Las normas transicionales de la prescripción liberatoria en el Código Civil y Comercial de la Nación

Autor: Fede, Claudio H. – Lanzavechia, Gabriel E.

Fecha: 22-sep-2017

Cita: MJ-DOC-12004-AR | MJD12004

Sumario:

  1. Desarrollo teórico. II. Desarrollo práctico. III. Reflexión final. IV. Bibliografía.

 

Doctrina:

Por Claudio H. Fede (*) y Gabriel E. Lanzavechia (**)

 

  1. DESARROLLO TEÓRICO

 

Es habitual hablar en los claustros de Derecho, principalmente en la enseñanza del derecho, sobre la existencia de dos tipos o categorías de normas: las de «fondo» y las de «forma». Las primeras corresponden al derecho sustantivo, siendo el «qué» o «sustrato jurídico» sobre el que se anidan las relaciones de los individuos en una sociedad. Las segundas se identifican con el «cómo» y con «la puesta en funcionamiento» de las primeras. Es decir, que las normas de forma resultan ser aquellas que otorgan aplicación práctica a las normas de fondo.

 

No obstante, es menester resaltar que existe otro tipo de normas, que no son comúnmente mencionadas en los claustros, y que son las normas transicionales. Es decir, aquellas que permiten transición de un ordenamiento jurídico a otro. Ello, a los efectos de evitar conflictos entre las normas que se derogan y las nuevas normas sancionadas; y a fin de lograr armonía jurídica, no solo de interpretación, sino de aplicación.

 

Es cierto que estas normas son las menos recurrentes, debido a que, en nuestro país, existieron escasos supuestos de modificación total y completa de un sistema normativo a otro. Por ello, la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (CCivCom), tornó un suceso jurídico de suma trascendencia. En él produjo la unificación del Código Civil (CCiv) -sancionado en el año 1871- con el Código Comercial (CCom) -sancionado en el año 1862-; con más la incorporación de nuevos criterios que imperaban en la Doctrina y Jurisprudencia, aparición de nuevas figuras jurídicas, propias del avance científico y / o de los cambios culturales y sociales que se corresponden a las nuevas formas de vida que hoy en día riegan nuestra sociedad.

 

En consecuencia, se debieron establecer criterios básicos de supervivencia normativa: las normas transicionales.Entre las que se refieren, podemos encontrar a la reina de ellas, la cual ha sido sujeto de controversia y de múltiples interpretaciones judiciales y publicaciones académicas: el art. 7 del CCivCom.

 

Amén de la referencia indicada en el párrafo anterior sobre la mencionada norma transicional -la cual requiere un profundo análisis de la misma-, el presente trabajo estará abocado a otra de estas, y corresponde a la contenida en el art. 2537 del CCivCom, ubicada en el Libro VI de Disposiciones Comunes a los Derechos Personales y Reales, Título I de Prescripción y Caducidad, Capítulo 1 Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva, Sección 1.ª de normas generales; la cual adelantaremos posee el mismo criterio resolutivo que el dispuesto en el art. 4051 del Código Civil; en su reforma introducida por la Ley 17.711.

 

Ahora bien, y previo a su análisis, debemos identificar que la prescripción corresponde a un Instituto del Derecho que permite la adquisición y / o extinción de los Derechos en virtud del transcurso del tiempo. El primero se denomina «Adquisitiva» y a la segunda «Liberatoria»; siendo esta última la que ha de tratarse en el presente trabajo -Liberatoria. Pudiendo advertir a la misma, como aquel instituto que brinda la facultad del sujeto prescribiente a liberarse de una obligación que, por razones de la inactividad del ejercicio de los derechos por parte del acreedor durante el transcurso del tiempo que dispone la ley, ha de extinguirse.

 

Es por ello que afirmamos que la misma corresponde a un tipo de instituto pertinente a efectos de otorgar certeza dentro de las relaciones jurídicas que imperan en la sociedad, puesto que las mismas no han de extenderse en el tiempo más allá que lo que la ley disponga.Es decir, su finalidad primaria es la de extinguir situaciones de conflicto, no permitiendo que las mismas se extiendan «”ad eternum”, salvo en aquellos casos en los que se regle la imprescriptibilidad de la acción».

