La infracción por arrojar agua limpia a la vía pública, no constituye título hábil para ser ejecutado por vía de apremio

Partes: Municipalidad de Rafaela c/ Monjes Ariel s/ apremio

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia de Circuito de Rafaela

Sala/Juzgado: 5

Fecha: 24-jul-2017

Cita: MJ-JU-M-108199-AR | MJJ108199 | MJJ108199

El acta de infracción por arrojar agua limpia a la vía pública, prevista en el art. 27 del Código Municipal de Faltas, no constituye título hábil para ser ejecutado por vía de apremio.

Sumario:

1.-Corresponde desestimar la acción ejecutiva intentada por la Municipalidad, puesto que el título traído a ejecución no es hábil para el fin perseguido ni pretendido, toda vez que, en modo alguno puede pretenderse llevar adelante la ejecución de un crédito originado en una sanción correspondiente al ejercicio del poder de policía local, y aplicada por el juez administrativo, sin acompañar al menos el testimonio de la Resolución que impuso la multa cuyo cobro se pretende y si bien la actora solicitó autorización para conservar la documental original arrimada en copia, lo cierto es que no obra en la causa siquiera copia simple de la resolución administrativa que impuso la multa.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

RAFAELA, 24 de Julio de 2017

Y VISTOS: Estos caratulados Expte. 1914 Año 2013- “MUNICIPALIDAD DE RAFAELA c/ MONGES, ARIEL RODRIGO s/APREMIO, CUIJ 21164764475” de trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia de Circuito N°5 de Rafaela, de los que RESULTA:

1) Que la Municipalidad de Rafaela, por intermedio de apoderados, promueve a fs. 9 y vto. apremio fiscal contra ARIEL RODRIGO MONGES tendente al cobro de la suma de Pesos Cuatrocientos Setenta y Tres con 10/100 ($473,10) con más el incremento por actualización previsto por la Ordenanza Municipal, sus modificatorias y Código Tributario en virtud del acta de infracción N°403005 (que obra a fs. 5), trayendo como título ejecutivo la liquidación que obra a fs. 8 de donde -dice- surge la deuda reclamada y que deberá ser tenida como parte integrante de la demanda.

2) Proveída la demanda y emplazada la accionada a fs. 10, ésta comparece a fs. 14 y vto, también mediante letrada apoderada.

3) En su escrito de comparendo la demandada formula una oposición a la tasa de interés aplicada, sosteniendo que la utilizada por la actora en la multa que pretende cobrar duplica prácticamente la admitida judicialmente, a saber Tasa Activa Banco Nación Argentina o promedio entre la activa y la pasiva, pero además que integra el título con esos intereses que resultan excesivos y confiscatorios violando su derecho de propiedad.

En consecuencia de ello, opone excepción de inhabilidad de título sosteniendo que el título ejecutivo traído no es idóneo jurídicamente, porque entre los conceptos que obran en el mismo se calculan intereses que no son exigibles, puesto que no son consentidos ni pactados por las partes sino arbitrariamente impuestos y excesivamente altos, por lo que dice falta el requisito extrínseco de admisibilidad de la pretensión, esto es, no hay una deuda de cantidades líquidas y exigibles de dinero. Citando jurisprudencia, concluye la excepcionante que la acción intentada es improcedente.Funda su postulación en derecho.

4) Ordenado el traslado de la excepción a fs. 21, la ejecutante lo contesta a fs. 22 y vto solicitando el rechazo de la excepción. A Fs. 23 se declaró la cuestión como de puro derecho y firme que se encuentra el llamamiento de fs. 26 vto, éstos se encuentran para resolver CONSIDERANDO:

1) Que el proceso ejecutivo, por su propia naturaleza, es el que exige mayor apego a las formalidades impuestas por la ley y, entre ellas, en modo muy especial, el requisito de la preexistencia de un título hábil, porque allí descansa la justificación del cercenamiento de las medidas defensivas que impone al demandado en beneficio de una pronta actuación del derecho del acreedor, por lo que corresponde examinar de oficio la ejecutividad del título, teniendo el juez por lo menos dos oportunidades para hacerlo: al dictar el auto del solvendo y al sentenciar .

