La sociedad extranjera, cuyo asiento principal de los negocios está en la Argentina, debe tramitar su quiebra ante la justicia nacional

Partes: Cía. General de Negocios (Uruguay) SAIFE s/ quiebra – incidente de incompetencia territorial internacional

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 13-dic-2017

Cita: MJ-JU-M-108542-AR | MJJ108542 | MJJ108542

La quiebra de la sociedad extranjera, cuyo asiento principal de los negocios está en la República Argentina, torna procedente tramitar su quiebra ante la justicia nacional.

Sumario:

1.-Siendo que la sociedad uruguaya tenía su actividad principal en este país donde se encontraba el asiento principal de sus negocios, cabe tener por acreditado el domicilio comercial de la deudora (conf. art. 3 del Tratado de Montevideo de 1840) como punto de conexión determinante de la jurisdicción para tramitar su quiebra ante la justicia nacional, de acuerdo a lo previsto por el art. 40 de ese Tratado.

2.-Examinados el régimen legal de constitución del ente y la actividad principal llevada a cabo por éste y determinada la jurisdicción competente tras acudir a los Tratados Internacionales aplicables, corresponde definir la norma de derecho interno aplicable, correspondiendo descartar la aplicación al caso del art. 118 LGS. la fallida recurrente, dado que el objeto principal de la sociedad demandada se desarrolló en esta ciudad sin que hubiera requerido la autorización de las entidades que regulan la intermediación financiera y sin su debida inscripción ante la Inspección General de Justicia, por lo que corresponde otorgarle tratamiento como sociedad local de conformidad con lo previsto en el art. 124 LGS.

3.-La norma del art. 124 de la Ley 19.550 establece que ‘la sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento’ y la doctrina entiende que cuando la norma citada se refiere al ‘principal objeto’, está aludiendo a la actividad concreta y primordial que realiza la sociedad y por ello, se sostiene que la lectura que debe hacerse del art. 124 de la LS. es la siguiente: la actividad es la manera a través de la cual la sociedad cumple con su objeto social; y el principal objeto de una sociedad comercial se cumple en la República cuando la mayor parte de su actividad se desarrolla y cumple efectivamente en ella.

4.-Dado que la sociedad demandada no demostró haber realizado actividad financiera en su país de constitución sino fuera de él y tampoco demostró haberla realizado en otro país distinto a la Argentina -circunstancia que no la habilitaba a operar aquí sin sujetarse a las normas de orden público interno-, debe ser considerada como una sociedad local por aplicación del art. 124 de la LS, sometida en consecuencia, al contralor de los jueces de esta jurisdicción. Habida cuenta de ello y de conformidad con lo previsto por el art. 3 inc. 4° LCQ., por tratarse de una sociedad extranjera in fraudem legis corresponde que entienda en su proceso de quiebra el juez del lugar de su establecimiento principal. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017.

Y VISTOS:

1. Cabe que el Tribunal se expida a tenor del recurso deducido por el Banco Central del Uruguay contra la providencia dictada a fs. 315 y mantenida a fs. 317, que dispuso el traslado de los agravios expresados por la sindicatura en relación con el recurso que fue concedido a fs. 276 apartado 2.

El recurso fue fundado a fs. 316 y contestado a fs. 320.

La incidentista pretende se tenga por no presentado el escrito de fs. 268 -en el que la sindicatura había apelado y fundado el recurso deducido contra la imposición de costas de fs. 255/265-, por verificarse el incumplimiento de lo dispuesto por la Acordada CSJN 3/15, es decir, por haber la sindicatura omitido incorporar las copias digitales de su presentación en tiempo oportuno.

No obstante, tal como lo denuncia el síndico, la intimación acumplir con la aludida carga -digitalización de copias- fue notificada a un domicilio distinto al constituido en autos por el funcionario concursal (v.constancias del registro informático y presentación de fs. 268), por lo que no se verifica el supuesto que pudiera dar lugar a la sanción prevista por el art. 120 CPCC.

