La Corte revocó la sentencia que justificó la dilación del proceso penal en la cantidad de incidencias planteadas por las defensas

Partes: Goye Omar y otros s/ administración pública

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 26-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108388-AR | MJJ108388 | MJJ108388

La Corte revocó la sentencia que justificó la dilación del proceso penal en la cantidad de incidencias planteadas por las defensas de los imputados por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

Sumario:

1.-Cabe descartar el agravio vinculado a que, en lo relativo a la constitución del tribunal que dictó la sentencia impugnada, habría mediado alzamiento de lo decido previamente por esta Corte en esta causa, cuando hizo remisión al criterio establecido en el caso ‘Uriarte’ , pues la propia parte no discute que los jueces subrogantes que dictaron la sentencia en trato actuaron dentro del plazo pertinente que regía en virtud de la mencionada sentencia.

2.-Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que confirmó la condena como coautores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, toda vez que el juez justificó la demora en la tramitación del proceso penal-con una duración del 14 años- en el tiempo insumido en la resolución de las ¡ncidencias planteadas por la defensa de los imputados, sin siquiera calificar de dilatoria esa actividad, soslayando el criterio de la Corte que reiteradamente ha sostenido que, salvo en el supuesto de una actividad defensista fundadamente calificada de abusiva, no puede hacerse recaer en el imputado la demora en la tramitación del proceso cuyo impulso diligente está a cargo del Estado, apartándose injustificadamente de los precedentes del Tribunal- ‘Mattei’ , ‘Barra’ , ‘Amadeo de Roth’ , entre otros-.

Fallo:

Procuración General de la Nación

El Tribunal Oral Federal de General Roca, provincia de Río Negro, condenó -en lo que aquí interesa- a Walter Enrique C y a Víctor Ricardo C como coautores penalmente responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública -reiterado en dos oportunidades- e impuso a cada uno la pena de cuatro años de prisión,’ inhabilitación especial por idéntico lapso para ejercer cargos sindicales, multa de cuarenta y cinco mil pesos ($ 45.000) Y costas. Su defensor interpuso recurso de casación contra esa sentencia y -luego de resol verse en esta instancia el planteo respecto de su integración- la mayoría del a qua lo rechazó.

Este último pronunciamiento fue impugnado mediante recurso extraordinario que, al ser declarado inadmisible, dio lugar a la presentación directa de fojas 210/4.

La apelación federal, en síntesis, se fundó en la inconstitucional y arbitraria integración de la Sala interviniente de la Cámara Federal de Casación Penal, pues -según sostiene el recurrente- significó un alzamiento contra el fallo dictado por V.E. el 29 de diciembre de 2015 y, consecuentemente, configura un supuesto de gravedad institucional. Asimismo, sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad cuestionó: (i) el rechazo del planteo sobre afectación de la garantía del plazo razonable, (ii) la falta de motivación de la sentencia en cuanto a la violación del principio de congruencia y (iii) la desestimación del agravio acerca de la violación de los artículos 26, 40 Y 41 del Código Penal al individualizar la sanción y la errónea imposición de la pena de inhabilitación.Por último, invocó la existencia de gravedad institucional.

II

Al ingresar al análisis de la procedencia formal de la queja, aprecio que más allá de la entidad de los agravios reseñados y de la acreditación de los requisitos de aquella naturaleza, la parte ha omitido acompañar la copia del escrito de contestación del traslado· previsto en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que exige el artículo 7°, inciso c), del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007. Esta omisión adquiere mayor evidencia porque la defensa incorporó a fojas 204/5 de su presentación la copia del escrito donde -entre otras cuestiones- planteó la nulidad del dictamen faltante, en el cual el Ministerio Público Fiscal evacuó el· traslado y se opuso a la admisibilidad del recurso.

No obstante esa deficiencia, corresponde señalar que además de haber sido acompañada esa copia en la queja interpuesta por la defensa de otro de los condenados en autos, Omar G (expte. FGR 81000599/2007116/RH8, que se encuentra en vista en esta sede), el original del dictamen al igual que el escrito de respuesta de la parte querellante, que también fue omitido, lucen agregados a fojas 4502/3 y 4509/10 de los autos principales.