2) Que si bien en autos la ejecutada formuló una oposición a la tasa de interés aplicada por la ejecutante por ser “excesiva y confiscatoria” -dijo- y, en base a ello, interpuso excepción de inhabilidad de título, es deber del judicante hacer un exhaustivo control sobre la admisibilidad de la vía ejecutiva intentada, aún hasta desentendiéndose de los términos en que quedó trabada la litis al oponerse y contestarse las excepciones, ya que -como se ha dicho con total acierto “el juez debe comprobar la presencia de todos los requisitos del título ejecutivo, examinando minuciosamente el instrumento con que se deduce la acción y aún puede declarar de oficio la inhabilidad al dictar sentencia, aunque el ejecutado no haya opuesto la excepción pertinente, ya que las circunstancias de que al comienzo se haya despachado favorablemente la demanda ejecutiva, no obsta para que, posteriormente, al dictar sentencia y apreciando todos los antecedentes de la causa, el juez se pronuncie rechazando la acción, pues no debe confundirse los actos procesales de conocimiento, necesarios para la formación del proceso, con el pronunciamiento judicial de admisibilidad y valoración finalde la acción [LL 186-472]. Se trata de un verdadero deber funcional del órgano jurisdiccional: ‘el juez tiene el deber de examinar nuevamente el título invocado y verificar la concurrencia de los demás recaudos, y sólo en caso afirmativo mandará llevar a delante la ejecución’ [Arazi, Rolan y Rojas, Jorge “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los Códigos Provinciales”, T° II, 2001, Rubinzal-Culzoni, pag. 751]”

3) Dicho ello, adelanto que desestimaré la acción ejecutiva intentada por la Municipalidad de Rafaela, puesto que -luego de un detenido y exhaustivo análisis de la cuestión- encuentro que el título traído en ejecución no es hábil para el fin perseguido ni pretendido. Me explayaré sobre ello seguidamente.

4) En primer orden de ideas, debo decir que el título traído en ejecución no es hábil para el cobro de la deuda por la vía pretendida por no reunir las condiciones legales especiales establecidas por la ley 5066 para ese fin.

La actora pretende la ejecución de la liquidación arrimada, y que obra en original a fs. 8, originada en acta de infracción N°403005 por la comisión del demandado de la falta de “arrojar agua limpia a la vía pública”, prevista en el art. 27° del Código Municipal de Faltas (D.L. N°5088, t.o. Con Ords. Nros.2506, 3665, 4095 y 4776).

Para ello -como dije- trajo una liquidación comprensiva de capital adeudado por la multa impuesta ($320) e intereses ($153,10) y en su demanda hizo expresa mención a que la Municipalidad de Rafaela es acreedora del demandado y que “el importe de la deuda surge de la liquidación que se adjunta, debidamente rubricada, la cual deberá tenerse como parte integrante de la presente demanda” [sic]. De modo que no cabe duda alguna de que el título en ejecución según la accionante es la liquidación mencionada, la que -siempre según sus dichos- forma parte integrante de la demanda, entendiendo que es título suficiente para la vía intentada.

Pues bien, la liquidación de fs. 8 no es título hábil ni suficiente para ejecutar la deuda por la vía de apremio fiscal prevista en la ley provincial 5066.

5) Es que si bien es cierto que la ley 5066, que regula el procedimiento para el cobro de los créditos fiscales municipales y comunales, determina en su art. 6 que será título ejecutivo suficiente: (a) la liquidación de deuda expedida por los funcionarios autorizados al efecto; y (b) el original o testimonios de las resoluciones administrativas de las que resulte un crédito a favor de las municipalidades o comunas, corresponde advertir -siguiendo en esta línea al colega de Primera Instancia de Ejecución de Circuito de la 2° Nominación de Rosario, Dr. José Luis R. Sedita, que la norma establece dos tipos diferentes de títulos ejecutivos capaces para promover los apremios en cuestión, para supuestos -también- diferentes de deudas fiscales.

Para algunos tipos de deudas fiscales será suficiente título la liquidación expedida por los funcionarios autorizados al efecto, pero para otros sólo será hábil el original o testimonio de las resoluciones administrativas de las que resulten un crédito a favor de la actora.

Y debo destacar -con apoyo en destacada jurisprudencia- que “el art.6 de la ley 5066 no prevé dos ‘títulos ejecutivos’ de uso indistinto, según elección del ejecutante, sino que señala cuál es el ‘título ejecutivo suficiente’ según la causa o fuentes de las cuales emana el crédito que se pretende ejecutar.” Los distintos títulos previstos en el art. 6° de la ley 5066 no pueden usarse alternativamente y por mera discreción o elección por los órganos del Estado. Para cada tipo de deuda fiscal habrá un sólo tipo de título ejecutivo suficiente a los efectos del apremio fiscal de la ley 5066

6) La práctica -sostiene Chiappini- indica que la modalidad prevista en el inciso A del art. 6° de la ley 5066 es la más común en la materia, y refiere a las liquidaciones confeccionadas por el organismo estatal para el cobro de tasas municipales, contribución por mejoras y todo otro tributo. Agrega que el término tributo es de carácter genérico y ello significa: todo pago o erogación que deben cumplir los sujetos pasivos de la relación tributaria, en virtud de una ley formalmente sancionada pero originada en un acto imperante, obligatorio y unilateral creada por el Estado en uso de su potestad y soberanía. Y dentro de ellos se encuentran, técnicamente, los impuestos, tasas y contribuciones por mejoras.

