La caída de un pasajero en las instalaciones del subte, hace responsable a dicha empresa de transporte

Partes: Rivola Néstor Oscar c/ Metrovias S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 17-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-108075-AR | MJJ108075 | MJJ108075

La empresa de subterráneos es responsable por los daños que sufrió un pasajero pues el hecho de que ese día no haya habido ‘demoras ni cancelaciones’ en la prestación del servicio, no significa que el daño no se haya ocasionado. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar a la empresa de subterráneos por el daño que sufrió un pasajero, pues el hecho que ese día no haya habido ‘demoras ni cancelaciones’ en la prestación del servicio del transporte de subtes, no significa que el daño no se haya ocasionado, ni mucho menos se traduce en la ausencia de responsabilidad de la demandada, sino que se trata de cosas diferentes, en tanto no hace falta que existan desperfectos en la prestación del servicio como ser una demora, para que el daño acontezca, máxime cuando producto del infortunio, el damnificado debió ser intervenido quirúrgicamente y requirió de posteriores cuidados post operatorios que lo impidieron de llevar adelante una vida en su esplendor y valerse por sí mismo.

2.-El transportador es responsable por el daño que sufran los pasajeros durante el viaje, en razón del deber de seguridad que le impone el contrato, en virtud del cual debe transportar o conducir a la persona sana y salva al lugar convenido y si algún daño sufre durante el transporte, nace la obligación de indemnizarla por parte del porteador, sin que pueda exonerarse alegando y probando que no hubo culpa de su parte o de sus dependientes o subordinados.

3.-Luego de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la unificación de la responsabilidad civil torna aplicables al ámbito del contrato las disposiciones del nuevo código referidas a la responsabilidad objetiva por riesgo (arts. 1757 y 1758 ), con lo que pierde interés seguir recurriendo a la obligación de seguridad de resultado para objetivar la responsabilidad del deudor. Por ese motivo no se ha incorporado en el CCy CN ninguna alusión a la obligación tácita de seguridad.

Fallo:

Buenos Aires, a los 17 días del mes de noviembre de 2017, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “Rivola, Néstor Oscar c/ Metrovias S.A. S/ daños y perjuicios” La Dra. Zulema Wilde dijo:

La sentencia dictada a 306/314vta. hace lugar parcialmente a la demanda entablada, y condena a la empresa demandada, a pagar a los actores (herederos de Néstor Oscar Rivola), la suma de pesos ciento veintidós mil ($122.000), con sus intereses, con costas a cargo de la parte vencida.Contra dicho pronunciamiento se alzan: la actora y la demandada, presentándose para la fundamentación de sus agravios las piezas que corren agregadas a fs. 359/361 y 3637369 -parte actora-, y fs. 371/376 -la parte demandada-. Corridos los pertinentes traslados de ley, fueron respondidos a fs. 378/384 y 390/396 por la parte actora y a fs. 386/388vta., por la contraria.Con el consentimiento del auto de fs. 398, quedan las actuaciones en estado de dictar sentencia.

I. Cuestión Preliminar.

El Código que nos rige ha traído una expresa disposición respecto a la temporalidad de la ley. A fin de interpretar coherentemente las normas contenidas en el art. 7, sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ha de tenerse en consideración en este caso, que la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior. Las consecuencias son los efectos, -de hecho o de derecho- que reconocen como causa, una situación ya existente, en este caso, el hecho ilícito imputado.Por lo que al haber nacido al amparo de la legislación anterior, ella es la que regula el presente.

Por una cuestión de orden metodológico, cabe entrar a conocer en los agravios vertidos por la parte demandada en lo atinente a la responsabilidad atribuida.