En esas condiciones, para el supuesto que V.E. considere igualmente admisible la queja de conformidad con la facultad prevista en el artículo 11 de las reglas aplicables, estimo que la impugnación sólo resulta formalmente procedente respecto del primero de los planteas, porque se ha suscitado con el dictado de la sentencia del a quo y la pretensión involucra la interpretación del anterior pronunciamiento dictado en autos por V.E. (Fallos:308:215; 329:5064; 338:412 , entre otros), pues los restantes constituyen -como se verá- una reiteración de los introducidos y tratados de modo adverso para la defensa en las dos instancias previas.

Con ese alcance parcial y sin perjuicio de cuanto se considerará en aras de una mayor respuesta jurisdiccional en los apartados IV a VI, pienso que la queja resulta admisible (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

III

En cuanto al agravio referido a la afectación del principio de razonabilidad y de las garantías de juez natural e imparcialidad en virtud de la integración del tribunal que el 2 de febrero de 2016 dictó la sentencia apelada, al desarrollarlo el recurrente afirma que el a qua procedió de modo inconstitucional y arbitrario, y que su fallo importó un alzamiento contra las pautas transitorias determinadas por V.E. en el pronunciamiento del 29 de diciembre de 2015 en esta causa, cuando hizo remisión al criterio establecido el 4 de noviembre anterior in re “Uriarte”. Para ello sostiene que la continuidad de tres meses entonces fijada para los jueces alcanzados por la declaración de inconstitucionalidad del régimen de subrogancias previsto en la ley 27.145 -que en el sub judice expiraba el 4 de febrero de 2016, es decir, dos días después del pronunciamiento apelado- no implicaba legitimación para dictar sentencia en el caso.

El planteo, además de infundado, resulta improcedente e incluso contradictorio con el referido a la garantía del plazo razonable. Así lo considero porque sin sustento alguno la defensa alega que ante la inminencia del vencimiento del aludido plazo de tres meses, fue inconstitucional y arbitrario que el a qua retomara una intervención en autos que no fue autorizada por V.E. Sin embargo, omite valorar que previo a la resolución del 29 de diciembre de 2015 del Alto Tribunal, la Sala III -con esa integración- ya había celebrado la audiencia correspondiente al trámite del recurso de. casación con las partes que hicieron uso de ese derecho (arts.465 y 468 del Código Procesal Penal de la Nación – fs. 4152, 4182/90, 4191, 4193/4201 Y 4202 de los autos principales); y que sólo restaba el dictado de la sentencia.

También pasa por alto que al resolver la Corte en el sub judice, expresamente señaló que eran aplicables los puntos dispositivos 1 a 6 del precedente al que hizo remisión, lo cual dejó fuera de discusión la validez de las actuaciones cumplidas por los jueces subrogantes cuya situación se analizó -entre otras, la audiencia ya celebrada- y la integración de la sala interviniente hasta el agotamiento de aquel plazo (ver sentencia a fs. 4334/5, en especial por efecto de los puntos dispositivos 5 y 6 del caso “Uriarte” -fs. 4350 vta.-).

Demás está decir que en esa situación y como acertadamente lo consideró el a qua a fojas 4403 tras la devolución del expediente, para el ejercicio de la función jurisdiccional que le es propia e imperativa de pleno derecho -artículo 469 del citado cuerpo legal- no era necesaria autorización alguna.

En tales condiciones, la pretensión contraria del recurrente, es decir, que expirara el plazo de tres meses sin cumplirse con el dictado de la sentencia en término, hubiera redundado en un injustificado retroceso y dilación del trámite ante la necesaria reedición de las etapas de la impugnación frente a la nueva integración que entonces tendría la Sala (art.468 del Código Procesal Penal de la Nación), aquí sí con claro detrimento a las garantías fundamentales de los justiciables, máxime ante el reclamo al que se hará referencia en el siguiente apartado.

Las razones expuestas indican, en mi opinión, que el temperamento adoptado por la Cámara no importó alzamiento alguno contra la sentencia dictada en autos por V.E., sino su pleno y oportuno acatamiento sin afectación de los derechos de los imputados C y C , ni trascendencia como para provocar un supuesto de gravedad institucional; todo lo cual determina la improcedencia del planteo.

