El fuero de atracción en el salvataje de entidades deportivas

Autor: Fiorenza, Alejandro A.

Fecha: 9-oct-2017

Cita: MJ-DOC-12032-AR | MJD12032

Sumario:

I. Introducción. II. Regulación positiva. III. Teorías doctrinarias. IV. Visión jurisprudencial. V. Nuestra opinión. VI. Conclusión.

Doctrina:

Por Alejandro A. Fiorenza (*)

I. INTRODUCCIÓN

A través de la Ley 25.284 , se implementó un régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas, por intermedio de un fideicomiso de administración con control judicial. Pudiendo valerse de él, concretamente, aquellas asociaciones civiles de primer grado con personería jurídica, cualquiera sea la denominación que adopten, cuyo objeto sea el desarrollo de la práctica deportiva en cualquiera de sus modalidades, con quiebras decretadas o que se encontraren tramitando un concurso preventivo.

En lo que ahora es de nuestro interés, vale recordar que, de conformidad a lo previsto por el art. 4 de la citada ley, será competente, para la aplicación de la misma y para intervenir en el marco de tal régimen, el propio magistrado que viniera entendiendo en la quiebra decretada o que hubiera dispuesto la apertura del concurso preventivo de las entidades mencionadas. Respecto de lo cual se ha dicho que «se entiende conveniente que continúe ejerciendo sus funciones el juez concursal que venía conociendo en la causa, ello por razones de economía procesal» (1).

Pero ello no es todo en materia de competencia judicial porque, al igual que ocurrió con la normativa concursal, ha optado el legislador por incorporar el instituto del fuero de atracción, esto es, un mecanismo de orden público e inderogable por voluntad de los interesados, orientado a la concentración de todos los juicios seguidos contra las entidades deportivas que decidan someterse a este especial régimen de administración y de salvataje ante el juez interviniente.Viene a ser, pues, «. el instituto procesal que tiene por efecto desplazar la competencia de los jueces hacia aquel que entiende en los “juicios universales”, dentro de los cuales encontramos el concurso preventivo y la quiebra» (2); y desde hace unos años también al especial régimen de de salvataje de entidades deportivas.

Ese fuero de atracción constituye «un eje central del proceso concursal a través del cual se procura brindar un tratamiento igualitario a todos los acreedores y, a la vez, preservar el patrimonio del deudor como prenda o garantía común de los acreedores. Implica la “materialización” de los principios de colectividad de los acreedores y de universalidad concursal. Es un instituto que provoca el desplazamiento de la competencia a favor del juez del concurso respecto de todos los juicios por causa o título anterior a la presentación en concurso o sentencia de quiebra que tengan contenido patrimonial y en los que el concursado sea demandado» (3). Cuyo objeto, en general, «radica en la necesidad de no dividir la continencia de la causa, y en materia concursal encuentra su razón de ser en la necesaria composición activa y pasiva del patrimonio del deudor sometido al proceso concursal» (4).

Pero lo más importante está dado por el hecho de que se trata de un instituto de índole mayormente procesal que, a criterio de autores como Pablo Barbieri, viene a constituir una de las principales particularidades del proceso instituido por la Ley 25.284 (5). De ahí justamente el interés nuestro en formular algunas consideraciones a su respecto a través del presente trabajo, especialmente en lo que se refiere al aspecto temporal de las acciones que resultan alcanzadas por el mismo. Porque de ello depende, entre otras cosas, tanto la manera de accionar y ante quién debe hacérselo, como la concursalidad misma del crédito insinuado, esto es si «el mismo será parte del pasivo consolidado y deberá ser cancelado con la propuesta general que le sea formulada a la totalidad de los acreedores llamados a concurrir en el salvataje de la entidad» (6).

II.REGULACIÓN POSITIVA

En lo que respecta al fuero de atracción dispone el art. 13 la Ley 25.284, sancionada el 6 de julio de 2000 y promulgada el 25 de julio de ese mismo año, concretamente en su tercer y último párrafo, que «todas las acciones iniciadas o a iniciarse, en contra de las entidades mencionadas en el artículo 1, serán atraídas por el Juzgado interviniente, cualquiera sea el fuero o jurisdicción donde tramiten, para continuar ante aquél, las diligencias procesales que correspondieren».

Lo primero que surge al momento de leer la norma citada es que la misma peca por defecto, en la medida en que según lo ha expuesto la doctrina: no distingue si los juicios que se atraen deben tener o no un contenido patrimonial (7); ni se contemplan excepciones a la atracción, ni establece como efecto la suspensión del trámite (8); como así tampoco se deja en claro en la misma cómo debe interpretarse la previsión «todas las acciones iniciadas o a iniciarse», o cuál debería de ser la fecha de la causa de un crédito para resultar efectivamente atraída; habiéndose dicho en este último sentido que «otra novedad respecto del régimen concursal preventivo y liquidatorio ordinario es que el fuero de atracción no tiene aquí ningún tipo de excepciones, lo que tampoco parece justificado» (9).

Imperfecciones, todas las referidas, que probablemente se deban -como dice Usandizaga- a que la ley en cuestión «fue sancionada con mucha premura a los fines de evitar la liquidación de los bienes de clubes de importancia social, entre los que se destacaba Racing Club de Avellaneda» (10). Esto es reconocido también por otros autores como Di Tullio, al afirmar que «el estado calamitoso de las entidades que atraviesan procesos de quiebra con liquidación avanzada, que afrontan situaciones límites con riesgo cierto de desaparición, generó la acelerada sanción de la ley.Sin dudas la notable repercusión del caso Racing Club de Avellaneda actuó como disparador de la preocupación del legislador por la crítica situación de los clubes de fútbol, precipitando en consecuencia la vigencia del nuevo régimen de salvataje. Su aplicación inmediata a los procesos en trámite, conforme lo estipula la norma de Derecho transitorio contenida en el art. 27 «in fine» de la LED, que remite a los arts. 2 y 3 del CCiv, explica la urgencia de su puesta en marcha» (11). Igualmente Junyent Bas: «. si existen normas jurídicas sancionadas de manera desprolija y apurada, la ley 25.284 de Régimen Especial de Administración de las Entidades Deportivas con Dificultades Económicas es un buen ejemplo de ello. A través de su articulado (28 artículos en total), se vislumbran cuestiones -numerosas por cierto- que sin dudas generarán arduas dificultades interpretativas» (12).