II. Responsabilidad.- No puede soslayarse que en el caso de autos se trata de daños reclamados por quien fuera pasajero del servicio de subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente de la línea C, en virtud de ello los daños personales sufridos por el viajero se rigen por el entonces vigente art. 184 del Código de Comercio, que ponía a cargo del transportista el pleno resarcimiento de los daños sufridos por el pasajero “a menos que pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien éste no sea civilmente responsable”.La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha enmarcado claramente el contrato de transporte público dentro de la órbita de los derechos del consumidor. Así, ha sostenido que “La interpretación de extensión de la obligación de seguridad que tiene su causa en un contrato de transporte de pasajeros integrada con lo dispuesto-por el entonces vigente- por el art. 184 del Código de Comercio, debe ser efectuada teniendo en cuenta el derecho a la seguridad previsto en la Carta Magna para los consumidores y usuarios.Ha afirmado, asimismo, que la seguridad debe ser entendida como un valor que debe guiar la conducta del Estado así como a los organizadores de actividades que, directa o indirectamente se vinculen con la vida o la salud de las personas, ya que la incorporación de este vocablo en el art. 42 de la Constitución Nacional, es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios públicos desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe:la vida y la salud de sus habitantes, sosteniendo, por otra parte, que “los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial” (conf. C.S.J.N., 22/04/2008, “Ledesma, María Leonor c. Metrovías S.A.”, Fallos 331:819; L. L. 2008-C, 562 y 704).El transportador es responsable por el daño que sufran los pasajeros durante el viaje, en razón del deber de seguridad que le impone el contrato, en virtud del cual debe transportar o conducir a la persona sana y salva al lugar convenido. Y si algún daño sufre durante el transporte, nace la obligación de indemnizarla por parte del porteador, sin que pueda exonerarse alegando y probando que no hubo culpa de su parte o de sus dependientes o subordinados (Conf. Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, pág. 319).- Incumbe al actor la prueba del hecho y su relación de causalidad con el daño sufrido, mientras que para eximirse de responsabilidad la demandada debe acreditar la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (C. S. J. N., Fallos: 313:1184; 316:2774; 321:1462 ; 322:139 ; 323: 2930 y 327:5082 ).De ahí que, frente al caso concreto, luego de sentar los principios que deben regir la solución de una litis dada, el juzgador debe comenzar por analizar en primer lugar si se dan los requisitos necesarios para que funcionen las presunciones de causalidad y responsabilidad establecidas en el entonces vigente art. 184 del Cód. de Comercio, ello importará inicialmente la demostración de la calidad de pasajero.La segunda prueba a cargo de la víctima consistirá en probar que los daños han sido experimentados mientras era transportada, o sea, la relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño.A partir de la producción de ambas pruebas, entrará a jugar la posición procesal del transportador, en cuanto a la eventual demostración de haberse producido la ruptura del nexo causal, esto es, caso fortuito, culpa de la víctima o la de un tercero por quien la demandada no deba responder.Cabe señalar que luego de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la unificación de la responsabilidad civil torna aplicables al ámbito del contrato las disposiciones del nuevo código referidas a la responsabilidad objetiva por riesgo (arts. 1757 y 1758), con lo que pierde interés seguir recurriendo a la obligación de seguridad de resultado para objetivar la responsabilidad del deudor. Por ese motivo no se ha incorporado en el CCy CN ninguna alusión a la obligación tácita de seguridad. En tales situaciones, la reparación del daño se regirá, según los casos, por los arts. 1749 (responsabilidad por culpa o dolo) o 1757 y 1758 (riesgo), según que se hayan empleado o no cosas viciosas o riesgosas para ejecutar la obligación, o bien que la actividad desplegada por el deudor pueda o no calificarse en sí misma como peligrosa en los términos del art. 1757 ( Conf Picasso Sebastian ” El fin de la obligación de seguridad en el derecho común” Publicado en: LA LEY 03/09/2015, 03/09/2015,Cita Online:AR/DOC/2983/2015) CNCiv esta