IV

El agravio referido a la duración excesiva del proceso y al menoscabo de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, que la defensa introdujo en autos a partir del 2 de febrero de 2009 (fs. 1595/1630, punto V; fs. 1946/56), importa la reedición de una cuestión que -como sostuvo el a quo- ya fue resuelta de modo adverso por la misma Sala, con distinta integración, el 29 de mayo de 2012 (fs. 2297/2307), a lo que añadió que no se habían formulado nuevos argumentos que lleven a adoptar un temperamento distinto (fs. 4417 vta.).

Esa situación no se ha modificado en el recurso extraordinario, desde que -como se advierte del cotejo entre fojas 77/84 vta. y fs. 194 vta./l97 vta. de esta queja- constituye una reiteración casi textual de 10 expresado en la instancia de casación, sin refutar el fundamento de la sentencia apelada.

En efecto, allí el a qua estimó -con invocación de los precedentes de V.E. de Fallos:323:982 ; 327:327 y 4815; 332:1512 , entre otros- que frente al derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, cuando la excesiva duración del proceso puede resultar irrazonable la prescripción de la acción penal aparece como un medio idóneo para consagrar efectivamente esa garantía.

Esa consideración sustancial de la sentencia apelada, en tanto acudió a esa pauta objetiva para determinar un concepto impreciso por naturaleza, no ha sido refutada debidamente por el recurrente, desde que se limita a insistir en su diversa inteligencia de las circunstancias del trámite del proceso, aspecto que. per se involucra cuestiones de derecho común, omitiendo toda referencia a la vigencia de la acción penal sobre cuya base y con arreglo a aquella jurisprudencia de la Corte, el a qua juzgó razonable la duración del proceso.

Lo dicho hace innecesario ingresar a la eventual incidencia de las numerosas y variadas presentaciones que las partes efectuaron -la primera a fojas 2544/9- luego de la desestimación, primero por el a qua y después por V.E, de los respectivos recursos extraordinarios denegados y quejas que interpusieron contra el aludido auto de fojas 2297/2307, que demoraron al Tribunal Oral Federal de General Roca en el dictado de la providencia que prevé el artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación hasta quedar firme esa resolución de la Sala III (fs. 2424, 2499, 2513 Y 2524/5). Fue recién entonces que ese tribunal consideró estar en condiciones de designar la audiencia y proveer la prueba restante (fs. 2526/29) y, tras varias suspensiones (fs. 2673/4, 2784, 2832, 3195, 3229 y 3362), celebrar el debate oral y público y dictar sentencia (fs. 3456/91 y 3530/88). Por la misma razón, tampoco habré de evaluar l os planteas efectuados durante el trámite de los recursos de casación que pretendieron cambiar la integración del a qua -que también finalizaron con la decisión de V.E. (fs.4334/5)- e incidieron en el tiempo del dictado de la sentencia aquí impugnada.

La deficiencia señalada, la incuestionada vigencia de la acción penal y la razonable inteligencia efectuada en la resolución recurrida, determinan la improcedencia del agravio (Fallos: 324:1860 ; 325:309 , entre otros).

V

Respecto de la alegada afectación al principio de congruencia, el recurrente insiste en que sin alterar la calificación legal utilizada por los acusadores, la sentencia de mérito incurrió en una modificación de la plataforma fáctica en lo referido a la existencia de engaño o ardid, que es una exigencia del tipo penal presuntamente infringido. En particular, sostiene que el tribunal de juicio determinó los hechos de modo ajeno a la figura de estafa en perjuicio de una administración pública aplicada y los encuadró bajo la hipótesis de administración fraudulenta, delito que sólo puede ser cometido por quien administra fondos con la eventual participación de terceros; y que esa sorpresiva mutación afectó sus posibilidades de defensa.

Si bien el planteo, como puede advertirse, remite a cuestiones de prueba y derecho común en relación al modo en que fueron considerados los hechos y su calificación legal, lo cual constituye una materia propia de los jueces de la causa y ajena a la instancia extraordinaria (Fallos: 324:1994 y 3674, entre otros), estimo pertinente señalar que la descripción fáctica tanto en el requerimiento de elevación a juicio de la parte querellante como del representante del Ministerio Público (fs. 1062/1105; y fs. 1114/43, en especial fs. 1115/vta., respectivamente) como en el fallo del tribunal oral (fs. 3530 vta./3531 vta., y 3578) no difieren en cuanto -sustancialmente aluden a la gestión fraudulenta de dos subsidios a la Administración de Programas Especiales, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, en su calidad de integrantes de la Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales -ARBOS.- con invocación de objetivos ficticios y para dar a los fondos un destino distinto al previsto e informado.

