Procede el reintegro de los gastos médicos derivados de una intervención en un centro asistencial que no estaba en la nómina de prestadores de la demandada

Partes: Castellari Juan Carlos c/ Centro Asistencial de la Asoc. Médica del dpto. Castellanos y/u otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta circ.

Fecha: 14-sep-2017

Cita: MJ-JU-M-108216-AR | MJJ108216 | MJJ108216

Procede el reintegro de los gastos médicos derivados de una intervención en un centro asistencial que no estaba en la nómina de prestadores de la demandada.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar al reintegro al actor de la totalidad de los gastos incurridos por diversas intervenciones a las que fue sometido en un sanatorio que no estaba en la nómina de prestadores de la demandada, pues se encuentra acreditado que utilizó en ocasiones anteriores dicho centro asistencial y que ello no solo fue tolerado por la demandada sino que aquella reintegró totalmente (o casi) los gastos afrontados por dicha atención.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, a los 14 días del mes de septiembre de 2017, se reúnen los Jueces de esta Cámara, integrada por los Dres. María Eugenia Chapero, Aldo Pedro Casella y Santiago Andrés Dalla Fontana (fs. 1360) para resolver los recursos interpuestos contra la resolución dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito Nº 5, en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, en los autos: C., J. C. C/ CENTRO ASISTENCIAL DE LA ASOC. MÉDICA DEL DPTO. CASTELLANOS Y/U OTROS S/ ORDINARIO, EXPTE. N° 110 AÑO 2012, conforme la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de fecha 30 de noviembre de 2016 (fs. 1352/1356) recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la actora (Expte. C.SJ. CUIJ N°: 21-00509833-2) que anuló la sentencia de Cámara de fecha 05/12/13 (fs. 1292/1297). Acto seguido, el Tribunal establece el orden de votación conforme con el estudio de autos: Dalla Fontana, Chapero y Casella, y se plantean para resolver las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia?

Segunda: Caso contrario, ¿Es justa?

Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión el Dr. Dalla Fontana dijo: el recurso de nulidad no ha sido sostenido en esta Alzada por la recurrente, y no advirtiendo vicios graves que ameriten su tratamiento de oficio, voto por la negativa.

A la misma cuestión, los Dres. Chapero y Casella votan en igual sentido, coincidiendo con el Dr. Dalla Fontana.

A la segunda cuestión, el Dr. Dalla Fontana dijo: la sentencia de Primera Instancia (fs. 1240/1244 vta.) hizo lugar a la demanda y en consecuencia condenó a la demandada a abonar a la actora la suma de $ 43.910,67 en concepto de reintegro de gastos médicos con más intereses desde su erogación por parte del Sr. C.; y $ 15.000 en concepto de daño moral, con más intereses desde la fecha del fallo.Impuso también las costas a la accionada.

Para así decidir la a-quo sostuvo que la interpretación de las cláusulas de los contratos de medicina prepaga que limitan responsabilidad debe hacerse restrictivamente por encontrarse en juego la protección de la salud pública y la vida de las personas; y que se trata de un contrato de adhesión y de consumo. Estableció que no estaba controvertido que C. se hallaba afiliado al “Plan Dorado” del “Centro Asistencial” y que padeció un adenocarcinoma de páncreas. Sostuvo que quedó confesado fictamente que el Centro Asistencial admitía que sus afiliados se atendiesen con prestadores no integrantes de la Red Argentina de Salud, como lo era el Sanatorio Parque de Rosario; que las intervenciones quirúrgicas practicadas a C. no eran prácticas irrazonables o extraordinarias como parte de un tratamiento para el cáncer de páncreas; y que en función de los costos medios de plaza en 2006 era razonable el pago de $ 68.505,45. Valoró el testimonio del médico tratante, Dr. Acevedo, quien se pronunció por la necesariedad de efectuar a C. la operación que se le llevó a cabo luego en el Sanatorio Parque, y sostuvo que la demandada no demostró que las intervenciones no se hayan ajustado a lo que la ciencia médica aconsejara. La a-quo también entendió que de conformidad con el P.M.O.E. vigente el 100% de los medicamentos oncológicos se hallaban cubiertos y que por todo lo analizado correspondía el reintegro al actor de la totalidad de los gastos incurridos por las intervenciones en cuestión, habiendo C. acreditado el pago de las erogaciones reclamadas, por un total de $ 43.910,67, a lo que correspondía adicionar intereses. En cuanto al daño moral, “en razón del sufrimiento del actor al verse abandonado a su suerte pese a tener contratado el servcicio de atención médica por medio de su prepaga.a lo que se agrega la angustia y expectativa por desconocer si iba a obtener el reintegro de lo gastado.”, fijó el anterior la suma de $ 15.000 a la fecha de la sentencia, con más intereses desde la misma.