sala 24/2/2017 Expte Nº 91612/2009 “Beber Elida del Valle c/ Ranieri Fernando Antonio y otros s/ daños y perjuicios”).Sentado ello es indispensable determinar si las consecuencias imputadas fueron producidas por la acción u omisión de la parte demandada, vale decir, la existencia misma del hecho y la relación causal cuya demostración incumbe a la actora en todos los casos, no como un vínculo solamente posible, sino la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho (conf. Goldemberg, A. “La relación de causalidad en la responsabilidad civil” págs. 45 y sgtes.), inclusive en supuestos en que se consagran presunciones objetivas de responsabilidad. (Conf. CNCiv., Sala A, 4/5/09, “Auge, Luis María y otro c/ Coordinación Ecológica Metropolitana S.E.(CEAMSE)”.Ahora bien, a fs. 174 obra el informe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del que emerge que el día del accidente en cuestión, se recibió un llamado de auxilio médico para Constitución Línea C del subte a las 20:57 por un traumatismo y herida leve cortante por caída, Código Rojo emergencia. Asimismo, surge que a las 21:16 el móvil identificado como “Penna 3” con el médico Dr. Iriarte, arribó al lugar y trasladó al paciente -Néstor Rivera- de 71 años de edad, al Hospital Cosme Argerich. A su turno, la documental obrante a fs. 85 da cuenta del “parte de novedades” de la propia demandada, de donde se desprende que el 4/12/2010 a las 20:37 hubo una persona accidentada a raíz de lo cual intervino un móvil del SAME “Dr. Juan Iriarte”. La H.C. glosada a fs. 105/126 informa que el actor fue ingresado a la guardia del Hospital Cosme Argerich el día 5/12/2010 y se le diagnosticó fractura de tibia derecha, fue intervenido quirúrgicamente para la colocación de material de osteosíntesis y permaneció internado hasta el 27/12/2010.Todo ello se ve reforzado con los testimonios obrantes a fs. 185/186 y 187, que abonan la versión brindada por el damnificado. Nótese que de todo lo referenciado y de las constancias de la causa no emerge elemento probatorio alguno desplegado por la parte demandada tendiente a desvirtuar los hechos descriptos en el escrito de demanda. Por el contrario, el conjunto de la prueba analizada brinda convicción y certeza acerca de la ocurrencia del evento dañoso en los términos expuestos por la parte damnificada. La empresa accionada no ha vertido defensa alguna, ni ha demostrado la causa ajena que la eximiría de responsabilidad. Por el contrario, sólo se ha limitado a negar la ocurrencia de siniestro, más ello no es suficiente a los efectos de quebrantar la relación causal idóneamente demostrada en el “sub examen”. El hecho que ese día no haya habido “demoras ni cancelaciones” en la prestación del servicio del transporte de subtes, no significa que el daño no se haya ocasionado, ni mucho menos se traduce en la ausencia de responsabilidad de la demandada. Se trata de cosas diferentes. No hace falta que existan desperfectos en la pre stación del servicio como ser una demora, para que el daño acontezca. La quejosa se centra en la supuesta falta de idoneidad de los testimonios brindados, por tratarse de vecinos del actor, por lo que esas declaraciones estarían viciadas de parcialidad. Al respecto, el magistrado “a quo” ha despejado la cuestión, aclarando que pese a reconocer el carácter de conocidos y vecinos del actor, tal circunstancia no puede “per se” invalidar dicho medio probatorio si, analizados en conjunto con el resto de la prueba desplegada, los testimonios brindan certeza y convicción de veracidad sobre lo ocurrido. En el caso, los testimonios citados no hacen mas que confirmar lo que surge de la prueba documental previamente analizada, incluido el “parte de novedades” emanado de la propia demandada (cfr. Fs.85). Por lo que negar lo que previamente ha sido reconocido, permite aplicar la “teoría de los actos propios”. Dicha doctrina, sistematizada por Luis Diez Picaso (Barcelona 1963) “Venire contra factum proprium non valet”- sostiene que nadie puede oponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, siendo inadmisible amparar semejante dualidad” (C.S. Bs.As., Ac.33.672-As 1985-III-801, Ac.33.230-As. 1985-I-57/58; L.34.396- As. 1985-II454).Sentado todo ello, encontrándose debidamente acreditado el suceso dañoso denunciado y no habiendo la parte demandada demostrado la causa ajena o eximente alguno que la libere del deber de responder, sólo cabe el rechazo de los agravios vertidos sobre el particular y, en consecuencia, firme la sentencia en éste aspecto.