Ello incluso puede corroborarse con la sola lectura del debate producido en la Cámara baja del Congreso de la Nación en ocasión de la sanción de la Ley. Por ejemplo, reseña Liliana Negre de Alonso que, habiendo sido sometido a la consideración en general el proyecto, el entonces diputado Daniel Scioli expuso que «la finalidad de la norma que se propone es dar respuesta inmediata a la problemática de los clubes que se encuentran en estado de quiebra, como Deportivo Español, Racing, Temperley, Chaco For Ever, Belgrano de Córdoba, San Martín de Tucumán y otras instituciones que están en una situación agobiante y que esperan poder encuadrarse en una nueva norma jurídica que les permita llevar adelante un proceso de normalización.Si esta noche aprobamos este proyecto, que ya tiene sanción del Senado, habrá un efecto inmediato que conducirá a que en un plazo mínimo de tres años el órgano fiduciario con control judicial lleve adelante una administración idónea y eficiente» (13).

La cuestión radicaba y radica, aún hoy, entonces, como bien lo resalta Vedrovnik, en que «en el supuesto de ser declarada la quiebra de algunas de estas instituciones, sea en forma indirecta ante el fracaso de un concurso preventivo en trámite o a pedido de un acreedor legitimado a esos efectos por aplicación de las disposiciones de la Ley 24.522 (específicamente los arts. 106, 107, 109 y ss. y cctes. la ley concursal), la entidad sería clausurada, desapoderados e incautados por el síndico los bienes que integraban su activo a la fecha de declaración de quiebra, para su posterior liquidación en la forma más conveniente y con su producido hacer frente al pago de los créditos verificados y / o declarados admisibles, teniendo en cuenta los privilegios y demás cuestiones reguladas a partir del art. 239 de la ley concursal. Concretamente, y sin adentrarnos en el tema, la declaración de quiebra del club implicaría su desaparición y con ella, la discontinuación de las prácticas deportivas que en la misma se llevaban a cabo, sin perjuicio de destacar que también cesarían las actividades sociales que se realizaban en el seno de la asociación deportiva» (14).

Y si bien puede haber quienes consideren que el dictado de una normativa específica como consecuencia de la posible quiebra de uno de los clubes de fútbol más importantes de nuestro país implicaría algún tipo de banalidad, ciertamente ello supondría, como dijo Truffat, «ignorar las potencialidades que tiene el fenómeno del fútbol en una sociedad como la argentina (perdóneseme la metáfora: en el alma de su pueblo) es hacer oídos sordos a una realidad social.El que no crea que repase mentalmente las puebladas con que sufridos simpatizantes han tratado de alzarse contra decisiones liquidativas de los jueces concursales respecto de los clubes de sus amores» (15).

En definitiva, bien puede decirse que la falta de claridad de la aludida disposición dispara toda una serie de dudas de trascendental importancia para la suerte del proceso concursal de salvataje, entre las que se encuentra la que ahora nos interesa especialmente y que refiere al aspecto temporal de las acciones alcanzadas por el fuero de atracción. Como sostuvo Gerbaudo: «. se plantea el interrogante de si los procesos comprendidos deben referirse a un crédito cuya causa o título sea anterior a la apertura del proceso de salvataje o si también alcanza a los que tengan una causa posterior a su apertu ra. Asimismo, también se discurre respecto de si los créditos deben ser de causa anterior a la sentencia de quiebra o de la presentación en concurso preventivo que precedieron al salvataje de entidades deportivas» (16). Al respecto se han esbozado cuatro posiciones: restringida, intermedia, amplia y amplísima; que son fruto de todo un devenir jurisprudencial que ha sido minuciosamente expuesto, recopilado y sistematizado por un importante sector de la doctrina, tal y como se demostrará a continuación, en los puntos que siguen.

III. TEORÍAS DOCTRINARIAS

1. Restringida

Esta posición es la que toma como fecha de referencia la presentación en concurso preventivo o la sentencia de quiebra que precedieron al salvataje. Es decir, que según los seguidores de la misma únicamente se encontrarían afectados por el fuero de atracción aquellos créditos cuya causa o título fueren de fecha anterior a la presentación en concurso o a la declaración de la quiebra de la entidad deportiva.

Expresa Carossi lo siguiente: «.el fundamento principal de la teoría radica en la remisión que la Ley 25.284 (primer párr. del art. 13 y el art. 15, inc. d ) realiza a la norma general (arts. 32 y ss.de la Ley 24.522)» (17). Pudiéndose incluir en tal tesitura, quizás, a Di Tullio, quien afirma lo siguiente: «. la ley no distingue si los juicios de que se trata deban tener o no contenido patrimonial. Tampoco contempla excepciones a la atracción ni establece como efecto la suspensión del trámite»; solución que para él «si bien respeta la unidad del proceso universal, resulta objetable desde el punto de vista de los cánones rectores que caracterizan a los procesos concursales (.), por lo que para el análisis sobre la procedencia o no del fuero de atracción corresponderá recurrir en cada caso a las disposiciones pertinentes del régimen concursal» (18).