La sentencia disconformó a la Asociación Médica del Departamento Castellanos (de ahora en más “Centro Asistencial”) y la apeló, concediéndosele el recurso en su oportunidad (fs. 1249). En esta sede lo funda.

Achaca a la a-quo haberse concentrado sólo en la posición de la actora, despreciando los argumentos de su parte. Alega que no está en tela de juicio en este caso la protección de la salud ni la cobertura, pues el conflicto es estrictamente económico, y se agravia porque el fallo trató al mismo como si fuera un reclamo por incumplimiento de prestaciones. Aduce que fue un error de la sentenciante haberse apoyado en la ley de defensa del consumidor cuando no está en juego la cobertura de las prestaciones, ya que se trata de un reclamo por cobro de pesos (repetición de lo pagado a un prestador no relacionado con la apelante) y no por prestaciones de salud. Se queja porque la juzgadora denegó validez a la primacía de la voluntad de las partes, sin fundamentación razonable, no bastando para ello que se tratase de cláusulas predispuestas. Argumenta que el sistema de salud se sostiene únicamente si se desarrolla de manera controlada y con distribución equitativa. Expresa que su parte “se resignó” (fs. 1267) a la voluntad del afiliado de hacerse asistir por quien no es prestador de aquélla, pero pretendió a cambio que quien había renegado de las reglas (C.) soporte la diferencia de costo que le cobró el no prestador del Centro Asistencial. Manifiesta que sólo de esa manera puede funcionar el sistema prestacional sin desmedro a los demás afiliados, pues debe conocer de antemano el costo de las prácticas que debe afrontar.Esgrime que es abusiva la pretensión de la actora de recuperar el costo de la cobertura que eligió arbitrariamente, fuera de los prestadores relacionados con la quejosa. Memora que en el reglamento reconocido por el demandante se le explicitaron al afiliado las condiciones de cobertura a través de las redes vinculadas al Centro Asistencial, no estando admitidas las prestaciones por prestadores no indicados por dicho Centro. Se queja porque el decisorio en crisis consideró que la apelante no dio al reclamante una respuesta legítima. Insiste en que jamás se sometieron a juicio las prestaciones de salud que el actor obtuvo de un efector no prestador del Centro Asistencial, versando en cambio el litigio en torno al monto del recupero de lo que pagó en concepto de una obligación propia. Expone que se vio impedida de controlar el costo de las prácticas y se agravia por la condena a pagar $ 43.910,67, toda vez que no consta que dicho importe hubiera sido abonado efectivamente por el demandante, ni está claro si se tuvo en cuenta lo que se reintegró al afilidado. Se queja también por la admisión de intereses desde que la suma fue abonada pues no se sabe a ciencia cierta cuándo ello ocurrió ni, por sobre todo, hubo mora. Se agravia por otro lado por la admisión del rubro daño moral. Alude a su excepcionalidad en materia contractual, a que no se puede distinguir con certeza el origen de la angustia de C. (sugiriendo que lo fue su propia enfermedad terminal), y a que no hubo incumplimiento de parte de la recurrente. Entiende que la decisión ha sido arbitraria y carente de fundamentos jurídicos. A su vez, invoca que la cifra de $ 15.000 es desproporcionada y carente de sustento racional. Pide en fin la revocación de la sentencia y el rechazo de la demanda.