III.- Teniendo que entrar a conocer en el “sub examine” en lo atinente a los rubros indemnizatorios, es dable destacar que la doctrina de la reparación integral del daño ha sido desplegada por la Corte Suprema en numerosos y sucesivos fallos, como un derecho de raigambre constitucional que se aplica a todas las ramas del ordenamiento jurídico. Con fallos como en el caso “Arostegui”, (CSJN, 08/04/2008, “Arostegui, Pablo Martín c. Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y Pametal Peluso y Compañía S.R.L” ) y “Aquino” (CSJN, “Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A” (21/09/2004), entre muchos otros, el Máximo Tribunal jerarquizó este Derecho a la reparación integral del daño injustamente sufrido. El Código Civil y Comercial de la Nación, ha recepcionado los fundamentos de tales fallos en su art. 1738, él que enumera en forma cabal los perjuicios a reparar de los damnificados de lesiones: la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de so obtención y la pérdida de chances.Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Asimismo, refiere a la reparación plena en el art. 1740.

IV.- Incapacidad Física Sobreviniente

IV. a) Se agravia la parte actora y la demandada por la suma concedida para ésta partida.

IV. b) La sentencia recurrida concedió para ésta ítem la suma de 80.000 pesos.

IV. c) En primer lugar, cabe remarcar que la protección a la integridad de las personas y el derecho a la reparación integral se encuentra respaldada en tratados internacionales que integran el sistema constitucional en función del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, entre las cuales podemos citar al art. 21 punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al expresar que ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa. Asimismo, el art. 5 del mismo cuerpo normativo, de jerarquía constitucional, ampara el derecho a la integridad personal al expresar que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad, física, psíquica y moral (Bidart Campos, “Manual de la Constitución Reformada” t° II, pág. 110, Ed. Ediar) puede que el derecho al resarcimiento y a la reparación del daño se encuentra incluido entre los derechos implícitos (art. 33 CN) especialmente si se tiene en cuenta que otras normas como el art. 17 y el 41 CN refieren casos específicos (C. N. Civ., Sala L, 15/10/2009, “L., S. y otro c. Hospital Británico y otro s/daños y perjuicios”, E. D. 09/02/2010, Nº 12.439, Id, esta Sala, 10/8/2010 expte.Nº 69.941/2005 “Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyntia y otros s/ daños y perjuicios”.- Estos principios fueron receptados en el nuevo ordenamiento, sobre la base de la doctrina y jurisprudencia ya elaboradas y teniendo en mira, precisamente, la incorporación de las normas de rango constitucional y convencional.Así, el art. 1737 da una definición genérica y abarcativa del concepto de daño: hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.En particular, el art. 1738 determina que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.Específicamente en relación con el principio de resarcimiento integral, el art. 1740 Cod. Civ. y Com. establece que la reparación del daño debe ser plena, restituyendo la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie.En concreto, el art. 1746 del nuevo texto legal establece pautas para la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica, total o parcial, admitiendo la presunción de la existencia de los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resulten razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad.Como se señalara, aún cuando esta normativa no se aplique al caso de autos, que será analizado conforme a la ley vigente al momento del hecho dañoso, condensa los criterios ya aceptados en la materia.Sentado ello cabe señalar que la incapacidad sobreviniente está representada por las secuelas o disminución física o psíquica que queda luego de completado el período de recuperación o restablecimiento; produciéndose entonces para la misma un quebranto patrimonial indirecto, derivado de las limitaciones que presenta al reanudar sus actividades habituales y al establecerse su imposibilidad -total o parcial- de asumirlas y cumplirlas adecuadamente. La incapacidad económica -o laborativa- sobreviniente se refiere a una merma de aptitudes que sufre el individuo para obtener lucros futuros, sea en las tareas que habitualmente suele desempeñar o en otras, es decir, una chance frustrada de percepción de ganancias .” (Trigo Represas, Félix A. – López Mesa, Marcelo J.; “Tratado de la responsabilidad civil”, La Ley, Bs. As., 2006, vol. “Cuantificación del Daño”, p. 231 y ss.).Desde este punto de vista, habrán de ser analizadas las probanzas producidas en relación a la cuestión. A fs. 159 consta la pericia médica de oficio, en la cual se dictaminó que el actor padecía una incapacidad parcial y permanente del 30% producto de una fractura de tibia derecha, trazo oblicuo corto, localizada en 1/3 superior con material de osteosíntesis consistente en placa con 10 tornillos (ver fs. 158). Agrega que presenta un acortamiento del miembro de 2 cm, cicatriz quirúrgica y limitación de la movilidad del tobillo. Sentado ello, el hecho de que el actor haya fallecido casi tres años con posterioridad al evento que se ventila por una causal ajena, no obsta a que deba valorarse y cuantificarse el daño experimentado, máxime cuando producto del infortunio, el damnificado debió ser intervenido quirúrgicamente y requirió de posteriores cuidados post operatorios que lo impidieron de llevar adelante una vida en su esplendor y valerse por sí mismo. En mérito a lo expuesto, los agravios vertidos por la parte demandada, toda vez que los mismos no llegan a dar sustento que permita adoptar un criterio distinto al desplegado por el primer sentenciante, sólo cabe el rechazo de los mismos.En lo atinente a los fundamentos vertidos por los coactores (hijos del damnificado), no puede perderse de vista que el Sr. Néstor Rivola, se encontraba jubilado, que no se han demostrado sus ingresos, ni si hubo una merma en sus ingresos producto del accidente y que tuvo un período de sobrevida de menos de tres años con posterioridad al hecho dañoso, por lo que no se encuentran motivos que tornen viable desarrollar un razonamiento diferente al efectuado por el magistrado “a quo”.