Que respecto de dichas deudas fiscales -llamémosle- “tributarias”, la justificación de que sea suficiente título ejecutivo la liquidación de deuda expedida por los funcionarios autorizados al efecto (art. 6, inc. A, ley 5066) estriba no sólo en que “las liquidaciones de deudas emergentes de impuestos -y por ello nacidas de la ley, sin intervención del obligado en tanto fueron extraídas de libros fiscales y autorizadas por el encargado de llevarlas, las que de conformidad con el art. 979, inciso 5, del Código Civil constituyen instrumentos públicos, poseen igual que las escrituras mencionadas en el art. 249, inciso 3°, ley 50, el carácter de título ejecutivo con arreglo a lo dispuesto por el art.248 de dicha ley, toda vez que cuenta con la verosimilitud propia de los mismos” , sino fundamentalmente porque el certificado es autosuficiente, ya que se integra con la ley u ordenanza creadora de la tasa, impuesto, derecho o contribución -que se presume conocida por todos- y la liquidación de deuda, que surge de los libros fiscales en relación a un determinado hecho imponible (art. 2, ley 8173) y a un determinado contribuyente (arts. 8 y 9, ley 8173), conforme las mencionadas normas.

En lo que a deudas fiscales municipales refiere, es el propio Código Tributario Municipal (ley 8173) el que echó luz al respecto. En efecto, el art. 1° del Código Tributario delimita su ámbito de aplicación exclusivamente a las tasas, derech os y contribuciones y su artículo 63 establece que para el apremio de deudas fiscales -mencionadas en su artículo 62 servirá de suficiente título la liquidación expedida por el Municipio y de acuerdo con el trámite señalado en las leyes provinciales 2127, 5066.

Es decir el título previsto en el inciso A del art. 6, ley 5066, está reservado sólo para las deudas fiscales tributarias, mas -como veremos- no para aquellas deudas que resultan o emanan de resoluciones recaídas en un proceso administrativo, como las derivadas de conductas reprochables y sancionadas de las que resulte un crédito a favor de las Municipalidades.

7) Para estas deudas fiscales no tributarias, originadas por caso -como en el sublite- en faltas o contravenciones municipales, el título ejecutivo suficiente para el apremio fiscal es original o testimonio de las resoluciones administrativas de las que resulte un crédito a favor de la actora (prevista en el inciso B del artículo 6, ley 5066), que deberá haber alcanzado ejecutoria.

Como bien lo resaltó la Cámara de Circuito de Rosario en el fallo citado, el art.6° de la ley 5066 es sabio al marcar la distinción de títulos con virtualidad ejecutiva, según sus fuentes sean las cuentas fiscales o una decisión administrativa, y dijo sabio porque en ello juega la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Tal como lo indicó esa Cámara, debe observarse que, “según sea una u otra fuente, cambia el funcionario competente (en un caso el responsable encargado de las cuentas, en el otro el Juez administrativo o quien haga sus veces conforme a la normativa aplicable); cambia la naturaleza de la obligación (en un caso es un impuesto, tasa o derecho y en el otro es una multa); cambia el sujeto obligado (en un caso es el contribuyente -arts. 8 y 9 ley 8173- en el otro el infractor); cambia la causa del crédito fiscal (en un caso es la determinación de un crédito en base al hecho imponible que recoge la ley y en el otro es la comprobación y juzgamiento de una infracción a la ley); cambia la exigibilidad del crédito que, en un caso, está dada por la realización o existencia del hecho imponible en sí mismo y en el otro por la ejecutoria de la resolución que impone la multa.” Esas diferencias -coincido en esto con la Cámara de Circuito de Rosario- ameritan un título ejecutivo diferente, cuya autosuficiencia garantice adecuadamente el ejercicio del derecho constitucional de defensa en juicio, lo que no ocurre con la liquidación de deuda de fs. 8 por multa a consecuencia de la falta constatada por acta N°403005 de fs. 5.

8) Siendo así, en modo alguno puede pretenderse llevar adelante la ejecución de un crédito originado en una sanción correspondiente al ejercicio del poder de policía local, y aplicada por el juez administrativo, sin acompañar al menos el testimonio de la Resolución que impuso la multa cuyo cobro se pretende. Reitero que en autos, si bien la actora solicitó a fs.9 autorización para conservar la documental original arrimada en copia, lo cierto es que no obra en la causa siquiera copia simple de la resolución administrativa que impuso la multa.