El apelante se queja porque la interpretación que se efectuó en la sentencia condenatoria que fue homologada por el a quo, también involucró a los funcionarios de la repartición pública que intervinieron en la autorización de esos subsidios, a quienes ordenó investigar pues no habían sido alcanzados por la imputación hasta entonces (punto sexto dispositivo), pese a que todas las defensas habían reclamado insistentemente su llamado al juicio, aunque como testigos (ver fs. 3458 vta.l3459). A partir de ello, arguye que si los agentes públicos ahora sospechados contribuyeron a la consumación de la estafa, el requisito del tipo penal imputado y bajo el cual se subsumieron los hechos (arts. 172 y 174, inc. 5°, del Código Penal) pierde sustento, pues no puede afirmarse que la administración pública fue engañada por sus asistidos quienes -según el fallo- habrían actuado en forma conjunta y acordada con aquéllos.

El cuestionamiento pasa por alto que la circunstancia que eventuales terceros involucrados no hayan sido sujetos pasivos de un primer proceso, no implica que éste no pueda seguirse válidamente y que los restantes lo sean en uno ulterior, como se ha ordenado. Adviértase que una situación similar se presentó en el sub judice respecto del acusado Gonzalo M , quien por razones de salud no fue enjuiciado junto con sus consortes de causa, sino posteriormente y su condena -con igual calificación legal que la aquí cuestionada- se encuentra firme (ver fs.3456/vta., 3601, 3616/17, 3667,4598/4600,4931/2,4933,4934,4958/68,4979/91, 5021, 5033 y 5035).

Por lo demás, no es posible descartar que existan funcionarios que hayan tomado intervención en el trámite de los subsidios cuya voluntad haya podido estar viciada por los efectos del ardid desplegado, tal como podría vislumbrarse de las constancias de fojas 67/72 y 1518/9. En las primeras consta la apertura en la sede de la Administración de Programas Especiales, de actuaciones administrativas ante irregularidades “en e! expediente de rendición Nota n° 8722/00″ (correspondiente al subsidio tramitado bajo expediente n° 3267/99); mientras que en las segundas ese organismo informó al tribunal interviniente que ” se abstendrá de tomar cualquier tipo de resolución en cuanto a las rendiciones de cuentas presentadas hasta que en dicho tribunal no se resuelva la cuestión de fondo”.

Ello cobra mayor peso SI se considera que la decisión del tribunal oral se basó -entre otros elementos- en el testimonio del coordinador de la Sindicatura General de la Nación, licenciado Adolfo R. Foieri, durante el debate, quien “encabezó el equipo de auditoría que pasó el tamiz por sobre el transcurso administrativo de las dos operaciones en cuanto a las irregularidades que advirtió en las respectivas tramitaciones”, y ratificó su informe en el que aconsejó ” . continuar con la realización de acciones tendientes a subsanar los hallazgos detectados, efectuando el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar”, además de recordar “al menos cuarenta y dos operaciones de subsidios para las obras sociales teñidas de irregularidad de la Administración de Planes -sic- Especiales (APE) que contaron con dictamen desaprobatorio” de esa sindicatura (ver fs. 3575/vta.). En ese sentido, cabe agregar que determinar si con anterioridad a esa declaración existía algún grado de sospecha para avanzar en esa dirección, constituye una cuestión que además de no haber sido alegada, resulta ajena a esta instancia; y que la ampliación del horizonte de posibles imputados tampoco encuadraba en los supuestos del artículo 381 de!Código Procesal Penal de la Nación, desde que no importó una circunstancia agravante respecto de los acusados ni nuevos hechos.