La misma ha sido criticada, entre otros, por Usandizaga, al afirmar que «resulta desacertado formular el corte patrimonial excluyendo créditos con causa anterior a la aplicación del régimen del fideicomiso deportivo» (19). Coincidiendo nosotros con él, ya que, a nuestro entender, tal interpretación de la remisión a la LCQ no es viable, en tanto que la fecha de corte de la concursalidad debería ubicarse en el inicio del procedimiento de salvataje, perdiendo de vista lo atinente a la anterior apertura del concurso o declaración de quiebra que hubiera habido.

2. Intermedia

Esta otra teoría considera que, en lo respectivo al aspecto temporal de las acciones alcanzadas por el fuero de atracción, la ley referiría -en realidad- a aquellas acciones que versen sobre créditos de causa o título anterior a la apertura del proceso concursal de salvataje. De modo que sería la apertura del salvataje la que marque, de algún modo, el «corte patrimonial» a los fines de la atracción. Se trata, pues, de tomar los créditos comprendidos en la teoría restringida y agregarle aquellos otros cuya causa o título fuese de fecha posterior a la presentación en concurso o declaración de quiebra y anterior al dictado de la sentencia que disponga la aplicación de la Ley 25.284.Expresa Carossi, al respecto, que la distinción entre la teoría anterior y esta puede aparecer sutil si se piensa en un esquema en el que el acogimiento al régimen especial se efectúe sin solución de continuidad con la presentación en concurso o la declaración de quiebra, aunque también pueden darse supuestos en los que dicho lapso se extienda y abarque importantes pasivos, como sería el del club rosarino Newell’s Old Boys, cuya presentación en concurso preventivo fue realizada en el año 2000 y la aplicación al régimen de salvataje recién fue solicitada en mayo de 2009 (20); en cuyo caso «deviene lógico que los créditos de mayor importancia terminen siendo aquellos nacidos en el extenso lapso temporal de nueve años (9 años)», y siendo tal el supuesto: «¿qué salvataje puede implementarse seriamente si se excluye de la contención que otorga el régimen especial a la mayor parte del pasivo que afecta la entidad deportiva?» (21).

Otro autor que se muestra como seguidor de esta postura es Germán Gerbaudo al dejar sentado, en un comentario al fallo «Andreuchi» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a su entender «. lo relevante al efecto del fuero de atracción de la Ley 25.284 es que la causa del crédito sea de fecha anterior a la apertura del proceso concursal de salvataje, siendo irrelevante la fecha de presentación en concurso preventivo o de la sentencia de quiebra que le precedieron»; en cuyo caso «el pretenso acreedor, si a la fecha de la apertura se encontraba tramitando un juicio en contra de la entidad deportiva, se verá alcanzado ahora por el fuero de atracción y deberá continuar su tramitación por ante el juez del proceso universal» (22).

Resumiendo, se caracteriza esta posición por considerar que el acto procesal que define la concursalidad de un crédito insinuado respecto de la entidad deportiva sometida a este especial régimen no será ni la presentación en concurso ni la declaración de quiebra, sinola decisión judicial por la cual se establece el régimen de salvataje.

3. Amplia

De la tercera de las teorías en estudio, se ha dicho que ella considera que el especial salvataje implementado para las entidades deportivas enunciadas en el art. 1 de la Ley 25.284, abarca no solo al pasivo comprendido en la postura intermedia -todo lo anterior al fideicomiso-, sino que se le agregan también los créditos que, aun teniendo causa o título posterior a la sentencia que dispone la aplicación del régimen de salvataje, quedan comprendidos en la consolidación del pasivo de la entidad conforme lo establecido por el art. 13 de la propia normativa, al disponer lo siguiente: «. asimismo, quedan incluidas todas las deudas que existan con los funcionarios y empleados de la quiebra, aun los que actuaron en concursos preventivos precedentes, como así también los honorarios devengados o a devengarse de todos los letrados y de los peritos de parte o judiciales de las entidades involucradas» (23).

O sea que incluye, además, a todo un cúmulo de acciones que aunque ostenten causa o título posterior a la fecha de inicio del procedimiento de salvataje, siempre y cuando sean aquellas derivadas de aquellas otras que sí quedarían incluidas a criterio de la postura analizada en el punto anterior, esto es de la intermedia.Consiste, pues, a criterio de Usandizaga, en que también «las acciones derivadas de las deudas que específicamente incluye el artículo 13 en el pasivo consolidado, no obstante tener causa o título posterior al fideicomiso, deben ser atraídas ante el juez concursal» (24).

Parecería mostrarse conforme con ella Gerbaudo, al decir que «deben tenerse en cuenta las finalidades del proceso concursal y, en tal sentido, entendemos que solo podrían tramitar ante el juez del proceso universal aquellas acciones causadas con posterioridad a la apertura del salvataje que refieran al reclamo de créditos originados durante la vida del proceso y en beneficio de este -como sería el caso de créditos que puedan calificarse como gastos de conservación y justicia, a tenor del art. 240 , LCQ- y las acciones de recomposición patrimonial, que serían de aplicación a este proceso en virtud de la remisión del art. 26 de la Ley 25.284 (25).

Como veremos en su momento, es esta posición la que nos parece más ajustada a derecho. Aunque ciertamente existe un amplio sector doctrinario que no se muestra conforme con ella, como ser el caso de Peralta Mariscal, quien ha dicho que «en una decisión ciertamente sorprendente, se establece que ‘quedan incluidas en dicha consolidación todas las deudas que existan con los funcionarios y empleados de la quiebra, aun los que actuaron en concursos preventivos precedentes, como así también los honorarios devengados o a devengarse de todos los letrados y de los peritos de parte o judiciales de las entidades involucradas»; y que «se subvierte de esta manera todo el régimen de gastos del concurso establecido por la Ley 24522, postergándose absurdamente a los funcionarios intervinientes en el proceso universal (preventivo o liquidatorio). Asimismo, si nos atenemos estrictamente al régimen legal, los acreedores por gastos del concurso (como síndico, abogados, etc.), deberían verificar sus créditos para poder cobrar, lo que no resiste el menor análisis práctico ni teórico de la cuestión» (26).

