y las reglas de la sana crítica permiten afirmar que existe relación de causalidad entre el TEP y las cirugías.

– La tos fue un hecho reconocido por las partes, aunque no esté asentada en la HC. En cuanto al dolor intenso, los actores refirieron en el expediente penal que presentó leve mejoría con el correr de los días. En lo atinente a la dificultad para respirar, tampoco surge asentada su existencia en la HC, pero se condice con las anotaciones hechas en la guardia del Hospital Central ante la información de los familiares. Esto pone de manifiesto que la disnea no fue ni tan leve ni tan pasajera en el tiempo.

– En consecuencia, tres síntomas importantes tuvo la víctima: tos, dolor intenso y dificultad respiratoria. Más allá del analgésico y la indicación de que se aflojase el corpiño, la pr ofesional debió ahondar sobre las causas de los mismos, lo que no puede presumirse que hizo, si en la HC no hay constancia de un examen clínico completo desde el punto de vista cardiovascular, como señala el perito cardiólogo.

– Aunque el TEP es una posibilidad remota, en el caso no lo era tanto, dado que el tromboembolismo es la principal causa de muerte en dermolipectomías con lipoaspiración, y además no está probado que la paciente no presentase algún factor de riesgo para su producción.Por consiguiente, incurrió la demandada en error de diagnóstico al recetar jarabe para la tos y analgésicos, sin ordenar otros estudios, ni revisarla en forma concienzuda.

– No obstante, esta conducta no causó la muerte de la paciente. En el caso, el daño consiste en la pérdida de una chance de supervivencia, pues el médico no puso la enfermedad en la paciente sino que no contribuyó a tratar de detenerla. Dadas las características del caso, se entiende que el accionar irresponsable de la médica privó de la chance de curación o de sobrevida de la víctima en un 50%, pues no existe certeza absoluta que aún en el caso que se hubiera internado nuevamente y aplicado medicación anticoagulante el episodio podría haber tenido lugar igualmente. Por consiguiente, los montos condenados deben reducirse en esa proporción.

7- Contra este pronunciamiento, la parte actora interpone el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad en trámite.

II. LOS AGRAVIOS Y SU CONTESTACIÓN.

a) El recurso:

Sostienen los recurrentes que el Tribunal de apelaciones yerra en la conclusión a la que arriba, pues en virtud de los fundamentos normativos y fácticos esgrimidos en el razonamiento utilizado, jamás podría haber concluido en que la demandada privó de un 50% de chance de supervivencia a la víctima, minorando en esa proporción la indemnización, incurriendo en autocontradicción.

La Cámara, pese a tener por demostrada en forma acabada la conexión causal, absoluta, única y determinante entre el accionar de la Dra. J.y el resultado dañoso sobreviniente, concluye que los montos indemnizatorios deben reducirse en un 50%, sin manifestar los motivos de esa decisión, apartándose de las circunstancias relevantes del caso y prescindiendo de pruebas relevantes como las pericias médicas.

El pronunciamiento resuelve que sí hubo mala praxis, que está perfectamente probado que su madre murió por la negligencia de la demandada, pero que a pesar de ello les reduce a la mitad el monto acordado como indemnización, sin dar explicación lógica de esa disminución, afectando su derecho de defensa.

b) La contestación:

El recurso es inadmisible formalmente por cuanto la pretensión del recurrente importa la modificación de la plataforma fáctica considerada por los tribunales de grado.

En ningún momento se expone la causa concreta de la cual derivaría la supuesta indefensión en que sustenta el recurso.

Desde el punto de vista sustancial, los agravios son simples discrepancias sobre los criterios de selección y valoración de las pruebas aplicada por el Tribunal, tornando improcedente el remedio extraordinario.

La queja estricta sobre los montos indemnizatorios acordados sin fundamentar acabadamente el por qué se consideran arbitrarios es insuficiente para habilitar la tacha de arbitrariedad del fallo.