Nótese que el hecho de que el damnificado haya tenido que pasar varios días internado, ello no ha sido desconocido por el primer sentenciante, más esa variable es tenida en miras al reparar el daño extrapatrimonial. Por otro lado, las ganancias que percibe la empresa demandada en su carácter de explotadora del servicio de subterráneos, de ser cierto, no es elemento que deba ser tomado en consideración para determinar una indemnización ajustada a derecho, sino que deben las particularidades del caso en examen y la totalidad de la prueba producida. Así se evaluará el daño experimentado, las condiciones personales de la víctima y los elementos que avalen el perjuicio ocasionado. A mayor abundamiento, cabe recordar que la indemnización otorgada a la víctima de un accidente como el que nos ocupa, no tiene carácter sancionatorio para el sindicado responsable, sino resarcitorio a favor del damnificado. Es por ello, que los agravios vertidos por los coactores, deberán correr la misma suerte que las argumentaciones de la contraria, rechazándose los mismos. Ahora bien, en cuanto al monto, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, el fallecimiento del damnificado a los dos años y medio de acaecido el hecho -por una causal ajena- la entidad de las lesiones, ausencia de daño psicológico, las condiciones personales de la víctima, tales como sexo (masculino), edad (71 años), jubilado sin encontrarse acreditado los ingresos y la merma de los mismos de haber acontecido, consultada la base de datos de ésta Excma.Cámara Nacional de apelaciones, deviene razonado y prudente proponer al Acuerdo se confirme la suma estimada (art. 165 CPCCN).

V. Daño Moral.

V. a) Se queja la parte actora y la demandada por el monto reconocido para éste ítem. Mientras la actora considera la suma reducida y solicita su elevación, su contraria en los presentes entiende que el monto deviene elevado y requiere se lo disminuya.

V. b) La sentencia en crisis concede para ésta partida la suma de $ 40.000.

V. c) En cuanto al daño moral, debe decirse que este se define como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas, y en general, toda clase de padecimientos, comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes.