La actora replica los agravios de la recurrente a fs. 1276/1281 vta., bregando por su rechazo.Plantea que la expresión de agravios ha sido demasiado laxa e imprecisa y que la actividad probatoria del Centro Asistencial ha sido prácticamente nula. Discrepa en que en autos no haya estado en juego el derecho a la salud y que se trate de una cuestión estrictamente económica, invocando que el caso se inició en vida del Sr. C., quien en medio de su lucha contra el cáncer de páncreas debió soportar las reticientes y vacilantes respuestas de la accionada, ilustrando tal aseveración con el intercambio epistolar y con la postura asumida en el juicio por la prepaga. Argumenta que la ley de defensa del consumidor resulta aplicable a las relaciones entre un afiliado y su empresa de medicina prepaga y que además aquél tiene una doble protección por ser el beneficiario de un sistema de salud. Destaca que el Centro Asistencial terminó abonando -parcialmente- las prestaciones médicas brindadas al Sr. C. en la ciudad de Rosario, por lo que en virtud de la teoría de los actos propios avaló la elección del Sanatorio Parque por el actor, no pudiéndose alegar incumplimiento de su parte. Expone además que en otras ocasiones recibió reintegros por prestaciones médicas recibidas en el mismo Sanatorio Parque S.A., y que la publicidad hacía pensar que se otorgaba una cobertura integral de salud en todo el país, lo que no resultó cumplido. Afirma que la sentencia justifica de dónde surge el monto de condena y que es lógico que los intereses corran desde que los pagos fueron efectuados. Finalmente defiende la anterior decisión en cuanto condenó al pago de un monto en concepto de daño moral, sosteniendo que el fallo ha sido adecuadamente fundado, que el Centro Asistencial fue el causante de injustas angustias, lo cual ha sido avalado por los testigos.En cuanto al monto, expone que la suma de $ 15.000 ha sido extremadamente prudente.

Firme la integración del Tribunal y el pase a resolución, ha quedado la presente concluida para definitiva.

Para comenzar resulta menester destacar que, atento el decurso de la causa, este Tribunal debe someterse a las directrices sentadas por la Corte Suprema de Justicia Provincial al decidir el recurso de inconstitucionalidad, evitando caer en el vicio en que incurrió la anterior sentencia anulada: “A estar a la letra y al espíritu de la ley 7055 y dejando al margen los supuestos de los incisos 1° y 2° de ese cuerpo legal donde la Corte sienta “doctrina constitucional”, en la hipótesis del inciso 3°, el reenvío se efectúa precisando el vicio descalificante en qu e incurrió el tribunal de origen (vgr, haber prescindido de una prueba decisiva, no resuelve una cuestión planteada, etc.) y dejando libertad de juzgamiento al tribunal subrogante pero, claro está, limitando de ese modo la posibilidad de que el nuevo decisorio incurra en el mentado vicio descalificante”. (C.S.J. de Santa Fe, 7-7-93. “Gázquez, Juan Domingo y Torres, Juan Carlos s/ Homicidio y lesiones culposas s/Recurso de Inconstitucionalidad” A. y S. 101-315/326). De tal manera, se verifica que la Corte ha encontrado que la anterior sentencia de Cámara ha sido arbitraria por dos razones: a) contenía un fundamento dudoso y aparente para concluir que al actor le correspondía tan sólo el 50% de la cantidad reclamada en concepto de reintegro; y b) con base en manifestaciones puramente dogmáticas omitió analizar debidamente el rubro daño moral.

Sentado lo expuesto considero que la materia en debate entra indiscutiblementente en los ámbitos del derecho a la salud y de defensa del consumidor, en los cuales impera el orden público protectorio (arts. 42 y 75 inc. 22 C.N.; XI Declaración Americana DD.HH.; 12 P.I.D.E.S.C.; leyes 24.240, 23.660, 23.661, 24.455, 24.754, todas vigentes en el año 2006, cuando C.fue atendido en el Sanatorio Parque S.A.; P.M.O.). Sin embargo, también es cierto que la materia litigiosa ha quedado ceñida a si el monto reintegrado por el Centro Asistencial a su afiliado con motivo de las prestaciones recibidas en una entidad no prestataria de la Red Argentina de Salud ($ 24.594,98) ha sido suficiente, o si por el contrario el afiliado tenía derecho al reintegro total de lo oblado ($ 68.505,65) menos lo reintegrado por la demnadada. Con ello queremos decir que no se ha discutido en este juicio el derecho a recibir ciertas prestasiones de salud vinculadas al tratamiento del cáncer de páncreas (más allá de la errática postura asumida por la accionada en el intercambio epistolar prejudicial), sino que luego de trabada la litis la discusión tuvo que ver exclusivamente con el derecho al reintegro de gastos. Pero ello no implica que estemos fuera del ámbito del derecho a la salud ni de la tutela consumerista, pues aquella discusión deriva de la aplicación (reintegro de prestaciones) de un contrato de medicina prepaga habido entre una empresa prestadora de un servicio y un consumidor (arts. 1 y 2 de la ley 24.240; v. Lorenzetti, Ricardo Luis, La Empresa Médica, Rubinzal-Culzoni, año 1998, Santa Fe), donde las empresas del rubro, además de su carácter comercial, “en tanto ellas tienden a proteger las garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas – v. arts. 3° Dec. Univ. DD.HH.; 4° y 5°, Convención Americana DD.HH. y 42 y 75, inc. 22, Ley Fundamental-, también adquieren un compromiso social con sus usuarios” (C.S.J.N., 13/03/01, E., R.E. c. Omint S.A. De Servicios, del dictamen del Procurador General , L.L. 2001-B, 685).