4.Amplísima

En esta última postura, encontramos -por ejemplo- a Tachella, quien sostiene que «la especificidad del fuero de atracción instituida por la LSDE y su diversidad frente al que establece la LCQ para el concurso preventivo o la quiebra, evidencia que las normas pertinentes de esta última no rigen respecto del fuero de atracción de la LSDE ni siquiera de manera supletoria», y que «en ese orden de ideas, y dado el carácter amplio del fuero de atracción que opera en este tipo de supuestos, deben tramitar por ante el juzgado donde tramita el proceso concursal o falencial de la institución deportiva sujeta al régimen de la LSDE, todas las acciones iniciadas con anterioridad sin importar el fuero en que tramiten, y las nuevas acciones que se inicien cualquiera sea su competencia, ya sean derivadas de hechos o créditos anteriores a la apertura del concurso o quiebra o posteriores, aun después de haberse decretado aplicable el régimen de salvataje» (27).

Postura que fue titulada así por Usandizaga, al comentar el fallo de la CSJN que, de alguna manera, dio lugar a la misma, esto es el fallo «Salas», y sostener que «según esta postura, el fuero de atracción opera también sobre las acreencias con causa o título posterior a la aplicación del régimen de salvataje», aunque concluya que «en mi opinión, el criterio de la Corte no puede compartirse. Los créditos nacidos con posterioridad a la aplicación del régimen especial no forman parte del pasivo conso lidado y por tal motivo no son atraídos ante el juez concursal. Tales créditos tienen la posibilidad de agredir el patrimonio de la entidad deportiva ante el juez que resulte competente en razón de la materia. Una interpretación contraria conduciría a desalentar a los terceros para contratar con la entidad deportiva, en tanto el cumplimiento de la prestación asumida por ella estaría sujeto a la propuesta de pago formulada a los acreedores anteriores al fideicomiso, la que en general contiene esperas considerables» (28).

IV.VISIÓN JURISPRUDENCIAL

1. Restrictiva

Ya se identificaron antes las características que identifican a esta postura, en virtud de la cual solo se encontrarían afectados por el fuero de atracción aquellos créditos cuya causa o título fueren de fecha anterior a la presentación en concurso o a la declaración de la quiebra de la entidad deportiva.

Podrían incluirse dentro de esta posición las justificaciones aportadas por los integrantes de dos Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones, una correspondiente a la civil y otra a la comercial.

Así, por ejemplo, en los autos «Cominiello, Ariel G. c/ Asociación de Fútbol Argentino», tiene resuelto la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que «. si bien el fuero de atracción previsto en el art. 13 «in fine» de la Ley 25.284 no hace referencia a que las acciones iniciadas o por iniciarse deban estar vinculadas a créditos de causa o título anterior de la sentencia de quiebra de la entidad deportiva (art. 5), lo cierto es que a los fines de la consolidación del pasivo que debe efectuar el Órgano Fiduciario, la cuestión se rige expresamente por el procedimiento establecido en la Ley 24.522; de ahí que la anterioridad de la causa o título del crédito no es indiferente a efectos de definir si la acción queda comprendida en el fuero de atracción previsto en el art. 13 citado o excluida de él (conf. arts. 15, inc. d, de la Ley 25.284 y arts. 32, 132 y 200 de la LCQ), en consecuencia, tratándose de un reclamo posterior a la declaración de quiebra solo cabe concluir que esta causa no es atraída por la quiebra de la Asociación Civil Racing Club» (29).

Del mismo modo, la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ha expresado, en la causa «Calles, Juan C.c/ Club Comunicaciones Fideicomiso de Administración Ley 25.284» (30), que «. si bien el fuero de atracción del art. 13, «in fine», de la Ley 25.284, no hace referencia a que las “(.) acciones iniciadas o a iniciarse (.)” deban estar vinculadas a créditos de causa o título anterior de la sentencia de quiebra de la entidad deportiva (art. 5 ) o de la presentación de ella en concurso preventivo (art. 6 ), la circunstancia de que la consolidación del pasivo que debe hacer el órgano fiduciario se rija por el procedimiento establecido en las disposiciones del tít. II, cap. III, secc. III, Ley 24.522 (arts. 13, primera parte, y 15, inc. d, de la Ley 25.284), o sea, por el proceso de verificación de créditos allí regulado, lleva a concluir que la anterioridad de la causa o título del crédito no es indiferente para definir si la acción queda o no comprendida en el fuero de atracción (arg. art. 32 de la LCQ)».

2. Intermedia

Se dijo más arriba que esta tesis se caracteriza básicamente por el hecho de considerar que es la decisión judicial por la que se establece el régimen de salvataje la que define la concursalidad de los créditos insinuados respecto de la entidad deportiva sometida al régimen en cuestión.