Lo descripto permite afirmar que el criterio que la defensa cuestiona luce razonable sobre la base de las constancias del legajo, como también lo juzgó el a quo, sin que corresponda ingresar aquí en valoraciones relacionadas con el encuadre legal aplicado o el que en adelante pueda atribuirse a la conducta de los funcionarios intervinientes en el trámite de los subsidios. Sólo me limitaré a observar, que la circunstancia de haberse ordenado investigar a esos agentes en modo alguno afecta el principio de congruencia en tanto importa una continuidad de la calidad de damnificada que a lo largo del proceso se atribuyó a la administración pública. Por lo demás, la parte recurrente no ha invocado en concreto de qué modo ello pudo menoscabar las garantías de C yC , quienes desde la etapa de la instrucción fueron imputados por “haber gestionado fraudulentamente . varios subsidios por ante la Administración de Programas Especiales . ” (fs. 929 vta.), descripción que -como se indicó- se ha mantenido hasta la sentencia definitiva sin alteración esencial de la base fáctica.

Finalmente, es oportuno recordar el criterio de V.E. en cuanto a que lo atinente al alcance de cualquier tipo penal configura una cuestión eminentemente de derecho común, ajena a la vía del artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 327:525 , voto de los doctores Petracchi y Maqueda).

En consecuencia, estimo que este agravio también resulta improcedente.

Resta hacer referencia al planteo dirigido al rechazo que, por mayoría, resolvió el a qua en cuanto a la individualización de la pena aplicada. La defensa se queja por la arbitrariedad del fallo en tanto omitió fundamentar el alcance concreto que, en el caso, tienen.los artículos 26, 40 Y 41 del Código Penal; y sostiene que no satisfizo el estándar constitucional exigible.

En mi opinión, el cuestionamiento exhibe una defectuosa argumentación desde que, a la vez que se queja porque no se habría cubierto ese requisito, critica el fallo porque “en lugar de revisar dicha decisión [la del tribunal oral], finalmente reemplaza las razones por las que considera adecuada la pena impuesta. ” (fs. 201 vta. de esta queja). Esta mera referencia permite advertir que el planteo se limita -en definitiva- a disentir con una fundamentación que no comparte.

A esta altura, es pertinente recordar el criterio de V.E. en cuanto a que “el ejercicio por parte de los magistrados de sus facultades para graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas, se vincula con cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces de la causa y ajenas, por regla, al ámbito de la apelación federal extraordinaria” (Fallos: 306:1669; 311:2619; 315:1699; 330:1975; 331:1099 ).

Si bien se ha hecho excepción a ello cuando en la sentencia no se explican siquiera mínimamente las razones por las que se aplica la pena o no se tratan los agravios sobre la cuestión (Fallos: 314:1897 y 1909; 331:2343 ), no advierto -incluso a partir de esa afirmación del recurrente- que esa situación se acredite en el sub judice. En efecto, de la transcripción que se efectúa en el escrito de apelación federal y del considerando 7° del fallo (fs.201 y 181/2, respectivamente) surge que la mayoría del a quo abasteció razonablemente ese requisito, pues para juzgar adecuada y prudente la pena de cuatro años de prisión aplicada tuvo en cuenta, por un lado, la gravedad de los sucesos y su resultado, la gravedad del daño ocasionado en relación con el destino de los fondos defraudados al Estado Nacional, el cargo representativo sindical que ejercían los imputados al momento de desarrollarse los hechos, el andamiaje burocrático superado por las maniobras desplegadas y su concurrencia con el accionar de funcionarios públicos. En segundo lugar, valoró el buen informe de convivencia social, los vínculos familiares, sus historias personales y sus edades, la falta de antecedentes penales, el estricto a pego a las normas procesales que llevaron a estar a derecho a los imputados en todo momento y la duración del expediente.

En cuanto a las penas de multa e inhabilitación, también las consideró fundadas en razón del beneficio propio que persiguieron los dirigentes en desmedro del cumplimiento de sus tareas sindicales y del ánimo de lucro con que se desarrolló la empresa delictiva.

A nesgo de pecar de redundante, he creído conveniente esta reseña para dejar en claro que en modo alguno puede predicarse la deficiente fundamentación alegada por la defensa.