Dentro de este contexto normativo no me parece abusivo que una empresa de medicina prepaga tenga una cartilla de prestadores para brindar cobertura a sus afiliados a nivel nacional, según se comprometió contractualmente y a través de la publicidad (fs.4). Así, el sistema de brindar las prestaciones de salud contratadas a través de la Red Provincial FEMESFE y de la Red Argentina de Salud cuando el afiliado se atiende fuera de los Departamentos Castellanos y San Cristóbal de esta Provincia (arts. 1 y 9 del Reglamento General de fs. 71/77 y 435/441) cumplía en mi opinión con lo reconocido fictamente por la accionada al no presentarse a absolver posiciones sin justa causa (art. 162 del C.P.C.C.), es decir con que el Centro Asistencial brindaba “asistencia médica nacional con acceso directo a sus prestaciones” (posición 3°, fs. 1008). Tal forma de prestación permite que la empresa se organice en base a una previsión de costos mediante aranceles pactados previamente con sus prestadores, conformando un sistema contractual o de contratos conexos (ahora previstos en los arts. 1073 a 1075 del C.C.C.N.), que en modo alguno vulnera los derechos del afiliado/consumidor, en la medida en que se cumpla con brindarle atención de la calidad comprometida a nivel nacional.

Ahora bien, no está controvertido que C. se atendió inconsultamente en el Sanatorio Parque S.A. de la ciudad de Rosario, el que no estaba en la nómina de prestadores del Centro Asistencial, pretendiendo luego el completo reintegro de lo pagado, lo que podría verse como un incumplimiento por parte del afiliado, tal como lo postula la recurrente. Sin embargo, hay pruebas que este proceder unilateral (con posterior pedido de reintegro) no sólo era tolerado por el Centro Asistencial, sino que en alguna ocasión precedente reintegró totalmente (o casi) los gastos afrontados por la atención en el mismo Sanatorio Parque S.A. En efecto, por un lado tenemos la confesión ficta de la 7° posición de fs. 1008 que dice: “Centro Asistencial admite que sus afiliados se atiendan con prestadores que no integran la R.A.S. (Red Argentina de Salud)”y por otro que la perito contadora ha verificado que el 31/05/05 a C.se le habían reintegrado $ 4.200 con motivo de un “Estudio electrofísico. Ablación por radiofrecuencia”, prestado por el Sanatorio Parque S.A. (fs. 1106). De ello debo colegir sin temor a equivocarme (y si hubiera alguna duda, en una interpretación favorable al consumidor, conforme el arts. 3 y 37 de la ley 24.240) que le estaba permitido a C. atenderse con no prestadores de la red, implementándose en ese supuesto un sistema de reintegro.

Ello me lleva a abordar la siguiente cuestión, cual es hasta que monto el Centro Asistencial se encontraba obligado a reintegrar. Nuevamente aquí entiendo que resulta razonable y en modo alguno abusivo que el tope hayan sido los aranceles reconocidos a centros integrantes o profesionales de la cartilla de prestadores de similar complejidad, en este caso de la ciudad de Rosario. De otra forma, o sea si el Centro Asistencial debiese reconocer cualquier suma abonada por el afiliado que optó por atenderse en un sanatorio no integrante de la red, se alterarían ilegítimamente los costos del sistema contractual de salud, en perjuicio de todos los participantes, incluso del resto de los afiliados. Este razonamiento no se ve alterado porque -como vimos- en 2005 la demandada pudiera haber reintegrado totalmente una prestación, ya que ello pudo haber tenido lugar por no haber superado los aranceles reconocidos en ese momento a los prestadores de la red.

