Tiene valor probatorio el correo electrónico que si bien no cumple con los requisitos de la Ley de firma digital, su contenido es verosímil

Partes: Skillmedia S.R.L. c/ Estudio ML S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 7-nov-2017

Cita: MJ-JU-M-108080-AR | MJJ108080 | MJJ108080

Si bien, como regla, no puede asignarse valor probatorio a un correo electrónico que no cumple con los arts. 2 y 5 de la Ley 25.506 sobre ‘firma digital’, no existe impedimento para ponderarlo como medio de prueba cuando su contenido aparece verosímil de acuerdo a las demás pruebas y la sana crítica.

Sumario:

1.-El inc. 3° del art. 360 del CPCCN. establece que el Juez fijará los hechos que sean conducentes a la decisión del juicio sobre los cuales versará la prueba. Esto significa establecer los hechos que sean conducentes para la decisión del juicio, desestimando los que sean inconducentes, es decir determina el ámbito del conflicto. La fijación de éstos es un antecedente imprescindible para resolver sobre los medios de prueba y considerar la admisibilidad y pertinencia de la misma.

2.-Al reconocer la demandada que recibió las facturas y no acreditar que impugnó explícitamente su contenido, cabe entender que admitió la realidad del vínculo y las condiciones que resultan de aquellos instrumentos, así como también admitió que los trabajos se realizaron, pues se limitó a sostener que no los pagaron pues los mismos no habían sido requeridos por su parte.

3.-En tanto la demandada admitió que los trabajos facturados fueron realizados, y no intentó siquiera acreditar que los mismos eran usualmente pedidos y que, en este caso, no había existido requerimiento alguno, en rigor, tal excusa constituyó la única defensa vigente que mantuvo la demandada, lo cual le exigía una puntual demostración al tratarse del hecho impeditivo que, en su postura, justificaba el rechazo de la demanda.

4.-Como principio general, corresponde al demandante no sólo afirmar los hechos que constituyen el presupuesto del precepto en el cual funda su petición ( norma fundadora ), sino también probar su existencia. De su lado el demandado deberá acreditar, cuando así lo alegue como técnica defensiva, los presupuestos de la norma impeditiva, destructiva o excluyente de la pretensión de su contrario, …en cuanto no estén comprendidos ya en la situación de hecho que es presupuesto de la norma fundadora, ya que hasta aquí la carga de la prueba incumbe al demandante.

5.-Si el peritaje informático acreditó con razonable certeza, la realidad del intercambio de mensajes electrónicos en los cuales la demandada, admitió la deuda y se excusó de pagarla por cuestiones internas de la empresa demandada, no es posible negar valor probatorio a tal correo electrónico.

6.-Si bien, como regla, no puede asignarse valor probatorio a un correo electrónico que no cumple con los requisitos de los arts. 2 y 5 de la Ley 25.506 sobre firma digital , lo cierto es que, no existe impedimento para que, en ciertos casos, igualmente pueda ponderárselo como medio de prueba cuando su contenido aparece verosímil de acuerdo a las restantes pruebas del proceso y la sana crítica, y en el caso, el ingeniero en informática constató la existencia de tales correos (tanto entrantes como salientes) en las máquinas de la parte actora, en tanto no pudo hacer lo propio en las de la demandada por una concreta negativa a ponerlas a disposición. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 7 días del mes de noviembre de 2017, reúnense los señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “SKILLMEDIA S.R.L. contra ESTUDIO ML S.A. sobre ORDINARIO” registro N° 36208/2015, procedente del Juzgado N° 12 del fuero (SECRETARIA N° 23), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Vassallo, Garibotto y Heredia. Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor Gerardo G. Vassalllo dijo:

I. Skilmedia S.R.L. promovió demanda contra Estudio ML S.A. a quien reclamó el pago de $ 139.613,16 (fs. 31/35).

Sostuvo que su contraria la contrató en mayo de 2011 para, mediante las herramientas informáticas de su parte, proveyera un servicio de envío de mensajes de texto masivos. Relación que dijo se desenvolvió con normalidad hasta el 1.10.2014, pues la factura n° 0004-00003189 emitida ese día por $ 129.613,16 no fue cancelada tempestivamente. Sólo lo fue parcialmente mediante un pago de $ 11.385,33 cumplido el 13.1.2015.