En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el Banco Central del Uruguay, imponiendo las costas en el orden causado toda vez que, en función de las constancias de autos, el apelante pudo considerarse con derecho a peticionar como lo hizo.

Así se decide.

2. I. En función de lo expuesto, corresponde ingresar en el examen del recurso deducido contra la resolución de fs. 255/265 en cuanto rechazó el planteo de incompetencia territorial internacional introducido por el Banco Central del Uruguay e impuso las costas por su orden.

El aludido banco sostuvo su recurso con el memorial de fs. 281/285, que fue contestado a fs. 287/307.

La sindicatura expresó agravios a fs.268 que no fueron contestados por la contraparte.

II.El Banco Central del Uruguay -en su calidad de interventor de la Compañía General de Negocios (Uruguay) SAIFE (en liquidación)- opuso la excepción de incompetencia territorial en el marco del pedido de quiebra promovido por Ricardo Mihanovich, cuyo tratamiento fue diferido para ser considerado tras el dictado del decreto de quiebra, disponiéndose, con tal objeto, la formación del presente incidente.

En efecto: en el trámite del mencionado pedido de quiebra fue revocada, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de incompetencia que había sido decidida por la señora juez de primera instancia y también confirmada por esta Sala, con anterior integración.

Luego, el Tribunal ulteriormente designado a efectos de dictar un nuevo pronunciamiento -Sala E- decidió la competencia del juez nacional para entender en el pedido de quiebra de la sociedad demandada.

III. Para decidir del modo que se cuestiona, el juez a quo tuvo en consideración, en lo sustancial, que el Banco Central del Uruguay prescindió de lo que había decidido la CSJN y la Sala E de esta Excma Cámara, al conocer en el pedido de quiebra que antecedió al presente, sin aportar constancias de hecho o de derecho novedosas que permitieran evidenciar el desacierto de lo decidido.

Con sustento en los antecedentes considerados por la CSJN sostuvo que la actuación de la sociedad demandada, en tanto no se sujetó a las disposiciones de los arts.118 y 124 LGS, obró en fraude a la ley interna.

Y, concluyó que, en ese contexto “resultaría un despropósito quien voluntaria y deliberadamente contraría el orden público interno y actúa en fraude a éste, pueda después invocar precisamente la inexistencia de los actos que debieron existir -inscripción como sociedad extranjera para realizar en el país operaciones habituales propias de su giro comercial-, para pretender quedar al margen del juzgamiento local” sin que la especial autorización que le otorgó en su país la autoridad de control, pueda significar un bill de indemnidad para operar en fraude a la ley y al orden público local.

IV. El Banco Central de Uruguay se agravia al considerar que ha sido desconocida su calidad de liquidador del ente -de conformidad con la ley de intermediación financiera uruguaya- tras constatarse la insolvencia irreversible de aquella institución y disponerse su disolución y liquidación, por lo que no podría atribuirse efectos extraterritoriales al pronunciamiento cuestionado.

Sostiene que no fue acreditado suficientemente que la sociedad demandada no tuviera el domicilio de su administración en el país vecino; por el contrario, según denuncia, Compañía General de Negocios SAIFE tenía en Uruguay su sede física donde cumplían funciones el gerente, el contador y demás personal a su cargo.

También se agravia porque se asignó competencia en función del accionar delictivo de ciertas personas humanas en la sede del Banco General de Negocios, sin que ello habilite a liquidar en este país a una institución uruguaya presuntamente relacionada con dichas actividades ilegales.

Denuncia que los actos que Compañía General de Negocios SAIFE pudiera haber llevado a cabo en el territorio argentino habrían sido aislados y, por ende, no justificarían la competencia decidida, más aun cuando la totalidad de su patrimonio se encontraría afectado a la liquidación llevada a cabo por ese Banco Central del Uruguay.