La relación de causalidad no ha merecido crítica alguna por parte de los recurrentes, quienes insisten sin embargo en la incongruencia de la sentencia, sin hacerse cargo del fundamento esencial por el cual el fallo analiza la cuestión indemnizatoria conforme la cual lo indemnizado no es la pérdida de la vida de la víctima, sino la pérdida de chance de supervivencia de la misma.

III. PRONUNCIAMIENTO ACERCA DEL RECURSO EN EXAMEN.

Debe este Tribunal resolver la impugnación extraordinaria de inconstitucionalidad, en que los accionantes arguyen violación de las garantías de propiedad y reparación integral.Invocan que el fallo se aparta totalmente de las circunstancias relevantes del caso, prescinde de prueba relevante y se torna arbitrario e injusto.

Acerca de tales argumentos, tiene dicho este Tribunal que la arbitrariedad fáctica es canalizable a través del recurso de inconstitucionalidad, pero en razón de la excepcionalidad del remedio extraordinario y lo dispuesto por el art. 145 del CPC, con el mismo criterio rector de la Corte Federal, interpreta restrictivamente las causales. Lo contrario significaría hacer de ésta una tercera instancia ordinaria contraviniendo todo el sistema constitucional recursivo. Por eso, el rechazo del recurso por este tribunal no significa necesariamente que comparta la solución del fallo, sino tan sólo que está impedido de conocerlo, por resultar irrevisable si no se acredita el vicio de manifiesta arbitrariedad (Ver L.A 90-472; L.A 120-363; L.S 240-215; L.S 276-86; L.S 276-96; L.S 271-239; L.S 270-277).

Entiende esta Corte pues, por sentencia arbitraria, aquella que no encuentra otro fundamento que la voluntad de los jueces que la emitieron, ya sea porque ignora los términos de la litis, o porque prescinde de pruebas decisivas para el resultado del litigio o bien porque, de cualquier manera que sea, omite valorar hechos o circunstancias que necesariamente debieron ser tenidos en cuenta. (LS 410-113). Supone situaciones de flagrante apartamiento de los hechos probados en la causa, carencia absoluta de fundamentación o argumentos ilógicos, absurdos o autocontradictorios (LS 396-209).

Bajo tales premisas, y en función de los agravios vertidos ante esta sede, corresponde a esta Sala resolver si hay arbitrariedad en la sentencia que entendió que el error de diagnóstico en que incurrió la médica demandada durante el post operatorio redujo en un cincuenta por ciento la chance de supervivencia de la Sra. G., pero no fue la causa de su muerte, razón por la cual debía responder por igual proporción del monto indemnizatorio otorgado en primera instancia.

Esta afirmación se hace a partir de las siguientes cuestiones definitivamente fijadas en las instancias de grado:a) no existe responsabilidad directa o refleja por parte del nosocomio demandado -Hospital Italiano (Finamed S.A.)- en la producción del resultado dañoso por el cual se reclama; b) el acto quirúrgico al que se sometió a la víctima se desarrolló sin complicaciones; c) la víctima murió por tromboembolismo pulmonar a los trece días de operada.

Cabe sostener que la responsabilidad de la profesional demandada, como apuntan los jueces de grado, debe analizarse conforme las normas contenidas en el la legislación anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, por ser la vigente al momento del hecho antijurídico dañoso. En este punto, se ha destacado que “La mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia entiende que los hechos dañosos acaecidos antes del 1° de agosto de 2015 se rigen por el Código Civil. Esta regla rige los siguientes aspectos: (i) todos los presupuestos de la responsabilidad civil como relación creditoria: la antijuridicidad; los factores de atribución; la relación causal y el daño; (ii) la legitimación para reclamar; (iii) la pérdida de chances como daño resarcible, aún si se trata de daños causados en las relaciones de consumo” (“La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes” – Segunda Parte – Aída Kemelmajer de Carlucci – Ed. Rubinzal Culzoni – 1° edición – Santa Fe – 2016 – página: 232), en tanto lo concerniente a la cuantificación de los daños e intereses, resulta aplicable la nueva normativa desde su vigencia (Kemelmajer de Carlucci, A., “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2.015, p.100 y 158); como han señalado los jueces de grado.

