Rosario y su virtual prohibición del glifosato: Análisis jurídico

Autor: Marchiaro, Enrique J.

Fecha: 16-feb-2018

Cita: MJ-DOC-12370-AR | MJD12370

Doctrina:

Por Enrique J. Marchiaro (*)

Años atrás, dijimos en estas páginas: «Es mejor un acuerdo mínimo sobre el que todos estemos de acuerdo que quedarse con la razón propia y no lograr ningún avance. Los acuerdos mínimos no son eternos, porque nuevos conocimientos determinarán correcciones».

Lo ocurrido en la ciudad de Rosario en noviembre del año 2017 es una muestra de ello, pues en pocos días, el Concejo Municipal dicta una ordenanza de prohibición general del glifosato para volver sobre sus pasos.

En primer lugar, la ordenanza era de conocimiento restringido, pues ni los especialistas en estos temas logramos acceder a la misma. Luego se debía esperar 10 días hábiles para que la Intendencia de Rosario analizara la norma y la promulgara haciéndola efectiva o bien la vetara por diversas razones, fueran técnicas o de criterio político.

Por ello decimos «prohibición virtual», pues ahora se está en un «impasse» técnico, una especie de limbo jurídico, donde la norma sigue votada y corriendo el plazo para su análisis, pero por otro lado el mismo Concejo dice que dictará otra ordenanza. No parece muy serio que un tema tan delicado se trate de este modo, máxime en la capital argentina de la soja.

La ordenanza aplicó el principio precautorio de la Ley general del Ambiente 25.675 que establece lo siguiente: «Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente».

Esto es un tema debate, pero también no se ha escuchado si el municipio es competente o no para una prohibición general.En mi libro «Soja y Derecho Municipal Ambiental» del año 2011, he desarrollado en detalle esta cuestión, pues estoy convencido de que los municipios y comunas tienen mucho para hacer, pero claro, dentro de su competencia y con el mayor grado de análisis y fundamentos posibles.

«Los municipios argentinos no pueden prohibir de modo general el uso de agroquímicos en todo el territorio, sino solo en las zonas urbanas y periurbanas». Las pocas excepciones que hay en la materia -apenas 3 o 4- tienen que ver con municipios pequeños que tienen usos de la tierra previos que no permiten la convivencia con los agroquímicos, sea por razones turísticas (Villa de Merlo) o agronómicas (zonas apícolas).

No hay mayor debate técnico en la zona rural, pues allí el principio que prima es el agronómico, que obvio tiene que equilibrarse con el ambiental y el sanitario. Pero en los usos rurales y con los debidos controles, no tiene por qué haber contaminaciones que pongan en riesgo a la salud y a la diversidad. ¿O sí?

Ese es el punto, no está para nada claro que la escala que usa la Argentina de agroquímicos -no solo el glifosato- de modo silencioso va degradando numerosos aspectos de la naturaleza e incluso del ser humano. Sin embargo, lo hace de un modo igual al de otras actividades industriales o humanas.

Porque el problema de fondo es este: hoy hay numerosas actividades que, poco a poco, son nocivas, pero parecen imprescindibles. Y nadie plantea la cuestión en estos términos.

Los planteos son de «máxima» desde un sector productivo y desde los sectores ambientales y sanitarios. Y en el medio, hay una gran franja de posibilidades que no se explora siempre y, además, hay una gran cantidad de personas y entidades «que no militan» por una u otra causa, sino que trata de entender de qué se habla.

«Como se ve, la grieta está en todos lados». Y es así, pero este es un problema de la sociedad actual en todo el mundo:todos toman posiciones por algo, pero pocos se interesan por conocer primero. Además, hay fenómenos que cuando se los conoce, ya fenecieron o están instalados y no podemos hacer nada.

Volviendo al tema de Rosario, la ordenanza aplica el principio precautorio, pero no sabemos si de modo «temporal», que es lo que también debe realizarse en esta materia: a medida que se dan más estudios y controles se evalúa y se va corrigiendo. Ejemplo de ello es el famoso fallo San Jorge, donde la Justicia primero ordenó la veda de agroquímicos en un radio de 800 metros y luego lo fijó en 500 metros.