Asimismo, más allá de la improcedencia de revisar en esta instancia el quantum de la sanción, lo cierto es que -en una escala de entre dos y doce años- al alegar durante el debate tanto la parte querellante como la representante del Ministerio Público solicitaron la aplicación de una pena más grave (seis años) para C y C (fs. 3477 Y 3480 vta.), lo cual también permite apreciar que el tribunal oral realizó una mensuración diversa y más atenuada que lo condujo a determinar la finalmente impuesta, aun cuando su monto impide la ejecución condicional (art. 26 del Código Penal – Fallos:329:3006 y su cita, a contrario sensu), que fue considerada ajustada a derecho por el a qua.

En tales condiciones, sin perjuicio del grado de discrecionalidad que per se conlleva el ejercicio de esta facultad por parte de los jueces de la causa, las circunstancias que a criterio de la’ defensa han sido omitidas en el fallo apelado (antecedentes personales, “factores reales” del caso, “sensibilidad de la pena” y actitud de sus asistidos durante el proceso) no hacen más que mostrar que su insistencia en la aplicación de una pena menor en suspenso, constituye aquella mera discrepancia con el criterio adoptado que no permite tachar de arbitrario lo resuelto.

Con respecto a la pena de inhabilitación, los propios términos del agravio permiten advertir su insuficiente fundamentación.

En efecto, alega el letrado que esa sanción resulta improcedente porque “la conducta que se. reprocha . no se corresponde de manera directa con las funciones gremiales que mis defendidos cumplían, ya que su intervención en el Directorio del ARBOS. y la labor cumplida en la gestión de los subsidios, no formaba parte de sus funciones específicas al frente de la conducción de las asociaciones sindicales que dirigían, sino como parte de una asociación diversa, integrada por Secretarios Generales de varios sindicatos” (fs. 203).

Lo transcripto permite advertir la inescindible vinculación entre ambos roles que desempeñaban C y C al momento de los hechos,’ lo cual impide escindirlos a los fines invocados. En efecto, los dos intervinieron como directores de ARBOS. -entidad conformada por la unión de agrupaciones sindicales y gremios locales para mejorar los servicios que las obras sociales prestaban a sus afiliados- y a esa función accedieron por su calidad de representantes de los sindicatos de comercio y construcción, respectivamente (fs. 1063 vta./l064, 1116 vta., 3567 vta.y 3569).

Esa sola circunstancia obsta a considerar que el criterio del a qua, en cuanto compartió el temperamento del tribunal de mérito que impuso la accesoria del artículo 20 bis del Código Penal, carezca de razonabilidad -como pretende el recurrente- y determina la improcedencia del planteo.

VII

Por ello, Opino que V.E. debe declarar admisible la queja con el alcance indicado en el punto II y confirmar la sentencia en cuanto pudo ser materia de recurso.

Buenos Aires, 12 de octubre de 2017.

ES COPIA

EDUARDO EZEQUIEL CASAL

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por Walter Enrique Cortés y Víctor Ricardo Carcar en la causa Goye, Ornar y otros s/ administración pública”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, confirmó la condena como coautores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, reiterada en dos oportunidades, de Walter Enrique Cortés y Víctor Ricardo Carcar a cumplir las penas de cuatro años de prisión, inhabilitación especial por igual término para ejercer cargos sindicales y multa.

Contra esa sentencia, la defensa técnica de los nombrados interpuso recurso extraordinario federal en el que se agravió: a) de la constitución del tribunal a quo, denunciando que medió desconocimiento de lo resuelto por el Tribunal en la sentencia dictada el 29 de diciembre de 2015 (FGR 81000599/20071 14/RH6 “Goye, Ornar y otros si administración pública”); b) que inválidamente se descartó la violación a la garantía de ser juzgados en un plazo razonable; c) de la vulneración al principio de congruencia; y d) que medió arbitrariedad al convalidarse la pena impuesta, la que tachó de desproporcionada e injustificada.

La denegación del remedio federal dio origen a la presente queja.

2°) Que los planteo s sometidos a consideración de esta Corte suscitan cuestión federal suficiente en la medida en que los impugnantes aducenque medió desconocimiento de un fallo anterior de la Corte en la causa (Fallos: 310:1129; 338:412) se denuncia el arbitrario rechazo al planteo de vulneración la garantía a ser juzgado en un plazo razonable (Fallos: 336:495 y sus citas) a la par que se denuncia violación a la garantí1 “de defensa en juicio protegida en el arto 18 de la constitución\ Nacional por mediar arbitrariedad en lo resuelto. Finalmente, existe relación directa e inmediata entre los agravios constitucionales incoados y el pronunciamiento impugnado, y la decisión es contraria al derecho federal invocado por el recurrente. I En virtud de lo antedicho, el tratamiento resulta pertinente por la vía establecida en el arto 14 de la ley 48.