1- La cuestión debatida:

Antes de ingresar en el análisis de las cuestiones planteadas, considero indispensable señalar que en el estudio de los agravios seguiré el criterio de la Corte Federal, específicamente referido a que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225).

Los recurrentes se agravian en esta instancia por cuanto, pese a haberse confirmado la mala praxis de la demandada, el monto indemnizatorio fue reducido a la mitad en la sentencia aquí impugnada, vulnerando su derecho de reparación integral.

Los términos en que el recurso ha sido deducido exigen de esta Corte analizar los hechos que informan la causa, no con la finalidad de reconstruir el juicio judicial contenido en la sentencia, para aplicar sus conclusiones como si se estuviera ante una tercera instancia cognitiva, sino para determinar si entre la solución jurídica que dimana del pronunciamiento en recurso y la que corresponde sostener por aplicación del principio valorativo de sana crítica racional se provoca una contradicción insoluble que exige su corrección a través de la declaración de inconstitucionalidad del acto sentencial.

Va de suyo que ese examen debe respetar las pautas jurisprudenciales que he mencionado con anterioridad, propias del control de constitucionalidad de la sentencia, puesto que no es suficiente una mera discrepancia en la valoración de hechos o en la aplicación normativa para que esta Sala admita el recurso extraordinario.

Debe asimismo recordarse que, en principio, no es revisable la determinación del monto resarcitorio que cuantifica la sentencia al poner fin al juicio de daños y perjuicios en sede ordinaria, pues ese cálculo en cuanto no se aparta de una razonable valoración constituye un aspecto propio del examen de los hechos, extraño a la competencia extraordinaria.Tal como la demanda ha sido deducida y se ha establecido en la sentencia venida en recurso, la responsabilidad médica atribuida a la profesional condenada a reparar el perjuicio, se fundamenta en omisiones de su des empeño durante el post operatorio.

La conclusión a que arriba el pronunciamiento impugnado por la actora no ha sido objeto de recurso por parte de la demandada.

Ahora bien, el planteo extraordinario de los accionantes está centrado en sostener que se causó la muerte de su madre, por lo que es arbitraria la sentencia que reduce la reparación a la pérdida de chances de sobrevida.

Los recurrentes consideraron que tratándose su mamá de una mujer sana, que se sometió a la cirugía estética sin complicaciones, debió alertarse y tratar adecuadamente la sintomatología que presentó luego de operada, siendo tal conducta la que le causó la muerte.

El juez de primera instancia hizo responsable a la galena por haber actuado con negligencia. Sentenció que pese a los síntomas de tos y dolor, la paciente no recibió de la cirujana la atención y cuidados que se esperaban de un buen profesional. Arribó a esa conclusión a partir de la presunción de culpa emanada de la no obtención de un adecuado consentimiento informado y de la deficiente confección de la HC; y a partir de las pericias médicas y declaración testimonial de la enfermera que asistió en el post operatorio a la occisa, las que a su entender probaban que la víctima presentó signos de alarma indicadores del trombo, que no fueron adecuadamente prevenidos ni tratados.

La médica demandada al apelar, se agravió en primer lugar porque los actores jamás fundaron la demanda en su accionar desarrollado antes y durante la operación (v.gr. obtención del consentimiento informado) sino exclusivamente en la etapa post operatoria. Con relación a esta última y en su defensa, sostuvo que la falta de anotaciones en la HC obedeció a la inexistencia de anormalidades o factores de riesgo, pero que el examen que practicó a la actora fue completo.También afirmó haberla controlado personalmente en más de una oportunidad luego de la cirugía, y haberle brindado una atención más que especial al efectuarle las curaciones en su domicilio a través de la enfermera a su cargo. Señaló que de la necropsia y de la pericia practicada en el expediente penal surgía que el trombo que acabó con la vida de la Sra. G. fue súbito, y no podía imputársele a su desempeño su acaecimiento, el cual había sido en un todo acorde con el arte de curar.