 

Por ello, y tal como refiere el Dr. Pascual Alferrillo, quien refiere lo siguiente: «El instituto de la prescripción liberatoria como instrumento legal para marcar la dinámica y dar seguridad a las relaciones jurídicas» (1). Confirma esta tesitura la autora Sandra M. Wierzba, quien en un trabajo de su autoría refiere lo siguiente: «Es que de un lado, la seguridad jurídica y el razonable interés social exigen que las obligaciones no permanezcan vigentes indefinidamente, al arbitrio de acreedores que así podrían reclamar su crédito en cualquier tiempo, con deudores que permanecerían siempre sujetos a la presión de eventuales demandas por un vínculo inacabado» (2).

 

Así las cosas, el Código Civil y Comercial de la Nación ha incorporado nuevos criterios, acortado plazos, dispuesto unificación de otros, determinación de criterios genéricos y otros especiales para su «quantum».

 

Siendo así, los criterios que se destacan, el de «plazo genérico», regulado en el art. 2560 , que expresa: El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Y por su parte, el art. 2561 establece «criterios de plazos especiales», entre los que se advierten plazo especial de «diez años» para las agresiones sexuales a personas incapaces; plazo de la indemnización derivada de la responsabilidad civil de tres años; siendo las acciones por delitos de lesa humanidad «imprescriptibles».

 

Por otra parte, podemos observar los «criterios de plazos bienales» -dos años- que se corresponden con los siguientes supuestos, a saber:el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de actos jurídicos; el reclamo de derecho común de daños derivados de accidentes y enfermedades del trabajo; el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas; el reclamo de los daños derivados del contrato de transporte de personas o cosas; el pedido de revocación de la donación por ingratitud o del legado por indignidad; el pedido de declaración de inoponibilidad nacido del fraude.

 

Debemos agregar los «criterios de plazos anuales» -un año- que se corresponden a los siguientes: el reclamo por vicios redhibitorios; las acciones posesorias; el reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial, sea por vicio de construcción, del suelo o de mala calidad de los materiales, siempre que se trate de obras destinadas a larga duración. El plazo se cuenta desde que se produjo la ruina; los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, cuyo plazo comienza a correr desde el día del vencimiento de la obligación; los reclamos a los otros obligados por repetición de lo pagado en concepto de alimentos; la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada.

 

Es por ello que, a los efectos de sintetizar los criterios de prescripción liberatoria que imperan en el nuevo andamiaje normativo, individualizamos: criterio genérico de cinco años, criterios especiales -por los cuales «se advierten los plazos decenales, trienales y la imprescriptibilidad para determinados supuestos»-, criterio bienal y criterio anual; disponiendo para cada uno de ellos, los supuestos comprensivos en materia de prescripción. Concluyendo además, que se ha producido una reducción de los plazos dispuestos en el Código Civil, advirtiendo así la clara intención del legislador de limitar en el tiempo las situaciones litigiosas.

 

Brindada esta base, podemos avanzar en la norma específica que hace la cuestión del presente trabajo, y la cual fue mencionada anteriormente:la norma transicional advertida en el Código Civil y Comercial, en el art. 2537 : «Modificación de los plazos por ley posterior. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior».Advirtiendo esta norma, puede observarse que la premisa básica que regula el nuevo sistema normativo transicional en materia de prescripción liberatoria indica que los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley, se van a regir por la ley anterior -es decir, «aquel derecho sustantivo por el cual nacieron»-; siendo en este caso el Código Civil.- Resultando la excepción, que, si por la ley del derecho sustantivo por el cual nacieron, se disponen plazos mayores que en la nueva ley, se entenderán cumplidos una vez que transcurra el plazo de la nueva ley. Aunque, si el plazo con el cual comenzó a transcurrir la prescripción, vence con anterioridad al plazo dispuesto por las nuevas leyes vigentes; se tomará como cumplido el de la ley anterior. Por ello, coincidimos con el criterio establecido por los autores de «InfoJus», quienes han elaborado el Código Civil y Comercial Comentado, expresando en él lo siguiente: «De tal modo, es posible establecer que el criterio empleado es que siempre se aplica el plazo de prescripción que vence primero» (3).