9) Es por tanto que, por aquello de que nulla executio sine titulo, la acción por la vía de apremio fiscal intentada no puede prosperar, resulta inadmisible. Ello, no obstante, no impide que la Municipalidad accionante intente el cobro de la deuda aquí reclamada por la vía ordinaria, tal como lo permite el art. 483 CPCC. De cualquier modo, y siendo que con la presente resolución se modifica el criterio que venía sosteniendo este Juzgado -con sus anteriores integraciones- en el tema en cuestión, es menester que la Municipalidad de Rafaela, dada la gran cantidad de demandas de similar naturaleza al del sublite que incoa ante este Juzgado, tome los recaudos necesarios para evitarse los perjuicios de resoluciones adversas por no acompañar título ejecutivo suficiente.

10) No obstante todo lo dicho, me permito hacer una digresión final referente a los intereses “incorporados” a la liquidación de fs. 8 que se pretendió ejecutar en el sublite. Más allá de cómo los cuestionó la ejecutada (por ser “excesivos”), debo decir que -en rigor- no escapan a los valores razonables y admisibles en cualquier decisión judicial .

De todos modos, la incorporación de los mismos a la liquidación de fs. 8 también resultaría inadmisible, para el hipotético supuesto en que la liquidación de fs. 8 fuese título suficiente. Es que para la falta o contravención constatada a fs. 5 (“arrojar agua limpia a la vía pública”, prevista en el art. 27° del Código Municipal de Faltas (D.L. N°5088, t.o. Con Ords. Nros. 2506, 3665, 4095 y 4776) no existe normativa alguna que habilite la aplicación lisa y llana de una tasa de interés, sino que a la misma la deberá fijar el juez al momento de ordenar llevar adelante la ejecución, si correspondiere.En efecto, esos intereses no resultarían “deuda exigible”, ya que los mismos no surgen de normativa alguna y mucho menos hay constancia en autos de que en la determinación de los mismos en el procedimiento administrativo previo tuvo participación y posibilidad de contralor el infractor. Al respecto no podrá sostenerse o argüirse válidamente que esos intereses surgen de las Respectivas Ordenanzas Tributarias , puesto dichas ordenanzas sólo prevén legalmente la aplicación de una determinada tasa de interés por mora para “los derechos/tasas, Contribuciones, anticipos, recargos, multas por infracciones de tránsito y demás tributos”, pero no para las faltas o contravenciones municipales previstos en el Código Municipal de Faltas en su Parte General (Dec. Ord. 3.686, t.o. con Dec. Ords. Nros. 4.597 y 6.000 y Ords Nros. 3.666 y 4.586) o en su Parte Especial (Dec. Ord. 5.088, t.o. con Ords. Nros. 2.506, 3.665, 4.095, 4.776).

Consecuentemente, la deuda por intereses conforme fue liquidada, no resultaría exigible.

Así pues, como lo ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia: “el máximo Tribunal de la Nación ha señalado que la regla según la cual en el juicio de apremio no se pueden discutir aspectos sustanciales de la obligación “no pueden llevar a admitir una condena cuando falta alguno de los presupuestos de la acción ejecutiva, como es la exigencia de deuda exigible y ello resulta manifiesto en autos” (cfr. C.S.J.N. Fallos:278:346; 294:420; 298:626; 302:178; 318:1151 ; 327:4791 , entre otros). Y que no pueden ser consideradas como sentencias válidas los pronunciamientos de los tribunales inferiores que omitan absolutamente tratar la defensa mencionada, toda vez que aquélla ha de gravitar fundamentalmente en el resultado de la causa (cfr. C.S.J.N.Fallos:266:29; 295:190; 299:32; 303:874, entre otros). Y, en este punto esta Corte ha señalado la importancia de destacar que la incursión en el proceso de gestación del título, no se lleva a cabo para evaluar la legitimidad causal de la obligación -cuestión invalorable en el juicio ejecutivo- sino para corroborar el cumplimiento de las formalidades que regulan la formación del título (cfr. criterio de “Comuna de Hersilia”, A. y S. T. 240, pág. 204). De tal forma el examen del título tiende no sólo a asegurar las formas extrínsecas sino que debe asimismo abarcar las circunstancias de haberse o no observado el procedimiento que la ley impone como previo a su exigibilidad, lo cual de modo alguno significa -se reitera- avanzar sobre la causa de la obligación” (“Comuna de Hersilia”, cit.).” 12) Las costas, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 251 CPCC), serán impuestas a la actora ejecutante.

Por todo ello, y por lo establecido en los arts. 6 inc. B, 25 ss y cc. De la ley 5066, arts. 480 ss y cc CPCC RESUELVO:

1) Rechazar la ejecución, en virtud de la inexistencia de título hábil al efecto.

2) Imponer las costas a la Municipalidad de Rafaela actora (art. 251 CPCC). 3) Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto, se dé cumplimiento a las disposiciones de la Resolución AFIP 689/99, acompañando los profesionales intervinientes las correspondientes constancias de inscripción fiscal. Archívese el original, agréguese copia y hágase saber.

GUSTAVO F MIE

DIEGO M GENESIO

Secretario Juez