La impugnación de la tasa de interés aplicada en una sentencia. Los tribunales colegiados a través del recurso de apelación extraordinaria: ¿Qué causal debe invocarse?

Autor: Fiorenza, Alejandro A.

Fecha: 17-oct-2017

Cita: MJ-DOC-12258-AR | MJD12258

Doctrina:

Por Alejandro A. Fiorenza (*)

En esta oportunidad venimos a traerles a los lectores un problema que suelen plantearse los operadores jurídicos de la provincia de Santa Fe, puntualmente los abogados que litigan en las ciudades principales de la misma, es decir, la propia Santa Fe y Rosario, porque es allí donde se encuentran ubicados los Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extracontractual (de ahora en más TCRE), cuyas causas tramitan a través del llamado juicio oral y que tienen un particular sistema recursivo coronado por el Recurso de Apelación Extraordinaria (en adelante RAE).

A fin de que se entienda la cuestión, vamos a exponer un caso hipotético que en realidad no lo es tanto, porque tiene que ver con el modo de operar de los TCRE en la ciudad de Rosario, en cuanto a la tasa de interés por ellos aplicable en sus sentencias, lo mismo que la solución que a ello se puede encontrar acudiendo a los Tribunales de Alzada del mismo fuero, quienes tiene una concreta posición sobre el tema.

Lo que suele suceder en general es que los TCRE de la ciudad de Rosario al dictar sus sentencias deciden aplicar una tasa de interés aplicable a las sumas a las que condenan que ciertamente llama la atención. Concretamente, ellos suelen disponer -por ejemplo- que desde la fecha del hecho, y hasta el plazo para el pago del monto derivado de la sentencia en cuestión, el interés aplicable será equivalente al promedio entre la tasa activa (promedio mensual efectivo para descuento documento a treinta días) y la tasa pasiva (promedio mensual efectivo para plazo fijo a treinta días según índices diarios), sumada, conforme índices del Nuevo Banco de Santa Fe S.A; y que operado el vencimiento recién referido y hasta el momento del efectivo pago, el capital puro de condena devengará un interés equivalente al doble de la tasa referida precedentemente.A simple vista puede apreciarse que la aplicación de tal tasa de interés resulta en alguna medida irrazonable e injusta, desde que se fija una indemnización actualizada a la fecha de la sentencia y luego a esa misma suma de capital se le adicionan intereses a tasa promedio activa y pasiva del Nuevo Banco de Santa Fe, sumada, es decir, que la sentencia vendría a establecer una doble actualización.

De hecho, tienen dicho desde hace ya un tiempo las propias Salas que integran la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario que en juicios por daños y perjuicios -como es el caso de la mayoría tramitados por ante los TCRE- donde se fijan valores actualizados a la fecha del fallo apelado, y cuando los valores admitidos en la acción respectiva se encuentran fijados al momento de la sentencia, la tasa activa establecida en el reconocido plenario Samudio de la Cámara Nacional, no puede aplicarse desde la fecha pretendida porque existiría un enriquecimiento indebido a favor del acreedor en detrimento del deudor, al computarse dos veces la misma desvalorización monetaria.

Razón por la cual, ante la interposición del correspondiente RAE, suelen revocar aquella otra tasa de interés aplicada por los TCRE, estableciendo -por lo general- que atento que los montos indemnizatorios de la presente fueron actualizados al momento de la condena, se considera apropiado que desde la fecha del siniestro y hasta la de la cuantificación de los respectivos daños se aplique una tasa de interés pura de por ejemplo 8% anual; y que desde el dictado de la sentencia hasta su efectivo cumplimiento se aplique la tasa de interés activa sumada de acuerdo a los índices del Banco de la Nación Argentina; dejando aclarado siempre que ello es así sin perjuicio de dejarse a salvo la facultad morigeradora de la Cámara si en virtud de circunstancias sobrevinientes la aplicación de dicha tasa pudiera tornarse abusiva.Hasta aquí no habría problema, porque cualquiera que litigue asiduamente ante los TCRE seguramente ya tenga conocimiento de esto que venimos explicando. Además, no es esta la cuestión central a tratar en el presente trabajo. Lo que nos interesa en verdad es lo atinente a la forma en que debe impugnarse aquella tasa de interés que aplican los TCRE a fin de sortear el juicio de admisibilidad del RAE y así lograr arribar efectivamente ante las Salas de la Cámara en orden a conseguir una modificación de aquella en el sentido recién indicado.