 

Así las cosas, agregamos que esta norma se aparta del principio general que indica el art. 7 del CCivCom, con el autor Pascual Alferillo, quien expresa lo siguiente:«Como se puede corroborar, esta norma se aparta del principio general que indica que las nuevas leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, al dejar vigente, cuando se inició el conteo, el plazo anterior» (4).

 

La norma tratada, tiene su sustrato fuente en la tesitura tratada en Código Civil de Vélez Sarsfield, introducida por la Ley 17.711 y su complementaria, la Ley 17.940 ; siendo que en su art. 4051, establecía lo siguiente:«Las prescripcion es comenzadas antes de regir el nuevo Código están sujetas a las leyes anteriores; pero si por esas leyes se requiriese mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedarán sin embargo cumplidas, desde que haya pasado el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día en que rija el nuevo Código». Tal como sostiene Alberto J. Bueres en su obra, quien refiere lo siguiente: «El texto del art. 4051 del Cód. Civil trataba la posible colisión de las leyes en materia de prescripción al momento de entrada en vigencia del Código. El principio es que las prescripciones ya comenzadas se regían por la ley antigua, es decir, la vigente al momento en que se comenzó a prescribir. En otros términos, el principio general era que no se aplicaban de manera inmediata las nuevas disposiciones, pese a no tratarse de situaciones jurídicas consolidadas. Pero, luego de la Ley 17.711, quedó claro que si los plazos de prescripción fueren más breves que los del Código y hubieren vencido o vencieren antes del 30 de junio de 1970, se consideraba operada la prescripción a esta fecha» (5).

 

  1. DESARROLLO PRÁCTICO

 

Advertido el contenido de las normas estudiadas, se procederá a hacer un bosquejo práctico de su aplicación, a los efectos de avocarse a una mejor comprensión de la temática abordada, como así también dilucidar y apartar dudas.Para ello, se tomarán como caso base las Acciones Personales por Incumplimiento Contractual, acaecido con fecha 20 de abril de 2014. Siendo así, que para el caso planteado el plazo que regía en el Código Civil de Vélez Sarsfield el dispuesto en el art. 4023 ; es decir, de diez años. Por ello, interpretando la norma del Código Civil, las acciones derivadas de dicho incumplimiento, computando el plazo dispuesto por el derecho, la acción prescribía -sin mediar suspensión ni interrupción- el 20 de abril de 2024.

 

No obstante, con la entrada en vigencia el 1 de agosto de 2015 del Código Civil y Comercial, el plazo de prescripción se corresponde al genérico de cinco años (conf. art. 2560 del CCivCom); siendo el comienzo del cómputo de dicho plazo a partir de la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo. Por lo que, el mismo caso en cuestión, prescribiría tomando el plazo de cinco años a partir del 1 de agosto de 2015; es decir, la acción prescribe el 1 de agosto de 2020.

 

Por lo que, comparando la norma anterior y la posterior se advierten dos fechas de prescripción completamente distintas, una el 20 de abril de 2024 y otra el 1 de agosto de 2020; por lo que resuelve la normativa que si por esa ley anterior se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia. En este caso, se requiere mayor tiempo por la ley del Código de Vélez, que por el Código Civil y Comercial de la Nación. Por ello deviene imperante la aplicación de la nueva norma.

 

Diferente situación y solución corresponden al caso base las Acciones Personales por Incumplimiento Contractual acaecido con fecha 20 de abril de 2006 (mismo caso anterior, pero con anterior fecha de producción del evento por tratar). Para este supuesto, y computando el plazo de diez años -conf.art. 4023 del CCiv- la acción prescribiría el 20 de abril de 2016; siendo que, con la entrada en vigencia el 1 de agosto de 2015 del Código Civil y Comercial, el plazo de prescripción se corresponde al genérico de cinco años (conf. art. 2560 del CCivCom); siendo el comienzo del cómputo de dicho plazo a partir de la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo. Por lo que, el mismo caso en cuestión prescribiría tomando el plazo de cinco años a partir del 1 de agosto de 2015; es decir, la acción prescribe el 1 de agosto de 2020.

 

Nuevamente, comparando la norma anterior y la posterior, se advierten dos fechas de prescripción completamente distintas: una el 20 de abril de 2016 y otra el 1 de agosto de 2020; por lo que resuelve la normativa -como excepción- que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior; es decir, en este caso la acción prescribe el 20 de abril de 2016.