El primer antecedente jurisprudencial lo encontramos en la causa «Club Atlético Talleres s/ Concurso preventivo», tramitada por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 13.a Nominación de la ciudad de Córdoba (31), en la que se sostuvo que el pasivo comprendido en la consolidación es el anterior a la sentencia que acoge el régimen de salvataje de entidades deportivas, es decir que también debía incluir los créditos originados entre la presentación del concurso preventivo y la aplicación de la ley especial.Puntualmente se argumentó que «en orden a la consolidación del pasivo, si hay algo claro en la Ley 25.284 es su enorme oscuridad al leer correlacionadamente los arts. 13 y 15, inc. d, pues ello da lugar a más de una interpretación. El suscripto no se sumará a tantas críticas que ha recibido la normativa de salvataje, sino que procurará brindar la interpretación que más satisface a su razón y de un modo tal que queden determinadas las pautas a seguir por los interesados en el reconocimiento y cobro de sus créditos, como así también aquellas que correspondan al órgano fiduciario en esta materia. En ese orden de ideas, el período informativo que este pronunciamiento abrirá será para aquellos acreedores de título o causa posterior a la fecha de presentación del club en concurso preventivo (28/8/1991) y anteriores a la fecha del dictado de la presente. De tal modo, los créditos de cualquier graduación, verificados o admisibles, en el concurso preventivo -si los hubiera- no son materia de reinsinuación en el pasivo del club, sino que será misión del órgano fiduciario su consideración y actualización (en más o en menos; v. gr., pagos parciales, devengamiento de intereses hasta la fecha del dictado del presente resolutorio). Igual tratamiento habrá de dar el citado organismo a los honorarios y gastos devengados durante la tramitación del proceso preventivo. Consecuentemente, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 13 y 15, incs. d y e, LED, y en función de la aplicación analógica del procedimiento reglado por la ley concursal para la insinuación y verificación de los créditos que componen el pasivo de la entidad, corresponderá determinar los plazos para el cumplimiento de las respectivas etapas del mencionado proceso (arts.32 a 38 , 200 y cctes., Ley 24.522)».

La adoptó también la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, en el fallo dictado en los autos «Curioni, Roberto c/ Club Atlético Provincial», el cual versara sobre un crédito originado con posterioridad a la sentencia de quiebra y a la constitución del fideicomiso, es decir que se trataba de un crédito laboral generado durante el proceso de salvataje; respecto de lo cual se consideró que la acción tenía que tramitar por ante el juez laboral y no ante el juez del proceso concursal (32).

Postura, además, que se caracteriza por el hecho de haber recibido en su momento el respaldo ni más ni menos que del Máximo Tribunal de la Nación, en el caso «Andreuchi, Luis A. c/ Club Atlético Newell’s Old Boys y otro s/ ejecutivo» (33), al pronunciarse en el sentido de que el juez competente para entender de un crédito reclamado por la vía ejecutiva a la entidad deportiva, de fecha posterior al inicio de su concurso, pero anterior a la de adopción del régimen de salvataje instrumentado por la Ley N.º 25.284, no era sino el que venía interviniendo en este último, esto es, el del proceso universal. Se expuso, en concreto, que «por aplicación de la regla contenida en el art. 13, párrafo final, de la Ley 25.284, resulta competente para conocer en las actuaciones, el juez del proceso universal de la entidad deportiva cesante. Una interpretación contraria a la expuesta, importaría por parte del tribunal efectuar distinciones donde la norma no lo hace». Asimismo, indicó en su voto el Dr.Ricardo Lorenzetti que «con independencia de cualquier valoración que pudiera efectuarse sobre la citada disposición legal, en el caso, resulta relevante que con fecha 22/5/2009 se acogió el pedido formulado por la deudora para someterse al régimen de la ley 25.284 y, como consecuencia de ello, se dispuso abrir un nuevo período informativo y la remisión de todas las causas iniciadas contra la deudora en virtud del fuero de atracción previsto en el art. 13 de la ley citada»; agregando que «por ende, aunque el crédito que se pretende ejecutar en autos reviste naturaleza post concursal frente al concurso preventivo iniciado en el año 2000, dicha acreencia posee causa y título anterior al dictado de la sentencia que dispuso la aplicación del procedimiento de crisis de entidades deportivas previsto por la ley citada», y que «en tales condiciones, la presente ejecución promovida el 6/2/2008 resulta alcanzada por el fuero de atracción dispuesto por el art. 13, párr. final, Ley 25.284, resultando competente para conocer en las actuaciones el juez del proceso universal de la entidad deportiva cesante». Incluso, se dejó dicho que «una interpretación contraria a la expuesta, importaría por parte del Tribunal efectuar distinciones donde la norma no lo hace, ante lo cual corresponde recordar el conocido adagio “ubi lex non distinguit, nec nos distínguere debemus”, que encuentra su razón de ser, en que si el legislador hubiera querido hacer distinciones, lejos de expresarse en términos genéricos hubiese hecho las salvedades o excepciones pertinentes».

3.Amplia

Como a esta altura ya se sabe, la postura que ahora ocupa nuestra atención se caracteriza por incluir, además de los enunciados en las dos tesis anteriores, a un cierto conjunto de créditos que aunque ostenten causa o título posterior a la fecha de inicio del procedimiento de salvataje, lo cierto es que son consecuencia aquellos otros y en consecuencia deberían de ser alcanzados por el fuero de atracción.

La misma fue esgrimida, por ejemplo, en el régimen de salvataje del Racing Club de Avellaneda, al decidir el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 16.a Nominación de la ciudad de La Plata que «los contratos celebrados por la sindicatura durante el proceso falencial, han de ser considerados dentro de la categoría gastos de conservación y justicia, en tanto la suscripción de los mismos ha devenido como propio de la administración (art. 240 de la Ley 24.522). La Ley 24.522 dispone respecto de estos créditos que su pago ha de hacerse cuando resulten exigibl es y sin necesidad de verificación, pero la Ley 25.284, que establece un régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas: el fideicomiso de administración con control judicial, aplicable al caso de autos, incluye a dichos créditos como formando parte del pasivo consolidado (véase el art. 13 de la ley citada), lo que impone una interpretación que no se aparte de la finalidad tenida en cuenta por la citada norma legal (.). Ello así, y aun cuando el crédito en análisis sea de los que gozan de la preferencia del art. 240, su atención -en principio-, no puede ser reclamada sino en los términos del contrato de gerenciamiento, por integrar el pasivo consolidado sobre el que se previó tal modo de cancelación» (34).