Ocurre que el RAE, como su propio nombre lo indica, constituye un recurso de naturaleza extraordinaria, lo que significa que sólo resulta admisible en muy concretos y limitados supuestos, que se encuentran taxativamente enumerados en los cinco incisos que contiene el art. 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Como dijera el TCRE Nº 2 de la ciudad de Rosario: la apelación extraordinaria es de excepción, de modo que el litigante debe conformarse con la garantía de colegialidad, y de allí la interpretación restrictiva del caso, adquiriendo el listado del art. 42 de la Ley Nº 10.160 el carácter de numerus clausus (TCRERos, 2da Nom., 22-04-2016, LegalDoc, ID 16425).

La aludida norma establece que el recurso de apelación extraordinaria debe interponerse dentro del plazo de diez días contra las sentencias definitivas, o con fuerza de tales, que hubieran incurrido en: a) Apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para el trámite o la decisión del litigio, siempre que ello influya directamente en el derecho de defensa y en tanto no medie consentimiento del impugnante (inc. 1º); b) Apartamiento en la sentencia de la regla de congruencia procesal, que opera cuando el pronunciamiento versa sobre cosa no pretendida o persona no demandada, o que adjudica más de lo pretendido, o que no contiene declaración expresa acerca de pretensión oportunamente deducida o contiene motivación y/o disposiciones contradictorias entre sí (inc.2º); c) Apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley (inc. 3º); d) Apartamiento relevante de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una sala de la Cámara de Apelación de la respectiva Circunscripción Judicial, lo cual debe demostrarse fehacientemente en el acto de interposición del recurso o en el plazo adicional de veinte días posteriores, que el Tribunal Colegiado concederá ante el solo pedimento de la parte (inc. 4º); y e) Desconocimiento del principio de seguridad jurídica, por violación de la litispendencia o de la cosa juzgada (inc. 5º).

En esa senda, se ha resuelto y decidido reiteradamente que el juicio de admisibilidad del RAE registra tres niveles, al igual que ocurre con el Recurso de Inconstitucionalidad conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia en los reconocidos fallos «Cerruti» (CSJSF, A. y S., 35-410) y «Nasurdi» (CSJSF, A. y S., 35-425). Con lo cual, debe verificarse, en un primer paso, el cumplimiento de los requisitos de formalidad «strictu sensu» o rituales; en un segundo, siempre formal pero que implica una aproximación a lo sustancial, si el recurrente ha articulado, conforme a su propio planteo, una hipótesis que, en abstracto, pueda encasillarse en alguna de las causales previstas por el art. 42 de la Ley 10.160; y el tercer paso, que importa un liminar contacto con el ámbito sustancial sin penetrar en éste, establecer si aquella causal articulada correctamente en abstracto guarda alguna elemental relación con la realidad del caso.

Por consiguiente, deviene fundamental a la hora de interponer un RAE contra la sentencia de alguno de los TCRE, indicar correctamente en cuál de las cinco causales de procedencia enumeradas por el art. 42 de la LOPJ se encasilla el concreto agravio sufrido a raíz del contenido de aquella.Porque de lo contrario no se estaría pasando, siquiera, el segundo de los niveles de análisis de admisibilidad mencionados en el párrafo anterior, que deberán ser tenidos en cuenta por el propio TCRE en un primer momento, y luego por la Sala de la Cámara de Apelación que resulte competente, ya sea en revisión del juicio ya efectuado y autorizado por el Tribunal a-quo o bien cuando el interesado hubiera acudido en queja al ad-quem, por haber sido negativo el resultado del efectuado en la instancia de grado.