V. El Tribunal comparte la solución propiciada por la Sra.Fiscal General en su dictamen a cuya lectura se remite, por lo que el recurso deducido por el Banco Central del Uruguay será rechazado.

Compañía General de Negocios SAIFE fue constituida en la República Oriental de Uruguay y obtuvo la autorización legal para operar, con no residentes de ese país, en la intermediación financiera entre oferta y demanda de títulos valores, dinero o metales preciosos radicados fuera de su territorio. Es decir, fue autorizada a operar como empresa de intermediación financiera externa.

Esa sociedad no estableció en Argentina una sucursal, asiento respectiva de los órganos de control y que regulan la actividad financiera y cambiaria (BCRA, IGJ).

Lo que pretendió cuestionar el recurrente es que se tuviera por cierto que la Compañía General de Negocios concertara, con habitualidad y de manera clandestina, operaciones financieras con residentes de este país, en las dependencias del Banco General de Negocios en la Ciudad de Buenos Aires, en fraude a la legislación nacional, que prohíbe ese tipo de actividades sin la debida autorización del organismo de control y en infracción a normas de orden público interno y que, a partir de esa circunstancia, se concluyera que la justicia argentina tiene competencia para conocer en su liquidación.

Pese a lo sostenido por el apelante, surge del pedido de quiebra que la interventora designada por el Banco Central del Uruguay explicó al Juez Letrado del concurso, que esa sociedad contaba con una sola dependencia ubicada en la ciudad de Montevideo, que su actividad era la de booking center de operaciones concertadas en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en las oficinas del Banco General de Negocios y que la concesión de créditos y la asunción de obligaciones se concretaban con clientes captados por oficiales de cuentas de dicho banco argentino (v. fs.173/180).

Ese dato incorporado en la etapa inicial de este proceso, no fue controvertido por el recurrente mediante elementos suficientes para restar significancia a aquella denuncia.

Tampoco es posible prescindir de las constancias de la causa penal que fueron tenidas en cuenta por la CSJN en el pronunciamiento dictado el 24 de febrero de 2009 en ese pedido de quiebra.

En aquella ocasión el Alto Tribunal, había considerado las constancias emergentes de cierta causa penal -sumario N°22437/01 de trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1- en la que se había tenido por acreditado que la Compañía General de Negocios “funcionaba clandestina y marginalmente en dependencias del Banco General de Negocios situadas en la Ciudad de Buenos Aires, captando dinero y disponiendo de esos fondos, a la vez que el domicilio situado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, actuaba una simple oficina de registración contable”.

En virtud de esas constancias, y con referencia al domicilio comercial de la deudora como punto de conexión atributivo de la jurisdicción para los procesos de falencia (art. 40 del Tratado Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo 1939-1940), definido en el art.3 de ese mismo tratado como el lugar donde se tiene el asiento principal de sus negocios, la CSJN decidió la competencia de la justicia de este país para intervenir en el pedido de quiebra.

Precisamente, a ese antecedente de la CSJN cupo conformar la sentencia desde que, al no aportarse nuevos elementos que permitieran rebatir sus conclusiones, no es posible desconocer su carácter de precedente obligatorio.

Sabido es que, si bien la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a sus sentencias, por lo que carecen de fundamento aquéllas que se apartan de los precedentes del Tribunal sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el mismo, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos: 25:365; 307:1094; 315:2386; 324: 3764 ; 329:4931 ; 332:616 ; entre otros).

Por lo demás, tampoco logró el recurrente demostrar que la actividad principal de la Compañía General de Negocios SAIFE hubiera estado en Uruguay ni ofreció prueba conducente con tal objeto.

Véase que, en los autos principales, se abstuvo de brindar información a la sindicatura -relativa al pasivo insinuado en el proceso liquidatorio en Uruguay, a la exhibición de libros y documentación referidos a la fallida y al detalle de los juic ios que tramitan en el país vecino- al no reconocer la legitimidad de la quiebra que tramita en esta jurisdicción (v. fs. 1257).