4.Amplísima

Esta es la última de las posturas antes analizadas, y como se indicó más arriba comprende todas las acciones que deban iniciarse durante la vigencia del salvataje, con indiferencia de si la causa o título del crédito es anterior o posterior a la vigencia del proceso reglado por la Ley 25.284.

En ella pareciera enrolarse el voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco en el ya mencionado fallo «Andreuchi» de la Corte nacional, en cuanto expresa que «la mencionada ley, que organiza un “régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas”, ha instituido un subsistema jurídico específico respecto del fuero de atracción, que no distingue entre acciones de causa o título anterior o posterior a la apertura del procedimiento, como sí lo hace el estatuto concursal general con relación a la presentación en concurso (art. 21 , Ley 24.522, texto según Ley 26.086 )».

Asimismo, a entender de Usandizaga (35), la misma habría sido seguida en el caso «Salas, Maximiliano c/ Gerenciar Sociedad de Fútbol S. A. y otro s/ incumplimiento de contrato», también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque es verdad que, en el mismo, se resolvió sobre la base de lo sostenido en el ya referido caso Andreuchi, es decir, que «resulta de aplicación al “sub lite” la doctrina del precedente Competencia N.° 584.XLVII “Andreuchi, Luis Antonio c.Club Atlético Newell’s Old Boys y otro s/ ejecutivo”, sentencia del 10 de diciembre de 2013, voto de la mayoría y concurrente de la jueza Highton de Nolasco, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad”, con lo cual, “por lo expuesto, habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.° 22, al que se le remitirán por intermedio de la Sala D de la cámara de apelaciones de dicho fuero» (36). Pero no puede perderse de vista lo dictaminado por el Procurador General de la Nación, esto es, que «mas allá de la naturaleza post concursal de la acreencia o de que se trate de un juicio de conocimiento entablado con posterioridad a la declaración de quiebra (.) corresponde valorar las particulares circunstancias que rodean la situación planteada, las que determinan que la causa deba radicarse, para imprimirle el trámite que competa, ante el juzgado a cargo del proceso universal, con arreglo a principios de orden superior, como los de seguridad jurídica, interés general de los acreedores y cumplimiento de las reglas de orden público concursal», y que «considero que ello es así, desde que, según se desprende de las constancias del expediente, los fondos que se pretenden embargar constituyen bienes desapoderados (arts.107 y 125 , de la Ley 24.522), por lo que, en ese marco, a fin de evitar situaciones que afecten intereses contrapuestos -tales como los del actor y los de los acreedores concursales-, y en razón de principios de economía y celeridad procesal, como así también -lo reitero- de seguridad jurídica, en mi opinión, es necesario que el tribunal que entiende en el procedimiento universal sea el competente para entender en la ejecución».

Esto llevará al propio Usandizaga a sostener que «no puede descartarse la posibilidad de que lo resuelto en “Salas” se trate de una confusión, en tanto resulta extraño que la Corte haya pretendido instituir un fuero de atracción que abarque créditos con causa posterior al fideicomiso y que mediante dicha interpretación pretenda incluirlos en el pasivo consolidado. Lo expresado conduciría a que tales acreencias se cancelen con la propuesta de pago que se les formula a los acreedores concursales. En ese marco se establecería una seria dificultad para el funcionamiento de la entidad deportiva que se pretende “salvar”: los terceros verían la inconveniencia de contratar con un ente cuya prestación será cumplida en el marco de una propuesta de pago que contiene -generalmente- importantes esperas. Téngase la seguridad de que el legislador no tuvo la intención de introducir semejante dificultad» (37).

V. NUESTRA OPINIÓN

Nosotros creemos que la postura correcta para adoptar es la amplia, por cuanto es la que tiene en cuenta la finalidad que tuvo en miras el legislador al momento de la sanción de la ley, cual fue efectivamente la superación del estado de insolvencia de este tipo de entidades de alta raigambre popular, en orden a hacer posible la continuidad de sus actividades e impedir así una posible liquidación de sus bienes.Porque como dijo Tachella, «las entidades que lleven sus actividades durante todo el plazo establecido por la normativa tratada, deben ineludiblemente haber generado recursos para atender al giro ordinario de la institución, ya que de no ser así la Ley 25.284 conlleva a la liquidación del club» (38).

Coincidimos así con Gerbaudo, en cuanto halla a la postura restrictiva desacertada (39), y con Usandizaga, quien afirma la necesidad de desecharla en razón de resultarle «desafortunado (.) interpretar que el pasivo a consolidarse se encuentra limitado a las acreeencias con causa o título anterior al concurso o a la quiebra de la entidad, excluyéndose aquellas originadas entre dichas fechas y la aplicación del régimen del fideicomiso» (40). Pero además entendemos que resultaría del todo lógico ampliar en alguna medida la postura intermedia hacia lo que sería la amplia, incorporando todos aquellos créditos que aunque sean de causa o título posterior y no anterior a la fecha de inicio del procedimiento de salvataje, lo cierto es que se derivan de estos últimos. Sin caer, claro, en el exceso que supondría adoptar la última de las teorías antes enunciadas, porque, de ser así, no se terminaría nunca de poner un límite cierto y preciso al especial régimen instaurado por la Ley 25.284, lo que terminaría por dificultar el saneamiento del pasivo de la entidad en cuestión.