En cuanto a la factura n° 0004-00003562 del 17.11.2014 por $ 21.385,33, la demandada no realizó pago alguno. Ello a pesar de no haber recibido impugnación alguna cuando tales instrumentos fueron enviados electrónicamente.

Dijo haber mantenido numerosos diálogos con dependientes de la demandada luego de vencer las facturas los que se desarrollaron mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Al fracasar estos intentos, dijo haber interpelado a Estudio ML S.A. mediante carta documento del 7.4.2015 sin obtener resultado positivo alguno.

II. Estudio ML S.A. contestó demanda en fs. 92/97.Desarrolló una minuciosa negativa de hechos y de documentación traída por su contraria con el escrito de inicio.

Sin embargo, a pesar de ello, en el siguiente capítulo reconoció la relación comercial habida entre las partes, aunque aclaró que ella se cimentó en una serie de pedidos individuales y no en un contrato continuado de plazo indeterminado.

Sostuvo que las facturas reclamadas no respondieron a ninguna requisitoria de servicios de su parte pues previo a ello le habían transmitido a Skillmedia S.R.L. que iban a prescindir de sus servicios por haberse contactado con otra empresa del mismo rubro que cumplía el mismo trabajo aunque por un precio inferior.

Negó haber recibido las facturas objeto de litigio y afirmó haber conocido el reclamo recién con la carta documento que remitió la actora, la cual fue rechazada por idéntica vía. Por último, negó también haber realizado un pago parcial por $ 11.385,33 y desconoció el recibo que lo acreditaría.

III. La sentencia de primera instancia (fs. 299/304) hizo lugar a la demanda incoada por Skillmedia S.R.L. y condenó a Estudio ML S.A. a pagarle $ 139.613,16 con más sus intereses y costas.

Para así decidir, el Juez a quo ponderó que el peritaje contable constató la registración tanto de las facturas como del recibo en los libros de la actora, y su total ausencia en los correspondientes a la demandada.A su vez el experto determinó que la relación entre las partes concluyó el 31.10.2014.

En punto a los reclamos efectuados por correo electrónico, la sentencia destacó que el experto constató que los mismos se correspondían con los encontrados en las máquinas de la actora (la demandada no aportó las propias), con lo cual descartó que se tratara de simples impresiones fraguadas.

Con estos elementos, el señor Juez entendió probada la relación negocial, la autenticidad de las facturas y la realidad de los reclamos de pago ulteriores, hechos en que fundó la condena que impuso a la aquí demandada.

Este fallo fue apelado sólo por Estudio ML S.A. quien presentó su memorial en fs. 320/327, pieza que fue contestada en fs. 332/334.

En prieta síntesis puede señalarse que los agravios de la demandada fueron sostenidos en los siguientes disensos. Según la recurrente, y a diferencia de lo concluido por la sentencia, (a) la actora no probó la prestación de los servicios facturados; (b) el Juez de grado desinterpretó el contenido del dictamen pericial contable, pues soslayó que los asientos de los libros de ambas partes eran contradictorios; y (c) la prueba pericial informática no acreditó la veracidad de los correos electrónicos acompañados.

En pieza separada, la demandada solicitó en fs. 312/314 la apertura a prueba en esta instancia.

Cabe destacar por último, que cabrá también conocer en esta oportunidad el recurso deducido en fs. 154 respecto a lo decidido respecto de las costas en la resolución de fs. 150/151.

IV.Antes de ingresar en el estudio puntual del conflicto que genera la intervención de la Sala, aclaro que a mi juicio, será de aplicación al caso las normas contenidas tanto en el Código Civil, como en el Código de Comercio en lo que corresponda, pues los hechos en análisis ocurrieron antes que entrara en vigor el Código Civil y Comercial de la Nación.

El estudio de la causa y, particularmente, de la sentencia impugnada, me convence de la pertinencia de pronunciarme respecto del pedido de apertura a prueba durante el desarrollo de los agravios propuestos por la demandada.