Es dable recordar que la indemnización por daño moral no configura una sanción al ofensor sino la satisfacción de legítimos intereses de contenido extrapatrimonial que hacen a derechos inherentes a la persona, debiendo evaluársela con la apreciación objetiva del padecimiento, sin que configure fuente de indebido lucro. Como ya sostuviera este Tribunal “si por reparación se entiende el restablecimiento del desequilibrio patrimonial y es de contenido pecuniario, los intereses que carezcan de ese contenido deben ser satisfechos, puesto que según el diccionario de la Real Academia, “satisfacer”, en una de sus acepciones, significa sosegar o aquietar una queja o un sentimiento, expresión acorde con el sentido de nuestra ley al otorgar a la víctima el derecho a reclamar la reparación, cualquiera sea el grado de reproche que genere la conducta del agente del daño, sin perjuicio de valorar a ésta como un elemento más para determinar la cuantía indemnizatoria” (autos “Corzo de Torres, C.P. c/ Lumicot S.A.y otros s/sum” del 31.03.81). Asimismo, y como ha resuelto reiteradamente este Tribunal, no existe razón lógico-jurídica que obligue a relacionar porcentualmente las indemnizaciones correspondientes al daño material con el moral. (Ver esta Sala, en recientes fallos en los que se ha se ha explayado mi distinguida colega Dra. Marta del Rosario Mattera: Expte. Nº 89.021/2003, “Procopio, Fernando Antonio y otro c/ Piñero, Ernesto Emir y otros s/daños y perjuicios” del 11/02/2010; Expte. Nº 89.107/2006, “Ivanoff, Doris Verónica c/Campos, Walter Alfredo s/daños y perjuicios”, del 22/03/2010, y que tiene el aval de numerosos fallos de nuestro Máximo Tribunal (me remito a las menciones efectuadas por la Dra. Mattera en las citadas causas). Ahora bien, nótese que los agravios vertidos por la parte demandada sobre el particular no revisten el carácter de crítica concreta y razonada en los términos del art. 265 del CPCCN. Nótese que la apelante se imita a disentir con la solución adoptada por el magistrado de grado, más no aduna argumento que sustente su petición. Simplemente manifiesta su disconformidad, más nada rebate acerca del lapso que el damnificado debió permanecer internado luego de ser intervenido quirúrgicamente para la colocación de material de osteosíntesis, ni de los sufrimientos y padecimientos que una situación como la que nos ocupa puede acarrear (art. 266 CPCCN).

Insiste con su postura de que no le cabe responsabilidad a su parte atento no hallarse acreditada la caída de la victima en las instalaciones de su representada, lo que ya ha quedado debidamente expuesto en el apartado en el que se tratara la responsabilidad cuestionada. Por ello, sólo cabe declarar desierto el recurso planteado por la empresa demandada sobre ésta punto. En lo que respecta al despliegue argumental intentado por los coactores, nótese que se refieren al daño psicológico y moral que le acarreo el evento dañoso tanto al Sr.Néstor Rivola como a los continuadores de la acción, más cabe aclarar que el Sr. Rivola no padeció daño psicológico, o de haberlo sufrido, él mismo no llegó a demostrarse mediante la correspondiente pericia psicológica. Asimismo, el daño que se resarce en éste ítem, es el daño extrapatrimonial experimentado exclusivamente por el damnificado directo del hecho, es decir, el Sr. Néstor Rivola. Por lo tanto el desarrollo argumentativo efectuado carece de sustento, ya que presume otro tipo de indemnización que no es la contemplada para el supuesto de marras. Para despejar cualquier vacilación, la suma otorgada en éste punto es la que se considera prudente y razonada a favor del damnificado directo, que es quién ha iniciado la acción, atento las vicisitudes vividas a nivel espiritual a raíz del evento dañoso. Por ello, no encontrando elemento que permitan efectuar un despliegue distinto al efectuado por el “a quo”, sólo cabe el rechazo de los agravios vertidos sobre el particular. En cuanto al monto, teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima, las que ya han sido consideradas, circunstancias particulares del caso, atenciones y tratamientos médicos recibidos, corroborada la base de datos de ésta Cámara de Apelaciones, se propone al Acuerdo confirmar la suma concedida por daño moral. (Art. 165 CPCC).