Así las cosas, para tener éxito en su defensa pesaba sobre el Centro Asistencial demostrar convincentemente por qué reintegró $ 24.594,98 (fs. 1106) en lugar de los $ 68.505,65 pretendidos por la actora en base a la abundante documental presentada en autos, la mayoría reconocida (fs.1165 y ss.), máxime si para la apelante esta suma debía reputarse como “razonable” para el tratamiento del cáncer de páncreas, incluyendo la realización de dos intervenciones quirúrgicas (colesectomía con colocación de tubo de Kher y la gastroduodenopancreatectomía), debido a la confesión ficta de la posición 12°. En otras palabras, era el Centro Asistencial quien debía demostrar que los $ 24.594,98 reintegrados se fundaban en los topes arancelarios de los prestadores de la red porque era un hecho impeditivo que servía de base a su defensa y porque era quien contaba con fácil acceso a tal información (v. Gozaíni, Osvaldo A., Tratado de Derecho Procesal Civil, T. IV, Cap. LXXII La Carga de la Prueba, La Ley, 1° ed.).

Para hacerlo convincentemente debió al menos producir una pericia contable o un informe proveniente de una entidad neutral que analizara comparativamente las prestaciones facturadas y el tope de cada una de ellas, no resultando suficiente la documental en fotocopias presentada a fs. 889/923, carente de un examen pormenorizado como el que requería el caso. Los informes ofrecidos en los puntos 2.1, c) y 2.2) de fs. 1202 y vta. no fueron diligenciados y/o contestados, por lo que no contamos con elementos dirimentes al respecto. Por tanto, contituyendo tal prueba una carga de la hoy quejosa, su no producción

debe interpretarse como que el monto reclamado en autos no superaba los aranceles vigentes en la Red Argentina de Salud para las prácticas realizadas a C. De tal guisa ha de confirmarse lo resuelto por el a-quo en lo atinente al daño patrimonial, derivado del incumplimiento contractual (arts. 505 y cc. del Código Civil) consistente en la obligación de reintegro.

También corresponde confirmar el fallo en lo que respecta a los intereses que ha de devengar el monto a reintegrar, siendo ello una consecencia ineludible de la mora (art.622 del Código Civil). No obstante y en atención a lo que ha sido objeto de recurso, estimo que los mismos no deben devengarse desde que C. hizo cada pago sino desde el momento en que recibió cada reintegro parcial. Me explico: en autos hay constancias del pedido de reitegro de $ 15.961 mediante carta documento recibida por el Centro Asistencial el 24/11/06 (fs. 5 y vta.) y de $ 52.544,65 mediante carta documento recibida por la misma entidad el 15/01/07 (fs. 10 y vta.), lo que constituye la base del reclamo patrimonial. La demandada dio respuesta insuficiente al primer reclamo el 30/11/06 (emisión de orden de pago por $ 2.948,92) y al segundo el 30/01/07 (emisión de orden de pago por $ 21.646,06), según surge del dictamen de la perito contadora (fs. 1106). Se observa así que la recurrente reintegró parcialmente las sumas erogadas sin su conocimiento por el afiliado en un breve lapso desde que se le pidiera el reintegro, el que luce razonable (en cuanto al lapso, no en cuanto al monto) si se computa un tiempo administrativo de procesamiento. No puede achacársele mora antes de la petición de C. porque en el caso su obligación era de reintegro y era el actor quien debía como mínimo solicitarlo y poner en conocimiento a la empresa de los distintos gastos. Por tanto, estimo que la mora -y el deveng amiento de intereses- debe computarse desde el 30/11/06 para la suma de $ 13.012,08 (diferencia entre los $ 15.961 y los 2.948,92 reconocidos en esa fecha) y desde el 30/01/07 para la suma de $ 30.898,59 (diferencia entre los $ 52.544,65 y los $ 21.646,06 reconocidos en esa fecha).