No obstante esas alegaciones, la Cámara ratificó la existencia de error de diagnóstico por considerar que estaba probado que hubo síntomas de alarma (tos, dolor y disnea), pese a lo cual la médica no ahondó en sus causas para proporcionar un adecuado tratamiento. Tampoco podía considerarse que había investigado si presentaba algún factor de riesgo para su producción, pues las omisiones de la HC no podían jugar en favor de la demandada, quien estaba además en mejores condiciones de acreditar tales circunstancias. Consideró que, efectivamente, estaba probada la relación causal entre las cirugías practicadas y el TEP a partir de lo dictaminado por los expertos, para quienes en el caso el acto quirúrgico era el mayor factor de riesgo para su producción. Sin embargo, la culpa de la galena no residió en el acto quirúrgico, ni había ocasionado la muerte de la paciente, puesto que aún de haber adoptado todas las medidas que la ciencia imponía en el caso, el trombo podría igualmente haberse producido.Por consiguiente, la mala praxis la había privado de la posibilidad cierta de sobrevida luego de la cirugía, y no pudiendo determinarse en qué medida podría haberse evitado la muerte, correspondía establecer que la actuación de la médica había incidido en un 50% en el resultado final.

En esta última conclusión reside el nudo gordiano de la cuestión, pues los recurrentes acusan de resultar este razonamiento autocontradictorio, y arbitrario por prescindir de pruebas relevantes.

La Cámara entendió que, conforme la lógica y la sana crítica racional, existía relación causal entre el TEP y las cirugías practicadas en razón de que (1) se le practicaron dos intervenciones en un mismo acto quirúrgico, siendo una de ellas de alto riesgo por sí sola, y que duraron casi tres horas; (2) existía posibilidad de producción de un trombo tanto durante el acto quirúrgico como en el postoperatorio por la naturaleza y particularidades de las operaciones, principalmente la dermolipectomía; (3) no se le aplicaron todas las medidas antitrombóticas requeridas en el acto quirúrgico ni con posterioridad; (4) no se probó que la médica hubiese asegurado que la Sra. G. no tuviera algún factor de riesgo; ni tampoco se alegó o probó que el trombo obedeció a una causa distinta de la quirúrgica; (4) el TEP sufrido por la víctima acaeció dentro del plazo previsible para su aparición (un mes).

En cuanto a la actuación de la médica, consideró que:(1) no se acreditó que hubiese efectuado un análisis exhaustivo previo a la operación para descartar factores de riesgo, ni durante el post-operatorio para despejar dudas sobre la posible evolución de un trombo; (2) no adoptó todas las medidas antitrombóticas recomendadas por la ciencia médica para evitar tromboembolismos derivados de intervenciones quirúrgicas; (3) no estaba probado que hubiese controlado que se cumplieran las medidas que sí indicó, ni que los controles durante el postoperatorio fuesen suficientes y completos; (4) estaba probado que la paciente presentó síntomas de alarma de un trombo luego del post-operatorio.

También razonó la alzada que la producción del trombo era sólo una posibilidad; que los peritos afirmaron que era frecuente en cirugías de abdomen y la mayor causa de muerte en dermolipectomías con liposucción (que no fue la practicada en el caso), aunque la posibilidad de tromboembolismo pulmonar en esos casos es remota; y que aunque hubiese estado bien tratada frente a los síntomas de alarma, igualmente se podría haber producido. Por tal motivo, concluyó que la mala praxis no provocó la muerte de la paciente, pero sin duda frustró las chances de sobrevida frente al episodio y por ello correspondía responsabilizarla sólo en la proporción en que su actuación colaboró a que la Sra. G. muriera.

Con sustento en doctrina y jurisprudencia vernácula, sostuvo que no se podía condenar a la profesional a pagar una indemnización equivalente a la que se debería si ella hubiese realmente matado al enfermo. Es que el médico no puso la enfermedad en el paciente sino que simplemente no contribuyó a tratar de detenerla.