VI. Gastos

VI. a) Se agravian las partes por la suma reconocida para enjugar la presente partida.

VI. b) La sentencia de grado otorgó por éste ítem, el monto de $2.000.-

VI. c) Reiteradamente se ha pronunciado este Tribunal en el sentido de que para que proceda la reparación de este tipo de daños no es necesaria la existencia de prueba fehaciente, sino que en atención a la entidad de las lesiones se puede presumir su extensión, mas ante la falta de prueba acabada, la estimación debe hacerse con suma cautela, máxime cuando la víctima recurrió a los servicios de instituciones públicas, sin olvidarnos igualmente que ninguna obra social ni institución pública cubre por completo estos gastos.En el caso en examen, si bien no se ha acreditado fehacientemente la cuantificación de los gastos efectuados, lo cierto es que es dable presumir que con motivos del hecho dañoso, se han debido realizar desembolsos por consultas médicas transitorias, analgésicos y otros egresos económicos de farmacia, máxime la intervención quirúrgica padecida, como así también algún gasto por motivos de traslados. Por otra parte, la inflexibilidad del sistema impositivo ha incrementado los requisitos de contralor en estos últimos años, lo que ha llevado a la obligación no sólo de los contribuyentes a orquestar sus movimientos con más adecuación y precisión, sino a hacer recaer sobre aquél que participa en compraventas, con la obligación de exigir la respectiva factura o recibo. Es por ello que, no habiendo ninguna de las contrapartes en los presentes, demostrado circunstancia alguna que haga presumir que la suma reconocida para la presente partida no refleja las erogaciones efectivamente desarrolladas, tanto en el sentido que justifique disminuir la suma ya sea como aumentarla, sólo cabe el rechazo de los argumentos vertidos por las quejosas y en consecuencia, firme la sentencia a su respecto (art. 165 CPCCN).-

VII. Intereses.

VII. a) Por último, se agravia la parte demandada por la tasa aplicable.

VII. b) La sentencia de grado otorgó la tasa pasiva desde el hecho hasta el 31/07/2015, y de allí en adelante hasta el efectivo pago, la tasa activa.

VII.c) Conforme la doctrina y jurisprudencia mayoritaria imperante en el fuero corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, salvo que su aplicación, en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia, implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.Por ello, ninguna duda cabe que si se determinaron los distintos montos indemnizatorios a la fecha de ocurrencia del hecho ilícito, corresponde aplicar la tasa activa desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia (C. N. Civ., esta Sala, 28/09/2009 Expte. Nº 101.903/2005 “Ochoa, Raúl Vladimiro c/ Recoletos Argentina S. A.”; Idem., id.,19/11/2009, Expte. Nº 115.969/2003 “Rodríguez Ayoroa, Hilda Mabel c/ Deconti S.A. y otros”; Id., id., 4/5/2010 Expte. Nº 28.910/2003, “Colombo, Aquilino Manuel c. De Rosso, Héctor Eduardo”; entre otros).Sin embargo, distinto criterio sostenemos cuando los rubros han sido estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia (C. N. Civ., esta Sala, 11/02/2010, Expte. Nº 52.629/2005, “Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro” ; Idem., Id., 25/02/2010, Expte. Nº 87.802/2000, “Valdez Sandra Noelia c/ Urbano Alberto Daniel y otro”; Id., id., 15/3/2010, Expte. Nº 40.230/2006 “Benzadon, Ricardo José c. Guillermo Dietrich S. A. y otro” ; Id. Id.,21/12/09 Expte. Nº 43.055/99 “Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros”; Id., id., 17/11/2009, “Pierigh, Fabiana Claudia c/ Radetch, Laura Virginia y otros”), o al menos algunos de ellos han sido determinados tomando valores vigentes a la fecha del pronunciamiento de grado o de otro momento procesal como, por ejemplo, la fecha del dictamen pericial (C. N.Civ., esta Sala, 11/03/2010, Expte 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto del 11/3/2010; Idem., id., 27/4/2010, Expte. Nº 92838/2001, “Bertagni, Alberto Eugenio c/ Baron, Martín”, entre otros).Ello así, por cuanto tal como sostuvimos las tres integrantes de esta Sala en oportunidad de pronunciarnos con la mayoría en el plena rio Samudio, la aplicación de la tasa activa, que tiene por objeto mantener incólume la significación económica de la condena, puede implicar como un efecto no querido un resultado contrario y objetivamente injusto, produciendo una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (Conf. C.N.Civ., esta Sala, 10/8/2010, Expte. Nº 69.941/2005, “Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyntia y otros s/ daños y perjuicios”).- Cabe destacar que en la sentencia objeto de apelación se ha fijado una indemnización a “valor actual”, es decir, en tal oportunidad se ha producido la cristalización de un quid, no el reconocimiento de un quantum por lo que en el caso de autos, retrotraer la aplicación de la tasa activa “a partir de cada daño objeto de reparación” importaría incurrir en un desplazamiento patrimonial injustificado. En tal caso, se estaría computando dos veces la “desvalorización” o “depreciación” monetaria: una en oportunidad de fijar montos en la sentencia de grado (cristalización) y otra a través de la aplicación de una tasa de interés (la activa) que ya registra ese componente en su misma formulación.Ello implica que la tasa activa no debe computarse cuando su aplicación en todo el período transcurrido “implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”. Ahora bien, la parte apelante requiere que se aplique la tasa pasiva por todo el periodo desde el hecho hasta el efectivo pago.