Brevemente puede destacarse que la defensa de Estudio ML S.A. se apoyó en su negativa de haber recibido las facturas que aquí son reclamadas, amén que no se realizaron los trabajos que dan cuenta las mismas. A su vez también negó que la relación comercial con la actora hubiere concluido el 31.10.2014, como lo sostuvo el perito contador, por entender que tal afirmación carecía de todo apoyo probatorio.

Negó que esta relación se desenvolviera en el marco de un contrato de ejecución continuada y sin plazo determinado, pues en su versión, el vínculo con la actora se plasmó en pedidos individuales y autónomos de su parte.

En este marco sostuvo que los trabajos facturados “no responde(n) a ninguna requisitoria” de su parte y “si la emisión de mensajes fue realizada fue con total desconocimiento de [su] representada” (fs. 95).

Sin embargo, todas estas negativas iniciales se vieron rápidamente desautorizadas por la misma parte, quien al tiempo de fijar los hechos controvertidos en la audiencia prevista en el artículo 360 del código de rito, admitió como ciertos sustanciales hechos que antes había negado.

Ab initio, al determinar los aspectos del conflicto sobre los cuales no existían controversia, las partes coincidieron en que:a) las partes se relacionaron mediante un contrato “no escrito” por el cual la actora proveía a su contraria un servicio de mensajes de texto y la demandada le pagaba una suma de dinero por ello; b) las cartas documento de fs. 51 y 77 eran auténticas y fueron recibidas por sus destinatarios y c) “el contrato de ejecución diferida en el tiempo tuvo ejecución satisfactoria inicialmente”.

Así, bien que con una redacción no muy precisa, cabe concluir que ambas partes coincidieron que el contrato que las vinculó fue único y diferido en el tiempo. Esto es que no se trató como lo sostuvo la demandada de una serie de solicitudes inconexas y autónomas entre sí, sino un único convenio que, conforme lo explicó el perito contador y lo demuestran ciertos conceptos de las facturas (“Abierto 200000”), era pagado mediante un abono mensual (fs. 171).

Congruente con lo dicho, y con la predicada conclusión del vínculo con fecha 31.10.2014, el perito contador explicó que la factura emitida en noviembre de 2014 (n° 0004-00003562) fue una corrección de una anterior nominada como 0004-00003530 que fuera anulada por contener el abono “adelantado” de noviembre (fs. 172v:punto de pericia incorporado).

Pero a estas iniciales precisiones, que despejan algunos de los aspectos controvertidos, se suman los dichos de la letrada de la parte demandada, quien al tomar la palabra en la referida audiencia, reconoció explícitamente “.que en el último tiempo y antes del conflicto recibía vía correo electrónico la facturación de los trabajos prestados por la actora; la demandada afirma que recibió las facturas objeto de autos y que estos no fueron abonadas por que juzgó que los servicios allí prestados no fueron solicitados”.

Con ello, la recurrente admitió al precisar los hechos controvertidos y efectuar reconocimientos a fin de evitar prueba superflua, que 1) recibió las facturas objeto de esta demandada; 2) que tales documentos le fueron remitidos por vía electrónica; 3) que los servicios fueron prestados; y 4) que no abonó las mismas por tratarse de una prestación no solicitada.

Resulta claro de lo dicho que la letrada que representó a la demandada en la audiencia preliminar desistió en la misma de sustanciales negativas que había plasmado en su escrito de defensa.

Posición a la que cabe asignar una central importancia pues tal definición fue realizada en una audiencia judicial y frente al magistrado de grado, por una profesional del derecho, de la que no puede presumirse ligereza o inexperiencia en tanto conocedora de la relevancia de aquella actuación judicial y de la trascendencia que tienen los reconocimientos o negativas que se realizan en tal ámbito. Agrégase, además, que la demandada admitió ser una empresa que se dedica al recupero de deudas de forma judicial y extrajudicial, estando conformada por varios abogados (fs. 95), lo cual refuerza la trascendencia de aquella modificación de su postura defensiva (arg. articulo 902 código civil).