La chance como rubro indemnizable ha sido receptada expresamente en la nueva legislación, en el art. 1738 C.C.C.N.que prescribe “La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chance…”

Se habla de chance cuando lo indemnizable no es el beneficio mismo, sino la probabilidad de lograrlo, sin que sea posible conocer si ésta se habría realizado: nadie lo sabe, ni lo sabrá jamás, porque el hecho ha detenido en forma definitiva el curso de los acontecimientos donde reposaba la esperanza del afectado. Así pues, en la chance concurre siempre una cuota de incertidumbre o conjetura (Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de Daños- Daño a las personas”, T° 2A, Hammurabi, Bs. As., p. 441).

Sin embargo, tal conceptualización me impide advertir que en el ocurrente la negligencia del médico solamente haya restado posibilidades de supervivencia a la víctima.

Por mi parte entiendo que asiste la razón a los recurrentes.

El análisis de causalidad no desemboca, en el caso concreto que se examina, en una pérdida de chances, entendida como disminución de la posibilidad de sobrevivencia de la persona, sino lisa y llanamente en el hecho jurídico de su muerte, sin que la demandada haya logrado, mediante sus alegaciones y demostraciones, probar circunstancia alguna que desviase ese encadenamiento causal que concluyó en la muerte de la persona sometida a la operación.

Recuérdese que se estaba ante una cirugía estética destinada al embellecimiento de la paciente, no frente a un tratamiento médico destinado a evitar el progreso de una dolencia que pudiese derivar en su muerte u otro menoscabo de su salud.Si ello es así, debe concluirse necesariamente que las circunstancias propias del tratamiento que provocasen peligro vital debían ser conjuradas o, en todo caso, de resultar ello imposible, debía evitarse la intervención estética.

En efecto, en el presente caso, y más allá de no haberse acreditado que la víctima presentaba alguno de los factores de riesgo considerados por los expertos como predisponentes para la formación de un trombo; lo cierto es que ambas partes sostienen -en seguimiento de intereses contrapuestos pero en forma coincidente- que la Sra. G. era una persona sana y que gozaba de buena salud.

Resulta a su vez un hecho no controversial que durante la operación no hubo complicaciones, y que la víctima fue dada de alta sin síntomas de tromboembolismo pulmonar.

Por consiguiente, habiendo el tribunal de grado arribado a la conclusión -consentida por las partes en esta instancia- (1) que pese a ello en el post operatorio la paciente presentó tos, disnea y dolor intenso; (2) que esos síntomas según los peritos son alertas sobre la posibilidad de existencia de un TEP y (3) que existió relación de causalidad entre el acto operatorio practicado y el TEP que provocó el fallecimiento fulminante de la víctima; no puede razonablemente afirmarse que el médico sólo privó de la chance de supervivencia.

Ciertamente no puede sostenerse que la actuación de la médica haya instaurado el daño, sin embargo debiendo ella cumplimentar los necesarios procedimientos médicos a través de la dispensa de fármacos apropiados, nada hizo para impedir ese daño a la salud y fue el trombo no evitado lo que causó la muerte.

En el examen causal reside, en el caso, el factor de atribución, pues bien, la omisión de uso de los fármacos apropiados no permitió la supervivencia de la paciente que no cursaba un proceso mórbido que pudiese devenir en la pérdida de su vida.Por tanto, no se trata de posibilidades (chances) de supervivencia de la persona sometida a un acto quirúrgico destinado a sortear una enfermedad posiblemente letal; se trata de una persona sana que se somete al acto quirúrgico para perfeccionar su imagen y las consecuencias científicamente probables de formación de trombos no se evitan por omisión del tratamiento farmacológico aconsejable, de donde la trombosis se produce y por ella muere la paciente.

La lógica y la sana crítica conducen a considerar que, según el curso natural y ordinario de las cosas, si el TEP tuvo relación de causalidad con la cirugía practicada, y sus síntomas se manifestaron inmediatamente después de la misma, sin que hubiesen sido adecuada y exhaustivamente investigados, la mala praxis médica no se limita a haber evitado contribuir a que la paciente superase esa complicación, pues surge claro que la víctima sufrió tal complicación por la mala praxis de la galena, que no aplicó todas las medidas antitrombóticas recomendadas y además y pese a ello no investigó los síntomas que debieron alertarla para remitirla.