De ahí, entonces, nuestro interés en dar a conocer a los lectores de Juris cuál es la causal de procedencia que debe invocarse a la hora de valerse del RAE para impugnar la tasa de interés aplicada por los TCRE en sus sentencias.

Ello siempre y cuando se acepte que tal cuestión resulta impugnable por tal vía, porque es sabido que existe una corriente doctrinal y jurisprudencial que considera que se trataría la misma de una cuestión de hecho, y que como tal no podría encasillarase -en realidad- en ninguno de los supuestos antes indicados.

En el sentido indicado se ha dicho que el recurso de apelación extraordinaria es una vía impugnativa de naturaleza casatoria, razón por la cual su admisibilidad está limitada a determinadas resoluciones judiciales y su procedencia se circunscribe a los casos expresamente señalados en el texto legal; sumado ello a que a su través no se puede intentar reformar la apreciación de cuestiones de hecho o errores de valoración probatoria, habida cuenta que tales cuestiones son irrecurribles en el seno del juicio oral (TCRERos, 2da Nom., 22-04-2016, LegalDoc, ID 16424).

De todos modos, en conexión con lo que expondremos a continuación, es dable recordar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia local en cuanto a que si bien el tópico atinente al cálculo de intereses constituye una cuestión de índole fáctica y procesal, en principio ajena a la instancia extraordinaria, ello no obsta a quesea posible invalidar lo resuelto en tal aspecto cuando se repare en que el resultado económico a que se arriba no se corresponde en forma objetiva y razonable con los valores en juego (CSJSF, 16-08-2011, LegalDoc, ID 8632).

Es decir, que más allá de lo que resuelvan por lo general los TCRE a la hora de realizar el juicio de admisibilidad atinente a los RAE interpuestos contra sus propias sentenci as, en el sentido de no admitir absolutamente ninguna cuestión relacionada con lo fáctico, entre ellas la relacionada con la aplicación de la tasa de intereses, es interesante destacar lo resuelto por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación rosarina con respecto a que fue la propia Corte Suprema de la Provincia la que ha considerado que la falta de motivación en el tramo de la valoración de los hechos consagra lo que se ha dado en llamar “arbitrariedad fáctica”, que debe ser reparada a través del RAE en virtud de lo normado por el inciso 1º del artículo 42 de la Ley Nº 10.160 que establece como causal de procedencia al «apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para la decisión del litigio»; o sea, que a criterio del Alto Tribunal -dice la Sala- no es óbice para admitir el RAE que la falta de motivación refiera a razones fácticas, porque la nulidad -que esa ausencia genera- es siempre un quebrantamiento jurídico de las formas o de la decisión, es una violación siempre jurídica de formas que el legislador impone a la sentencia aún cuando dicho quebrantamiento pueda darse en el tramo del análisis fáctico (CCCR, Sala II, 27-12-2012, LegalDoc, ID 25774).

Volviendo al tema central de este trabajo, podemos decir que bastaría con analizar el conjunto de RAE que se presentan diariamente por esta cuestión de la tasa de interés para verificar que la gran mayoría de los mismos se interponen sobre la base de la causal incluida en el inciso 4º del art.42 de la LOPJ, es decir, por apartamiento relevante de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una sala de la Cámara de Apelación de la respectiva Circunscripción Judicial.

En un primer análisis, tal modo de obrar no parecería incorrecto si se tiene en cuenta que efectivamente se han dictado múltiples fallos en la Cámara de Apelación Civil y Comercial con el contenido indicado más arriba, es decir, revocando la tasa de interés aplicada por los TCRE en virtud de considerarla equivocada y abusiva, e imponiendo una que sea más propia de la realidad económica en la que vivimos los argentinos por estos días.