Cabe recordar aquí que el inciso 3° del art. 360 del Código Procesal establece que el Juez fijará los hechos que sean conducentes a la decisión del juicio sobre los cuales versará la prueba.Esto significa establecer los hechos que sean conducentes para la decisión del juicio, desestimando los que sean inconducentes, es decir determina el ámbito del con flicto. La fijación de éstos es un antecedente imprescindible para resolver sobre los medios de prueba y considerar la admisibilidad y pertinencia de la misma (Falcón, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. II, Santa Fe, 2011, pág. 460/461).

Frente a ello cabe reparar que con estos reconocimientos formulados por la letrada de la parte demandada, se han despejado diversos interrogantes.

Así, al reconocer Estudio ML S.A. que recibió las facturas y no acreditar que impugnó explícitamente su contenido, cabe entender que admitió la realidad del vínculo y las condiciones que resultan de aquellos instrumentos.

También admitió que los trabajos se realizaron, pues se limitó a sostener que no los pagaron pues los mismos no habían sido requeridos por su parte.

Empero, al tratarse de un contrato único y diferido en el tiempo, como también quedó establecido en aquella audiencia, es evidente que la deudora debía solventar, cuanto menos, el abono pactado que usualmente era identificado como “Abierto 200000”.

Pero, como ya adelanté, la demandada admitió que los trabajos facturados fueron realizados, y no intentó siquiera acreditar que los mismos eran usualmente pedidos y que, en este caso, no había existido requerimiento alguno.

En rigor, tal excusa constituyó, luego de lo actuado en la audiencia de fs. 114, la única defensa vigente que mantuvo la demandada, lo cual le exigía una puntual demostración al tratarse del hecho impeditivo que, en su postura, justificaba el rechazo de la demanda (Falcón, Enrique M., Tratado de la Prueba, t. I, Buenos Aires, 2009, pág. 275).

En efecto, como principio general, corresponde al demandante no sólo afirmar los hechos que constituyen el presupuesto del precepto en el cual funda su petición (“norma fundadora”), sino también probar su existencia.De su lado el demandado deberá acreditar, cuando así lo alegue como técnica defensiva, los presupuestos de la norma impeditiva, destructiva o excluyente de la pretensión de su contrario, “.en cuanto no estén comprendidos ya en la situación de hecho que es presupuesto de la norma fundadora, ya que hasta aquí la carga de la prueba incumbe al demandante” (Rosenberg Leo, La carga de la prueba, pág. 130/131).

Frente a esta situación, el pedido de apertura a prueba en esta instancia (fs. 312/314), que se reduce a reclamar algunas explicaciones al perito contador, carece de toda utilidad.

En efecto, la demandada solicitó en dicha presentación que el experto contable explicara qué documentación agregada por la actora utilizó para afirmar que la relación contractual terminó el 31.10.2014 con el último envió presentado por la actora como soporte de la facturación.

Sin embargo, como ha sido reiteradamente destacado, la hoy recurrente confesó que los servicios fueron efectivamente prestados, por lo que no corresponde mayor indagación sobre el particular.

A todo evento cabe agregar, sólo como elemento contribuyente a la solución que ya se avizora, que el peritaje informático acreditó con razonable certeza, la realidad del intercambio de mensajes electrónicos en los cuales la demandada, representada por Annabella Nielsen, admitió la deuda y se excusó de pagarla por cuestiones internas de la empresa demandada.

Como lo ha referido mi estimado colega el Dr. Heredia, “.no es posible negar valor probatorio a tal correo electrónico. Es que si bien, como regla, no puede asignarse valor probatorio a un correo electrónico que no cumple con los requisitos de los arts. 2 y 5 de la ley 25.506 sobre “firma digital” (conf. CNCom. Sala A, 27/6/06, “Coop. de Viv. Créd. y Cons. Fiduciaria Ltda. c/Becerra Leguizamón, H.” , LL 24/10/06, fallo n° 110.898), ya que el elemento de autenticación o certificación es un requisito esencial en la formación del denominado documento electrónico (conf. CNCom.Sala D, 16/2/2007, “Henry Hirschen y Cía. S.A. c/Easy Argentina SRL s/ordinario” ; íd. Sala D, 4/10/07, “Baires Inter Trade S.A. c/Otro Mundo Brewing Company S.A. s/medida precautoria” ; Nieto Melgarejo, P., Derecho del Comercio Electrónico, Lima, 2005, ps. 126/127), lo cierto es que, no existe impedimento para que, en ciertos casos, igualmente pueda ponderárselo como medio de prueba cuando su contenido aparece verosímil de acuerdo a las restantes pruebas del proceso y la sana crítica (conf. CNCom. Sala D, 2/3/2010, “Bunker Diseños S.A. c/IBM Argentina S.A.” , voto del juez Dieuzeide, reg. en LL 2010-E, p. 62, con nota de Márquez, F., Valor probatorio de los correos electrónicos; íd. Sala B, 15/3/13, “Peyronel, Miguel A. c/Club Digital S.A. s/ordinario”; íd. Sala F, 13/9/12, “Ketra S.R.L. c/Omda S.A. s/ordinario”; Gerscovich, C., Consumidores Bancarios, Buenos Aires, 2011, ps. 424/425)” (esta Sala, 29.8.2013, “Amato, Carlos Daniel c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ ordinario” ).