No analizaré el problema de la culpa médica por cuanto en el caso las conclusiones a que arribó la jurisdicción de grado acerca de ese factor de imputación no han sido cuestionadas por la profesional demandada ni por su aseguradora ante esta instancia. Sin perjuicio de ello, los fundamentos contenidos en ambos pronunciamientos anteriores eximen a esta Sala de reingresar en su examen habida cuenta de su perfecta adecuación a los elementos probatorios rendidos (especialmente los que provienen del aporte pericial).

Cabe recordar que esta Sala ha reconocido reiteradamente, que en materia de responsabilidad profesional médica, el galeno debe poner a disposición del paciente todos los medios a su alcance, sus conocimientos, sus habilidades y los cuidados requeridos por el cuadro de la enfermedad, para lograr su curación o mejoría, lo que incluye un diagnóstico correcto y una terapéutica eficaz, desde el momento en que se inicia su relación hasta su extinción.En otro orden de cosas, la impericia, desde el punto de vista técnico-legal, es la ausencia de los conocimientos normales que toda profesión requiere cuando se trata de un médico general y los propios de la especialidad, si se trata de un especialista; la negligencia es considerada como la falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto o tarea puesta al servicio del acto médico (“Montaña”, LS 421-245). Y que “La existencia de la culpa médica, obra como un pre-requisito esencial para imputar responsabilidad, debiéndose apreciar siempre en concreto”.

La inclusión en la sentencia en recurso de una derivación causal que incorpora como elemento de ponderación un acontecimiento distinto del acaecido en la realidad demostrada, esto es, entender que la omisión de tratamiento derivó en una restricción de posibilidades de sobrevivencia, colisiona contra la demostración del acontecimiento final de ese curso causal que fue la muerte (no la posibilidad de muerte que implicaría la pérdida de chances) de la paciente.

Para poder sostener esa inflexión en el examen causal era necesario que se demostrase la eventualidad de resultados del tratamiento farmacológico que no se dispensó por omisión culposa, demostración no cumplida en autos. El hecho de estarse ante una persona sana en la que el tipo de cirugía expandió la formación de trombos no prevenidos ni tratados impide la inclusión de ese acontecimiento (pérdida de chances) en el examen de causas para mediar con el resultado “muerte”, comprobado de modo acabado.

En ello, que está lejos de constituirse en una mera diferencia de criterios valorativos, reside el presupuesto de arbitrariedad que sostiene el recurso de inconstitucionalidad, por cuanto omite valorar hechos o circunstancias que necesariamente debieron ser tenidos en cuenta, en el caso el resultado muerte provocado por la omisión de tratamiento.

Por ello propongo a mis colegas de Sala admitir el recurso de inconstitucionalidad en trato.Si así se decidiese correspondería la revocación del fallo impugnado en lo que ha sido materia de agravio, debiendo en consecuencia hacerse lugar a la demanda por la totalidad de los montos condenados en primera instancia, conforme los fundamentos expuestos en estos considerandos.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL DR. JULIO R. GÓMEZ, DIJO:

Conforme a lo que se resuelve precedentemente, corresponde admitir el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, debiendo revocarse, en lo que ha sido materia de agravio, la resolución dictada por la Cuarta Cámara Civil de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 618/634 de los autos N° 221.239/13-00689961-1/1, caratulados: “C., G. F. Y OTS. C/ J., A. B. Y OTS. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS “.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN, EL DR. JULIO R. GÓMEZ, DIJO:

Atento lo resuelto en las cuestiones anteriores, las costas corresponde imponerlas a la parte recurrida por ser la vencida (arts. 36 y 148 CPC) en todas las instancias, por cuanto los agravios de segunda instancia de la demandada en lo relativo a la violación del principio de congruencia no altera la decisión final a la que se arriba, esto es, el rechazo de su apelación.