Al respecto, cabe aclarar que los defectos señalados por el señor Procurador Fiscal acerca del incumplimiento de ¡determinados recaudos previstos en el reglamento aprobado por la acordada 4/2007, carecen de entidad en el caso a los fines de obstar a la procedencia formal del recurso, por lo que corresponde hacer la excepción prevista en el art. 11 de esa norma.

3°) Que, por una cuestión de orden lógico, cabe avocarse previamente al planteo vinculado a que, en lo relativo a la constitución del tribunal que dictó la sentencia impugnada, medió alzamiento de lo decido previamente por esta Corte en el pronunciamiento dictado en el marco de esta causa con fecha 29 de diciembre de 2015 (FGR 81000599/2007/14/RH6) .

Pues bien, cabe descartar este agravio en tanto en su misma formulación la propia parte no discute que los jueces subrogantes que dictaron la sentencia en trato actuaron dentro del plazo pertinente que, respecto de su intervención en tal calidad, regía en virtud de la sentencia dictada por esta Corte. Por ello, se advierte con claridad que no medió alzamiento alguno contra este fallo sino, por el contrario, su pleno y oportuno acatamiento.

4°) Que, sentado ello, corresponde tratar el agravio vinculado a la violación al derecho a ser juzgados en un plazo razonable.A este respecto, los recurrentes cuestionan lo resuelto manteniendo que los 0echos por los que se dictó condena -estafa contra la administración pública, arts. 172 Y 174 inc. 5° del Código Penal- habrían sido presuntamente cometidos en el año 1999, que la investigación se inició en el año 2002, que la citación a indagatoria fue en el año 2003, las requisitorias de “elevación a juicio se formularon en el año 2006 y la citación a juicio el 28 de abril de 2D08, siendo que a días de operar la prescripción de la acción penal, el 7 de abril de 2014 se dictó la sentencia condenatoria que fue confirmada en febrero de 2016.

En esta línea, resaltaron que la duración del proceso ya excede el doble del plazo previsto en abstracto para la prescripción de la acción penal y se agraviaron porque el propio tribunal casatorio reconoció que la tramitación del proceso se demoró considerablemente pero justificó la razonabilidad de su extensión no en una supuesta complejidad del caso ni en una eventual conducta desleal u obstructiva de los recurrentes -proceder procesal que expresamente no fue cuestionado por el tribunal de mérito- sino esencialmente en la actividad recursiva de los imputados al sostenerse que “si bien el expedienté ha llevado un considerable tiempo de tramitación, esa demora se debió, en parte, a la gran cantidad de impugnaciones esgrimidas por los recurrentes en ejercicio de una defensa eficaz y amplia, que devino en la intervención -de manera reiterada- de todos los órganos jurisdiccionales contemplados en nuestro organigrama de competencias.Esto es, el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, el Tribunal Oral Federal de General Roca, la Cámara Federal de General Roca, la Cámara Federal de Casación Penal ) la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Los recurrentes sostienen que, en la medida que se justificó la demora del proceso en razón de la sustanciación y resolución de los recursos incoados por la parte al mismo tiempo que se reconoció que esa actividad defensista fue válida y legítima, el fundamento del fallo resulta dogmático, aparente y contradictorio, por lo que denuncian que medió arbitrariedad e~ lo resuelto.

5°) Que en distintos precedentes relativos a la ¡garantía de defensa en juicio y al derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, esta Corte Suprema reiteradamente ha puesto énfasis en que,. con excepción del supuesto de una actividad defensista fundadamente calificada de abusiva, no puede hacerse recaer en el imputado la demora en la tramitación del proceso cuyo impulso diligente está a cargo del Estado.

Así, resultan numerosas las oportunidades en que este Tribunal ha aplicado este rationale y, más allá de las distintas aristas que se presentaban en cada una de ellas, no quedan dudas que se lo ha utilizado decididamente como principio rector y directriz indubitada de la expresa finalidad de resguardar la eficacia misma de la garantía d e defensa en juicio.