Pasando ahora a los agravios concernientes al daño moral (en la terminología del código velezano), adelanto que en mi opinión no asiste razón a la apelante. Según el art.522 del Código Civil se debe atender al hecho generador de responsabilidad y a las circunstancias del caso, lo que el a-quo ha hecho a fs. 1244, considerando incluso que “para su procedencia se debe apreciar con estrictez y rigor su ponderación” y que las respercusiones del incumplimiento “ciertamente deben trascender las inherentes a todo genérico incumplimiento y a las simples molestias, inquietudes y desasociegos a que da lugar”, no logrando la quejosa rebatir tales argumentos. En autos C. sufrió un daño moral indirecto derivado de la falta de cumplimiento con una obligación de reintegro de una suma de dinero en un momento de suma vulnerabilidad, agravado por una conducta del Centro Asistencial que llegó a decir “que las prestaciones y prácticas que Ud. refiere -párrafo cuarto de su CD- se consideran médicamente innecesarias” y “que dichas prestaciones no están nomencladas (excluidas del P.M.O.e.)” (fs. 6), desmintiéndose luego en la contestación de demanda al afirmar: “RECONOZCO que las operaciones realizadas y el respectivo tratamiento oncológico están contemplados en el Plan Médico Obligatorio, como así también en el Plan Dorado del Centro Asistencial.”, y que “Claramente. al abonar las dos cirugías, reconoció los mismos”, es decir los gastos (fs. 930). Consecuentemente, la accionada no sólo ha incumplido con su obligación de reintegro en forma adecuada, sino que además ha demostrado un obrar errático y contradictorio frente a un sujeto de especial protección legal y constitucional, tal como hemos visto. De tal guisa, no existe óbice para el reconocimiento de la indemnización por daño extrapatrimonial, admitiéndose doctrinariamente la plena vigencia, en la órbita contractual, tanto de los factores subjetivos como objetivos de atribución (conf. Zabala de González, Matilde en Código Civil y Normas Complementarias. Análisis Doctrinario y Jurisp., Bueres – Dir., Highton – Coord., 2A, 2° reimp., Hammurabi, págs. 228 y ss.)

Los padecimientos del actor derivados de la conducta de la demandada son perfectamente distinguibles -y de otra dimensión- de los derivados de su pensosa y lamentable enfermedad terminal.Ello no sólo aparece abonado por los relatos de los testigos Ruatta y Anghilante (fs. 970 y 974), sino que estimo surge in re ipsa, dado que cualquier paciente oncológico que recibe respuestas reticentes de su empresa de medicina prepaga para hacerse cargo de reintegros que son debidos naturalmente se sentirá desprotegido y angustiado por esa sola razón. El anterior ha fijado el monto resarcible en $ 15.000 al momento de la sentencia (24/11/11), lo que luce adecuado teniendo en cuenta los bienes que se podían adquirir en ese momento con esa suma para procurarse satisfacciones sustitutivas y compensatorias, criterio doctrinario y jurisprudencial que los que integran este Tribunal venían aplicando desde antes de la sanción del C.C.C.N. y que actualmente se ha consagrado en el art. 1741 de dicho cuerpo legal (v. C.C.C.L. Rqta., 26/12/13 T. 14 F. 90 N° 465; 12/08/14, T. 15 F. 170 N° 261). La cuantificación del daño extrapatrimonial al momento de la sentencia es además admitida por tratarse de una deuda de valor, con aplicación de intereses a partir de allí.

Concluyendo, por los argumentos vertidos entiendo que la sentencia a-qua merece ser confirmada, con la sola excepción del cómputo inicial de los intereses aplicables al daño patrimonial, lo que no deja de ser una modificación insignificante del decisorio anterior, debiendo por tanto reputarse vencida a la apelante, con la consecuente carga en costas (arts. 251 y 252 del C.P.C.C.). Así voto.

A la misma cuestión, los Dres. Chapero y Casella votan en el mismo sentido, por estar de acuerdo con lo expuesto por el Dr. Dalla Fontana.

A la tercera cuestión, el Dr. Dalla Fontana dijo: atento al resultado precedente, corresponde adoptar la siguiente resolución:1) Desestimar el recurso de nulidad; 2) Rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada, salvo en lo que respecta al inicio del cómputo de los intereses por el monto de condena en concepto de daño patrimonial, que quedará establecido conforme surge del análisis precedente; 3) Imponer las costas de segunda instancia a la recurrente; 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su labor en la Alzada en el 50% de los que correspondan por regulación firme a su actuación en la instancia de grado.

A la misma cuestión, los Dres. Chapero y Casella votan en el mismo sentido.

Por ello, la CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA QUINTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad; 2) Rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada, salvo en lo que respecta al inicio del cómputo de los intereses por el monto de condena en concepto de daño patrimonial, que quedará establecido conforme surge del análisis precedente; 3) Imponer las costas de segunda instancia a la recurrente; 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su labor en la Alzada en el 50% de los que correspondan por regulación firme a su actuación en la instancia de grado.

Regístrese, notifíquese y bajen. Testado: “Cuarta” no vale e/l “Quinta” vale.

DALLA FONTANA

Juez de Cámara

CHAPERO

Jueza de Cámara

CASELLA

Juez de Cámara

ALBRETCH

Secretario de Cámara