Consecuentemente, siendo que la sociedad uruguaya tenía su actividad principal en este país donde se encontraba el asiento principal de sus negocios, cabe tener por acreditado el domicilio comercial de la deudora (conf. art. 3 del Tratado de Montevideo de 1840) como punto de conexión determinante de la jurisdicción para tramitar su quiebra ante la justicia nacional, de acuerdo a lo previsto por el art. 40 de ese Tratado.

VII.Examinados el régimen legal de constitución del ente y la actividad principal llevada a cabo por éste y determinada la jurisdicción competente tras acudir a los Tratados Internacionales aplicables, corresponde definir la norma de derecho interno aplicable.

A tal efecto, cabe descartar la aplicación al caso del art. 118 LSG que pretende el recurrente, dado que el objeto principal de la sociedad demandada se desarrolló en esta ciudad sin que hubiera requerido la autorización de las entidades que regulan la intermediación financiera y sin su debida inscripción ante la Inspección General de Justicia, por lo que corresponde otorgarle tratamiento como sociedad local de conformidad con lo previsto en el art. 124 LGS.

Esa norma establece que “la sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento”.

La doctrina entiende que cuando la norma citada se refiere al “principal objeto”, está aludiendo a la actividad concreta y primordial que realiza la sociedad. Por ello, se sostiene que la lectura que debe hacerse del art. 124 de la LS es la siguiente: la actividad es la manera a través de la cual la sociedad cumple con su objeto social; y el principal objeto de una sociedad comercial se cumple en la República cuando la mayor parte de su actividad se desarrolla y cumple efectivamente en ella (Vítolo Daniel, Sociedades Constituidas en el Extranjero con sede o principal objeto en la República”, pás.51, El Derecho, 2005).

Por lo dicho, dado que la sociedad demandada no demostró haber realizado actividad financiera en su país de constitución sino fuera de él y tampoco demostró haberla realizado en otro país distinto a la Argentina -circunstancia que no la habilitaba a operar aquí sin sujetarse a las normas de orden público interno-, debe ser considerada como una sociedad local por aplicación del art. 124 de la LS (conf.CNCom, Sala A,”Boskoop S.A. s/ quiebra s/ incidente de apelación del 18/04/06 , sometida en consecuencia, al contralor de los jueces de esta jurisdicción (en sentido similar, Sala E, Petroex Uruguay SA le pide la quiebra Banco General de Negocios SAy otro, 25.10.2016).

Habida cuenta de ello y de conformidad con lo previsto por el art. 3 inc. 4° LCQ, por tratarse de una sociedad extranjera in fraudem legis corresponde que entienda en su proceso de quiebra el juez del lugar de su establecimiento principal.

VIII. Así las cosas y con prescindencia de que según el informe general presentado por la sindicatura en la quiebra no existirían bienes de la fallida en el país, tampoco se cuenta con información relativa a la evolución o cobro de activos inherentes a la liquidación del ente en la República Oriental del Uruguay.

Existen fondos en autos ($ 76.895,36), derivados de la distribución realizada en la quiebra del Banco General de Negocios SA, producto de un crédito reconocido a favor de la fallida.

Sin embargo, el principal activo estaría compuesto por valores públicos no nacionales que se encontrarían en custodia de su único accionista San Luis Financial & Investment y que no habría sido posible recuperar en ninguna jurisdicción, lo que descarta el planteo del recurrente respecto a la inexistencia de bienes a efectos de desplazar la jurisdicción de este país.

Por otro lado, la reposición del auto de quiebra planteada por el Banco Central de Uruguay, en los términos del art. 94 LCQ, fue rechazada por extemporánea (v. fs. 1092 de la quiebra), circunstancia que inhibe al Tribunal de ingresar en el tratamiento de aspectos vinculados a la existencia y exigibilidad del crédito invocado en el pedido de quiebra.