En Rosario, además, se prohibió de tal modo que llegó a lo rural, afectándose alrededor de 300 hectáreas que son insignificantes en la escala. El tema -como dicen los actores agropecuarios más importantes- es simbólico o de ejemplo.

Lo que no sabemos -y no es menor- es qué usos de la tierra hay en Rosario en las zonas periurbanas y en qué dimensiones, cuestión que dudo la ordenanza haya fijado, pues de otro modo se hubiese mantenido la misma al tener un fundamento de «ordenamiento territorial» elemental.

Es que el gran debate en esta materia debe ser en lo periurbano, donde sí hay que aplicar el principio precautorio desde lo local y desde lo provincial. Hasta hace pocos años, se debatía si eran necesarias las líneas protectorias. «Hoy no se discute la necesidad de las líneas, sino cómo se las debe implementar».

En el medio del debate que esta norma ha generado, fue el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR -Guillermo Montero- una de las pocas voces equilibradas, cuando dice lo siguiente:«La discusión no pasa solo por un producto; lo que necesitamos es pensar la agricultura de otra forma (…). Es complicado opinar, si decimos que no nos consultaron, parece que quisiéramos justificar que el glifosato no hace nada y que el actual modelo productivo es sustentable y lejos estamos como institución de pensar eso (…). Avanzar hacia otro modelo agropecuario incluye, por ejemplo, volver a tener ganadería en la Pampa, ya que sus efectos “son esenciales para la sustentabilidad de estos ecosistemas”, y también pensar una agricultura diferente en los periurbanos. Esa es nuestra posición».

»Eso no quita que piense que el glifosato es agua de colonia La Franco. La prueba de la toxicidad de los productos en la medida que va avanzando la ciencia va cambiando y es irrefutable, hay productos que se usaban hace años y que después de determinados estudios científicos se han dejado de usar en función de los daños que producen en la salud», sostuvo. Y agregó que «por eso, en caso de dudas sobre un producto, debe aplicarse el principio precautorio».

El derecho es uno de los ámbitos que participa en estos debates y lejos está de ser el que tenga la última ni la principal palabra. En todo caso, nuestra disciplina es una mesa donde se expresan diversos saberes y los actores de este proceso (estatales, privados y sociales).

Está muy claro que, sin un acuerdo de tres perspectivas, es imposible siquiera comprender de qué hablamos: «la visión agronómica, la ambiental y la sanitaria están obligadas a dialogar y llegar a mínimos comunes». Luego vendrán los controles y las sanciones, pero sin esta visión de conjunto previa carece de sentido cualquier esfuerzo.

El derecho argentino acompaña estas tres visiones.Ellas se dan a su vez en tres ámbitos competenciales (nación, provincia, municipios y comunas), pues los tres tienen diversas responsabilidades en la cuestión.

Nación dictando leyes o resoluciones básicas que rotulan los productos (siguiendo criterios técnicos internacionales), las provincias regulando su uso y control (fijando allí los límites básicos de fumigación) y los municipios regulando básicamente dónde empieza la línea protectoria y, en algunos casos, pudiendo fijar mayores restricciones si el caso lo justifica.

Un acuerdo mínimo -que tendrá que fijar alguna pauta en metros concretos de prohibición- implicará controles también concretos y algo que finalmente no puede quedar sin resolver: la necesidad de controles ambientales y sanitarios por organismos competentes, que es lo que sigue faltando.

Aclaración «ex post»: Pocos días después, la Intendencia de Rosario manifiesta que no vetó la ordenanza, pero envió una declaración al Concejo diciendo que no aplicará la ordenanza por cuestiones técnicas, similares a la planteada en la presente nota.

Dicha «manifestación» y sus alcances serán motivo de otra nota del autor.

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(*) Abogado, UNL. Doctor en Ciencias Jurídicas, UC Santa Fe. Docente de posgrado, UNL y UNQ. Miembro correspondiente del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Autor de diversas publicaciones y libros sobre derecho municipal.

N. de la R.: Artículo publicado en la Revista Nuestro Agro, en diciembre de 2017.