Como base se toma el monto de condena de primera instancia: $ 430.000.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 05 de diciembre de 2.017.-

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

I.- Hacer lugar al recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por G.F., M. X. y L. Agustina C. a fs.20/29 de autos. En consecuencia, revocar en lo que ha sido objeto de este recurso la sentencia dictada por la Cuarta Cámara Civil de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 618/634 de los autos N° 221.239/13-00689961-1/1, caratulados: “C., G. F. Y OTS. C/ J., A. B. Y OTS. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS” conforme lo expuesto en estos considerandos, quedando su resolutivo en lo pertinente redactado de la siguiente manera:

“1-Admitir parcialmente los recursos de apelación incoados a fs. 512 por el Dr. Lucas de la Rosa por los actores respecto a los honorarios regulados por el rechazo de la demanda; y rechazar el recurso de apelación incoado a fs. 517 por la Dra. A. J. y a fs. 513 por el Dr. Ezequiel Ibañez por Triunfo Coop. de Seguros Ltda., confirmándose la condena e imposición de costas efectuada en primera instancia con relación a la apelante y su citada en garantía. En consecuencia, revocar la sentencia de fs. 492/507 y auto aclaratorio de fs. 508/509 solamente en el punto VII, el cual queda redactado del siguiente modo:

“”VII.-Regular los honorarios por el rechazo de la demanda a cargo de la parte actora, al Dr. Nicolás Martín BECERRA, en la suma de pesos ($ …) (2% del 100% 430.000); al Dr. Gustavo Ariel GALDEANO, en la suma de pesos ($ …) (4% de 100%); al Dr. Guillermo Juan VILA, en la suma de pesos ($ …) (2% del 100%); a la Dra. Andrea Fabiana DISPARTE, en la suma de pesos ($ …) (4% de 100%), y a la Dra. Ana Clara IBARRAT, en la suma de pesos ($ …) (1% de 100%) todos intervinientes por Finamed y a la Dra. María Florencia BECERRA, la suma de pesos ($ …) (5% del 100%) por su participación en nombre y representación de Noble S.A. A.R., teniendo en cuenta su efectiva participación en autos y sin perjuicio de los complementos que correspondan (arts. 2, 3, 4,31 y cc.L.A.)””

“2- Imponer las costas del recurso de apelación de la demandada a la apelante por resultar vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.), debiendo omitirse pronunciamiento sobre costas en lo concerniente al recurso de fs. 512 respecto a los honorarios regulados por el rechazo de la demanda, atento a la expresa disposición del art. 40 del C.P.C.”

“3- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en los recursos de apelación de la Dra. J. y de Triunfo Coop. de Seguros Ltda., para los Dres. Nora RODRÍGUEZ y María del Pilar VARAS, en la suma de pesos ($ …) cada uno; Ezequiel IBÁÑEZ, en la suma de pesos ($ …); Lucas DE LA ROSA, en la suma de pesos ($ …); Ana C. SCHMIDT y Ernesto NAVEIRA, en la suma de pesos ($ …) cada uno (arts. 13, 15 y 31 L.A.)”.

II.- Imponer las costas de la instancia extraordinaria a la parte recurrida.

III.- Regular los honorarios profesionales devengados en la instancia extraordinaria para los Dres.: Lucas DE LA ROSA, en la suma de pesos ($ …); Raúl Matías CONALBI, en la suma de pesos ($ …); Nora E. RODRÍGUEZ, María del Pilar VARAS, Anna R. CIRACINO y María Florencia BECERRA, en la suma de pesos ($ …) para CADA UNA de ellas; Ezequiel IBAÑEZ y Guillermo Juan VILA, en la suma de pesos ($ …) para cada uno de ellos (arts. 13, 15, 31 y conc. de la L.A.) y sin perjuicio de IVA, actualizaciones y complementarios de corresponder.

Notifíquese.

Julio Ramon Gomez

Jorge Horacio Nancalres

CONSTANCIA: Que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Alejandro PEREZ HUALDE, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 05 de diciembre de 2.017.-