Ejemplo de ello, lo constituye el leading case “Mattei” (Fallos: 272:188) donde se sostuvo que, como la garantía de defensa en juicio ha sido arbitrada fundamentalmente a favor del imputado, el avance del proceso queda a cargo de los órganos específicamente instituidos al efecto y sus deficiencias no pueden serles endilgadas al imputado, por lo que se concluyó que se frustraría el derecho a un juicio razonablemente rápido si se admitiera retrotraer el proceso a etapas válidamente precluidas.

En forma consistente con ello, cabe memorar el también señero precedente “Barra” (Fallos: 327:327), donde se reputó inaceptable justificar la demora del proceso considerando en contra del imputado sus peticiones, pues se entendió que ello provocaba una restricción de la libertad de defensa que resultaba contraria a la comprensión que de este derecho debe hacerse a la luz del arto 18 de la Constitución Nacional. Este precedente fue seguido en posteriores pronunciamientos tales como CSJ 960/2006 (42-M)/CS1 “Montes, Alejandro Daniel y otros s/ infracción al art. 166, inc. 2 del C.P.”, sentencia del 15 de julio de 2008 y CSJ 1008/2007 (43-R) /CS1 “Richards, Juan Miguel y otros s/ defraudación – causa n° 46.022/97”, sentencia del 31 de agosto de 2010, entre muchos otros.

A su vez, en el mismo sendero se ubica el precedente “Acerbo” (Fallos: 330:3640), en el que se puso de resalto que a los fines de determinar la afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, no puede atribuirse a la actividad de la I defensa un papel decisivo en la demora cuando no medió una especial vocación de dilatar el proceso y que, por el contrario si el principal responsable de la dilación ha sido el desempeño de los diversos órganos de la administración de justicia, no pueden hacerse caer sobre el imputado los costos de lo sucedido.

Por último, y más recientemente, en CSJ 294/2011 f47- F)/CS1 “Funes, Gustavo Javier y otro s/ encubrimiento, etc – incidente de excepción por extinción de la acción penal – recurso extraordinario”, sentencia del 14 de octubre de 2014, se destacó, con cita del precedente “Amadeo de Roth” (Fallos: 323:982) y de la sentencia “Albán Cornejo y otros vs.Ecuador” de la darte Interamericana de Derechos Humanos (sentencia del 22 de noviembre de 2007, párrafos 111 y 112), que el imputado no es el responsable de velar por la celeridad y diligencia de la actuación de las autoridades en el desarrollo del proceso penal, razón por la cual no se le puede exigir que soporte la carga del retardo en la administración de justicia pues ello traería como resultado el menoscabo de los derechos que le confiere la ley.

6°) Que, a partir de lo dicho, esta Corte considera imperioso aplicar al caso aquí traído aquel principio rector en lo que a la garantía de la defensa en juicio y al derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas se refiere y, por tal motivo, resulta de toda evidencia que lo resuelto por el a qua no se condice con lo reiteradamente sostenido por este Tribunal y ello en la medida en que se justificó la demora en la tramitación 1el l proceso penal en el tiempo insumido en la resolución de las incidencias planteadas por la defensa de los imputados sin siquiera calificar de dilatoria esa actividad.

7°) Que, en esta inteligencia, lo resuelto por el a qua ha devenido arbitrario pues si bien es cierto que las sentencias de la Corte solo deciden los procesos concretos que le son sometidos y no resultan obligatorias para casos análogos, no menos lo es que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a esa jurisprudencia y, por tal razón, carecen de fundamentación los pronunciamientos que se apartan injustificadamente de los precedentes del Tribunal (arg. mutatis mutandi Fallos: 329:4931 ; 335:2326; entre otros).

8°) Que, en función de lo dicho, corresponde descalificar por arbitraria la sentencia impugnada dejando asentado que, atento el temperamento adoptado, deviene inoficioso pronunciarse respecto de los restantes agravios.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se resuelve: hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado con el alcance expuesto en el considerando 6°. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvanse los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte uno nuevo conforme a derecho.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CASRLOS MAQUEDA –