Por tanto, en definitiva, a los efectos de no llevar a un enriquecimiento sin causa del peticionante y al correlativo empobrecimiento de su contraria, situación que no puede merecer amparo jurisdiccional, corresponde acoger parcialmente los agravios de la apelante sobre el particular y disponer que, desde la fecha del hecho hasta la fecha de la sentencia de primera instancia se devengarán intereses calculados mediante la aplicación de la tasa pasiva y recién a partir de allí y hasta el pago efectivo, se liquidarán con sujeción a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

En mérito a lo expuesto, doy mi voto para que:

I. Se rechace el agravio vertido por la demandada en lo atinente a la responsabilidad por los fundamentos esgrimidos al tratar ese tópico. II.- Declarar desierto el recurso interpuesto por la empresa accionada en lo que respecta al rubro “daño moral”, por las consideraciones vertidas en el apartado correspondiente. III. Se disponga la aplicación de los intereses conforme lo estipulado en el considerando VII. IV.- Se rechacen los restantes agravios esgrimidos por las partes apelantes. V.- Se confirme la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios. VI. Se impongan las costas de esta instancia a la demandada atento el principio de reparación plena y el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN).

La Dra. Beatriz A.Verón adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art.109 del R.J.N.).

Buenos Aires, noviembre 17 de 2017.

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE: I. Rechazar el agravio vertido por la demandada en lo atinente a la responsabilidad por los fundamentos esgrimidos al tratar ese tópico. II.- Declarar desierto el recurso interpuesto por la empresa accionada en lo que respecta al rubro “daño moral”, por las consideraciones vertidas en el apartado correspondiente. III. Disponer la aplicación de los intereses conforme lo estipulado en el considerando VII. IV.- Rechazar los restantes agravios esgrimidos por las partes apelantes. V.- Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios. VI. Imponer las costas de esta instancia a la demandada atento el principio de reparación plena y el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN). Para conocer los honorarios regulados en la sentencia de primera instancia y que fueran apelados. En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 38 y conc. de la ley 21.839, por considerarse ajustados a derecho, se confirman los honorarios regulados a los letrados, peritos y consultores intervinientes, como así también se confirman los del mediador actuante. Por la actuación en la Alzada, se regulan los honorarios de la letrada Olga Raquel Grandoli en la suma de ($.); los del Dr. Diego Gonzalo Valverde en la suma de ($.) y los de la Dra. Gisela Viviana Mori, se regulan en ($.). Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.