 

Por ello, «se confirma que el criterio empleado es que siempre se aplica el plazo de prescripción que vence primero».

 

III. REFLEXIÓN FINAL

 

El Código Civil y Comercial ha traído grandes cambios en materia de prescripción, como así también la aparición de normas que refieren a la transición entre normativa derogada y la nueva aplicable; resultando las normas transicionales vitales a los efectos de salvaguardar la seguridad jurídica y bienestar dentro de las relaciones jurídicas vigentes, toda vez que estas sirven como sustrato de interpretación armónica entre las normas que dejan de aplicarse por las nuevas que comienzan a regir.

 

Asimismo, es menester resaltar que las normas que refieren en materia de prescripción conllevan una finalidad no solo práctica, sino de índole social.Tal como se refirió oportunamente, estas consolidan la protección de los individuos, ya que la garantía de la seguridad jurídica y el razonable interés social exigen que las obligaciones no permanezcan vigentes indefinidamente.

 

Por ello, debe destacarse el criterio y trasfondo que contiene la norma: que siempre ha de aplicarse el plazo de prescripción que venza primero; conllevando consigo el beneficio del deudor producto de la «modificación de los plazos por ley posterior», que ha de identificarse la siguiente regla práctica: corresponde aplicar el plazo de cumplimiento menor, teniendo como base el derecho sustantivo derogado y el vigente.

 

  1. BIBLIOGRAFÍA

 

  1. Doctrina

 

– ALFERILLO, Pascual E.: «Prescripción de la acción de daños en el Código Civil y Comercial», en RCyS2015-V, 15. Cita en línea: AR/DOC/803/2015.

 

– BUERES, Alberto J. (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y concordado, 1.a ed. Buenos Aires, Hammurabi, 2015.

 

– CARAMELO, Gustavo; PICASSO, Sebastián, y HERRERA, Marisa: Código civil y comercial de la Nación comentado, 1.a ed. Buenos Aires, Infojus, 2015.

 

– WIERZBA, Sandra M.: «La prescripción liberatoria en el Código Civil y Comercial de la Nación», elDial DC1F65 13/07/2015.

 

  1. Leyes

 

Código Civil y Comercial de la Nación.

 

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(1) ALFERILLO, Pascual E.: «Prescripción de la acción de daños en el Código Civil y Comercial», en RCyS2015-V, 15. Cita en línea: AR/DOC/803/2015.

 

(2) WIERZBA, Sandra M.: «La prescripción liberatoria en el Código Civil y Comercial de la Nación», en elDial DC1F65, 13/7/2015.

 

(3) CARAMELO, Gustavo; PICASSO, Sebastián, y HERRERA, Marisa: Código civil y comercial de la Nación comentado, 1.a ed. BuenosAires, Infojus, 2015.

 

(4) ALFERILLO, Pascual E.: Op. cit., 2015.

 

(5) BUERES, Alberto J. (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y concordado, 1.a ed. Buenos Aires, Hammurabi, 2014.

 

(*) Abogado, UBA. Juez en lo Civil y Comercial N.° 7 del Depto. Judicial de San Martín de la Pcia.de Buenos Aires. Especialista en Organizaciones Familiares Emergentes, UNSAM. Coordinador de la Carrera de Abogacía, UCALP. Profesor Titular en Derecho Civil I, UCALP. Profesor Adjunto en Derecho de Familia, Interpretación del Derecho y Práctica Profesional Civil y Comercial, UAI. Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Gral. San Martín. Vicepresidente 1.° del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Vicepresidente 1.° de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Autor de obras relacionadas en la materia, además de otras publicaciones y artículos.

 

(**) Abogado, profesor universitario e investigador, UAI. Auxiliar Letrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.° 7 del Depto. Judicial de San Martín de la Pcia. de Buenos Aires. Maestrando en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, UNTREF. Profesor adjunto en Derecho de Familia, Derecho Financiero y Tributario, Práctica Profesional Civil y Comercial II, Interpretación del Derecho, de la Universidad Abierta Interamericana. Profesor adjunto en Derecho Procesal y Práctica Profesional II y Derecho Civil IV (Reales) de la Universidad Católica de La Plata. Profesor Adjunto de Derecho del Trabajo I y II, del Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.