Siendo de valía recordar que en lo que respecta a la causal incluida en el inciso 4º del art. 42 de la LOPJ, se ha dicho que una cuestión es la «obligatoriedad» que emana de los Plenos y Plenarios (arts. 28 y 29 , LOPJ respectivamente) y otra es la «identidad de la cuestión de derecho» que se requiere para que opere la causal mencionada, que tiene un propósito de «unificación de jurisprudencia», no por la vía directa que supone el dictado de aquéllos (que establecen «doctrina obligatoria»), sino por la vía indirecta de la casación en el caso concreto (que no tiene fuerza vinculante para otros tribunales) (CCCR, Sala II, 04-05-2006, LegalDoc, ID 8279).

Bastaría entonces simplemente con que el presunto agraviado invoque en el caso concreto el apartamiento por la sentencia del TCRE de la interpretación que a una cierta cuestión ha brindado alguna de las Salas que componen la Cámara de Apelación Civil y Comercial, para que corresponda la apertura del RAE; siempre y cuando tal apartamiento sea «relevante», es decir, que sea por un lado decisivo para la causa, y por otro que de forma abierta e inequívoca la resolución del a-quo venga a contradecir un decisorio similar del Tribunal ad-quem.Debemos decir, sin embargo, que a criterio de la mayoría de las Salas que integran la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario ello es erróneo; es decir, que no corresponde impugnar a través del RAE la tasa de interés aplicada por un TCRE en una de sus sentencia valiéndose de la causal conocida comúnmente como «apartamiento de la doctrina legal».

La Sala Primera de dicha Cámara, por ejemplo, tiene resuelto que las objeciones a los intereses reconocidos en la sentencia -promedio de la tasa activa y la tasa pasiva sumada del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. a partir de la fecha del hecho y hasta el efectivo pago-, no justifican la admisibilidad de la apelación extraordinaria por la causal del art. 42, inc. 4 de la LOPJ; siempre teniendo en cuenta que lo antedicho no obsta a que por vía de irrazonabilidad en la solución aplicada o transgresión el realismo económico pueda, excepcionalmente, perfilarse un supuesto de arbitrariedad.

Lo correcto sería, en cambio, encausar tal ataque recursivo dentro de la causal enumerada por el art. 42 de la Ley Nº 10.160 en su inciso 1º, esto es, el apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para el trámite o la decisión del litigio, siempre que ello influya directamente en el derecho de defensa y en tanto no medie consentimiento del impugnante.

Sobre tal causal se ha dicho que, dejando al margen los vicios o errores in procedendo, la misma implica un quebrantamiento de la valoración que debe hacerse en el plano fáctico y que afecta la adecuada motivación de la sentencia, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 244, inc.4º del CPCC, ya que las sentencias deben justificar adecuadamente el juicio de los hechos de la causa para, posteriormente, subsumirlos correctamente en las normas que rigen la cuestión a través de los correspondientes juicios de derecho; de modo que si la ponderación de los hechos es inadecuada, la sentencia no estará adecuadamente fundada (CCCR, Sala I, 20-07-2010, LegalDoc, ID 3745).

Bajo este marco, tienen dicho algunas de las Salas que integran la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, que en relación a los intereses y la pretensión de abrir la instancia de alzada en función de lo previsto en el inc. 4º del art. 42 de la LOPJ, no se encontraría justificada en tal caso la relevancia del apartamiento de la doctrina judicial que es exigida por la citada norma, en razón de que existe en la materia un principio ampliamente reconocido por los operadores jurídicos cual es el de la libertad de los órganos judiciales a la hora de fijar una tasa de interés, en la medida en que ella resulte razonable, es decir, que no devenga arbitraria.

En otras palabras, se admite de manera expresa la posibilidad de que existan diversos criterios judiciales en materia de intereses, atento tratarse de una cuestión cambiante según las circunstancias económicas y de hecho; y se reconoce, a la par, que tal disparidad no puede habilitar por si misma la vía casatoria.Sobre todo si se toma en consideración el carácter provisional que presenta la fijación de intereses en países como el nuestro, en el que su determinación no puede pasar por alto las marcadas y fluctuantes condiciones que presenta desde antaño la economía; cuyas variaciones obligan muchas veces a los jueces y Tribunales a revisar los criterios tenidos en cuenta no sólo por las partes a la hora de contratar, sino también el que tuvieran en cuenta otros órganos judiciales de instancia inferior, adaptándolos a la realidad.