Sobre tal aspecto, se ha expresado Di Tullio, al manifestar que la superación del estado de insolvencia, «que redundará en la continuidad de las actividades, incluyendo la recuperación de la normalidad institucional», constituye sin dudas el objetivo «más deseado por el legislador, los operadores jurídicos en su generalidad y la comunidad toda, ya que implica la desaparición de uno de los fenómenos cuya propagación de efectos perniciosos ha ocasionado la perturbación de la tranquilidad social, en todos sus órdenes.La superación de la insolvencia comprende la reorganización patrimonial, la componenda creditoria, la eliminación del déficit operativo y las posibilidades ciertas de perdurabilidad y subsistencia de la entidad afectada» (41).

En efecto, como dijo también Rinessi, «la suspensión del estado de insolvencia permitirá que los operadores jurídicos en su generalidad, y la comunidad toda, reciban los beneficios de la participación de una entidad que ya no se encuentra con los efectos perniciosos de su estado de insolvencia cuya propagación perturba al mercado. Además, con la consolidación de los créditos certificados se asegura a los acreedores el pago del ciento por ciento de sus créditos. Por otro lado, permite a la entidad su reorganización económico-financiera y la posibilidad de seguir su actividad en forma normal» (42).

Siempre y cuando no se pierda de vista que «el éxito del proceso de salvataje del club dependerá de encontrar un equilibrio entre dos metas principales: por un lado, la posibilidad de continuidad de las actividades deportivas del club en procura de su futura normalización institucional y, por el otro, la satisfacción de la deuda con los acreedores reconocidos judicialmente en el pasivo en el menor tiempo posible y dentro de los parámetros que proporciona la ley» (43).

Resumiendo, entendemos que lo correcto sería incluir no solo los créditos de causa o título anterior a la fecha de apertura o del concurso o de declaración de la quiebra de la entidad deportiva de la que se trate (teoría restringida), sino también aquellos otros que sean posteriores a esta fecha, pero anterior al resolutorio judicial por el que se que dispone la aplicación del régimen de salvataje (teoría intermedia), e incluso los posteriores si es que se derivan de los que conforman el pasivo consolidado (teoría amplia).

VI.CONCLUSIÓN

Como cúlmine del presente trabajo, no nos queda más que reafirmar nuestro parecer en el sentido de que, a los efectos del fuero de atracción que rige en los supuestos de aplicación de la Ley 25.284, lo importante no es tanto la fecha de presentación en concurso preventivo ni la de declaración de la quiebra, sino más bien la de apertura del salvataje, dado que es este el momento a partir del cual opera el fuero de atracción. De cualquier manera, refiriéndonos al sistema integral implementado por aquella normativa, creemos que es necesario tomar conciencia de que en algún momento tendría que encontrarse una solución superadora del mismo, que tenga en cuenta los intereses del conjunto de la sociedad y no solo de algunos pocos que se valen de estas entidades para beneficiarse personalmente a costa de muchos otros, porque como dijo algún a utor: «.es cierto que la pretensión del legislador al sancionar la LED apuntó, como objetivo de mínima, a viabilizar un remedio coyuntural, hasta tanto se materialice un código del deporte, que constituye la máxima aspiración en procura de una regulación integral en la materia»; y, además, «salvo que se decida colocar un parche sobre otro, como es costumbre, y prorrogar, cuando llegue el momento crucial -cuando se agoten los nueve años-, la vigencia de la ley, renovando indefinidamente el plazo de duración del salvataje» (44). En pocas palabras, lo que se debe procurar es ayudar a esta clase de entidades por el aporte que ellas hacen al deporte y los efectos positivos que -a su vez- este tiene sobre la sociedad en general, ni más ni menos.

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(1) DI TULLIO, José A.: «Fideicomiso para entidades deportivas», RC D 3079/2012.

(2) CASADÍO MARTÍNEZ, Claudio A.: «Insinuación al pasivo concursal». Buenos Aires, Astrea, 2007, p. 395.

(3) GERBAUDO, Germán E.: «El fuero de atracción en el proceso concursal de salvataje de entidades deportivas (art.13 de la Ley 25.284). Importantes consideraciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», LL Online, AP/DOC/89/2014.

(4) JUNYENT BAS, Francisco, y MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: «Salvataje de entidades deportivas. Ley 25.284. Régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas», RC D 3083/2012.

(5) BARBIERI, Pablo C.: «El fuero de atracción y su alcance en el fideicomiso de entidades deportivas. La Corte Suprema y el fallo “Andreuchi”», Infojus, ID DACF130412.

(6) USANDIZAGA, Manuel: «El alcance del fuero de atracción en el salvataje de las entidades deportivas”, DJ 8/4/2015, 34.

(7) Se ha dicho, al respecto, que aunque el artículo en cuestión no lo exprese, es obvio que tiene que tratarse de acciones de contenido patrimonial. JUNYENT BAS, Francisco, y MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: «Salvataje de entidades deportivas. Ley 25.284. Régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas», RC D 3083/2012).

(8) TACHELLA, Diero: «Régimen legal de la insolvencia de entidades deportivas», en elDial.com, DC21BB.

(9) PERALTA MARISCAL, Leopoldo L.: «Ley 25.284: Régimen fiduciario de administración de entidades deportivas en crisis económica con concurrencia concursal», JA 2002-IV-995.

(10) USANDIZAGA, Manuel: «El alcance del fuero de atracción en el salvataje de las entidades deportivas», en DJ 8/4/2015, 34.

(11) DI TULLIO, José A., «Fideicomiso para entidades deportivas», en RC D 3079/2012.

(12) JUNYENT BAS, Francisco: «Régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas (Ley 25.284): ¿qué debe contener la resolución de apertura de dicho procedimiento?», ED, 190-743 y MJD1521.