IX. La solución hasta aquí adelantada encuentra su justificación en lo previsto por los arts.2598 y 2600 CCyC, también citados por el sentenciante.

Y, si existiera alguna duda sobre la jurisdicción internacional de los jueces argentinos, la misma quedaría superada por la solución brindada por el art. 2602 CCyC.

Así se juzga si se advierte que el pasivo verificado asciende a la suma $ 123.351.944,85 correspondiente a los acreedores oportunamente insinuados en los términos del art. 32 LCQ.

Precisamente, uno de los acreedores insinuados es el Banco Central de la República Argentina que, con sustento en lo actuado en un sumario administrativo que instruyó contra la fallida y del que resultaría la operatoria y funcionamiento irregular que desarrolló en esta jurisdicción, se le impuso una multa de $ 4.000.000.

Y, además, existen centenares de pretensos acreedores nacionales que iniciaron juicio contra la fallida en Montevideo y que se reservaron el derecho de acudir a esta jurisdicción, una vez que obtengan sentencia definitiva, para verificar sus créditos en los términos del art. 56 LCQ.

En tales condiciones, no se advierte exclusividad de jurisdicción a favor de la República Oriental del Uruguay, sino concurrencia de jurisdicción, por lo que no sería razonable abdicar la jurisdicción nacional en perjuicio de esos acreedores y prescindiendo de la solución que da la aludida norma, al adjudicar jurisdicción al foro de necesidad, el que, por las circunstancias alegadas, además, coincide con el ya atribuido al caso.

IX. Finalmente, el recurso deducido por la sindicatura contra la resolución sobre la imposición de las costas, no ha de prosperar.

No se soslaya que, en principio, la condena en costas debe recaer sobre quien resulte vencido en el juicio (art.68 del Código Procesal).

No obstante, ese principio no puede sin más ser aplicado al caso desde que, aun cuando el criterio sostenido por el Banco Central del Uruguay ha sido rechazado en ambas instancias, cierto es, como lo señala la sindicatura que se vio necesitada del consejo de sus abogados, que la cuestión suscitada excede un simple planteo de incompetencia.

En tales condiciones, es dable admitir que el recurrente se encontraba habilitado para peticionar como lo hizo, justificado precisamente, en su calidad de liquidador de la sociedad quebrada en el país vecino.

Por ello, las costas de ambas instancias han de ser distribuidas en el orden causado.

X. Por lo expuesto, se resuelve: Rechazar el recurso deducido por el Banco Central del Uruguay y confirmar la resolución apelada.

Notifíquese por Secretaría.

Póngase en conocimiento de la Sra. Fiscal General a cuyo fin remítanse los autos a su despacho.

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia junto con el agregado recibido según constancias de fs. 334.

JUAN R. GARIBOTTO

EDUARDO R. MACHIN

ANGEL O. SALA (POR SUS FUNDAMENTOS)

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA

Fundamentos del doctor Ángel O. Sala:

Como comparto en lo sustancial sus fundamentos, he de adherir a la solución propiciada en el voto de la mayoría.

Ocurre que, el 18.05.10 ya me expedí sobre la competencia de la Justicia Nacional en lo Comercial en materia falencial en relación a Compañía General de Negocios S.A.I.F.E; ello, en el marco del pedido de quiebra promovido por Ricardo Mihanovich (expte. 77278/03), cuyas copias obran agregadas a fs. 9/13.

En razón de ello, y dado que en el sub-lite no se ha esgrimido argumentos ni se ha incorporado elementos de prueba que me lleven a modificar el temperamento allí adoptado, he de reeditar los fundamentos allí expuestos a los que me remito por razones de brevedad.

ANGEL O. SALA

RAFAEL F. BRUNO

SECRETARIO DE CÁMARA