Concretamente tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que lo concerniente a la aplicación de las tasas de interés queda al libre albedrío de los jueces, con arreglo a la realidad vivida y con el solo valladar de no caer en absurdo (CSJSF, 16-08-2011, LegalDoc, ID 8627). Doctrina, la referida, esto es la contraria a la uniformidad de criterios en materia de intereses, que incluso ha sido establecida y fijada en su momento mediante Acuerdo Pleno de la Cámara de Apelación de la ciudad de Rosario N° 32, de fecha 15 de Septiembre de 1997, dentro de los autos «Banco Bisel S.A. c/ Salvi, Héctor», y que ha sido reafirmada más acá en el tiempo mediante diversos fallos de las Salas que integran tal Cámara.Así la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, por ejemplo, al considerar que la tasa de interés es asunto de razonable aplicación de los jueces; es decir, que la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del derecho de fondo queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaría única del ámbito en cuestión (CCCR, Sala IV, 26-12-2013, LegalDoc, ID 22328).

Lo que quita la posibilidad -como se dijera más arriba- que de tal aplicación de la tasa de interés devenga arbitraria o irrazonable, en cuyo caso la misma deberá ser impugnada valiéndose de la causal incluida en el inciso 1º del art. 42 de la LOPJ

De hecho, tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en casos como el aquí planteado debe repararse en el resultado económico a que se arriba sin desentenderse de las consecuencias patrimoniales del fallo, debiéndose entender, cuando se llega a resultados que pueden ser calificados de absurdos frente a la realidad, que es ésta la que debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas, ya que los mecanismos de actualización o la aplicación de tasas de interés sólo constituyen arbitrios tendientes a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento; en la medida en que si ello no opera así el resultado se vuelve injusto objetivamente y debe ser dejado de lado, en tanto la realidad debe prevalecer sobre las abstractas fórmulas matemáticas.Tomando sentido, así, por ejemplo, el pronunciamiento de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, por medio del cual dejara sentado que la doctrina de la facultad morigeratoria de los intereses no pone el acento en la clase de interés de que se trate, ya que se aplica indistintamente a los intereses compensatorios, moratorios y punitorios legales, sino que responde a otros criterios; así, se ha procedido a la morigeración de los accesorios cuando exceden las normas morales y aquéllas que imponen las buenas costumbres y cuando resultan excesivos; en definitiva cuando los intereses resultan objetivamente desproporcionados o exorbitantes (CCCR, Sala III, 27-06-2017, LegalDoc, ID 25291).

Asimismo lo resuelto por la Sala Cuarta de la misma Cámara, al resolver que debe reconocerse a los magistrados la facultad de morigerar los intereses susceptibles de ser calificados de excesivos o usurarios, en supuestos en donde, por las circunstancias del caso, se pone en evidencia un cuadro de desproporción de los valores económicos en juego, situación que torna necesaria su recomposición en términos de justicia (CCCR, Sala IV, 20-08-2010, LegalDoc, ID 3059).

Resumiendo, lo que nos interesa en el presente trabajo no es otra cosa más que dejar en claro a los lectores que a la hora de impugnar una sentencia de un TCRE por medio del RAE en virtud de la tasa de interés aplicable en aquella, la causal a invocar es la contenida en el inciso 1º y no la regulada por el inciso 4º del art. 42 de la LOPJ, esto es, la arbitrariedad y el consiguiente apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para el trámite o la decisión del litigio, y no el apartamiento relevante de la interpretación que a idéntica cuestión hubiera dado una sala de la Cámara de Apelación de la respectiva Circunscripción Judicial.

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(*) Abogado, UCA Rosario. Ayudante de las cátedras de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil y Comercial, UCA Rosario. Auxiliar, Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.

N. de la R.: Artículo publicado en Juris, Jurisprudencia Rosarina Online.