(13) NEGRE de ALONSO, Liliana T.: «Algunas reflexiones sobre el régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas. Ley 25.284 (primera parte)», La Ley 2001-B, 1001.

(14) VEDROVNIK, Marcelo:«La aplicación de la Ley 25.284 a los clubes en quiebra y la imposibilidad de que continúen actuando sus administradores naturales», en MJD4913 .

(15) TRUFFAT, Edgardo D.: «Reflexiones a propósito de la Ley 25.284 y del nuevo art. 190 de la Ley 24.522 (conforme Ley 25.589): el derecho concursal en mutación», en ED, 204-967.

(16) GERBAUDO, Germán E.: «El fuero de atracción en el proceso concursal de salvataje de entidades deportivas (art. 13 de la Ley 25.284). Importantes consideraciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», en LL Online, AP/DOC/89/2014.

(17) CAROSSI, María E.: «Fuero de atracción en la ley de fideicomiso de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas. Fundamentos a favor de una aplicación amplia del instituto», en Revista Argentina de Derecho Concursal, n. 5, 26/8/2013, IJ-LXIX-137, http://www.ijeditores.com.ar.

(18) DI TULLIO, José A.: «Fideicomiso para entidades deportivas», RC D 3079/2012.

(19) USANDIZAGA, Manuel: «El alcance del fuero de atracción en el salvataje de las entidades deportivas», DJ 8/4/2015, 34.

CAROSSI, María E.: «Fuero de atracción en la ley de fideicomiso de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas. Fundamentos a favor de una aplicación amplia del instituto», en Revista Argentina de Derecho Concursal, N.° 5, 26/8/2013, IJ-LXIX-137, http://www.ijeditores.com.ar.

(21) USANDIZAGA, Manuel: «El alcance del fuero de atracción en el salvataje de las entidades deportivas», DJ 8/4/2015, 34.

(22) GERBAUDO, Germán E.: «El fuero de atracción en el proceso concursal de salvataje de entidades deportivas (art. 13 de la Ley 25.284). Importantes consideraciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», en LL Online, AP/DOC/89/2014.

(23) CAROSSI, María E.: «Fuero de atracción en la ley de fideicomiso de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas. Fundamentos a favor de una aplicación amplia del instituto», en Revista Argentina de Derecho Concursal, n.5, 26/8/2013, IJ-LXIX-137, http://www.ijeditores.com.ar.

(24) USANDIZAGA, Manuel: «El alcance del fuero de atracción en el salvataje de las entidades deportivas», DJ 8/4/2015, 34.

(25) GERBAUDO, Germán E.: «El fuero de atracción en el proceso concursal de salvataje de entidades deportivas (art. 13 de la Ley 25.284). Importantes consideraciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», LL Online, AP/DOC/89/2014.

(26) PERALTA MARISCAL, Leopoldo L.: «Ley 25284: Régimen fiduciario de administración de entidades deportivas en crisis económica con concurrencia concursal», en LL Online, 0003/009154; y Rubín, Miguel E., «Ley especial de administración de entidades deportivas con dificultades económicas», ED 190-705.

(27) TACHELLA, Diego: «Régimen legal de la insolvencia de entidades deportivas», en elDial.com – DC21BB.

(28) USANDIZAGA, Manuel: «El alcance del fuero de atracción en el salvataje de las entidades deportivas», DJ 8/4/2015, 34.

(29) CNCiv: sala G, 16-10-2008, LL Online, AR/JUR/9817/2008.

(30) CNCom: sala D, 13-11-2006, LL 2007-C-55.

(31) JCCCor: 13.ª Nom., 28-12-2004, LL Online 35000926.

(32) CSJSF: 15/8/2007, LL Litoral 2007 (noviembre), p. 1089.

(33) CSJN: 10/12/2013, LL 2014-B, 465.

(34) Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 16 de la Plata, «Banegas, Héctor Gabriel y otros c/ Racing Club Asociación Civil s/ Quiebra s/ Incidente», 14/9/2007, en CRESPO, Daniel, y FREGA NAVÍA, Ricardo (dir.es): Cuadernos de Derecho Deportivo, N.os 8 y 9, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, pp. 235 y 236.

(35) USANDIZAGA, Manuel: «El alcance del fuero de atracción en el salvataje de las entidades deportivas», DJ 8/4/2015, 34.

(36) CSJN, 2/9/2014, LL Online, AR/JUR/77533/2014.

(37) Usandizaga, Manuel: «El alcance del fuero de atracción en el salvataje de las entidades deportivas», en DJ 8/4/2015, 34.(38) TACHELLA, Diego H.: «Alcances de la Ley 26.723 (modificatoria de la Ley 25.284 relacionada con el régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas)», en DJ, 4/7/2012, 101.

(39) GERBAUDO, Germán E.: «El fuero de atracción en el proceso concursal de salvataje de entidades deportivas (art. 13 de la Ley 25.284). Importantes consideraciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», en LL Online, AP/DOC/89/2014.

(40) USANDIZAGA, Manuel: «El alcance del fuero de atracción en el salvataje de las entidades deportivas», DJ 8/4/2015, 34.

(41) DI TULLIO, José A.: «Fideicomiso para entidades deportivas», RC D 3079/2012.

(40) RINESSI, Antonio J.: «Insolvencia de las asociaciones y fundaciones. El caso de las entidades deportivas», RC D 765/2012.

(43) VÁSQUEZ, Rafael D.: «Régimen especial de administración de entidades deportivas con dificultades económicas», MJD4381.

(44) DI TULLIO, José A.: «La renovación del plazo de vigencia del fideicomiso de entidades deportivas», en DJ, 6/9/2006, 14.

(*) Abogado, UCA Rosario. Ayudante de las cátedras de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil y Comercial, UCA Rosario. Auxiliar, Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.