Y, en el caso el ingeniero en informática constató la existencia de tales correos (tanto entrantes como salientes) en las máquinas de la parte actora, en tanto no pudo hacer lo propio en las de la demandada por una concreta negativa a ponerlas a disposición. Véase que a la fecha fijada por el propios Estudio ML S.A. para tal actividad, la demandada negó al experto que se había apersonado en sus oficinas, el acceso a sus elementos informáticos.

Volviendo al peritaje informático, el perito constató que los correos intercambiados partieron de la dirección de la actora y respondidos por la correspondiente a la señorita Annabella, cuya dirección lleva el dominio del Estudio demandado (“@mlabogados.com.ar”); y que este último utiliza el servidor “Formosa.dattaweb.com”, identificado con su IP.En este aspecto el experto ha dicho que la “.la dirección IP del servidor web detrás del dominio ‘mlabogados.com.ar’ no puede ser utilizada al mismo tiempo para cientos de otros dominios de empresas”. A mi entender, ello parecería dar alguna razonable certeza que la conjunción del servidor web con el dominio exclusivo del Estudio, brinda una aceptable certeza que el correo de la dirección annabella@mlabogados.co.ar partió de la referida representante de la demandada.

Lo hasta aquí expuesto justifica el rechazo del recurso planteado por la demandada contra la sentencia que la condenó.

V. Resta por analizar el recurso de fs. 154 interpuesto por la parte actora que cuestionó que las costas de la incidencia allí resuelta hubieren sido distribuidas en el orden causado.

Tiene dicho reiteradamente este Tribunal que carece de concreción el gravamen derivado de una imposición de costas sin regulación de honorarios (16.3.10, “OSPLAD s/concurso preventivo s/incidente de prescripción promovido por la concursada al crédito de AFIP”; 17.2.10, “Brisanoff, Marcos Juan c/Musto, María Laura y otro s/ejecutivo”; 11.11.09, “Ledsen SRL s/concurso preventivo s/incidente de verificación promovido por AFIP”; 29.4.08, “Servi Grúas H. V. S.R.L. c/Braga Rafael Gaspar y otro s/ejecutivo”, entre muchos otros).

Por lo tanto, la cuestión resultará susceptible de revisión en segunda instancia cuando sean fijados los estipendios correspondientes.

VI. Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo que estamos celebrando, rechazar el recurso en estudio y confirmar in totum la sentencia apelada.

Entiendo que deberá diferirse el tratamiento del recurso de fs. 154 para cuando sean fijados los honorarios de tal incidencia.

En cuanto a las costas de Alzada propicio que las mismas sean impuestas a la recurrente vencida (artículo 68 código procesal).

Así voto.

Los señores Jueces de Cámara, doctores Juan Roberto Garibotto y Pablo Damián Heredia adhieren al voto que antecede.

VII. Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Rechazar el recurso en estudio y confirmar in totum la sentencia apelada.

(b) Diferir el tratamiento del recurso de fs. 154 para cuando sean fijados los honorarios de tal incidencia.

(c) Imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida (artículo 68 código procesal).

(d) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.

(e) Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Gerardo G. Vassallo

Juan R. Garibotto

Pablo D. Heredia

Julio Federico Passarón

Secretario de Cámara