La Ley 23.737 y las adhesiones provinciales en el marco de un nuevo anteproyecto de reforma del Código Penal

Autor: Grafeuille, Elías G.

Fecha: 21-feb-2018

Cita: MJ-DOC-12380-AR | MJD12380

Doctrina:

Por Elías G. Grafeuille (*)

RESUMEN

Actualmente nos encontramos en camino hacia una nueva reforma del Código Penal y de alguna de las leyes especiales que lo complementan. En tal sentido, nuestros legisladores y Tribunales han intentado por décadas, según el momento y la oportunidad, establecer la competencia y jurisdicción de la lucha contra el narcotráfico y los ilícitos penales que son su consecuencia.

Sin embargo, a pesar de que se han derramado ríos de tinta tanto a nivel nacional como internacional al respecto, no está determinado actualmente con precisión, reflexión y buen criterio, cuáles de las jurisdicciones —Federal o Provincial— deben tomar a su cargo y costo tal complejización de este desbordante accionar delictivo.

Es sabido que a nivel mundial las fuerzas policiales o de seguridad se esfuerzan por lograr que tales conductas negativas socialmente sean desbaratadas, no obstante lo cual, muchas veces, por no decir casi siempre, se produce una suerte de enfrentamiento entre las distintas fuerzas que conlleva a un sinnúmero de malos entendidos y lo único que generan es una suerte de «duda» entre ellas mismas que termina por vencer en una desconfianza general capaz de frustrar cualquier valeroso intento de buena investigación.

Tales circunstancias se deben a que no existen reglas claras de determinación ni de guía sobre la temática, toda vez que, ya sea mediante la correspondiente norma penal o por designio de quien detenta la acción penal pública, debería darse certeza a los distintos oficiales públicos para poder tener en primera instancia un correcto orden y, en segunda instancia, una clara colaboración.Es por medio de medidas así que puede ser posible la lucha contra uno de los flagelos más importantes que circundan en estos tiempos a la humanidad directamente, sin nombrar la innumerable cantidad de ilícitos penales que se suceden indirectamente a causa de este vil negocio.

Por estos tiempos, el sistema penal y procesal de la República Argentina se encuentra en un sistema dual de persecución, uno federal y otro provincial, mas esto no es algo positivo, toda vez que dentro de cada provincia las mismas son autónomas en cuanto a su posibilidad de determinación de procedimiento, lo que termina por ser un verdadero caos para aquellas fuerzas cuya competencia se ciñe sobre todos los márgenes limítrofes de esta nación por la clara hipermasificación legislativa y de disposiciones.

Esto no significa otra cosa que una cantidad abrumadora de criterios y formas de intentos de esclarecimiento de los hechos delictivos, que no llevan un sentido determinante, sino más bien una penosa tentativa de exterminio de un delito que, por mucho, se encuentra más avanzado y con un sistema de inteligencia que sobrepasa incluso hasta los países que más invierten en su persecución.

Todo esto que pasa propende para que no haya claridad en cuanto al qué, al cómo y al cuándo de la determinación de la forma en que debe terminarse con la droga.Ello significa que todos los operadores que se ciñen a la materia, abogados, tribunales, fiscalías y defensores o asesorías, se encuentran con una circunstancia cambiante, permeable a consideraciones arbitrarias de los magistrados judiciales sin que se pueda encontrar, por lo vago de las normas, una que indique con meridiana exactitud quiénes son los que dirimen los procesos que se atribuyen vía tráfico de drogas.

Es sobre esta iniciativa, que el presente trabajo intenta argumentar en